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segunda-feira, 7 de setembro de 2026

La guerra de la ultraderecha contra la arquitectura moderna

Escrito por Jan-Werner Müller

Aunque el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) lleva dos años subiendo en las encuestas, la negativa de otras fuerzas a incluirlo en una coalición de gobierno le ha impedido llegar al poder. Pero este «cortafuegos» depende de que AfD nunca consiga mayoría absoluta, de modo que las elecciones que se celebran este fin de semana en el estado de Sajonia‑Anhalt pueden darle un golpe mortal. 

Es verdad que incluso si consigue formar gobierno en Sajonia‑Anhalt, AfD no podrá hacer mucho en relación con su tema favorito actual: la política de inmigración y la legislación sobre refugiados. Pero los dieciséis estados federados (Länder) de Alemania tienen amplias competencias en materia de política cultural y educativa, y es aquí donde el programa de AfD es más elocuente (y repulsivo). 

Los populistas de ultraderecha siempre libran guerras culturales. Aunque a veces intentan aprovechar las crisis de costo de vida y otros problemas económicos, su mayor compromiso lo tienen con promover la idea de que son los únicos representantes de aquello que denominan «pueblo real». Insisten en que esa categoría solo incluye a ciudadanos que reúnan ciertas características «adecuadas», y nunca pierden oportunidad de impulsar la «remigración», no solo de los refugiados, sino también de ciudadanos «irreales» o «falsos», es decir, los de origen étnico «incorrecto» (o incluso los partidarios de posiciones políticas «erradas»). 

La obsesión por las cuestiones identitarias permite a los partidos de ultraderecha modificar todo el tiempo su agenda económica (yendo del neoliberalismo a apoyar un sólido estado de bienestar) sin dejar de ser de ultraderecha. Lo único que los convertiría en una entidad política diferente sería cambiar la cantilena de los refugiados e inmigrantes. 

Lo que nos trae de nuevo al programa de AfD para Sajonia‑Anhalt. AfD acusa astutamente a lo que denomina «partidos del establishment» (Altparteien), no de corrupción o malicia, sino de tener una voluntad débil como resultado del «masoquismo nacional» y de la poca «autoconfianza». Estos defectos supuestamente tienen raíces «culturales», en concreto, una «tradición de destruir la tradición» que ha dejado al país indefenso frente a las «ideologías del arcoíris». 

Si se sale con la suya, AfD intentará convertir Sajonia‑Anhalt en un modelo de «políticas culturales patrióticas» para los otros estados federados. Promueve un «pensamiento alemán» (#deutschdenken), que implica oponerse a la campaña del actual gobierno regional en favor de la libertad artística y las ideas modernas, inspirada en la Bauhaus. 

La escuela de arte, diseño y arquitectura Bauhaus se fundó en Weimar, pero después se trasladó a Dessau en Sajonia‑Anhalt, donde dejó una agradable impronta en edificios notables como los que diseñó Walter Gropius a mediados de la década de 1920. Pero según AfD, la Bauhaus representa el «arte antialemán», es decir, «el arte alemán que no quiere ser alemán». Si AfD llega al poder, exigirá que todo edificio nuevo que se construya con apoyo financiero estatal refleje aquello que AfD considera una tradición reconociblemente alemana (categoría que, al parecer, no incluye a la escuela de arquitectura más influyente del estado). 

Pero los ataques contra la arquitectura moderna no son exclusividad de la ultraderecha alemana. Desde el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán hasta el presidente estadounidense Donald Trump (que emitió varias órdenes ejecutivas para convertir el clasicismo en estilo preferido de los nuevos edificios federales), los líderes de ultraderecha llevan mucho tiempo tratando de transformar el entorno edilicio de modo tal que refleje lo que en su opinión es la tradición nacional correcta. 

Sus motivaciones son variadas. Para empezar, la arquitectura (desde las enormes mezquitas erigidas en Turquía durante la presidencia de Recep Tayyip Erdoğan hasta los prominentes templos hindúes encargados por el primer ministro indio Narendra Modi) ofrece pistas tangibles y muy visibles sobre quiénes se supone que son el «pueblo real». Cuando hablan de «belleza» (una de las consignas de Trump, pero que también promueven figuras más sofisticadas como el líder ultraderechista neerlandés Thierry Baudet, mezcla de intelectual y dandy), en realidad están hablando de defender las jerarquías tradicionales en todos los ámbitos, desde el hogar hasta la economía y la política. AfD pretende que todos los edificios públicos nuevos sean considerados «bellos» por la mayoría (de modo que, al parecer, cada diseño tendría que someterse a referéndum popular). 

Apoyan esta visión numerosas organizaciones y cuentas de redes sociales abiertamente tradicionalistas, que a diferencia de los políticos profesionales, son más propensas a delatarse. Muchas de estas figuras plantean una oposición explícita entre la arquitectura clásica y el «globalismo» (término que a menudo es el primer paso en una deriva al antisemitismo) o retoman las descripciones de tiempos de entreguerras (es decir, nazis) del modernismo como «arte degenerado». Por mucho que hable de particularidades, el antimodernismo es en sí mismo un fenómeno mundial tristemente homogéneo. 

La descripción que hace AfD de la Bauhaus como símbolo de «desarraigo» ya recibió respuesta mediante un nuevo «Manifiesto de la Bauhaus» impulsado por el ministerio federal de Cultura de Alemania. Pero por muy loable que sea este documento en cuanto declaración política, simplifica en exceso la historia de la arquitectura del siglo XX. Contra la afirmación central del manifiesto, dista de ser obvio que todos los protagonistas de la Bauhaus defendieran una «sociedad abierta». De hecho, algunos estuvieron más que dispuestos a colaborar con los nazis (que prohibieron oficialmente la escuela). En el diseño de Auschwitz participó un arquitecto formado en la Bauhaus. 

No estamos diciendo que si a uno le gusta la arquitectura tradicional, ha de ser necesariamente un ultraderechista encubierto, sino más bien que la agenda cultural de la ultraderecha está muy vinculada a su agenda política excluyente. Y como el entorno edilicio siempre es un modo de hacer visibles los valores (como señaló la filósofa Susan Neiman), sería un error pensar que la controversia sobre la arquitectura moderna es un asunto secundario.

 

Jan-Werner Mueller, Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton, es autor del próximo libro Street, Palace, Square: The Architecture of Democratic Spaces (Penguin Books, 2026). 

 

[Fuente: www.project-syndicate.org]

sábado, 5 de setembro de 2026

Necessitem la immigració

Escrit per José Miguel Gràcia    

En aquest moment quan hi ha encara a Ceuta milers de joves, diguem-ne immigrants, vinguts del Marroc o de altres terres subsaharianes, seria bo tenir present la situació d’Europa o d’Espanya en particular sobre el decreixement brutal de la població autòctona. La taxa de natalitat a Espanya és de 1,1 fills per dona, pràcticament la meitat d’allò que seria necessari per acomplir la taxa que denominem de relleu generacional, 2,1 fills per dona. La qual cosa vol dir que s’hauria de duplicar la taxa de natalitat per poder mantenir-hi el nombre d’habitants. Sense l’arribada dels fluxos immigratoris la població autòctona disminuiria permanentment, patint un fortíssim envelliment. A grans trets, la caiguda poblacional seria de unes 300.000 persones per any aproximadament. En deu anys serien uns 3.000.000. I en 100 anys uns 30.000.000 o tal vegada més. Espanya esdevindria un país tan envellit com impossible o inviable. Altrament vist el problema: necessitem de la immigració inevitablement si volem restar al mateix nivell actual dels 49,8 milions. A més a més, si volem arribar a la xifra que sembla òptima per un desenvolupament econòmic i social recomanable, hauríem de ser, en un termini no massa llarg, uns 53 milions, el que vol dir que hauran de venir 3 milions més de immigrants. Resumint: en uns 10 anys necessitem 6 milions de nouvinguts, com ara anomenem amb “bonisme” als immigrants. Però el problema no el té només Espanya, el problema s’estén en general per tota Europa i els altres països desenvolupats del món. Les conseqüències dels grans moviments poblacionals al món occidental seran d’un abast no pas fàcilment imaginable. Com es produirà la integració social, si es que es produeix, de tantíssimes persones, vingudes de països tan diferents? Quins seran els efectes sobre les creences religioses i les llengües minoritàries d’Espanya? I què pensar de la cultura en general i de la identitat nacional? Tot el que dic sobre Espanya ben bé es pot aplicar a la majoria dels països europeus. Tot i que, tot és massa llunyà perquè sigui motiu de reflexió i estudi pels governs i, inclús, pels estudiosos de la sociologia, la economia, la política i les altres ciències socials. Ara, preocupem-nos de Ceuta i de tot allò que ha de passar a curt termini que no és poca cosa.

 

[Font: finestro.wordpress.com]

terça-feira, 25 de agosto de 2026

Antisemitismo y poder imperial en América Latina

La lucha contra el antisemitismo se ha convertido en un terreno de disputa política global. De la mano del gobierno de Javier Milei y de algunos de los empresarios más poderosos de la Argentina, avanza por América Latina una definición de antisemitismo que busca equiparar las críticas al Estado de Israel y al sionismo con expresiones de odio antijudío, con graves consecuencias para la solidaridad con Palestina y la libertad de expresión.

Marcelo Mindlin asume la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), desde donde el gobierno argentino busca extender por América Latina su definición de antisemitismo.

Escrito por Fenia Chertkoff 

Pido a los lectores que se detengan unos minutos a observar la imagen que se encuentra arriba de este texto. Es muy probable que ninguno de los rostros de las personas allí presentes les resulte familiar. Se puede apreciar que el evento tuvo lugar en Argentina por dos datos inequívocos: la bandera celeste y blanca y el retrato del libertador José de San Martín. Ahora bien, ¿qué relación existe entre esos objetos y las personas allí sentadas? Si nos dejamos llevar por las apariencias diríamos que se trata de un acto institucional rutinario de un país soberano. ¿Pero qué tal si esta imagen reflejara todo lo contrario? ¿Qué tal si esa bandera y ese libertador fueran el atrezzo, los elementos de utilería empleados por un poder que ahora mismo actúa bajo la sombra en todo el continente americano?

Vuelvan a mirar la imagen y ahora permítanme contar una historia.

La foto proviene de un vídeo que puede verse por YouTube y capta el encuentro que tuvo lugar durante el mes de marzo en el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires. En el centro de la escena se observa a un hombre que lee un texto, no sabemos si escrito por él o por alguien más.

Se trata del empresario argentino Marcelo Mindlin, que en su discurso agradece su designación como nuevo chair de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto (IRHA). Esta entidad intergubernamental fue fundada en el año 1998 por el expresidente de Suecia Göran Persson, una figura clave a la hora de acercar a su país al Estado de Israel.

Según destaca su mismo fundador, esta entidad nació por la necesidad de llevar a cabo una lucha internacional contra el antisemitismo y recordarle a las nuevas generaciones los horrores del holocausto.

Reino Unido y Estados Unidos fueron los socios más entusiastas de esta iniciativa y durante los últimos años se han sumado 35 países de todo el mundo, la mayoría de Europa occidental. Si bien el único país latinoamericano en adherir a este proyecto ha sido la República Argentina, la tarea encomendada a Mindlin, gracias a un acuerdo sellado en Jerusalén, es la de «construir un puente entre la IRHA y nuestra vasta región latinoamericana», bajo el lema «expandiendo las fronteras de la memoria».

Pero basta hurgar un poco en la información disponible para comprobar que los objetivos son más ambiciosos, puesto que «esta presidencia busca abrir nuevas conversaciones y escenarios para que la concientización sobre la memoria por el Holocausto sea la más global posible. Pretendemos iluminar tanto a nuestra región como a las diferentes naciones del sur global».

Por qué una de las prioridades de la región latinoamericana debería ser la lucha contra el antisemitismo es algo que ni el mismo Mindlin puede explicar en su discurso. Mediante una curiosa voltereta retórica aclara que las naciones latinoamericanas «no han tenido una relación directa con la Solución Final» pero aun así tienen el «deber» de «hacer su contribución a la construcción de memorias locales que incorporen aquella tragedia en una fuente de enseñanza para mejorar nuestras sociedades».

Quizá esto explique por qué, a pocos días del evento que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras indígenas y campesinos son masacrados y reprimidos por protestar contra el gobierno, firmaba un acuerdo con la embajadora del Estado de Israel para incorporar la enseñanza de la memoria del Holocausto en el sistema educativo ecuatoriano.

Según el singular concepto de la «memoria» que aplican actualmente los países gobernados por la extrema derecha regional, la prioridad es mantener vivo el relato admonitorio del holocausto nazi mientras hacen todo lo posible por borrar el recuerdo de las múltiples violaciones de derechos humanos, masacres y tropelías cometidas contra los pueblos de nuestras naciones por parte de esas mismas oligarquías.

Pero volvamos a la imagen. A la derecha de Mindlin se encuentra el chair saliente, a quien aquel identifica como su «amigo» Dani Dayan, empresario israelí y uno de los principales promotores de los asentamientos ilegales en territorio palestino. A la derecha de Dayan, a su vez, se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Pablo Quirno, descrito por Mindlin como viejo conocido de los tiempos en que él arrancaba como empresario y Quirno se consolidaba como banquero de J.P. Morgan.

La única mujer que aparece en la imagen es la alemana Michaela Küchler, secretaria general de IRHA, a quien Mindlin saluda protocolariamente tras agradecer al sector judicial de la
República Argentina por su apoyo constante para combatir el antisemitismo en el país.

A estas alturas los lectores podrán preguntarse por qué un empresario como Marcelo Mindlin asume la dirección de una entidad intergubernamental como IRHA. Más aún, también podrán preguntarse qué papel tiene esta institución en el mundo y por qué Argentina asume su liderazgo.

Marcelo Mindlin, además de ser el actual chair de IRHA, está vinculado a oscuras maniobras para obtener cuantiosas ganancias con la privatización de los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) -actual EDENOR- y con la instalación del cancerígeno PVC en los hogares de muchos argentinos. Pero, por sobre todas las cosas, Mindlin es la mano derecha de uno de los dueños de la Argentina: el empresario Eduardo Elsztain.

La relación entre ambos se consolidó después de una peculiar maniobra financiera que, apoyada en una importante inversión de capital extranjero, permitió que Elsztain se hiciera con una participación decisiva en el Banco Hipotecario Nacional (BH), entidad bancaria que ofrecía créditos para la vivienda y la producción agropecuaria y disponía de información estratégica sobre la propiedad inmobiliaria del país. Tras esa audaz operación, Elsztain se convirtió en un exitoso tiburón inmobiliario de la Capital Federal, dueño de casi un millón de hectáreas en todo el país y empresario del rubro financiero, tecnológico y agroindustrial a escala global. En el año 2009, Elsztain fue elegido presidente del governing board del Congreso Judío Mundial (CJM), una entidad fundada en Suiza, con sede principal en el estado de Nueva York y sucursales en diferentes lugares del mundo, entre ellos Buenos Aires.

Entre las prioridades del CJM cabe resaltar su respaldo al Estado de Israel y su combate a la «amenaza iraní», descrita en esos términos tras los dos tristemente célebres atentados a la comunidad judía en Argentina en los años 90, a pesar de que, hasta el día de hoy, no se ha podido determinar que Irán haya sido el autor intelectual o material de dichos atentados y a pesar de los esfuerzos de Cristina Fernández de Kirchner por esclarecer judicialmente estos sucesos, cosa que, como es sabido, le ha costado un persecución política sin precedentes por parte de ese mismo poder judicial al que Mindlin agradece sus diligencias en su lucha contra el antisemitismo.

El CJM no solo aglutina a un grupo de millonarios promotores de los asentamientos del Estado de Israel en Cisjordania, sino que se presenta como «brazo diplomático del pueblo judío». Su principal hazaña cultural, además de un llamativo interés por el mundo del arte contemporáneo, consistió en lograr la suspensión de una resolución de la Asamblea General de la ONU, donde se sostenía que el sionismo era una forma de racismo y discriminación racial equiparable al apartheid sudafricano.

Tras desvincular al sionismo de cualquier identificación con el supremacismo, este Congreso Judío Mundial no ha dejado de presentarse, junto a IRHA, como una plataforma de lucha contra el antisemitismo a nivel mundial.

Pero Elsztain no solo hace lobby a escala global en el CJM sino también a nivel local. A través de su holding IRSA, instaló en Buenos Aires la red blockchain más grande de toda América Latina acordada con Ethereum.

Y un dato no menor, también decidió hospedar en su hotel Libertador, otra de las tantas empresas de su propiedad, a uno de los mayores estafadores de criptomonedas de la Argentina, Javier Milei, durante su campaña presidencial en el año 2023. Asimismo, se rumorea que la conversión de Milei al judaísmo y su acercamiento a la rama ultra-ortodoxa Jabad-Lubavitch fueron iniciativas del mismo Elsztain.

Repasemos entonces la trama. La Alianza para la Memoria del Holocausto ha considerado a la Argentina gobernada por Javier Milei como el país idóneo para impulsar la lucha contra el antisemitismo a nivel regional y mundial. Y el presidente Milei, por su parte, no ha dudado en poner a la dupla empresarial Elsztain-Mindlin a la cabeza de esta organización intergubernamental.

Pero lo más grave a resaltar es que, tras la exacerbación del genocidio en curso contra el pueblo palestino, diferentes países miembros de IRHA han tomado la decisión de incorporar en sus respectivas legislaciones la definición de antisemitismo elaborada por la entidad.

En la actualidad, y bajo la excusa de una aumento acelerado de antisemitismo a escala global, dicha definición está siendo aplicada en países como Reino Unido o Estados Unidos para desarticular la capacidad crítica de la academia, despedir profesores, expulsar estudiantes, arrestar activistas pro-Palestina y perseguir discursos socialistas, feministas o antirracistas.

Francia e Italia, por su parte, vienen discutiendo diferentes proyectos de ley para incluir la definición. En marzo de 2026, el senado de Italia aprobó el proyecto contemplando penas de 2 a 6 años de cárcel por discursos antisemitas, ofreciendo cursos de formación para docentes y estudiantes en las escuelas. En abril de 2026, Francia ha comenzado a debatir el proyecto con la finalidad de identificar al antisemitismo con el terrorismo.

En Argentina, tres diputados de izquierda han sido acusados de antisemitismo y uno de ellos, Vanina Biasi, acaba de ser imputada por el juez Daniel Rafecas. Por eso no es de extrañar que Mindlin resalte en su discurso que el gran acierto ha sido «la adopción de parte del Estado argentino y de los organismos del poder judicial (…) de la definición de IRHA. Se trata de una herramienta crucial para combatir el antisemitismo y que nuestro país puede mostrar con orgullo el éxito de su implementación tanto en causas judiciales como acciones políticas».

Algún lector desprevenido, o al menos dispuesto a creer en las buenas intenciones de empresarios vinculados al proyecto libertario, podría pensar que no habría nada de malo en hacer todo lo posible para evitar que el antisemitismo vuelva a instalarse en nuestras sociedades. Pero las cosas se complican cuando prestamos atención a la letra chica de su definición.

Según IRHA: «El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto». No hace falta un agudo ejercicio de comprensión lectora para darnos cuenta de que la acusación de antisemitismo empleada por muchos países para perseguir, imputar e incluso encarcelar personas depende de la «percepción» que cualquier individuo, judío o no, pueda tener.

Más aún, esta definición de antisemitismo no solo expresaría una discriminación hacia las personas sino también hacia sus «propiedades», «instituciones» y «lugares de culto». Esto abre las puertas a que cualquier crítica hacia el accionar del Estado de Israel o entidades financieras que lo secundan pueda ser tildada de antisemita.

Y si a eso le sumamos que son los ricos del mundo, millonarios fascistas y libertarios de ultra derecha -en complicidad con un presidente que tiene por costumbre humillar mujeres, discapacitados, jubilados y sectores populares-, quienes tienen el control de la nueva semántica para combatir el antisemitismo, qué duda cabe de que esta definición no ha sido pensada para combatir el odio sino justamente para exacerbarlo y ponerle un bozal a cualquier persona que se atreva a denunciar los intereses de estos paladines de la noble causa contra el antisemitismo.

Ahora bien, ¿sobre la base de qué certezas se nos advierte de un avance descontrolado del antisemitismo en el mundo? ¿No resulta sospechoso que este supuesto peligro sea denunciado por las mismos empresarios y políticos que autorizan el genocidio en Gaza y destruyen las economías en los países del sur global? ¿Desde cuándo la lucha contra la supuesta aniquilación de un pueblo ha sido liderada por los megarricos del planeta?

Para nadie es un secreto que las clases dominantes que un siglo atrás alentaron el auge del fascismo antisemita son las mismas que hoy dicen combatirlo, escudándose en la retórica de los valores del mundo libre. Si rascamos en la superficie de estos valores solo encontramos a un puñado de millonarios aferrados a la rentabilidad de la economía fósil, la usura financiera y la expansión de la guerra por todo el planeta. Crean a toda velocidad esta farsa de antisemitismo con la única finalidad de confundir y atemorizar a la inteligencia popular, esa forma de la sabiduría que sabe llamar las cosas por su nombre.

Por tanto, si nos atenemos a la definición de IRHA, según la cual «el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos», denunciar el genocidio en Palestina, que se ha cobrado la vida de decenas de miles de seres humanos, sería un acto antisemita; trazar con rigor y evidenciar los vínculos entre el Estado de Israel, el narcotráfico y el triunfo de la ultraderecha regional sería entonces un acto antisemita.

Y si nos atenemos a la definición de IRHA, según la cual las percepciones «físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto», exigirle al Estado de Israel, Reino Unido y Estados Unidos que dejen de usar el agua, el petróleo y otros recursos naturales del continente americano como un botín de guerra sería también un acto antisemita; y, por último, sostener que han convertido al Estado de Israel en la punta de lanza del viejo proyecto europeo de dominación supremacista imperial, ese mismo proyecto que un siglo atrás permitió el genocidio judío, sería también un acto de antisemitismo.

Esta guerra por los nombres ha convertido a la Argentina en un laboratorio social de claro signo distópico que deberíamos tratar de comprender con todos los instrumentos críticos y científicos a nuestra disposición y, como parte esencial del proyecto, ha designado al país suramericano la tarea de expandir el sionismo semántico por todo el continente.

Todo indica que las extravagancias de Javier Milei, que tanto espacio ocupan en los medios, desvían la atención para que no se discutan las maquinaciones de un poder mucho más opaco, empeñado en materializar las nuevas y brutales formas del colonialismo del siglo XXI.

 

[Fuente: www.jacobinlat.com]



quarta-feira, 19 de agosto de 2026

De Italia a Alemania: cómo buena parte de Europa ha regularizado a migrantes pese a las actuales críticas a España

Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países bajo gobiernos de todos los colores 

El Ayuntamiento de Barcelona incorpora a partir de este miércoles el Pabellón 2 del recinto ferial de Montjuïc, con capacidad para mil personas, a su dispositivo de atención a las personas extracomunitarias que solicitan documentación para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes. Alejandro García / EFE

Escrito por Meritxell Freixas

Cuando el Gobierno de Felipe González puso en marcha entre 1985 y 1986 la primera regularización extraordinaria de personas migrantes de la democracia en España, estimaba que unos 250.000 extranjeros estaban en situación irregular. “Con esta ley se pretende poner en orden la situación de los extranjeros residentes que no poseen documentación en regla. También se pretende normalizar la contratación de mano de obra extranjera”, recogía la prensa de la época. 

El proceso estuvo abierto durante ocho meses y medio y las personas extranjeras en situación irregular solo debían acreditar su estancia en el país desde antes del 24 de julio de 1985. Cinco años después, González puso en marcha otros dos procesos extraordinarios (1991 y 1992). 

Después de él lo hicieron también José María Aznar (1996, 2000 y 2001) y José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 impulsó la regularización más grande hasta entonces con la exigencia de un contrato de trabajo. La hemeroteca cuenta que fueron cerca de 700.000 las solicitudes que se presentaron.

Pedro Sánchez ha sido el cuarto presidente español en llevar a cabo esta medida, que recibió casi 1,2 millones de solicitudes. “Ha habido pocas regularizaciones extraordinarias de dimensiones de la última en España, que ha sido especialmente voluminosa porque la dimensión de la migración irregular era muy alta por el propio funcionamiento de la economía y el mercado laboral”, explica a elDiario.es la investigadora del CIDOB Blanca Garcés, experta en el área de migraciones. En esta ocasión, añade, los requisitos eran “de acceso fácil”, solo acreditar permanencia en el territorio de 4-5 meses y ausencia de antecedentes penales. 

La irregularidad en España, explica la experta, no procede principalmente de las llegadas irregulares por la frontera sur —en los últimos 20 años, han sido mucho menos numerosas que en Grecia o Italia—, sino de personas que entran legalmente, especialmente desde países latinoamericanos cuyos ciudadanos no necesitan visado para estancias cortas, pero permanecen en el país más allá del plazo autorizado de tres meses.

Más allá de España, otros países europeos también han impulsado procesos extraordinarios de regularización. Algunos de ellos aprovecharon incluso la crisis fronteriza de Ceuta para criticar, de forma casi coordinada, las políticas migratorias del Gobierno español, en una de las reacciones más duras que se han visto en Europa contra una regularización nacional, pese a haber recurrido ellos mismos a medidas similares. 

Varios cientos de inmigrantes, en su mayoría marroquíes, se concentraron a las puertas de la Dirección Provincial de Trabajo, en el último día de plazo para regularizar se estancia en España. Según la Delegación de Gobierno, Murcia tras Madrid y Barcelona, es la provincia española en cantidad de solicitudes presentadas por los inmigrantes. J. F. Moreno / EFE

Italia, el caso paradigmático

Países como Italia, Grecia o Portugal también han combinado regularizaciones masivas y extraordinarias con procedimientos ordinarios (que España también aplica, como el arraigo). 

El caso de Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, lideró las críticas europeas a las políticas de Sánchez, es paradigmático. Es, junto con España, uno de los países europeos que más ha recurrido a las regularizaciones extraordinarias. Bajo el Gobierno del conservador Silvio Berlusconi en 2002, Italia impulsó esta medida a través de la cual unas 635.000 personas migrantes salieron de la irregularidad (de un total de 700.000 solicitudes). Los procesos extraordinarios se han sucedido en este país porque el mercado laboral generaba demanda de trabajadores extranjeros, pero las vías legales de entrada no cubrían esa demanda. Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia y presidente del partido Forza Italia de Berlusconi, ha tratado de vincular la regularización en España con lo ocurrido en Ceuta la última semana de julio.

El último de estos procesos extraordinarios llevado a cabo por Roma fue en plena pandemia, para regularizar a trabajadores irregulares de sectores como la agricultura, el trabajo doméstico y los cuidados, que en ese tiempo pasaron a ser considerados “esenciales” para garantizar alimentos, cuidados y servicios básicos. El proceso recibió finalmente unas 220.000 solicitudes, aunque solo alrededor del 15% correspondían a trabajadores agrícolas, pese a que la falta de temporeros en el campo había sido uno de los argumentos centrales para aprobarlo.

No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas

Blanca Garcés, investigadora del CIDOB experta en Migraciones

Bajo el gobierno de Meloni, Italia ha ampliado considerablemente las cuotas de permisos para extracomunitarios que permite el llamado Decreto de Flujos, un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y sector de empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028. 

En Grecia, en diciembre de 2023, ante la falta de mano de obra de sectores como la agricultura, la construcción o el turismo, el Gobierno del conservador de Kyriakos Mitsotakis aprobó una ley que permitía solicitar un permiso de residencia y trabajo a personas en situación irregular que llevasen al menos tres años en el país y contasen con una oferta de empleo. El Ejecutivo calculó que beneficiaría a unas 30.000 personas

“No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas porque se han dado bajo gobiernos de todos los colores, en muchos países distintos, con mercados laborales distintos y en momentos distintos”, dice Garcés. 

“No implican necesariamente una política migratoria más permisiva: con frecuencia han coexistido con un refuerzo de los controles fronterizos y de las políticas de expulsión”, añade Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid.

Según él, muchos de estos países han experimentado una demanda estructural de mano de obra inmigrante, especialmente en sectores poco cualificados y de difícil cobertura por trabajadores nacionales (agricultura, construcción o servicio doméstico). “Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras, por ello una parte de la inmigración se produce de manera irregular; la regularización corrige este desajuste”. 

Otros casos

Alemania, Francia y Bélgica, en cambio, han apostado por otras vías y han regularizado la situación administrativa utilizando instrumentos de gestión ordinaria.

Alemania, tradicionalmente más restrictiva con las regularizaciones extraordinarias, introdujo a finales de 2022 el llamado Chancen-Aufenthaltsrecht (“derecho de oportunidad de residencia”), una vía ordinaria destinada a determinadas personas que llevaban años viviendo en el país con un estatus de estancia “tolerada”. La medida les concedía un permiso de 18 meses para cumplir los requisitos que les permitieran acceder posteriormente a un permiso de residencia estable.

Las estadísticas de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) indican que, transcurrido el primer año y medio de vigencia, más de 76.000 personas obtuvieron este estatus provisional.

“Es una regularización con una lógica más administrativa, de personas que quedan sin permiso de residencia porque, por ejemplo, se rechaza su solicitud de refugio y quedan en el país en una situación de ”tolerancia“, que se llama, y a la larga, acaban siendo reconocidas”, cuenta Blanca Garcés, quien lo considera una forma de dar respuesta a “situaciones generadas por el propio funcionamiento de la administración, con procesos largos y que acaban en un limbo legal”. 

Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras

Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid 

“A medio y largo plazo los mecanismos ordinarios de regularización, por ejemplo el arraigo de España o el Chancen-Aufenthaltsrecht de Alemania son las vías más eficaces para evitar la irregularidad, aunque convendría simplificar y acelerar estos procedimientos”, dice Delkáder. Sin embargo, añade, en momentos de acumulación prolongada de personas en situación irregular, “las regularizaciones extraordinarias son un recurso pertinente para dar respuesta a un contexto de esas características”.

Tres etapas

La historia de estas políticas dibuja varias etapas. Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países. Si bien algunos países introdujeron solo un programa, otros —como Estados Unidos— recurrieron a la regularización repetidamente. Así lo recoge una investigación de este año sobre la base de datos RegMig, que recopila ocho décadas de programas de estos procesos.

Las décadas de 1990 y 2000 concentraron el mayor número: el 61% de todos los programas registrados. Entre 1990 y 2007 se sucedieron las grandes regularizaciones, especialmente en el sur de Europa —España, Italia, Portugal y Grecia—, para dar respuesta a una población inmigrante que ya estaba instalada y trabajando, pero permanecía fuera de los canales legales.

La crisis económica y el posterior endurecimiento de las políticas migratorias europeas prácticamente hicieron desaparecer las grandes regularizaciones generales entre 2008 y 2019, con algunas excepciones como Polonia en 2012. A partir de 2020 reaparecieron, aunque con argumentos diferentes.

Más allá de ser una medida humanitaria, los Gobiernos han utilizado las regularizaciones como instrumento de política social y económica: para obtener información y supervisar a la población en su territorio, abordar el empleo irregular, el abuso y la explotación laboral, aumentar la recaudación tributaria y atender las necesidades del mercado laboral a través de la economía formal”, dice a elDiario.es la experta en migración de Amnistía Internacional Olivia Sundberg, basada en Bruselas. 

El mito del “efecto llamada”

A pesar de que con cada puesta en marcha de estos procesos se repite una y otra vez el argumento del “efecto llamada”, los estudios disponibles no han encontrado una relación clara y sistemática entre las regularizaciones y un aumento significativo de la inmigración irregular.

Tanto Delkáder como Sundberg aseguran que la evidencia empírica disponible no ha logrado demostrar una relación clara y sistemática entre estos procesos y un aumento significativo de la inmigración irregular. Según el experto, tras las regularizaciones no se vivieron incrementos extraordinarios de las llegadas, sino que la evolución de la población extranjera siguió una tendencia similar a la que cabría esperar por factores económicos y laborales. La ultraderecha mundial liderada por Trump pone a España en el punto de mira y usa Ceuta para esparcir su xenofobia

“Las razones por las que las personas migran o solicitan asilo (para escapar de conflictos, persecución o miseria, o para buscar mejores oportunidades en el extranjero para ellas y sus familias), concluye Sundberg, tienen más que ver con las condiciones en su país de origen y con los legados del colonialismo que con las políticas de los países a los que se trasladan”.

 

[Fuente: www.eldiario.es]



terça-feira, 18 de agosto de 2026

Le « B » a-t-il disparu ? Dans quelle mesure le Brésil pourrait-il quitter le BRICS en cas de changement de président ?

La victoire de l’adversaire de da Silva aux élections brésiliennes pourrait constituer la principale réussite de Trump dans sa volonté d’affaiblir la Russie et la Chine 


Écrit par Dmitri Rodionov

La campagne présidentielle débute le 16 août au Brésil et s’achèvera le 4 octobre.

Bien que 13 candidats soient en lice, tout le monde comprend que la lutte principale opposera l’actuel chef de l’État, Lula da Silva (Parti des travailleurs), et le fils de l’ancien président condamné Jair Bolsonaro, Flávio (Parti libéral).

Le premier est considéré comme un homme politique de gauche et un partisan de l’intégration au sein du BRICS, tandis que le second est perçu comme un homme de droite, un partisan de Trump et un partisan de la sortie de ce groupement réunissant la Russie et la Chine.

Selon le sondage Nexus/BTG Pactual, réalisé du 31 juillet au 2 août, Lula est actuellement en tête avec 41 %, contre 37 % pour Bolsonaro.

Il convient de noter que, par rapport aux précédents sondages, l’écart entre les deux candidats s’est réduit de 5 points de pourcentage.

Si Bolsonaro l’emporte, cela marquera-t-il le début d’un revirement radical de l’orientation géopolitique du Brésil, comme cela a été le cas chez son voisin, l’Argentine ? Un tel scénario ne semble plus relever de la fiction…

— En cas de victoire de Flávio Bolsonaro, ce qui est très probable, les chances sont de 50-50, affirme Daria Mitina, secrétaire du Comité central du Parti communiste russe.

— La rhétorique électorale est une chose, la mise en œuvre concrète en est une autre. Comme on le sait, l’Argentine, sous les Kirchner, avait elle aussi activement cherché à rejoindre le BRICS et avait même déposé une candidature, mais, naturellement, avec l’arrivée de Milei, la question s’est en quelque sorte réglée d’elle-même.

C’est une chose de déposer une candidature et d’affirmer rhétoriquement sa volonté d’adhérer. C’en est une autre de faire partie du BRICS et de bénéficier, par conséquent, de tous les programmes, projets et avantages offerts par le BRICS.

Il ne s’agit pas ici d’alliances politiques, j’insiste, mais d’une coopération purement économique. Et dans ce contexte, bien sûr, bénéficier des avantages offerts par la coopération avec la Chine et la Russie est un atout auquel on ne renonce pas.

D’autant plus que Bolsonaro, malgré toute son obstination, comprend parfaitement qu’une chose est d’être l’ami de Trump en paroles, et une autre est de comprendre que l’administration américaine n’est jamais une amie au point de prendre entièrement en charge tel ou tel problème économique de ses amis. Autrement dit, l’amitié est une chose, et les affaires en sont une autre.

Or, le Brésil est l’un des membres les plus actifs du BRICS, et il tire de réels « avantages » de cette adhésion. Il est donc peu probable que les bénéfices économiques soient sacrifiés au profit de la rhétorique politique.

Bolsonaro, certes, est un homme de droite classique, mais ce n’est pas un fou, ni un voyou du genre de Milei. Milei est capable de scier la branche sur laquelle il est assis au nom de ses propres délires. Mais ni Jair Bolsonaro, ni son fils ne se sont jamais comportés ainsi.

C’est pourquoi, même en cas de victoire de Bolsonaro, une sortie du BRICS resterait très probablement une mesure extrême. Elle pourrait se produire sous la forte pression des États-Unis, mais il me semble que les États-Unis ont pour l’instant d’autres priorités.

— On peut établir des parallèles prudents avec la campagne présidentielle brésilienne de 2022, lorsque le président sortant de l’époque, Jair Bolsonaro, avait obtenu, tant au premier qu’au second tour, un score plus élevé que ne le laissaient présager de nombreux sondages, même s’il s’était classé deuxième dans les deux cas, — note Mikhaïl Neizhmakov, directeur des projets analytiques de l’Agence de communication politique et économique.

— Au second tour, Luiz Inácio Lula da Silva a toutefois battu son prédécesseur avec une marge minime : 50,9 % contre 49,1 % des voix. Jair Bolsonaro a alors obtenu un résultat meilleur que prévu, malgré un lourd passif, notamment les critiques dont il a fait l’objet concernant les mesures prises par les autorités centrales pendant la pandémie. Il reste encore du temps avant les élections d’octobre 2026.

Mais Flávio Bolsonaro a bel et bien des chances, au minimum, de mener la situation vers un scénario où l’issue finale de la campagne se jouera au « photo-finish ».

De plus, quelle que soit l’issue de la campagne, il y a de fortes chances que des manifestations de grande ampleur soient organisées par les partisans du candidat clé qui perdra les élections.

« SP » : On avait aussi fait peur au sujet du père Bolsonaro, en disant qu’il ferait sortir le pays du BRICS, mais il a eu la sagesse de ne pas le faire. Et qu’en est-il du fils ?

— Il faut tenir compte du fait que, si Flávio Bolsonaro remportait la victoire, la première moitié de son mandat coïnciderait avec les deux dernières années de Donald Trump à la Maison Blanche.

Pour Trump lui-même, le mandat présidentiel actuel est, comme on le sait, le dernier, mais il voudra très probablement disposer d’un maximum d’atouts en main afin d’influencer également l’issue de la campagne présidentielle américaine de 2028.

Et Trump souhaiterait manifestement avoir en réserve un sujet d’actualité aussi important que le retrait théorique du Brésil du BRICS, afin de l’invoquer comme exemple de sa victoire en matière de politique étrangère.

Autrement dit, Trump aura, à tout le moins, des raisons d’essayer d’obtenir de Flávio Bolsonaro que le Brésil se retire du BRICS.

« SP » : Dans quelle mesure le retrait du Brésil du BRICS est-il envisageable ? Et quelles pourraient être les conséquences d’une telle décision pour le Brésil lui-même ?

— En soi, le retrait du Brésil du BRICS ne comporterait peut-être pas tant de risques pour le Brésil. Même si, là encore, certains facteurs poseraient problème : par exemple, de nombreux projets dans le pays sont actuellement financés par la Nouvelle banque de développement, créée sous l’égide du BRICS.

Mais il faut tenir compte du fait que la rupture du pays avec le BRICS ne serait guère bien accueillie par la Chine, qui est le principal partenaire commercial du Brésil. Cela dit, Pékin est également intéressé par les importations en provenance du Brésil, notamment le pétrole et le minerai de fer. Autrement dit, même une rupture hypothétique du Brésil avec les BRICS n’entraînerait probablement pas, au final, un éloignement radical du pays par rapport à la Chine.

On peut citer l’exemple de Jair Bolsonaro, qui, au cours de sa campagne présidentielle, accusait la Chine de « racheter le pays », mais qui, une fois au pouvoir, a finalement poursuivi ses contacts actifs avec Pékin.

«SP» : Et pour le BRICS ? Cela pourrait-il ébranler les fondements et l’idée même de cette alliance ?

— Le BRICS n’impose toutefois pas d’engagements stricts à ses membres vis-à-vis de cette plateforme.

Cela peut décevoir les observateurs qui souhaiteraient voir dans cette structure un contrepoids solide aux alliances dominées par les acteurs occidentaux. Dans le même temps, le retrait hypothétique d’un des participants dans cette situation poserait davantage des défis en termes d’image pour la plateforme. Une telle mesure hypothétique aurait toutefois une incidence sur l’équilibre au sein du BRICS. Cependant, ce simple changement de président au Brésil aurait également une incidence sur cet équilibre.

 

[Source : Svpressa - reproduit sur www.groupegaullistesceaux.fr]

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Allemagne : « La solitude politique de Friedrich Merz nourrit un doute sur sa capacité à convaincre durablement »

Le chancelier allemand, qui s’isole de plus en plus, jusque dans son propre parti, multiplie les maladresses et ne parvient pas à imprimer un cap politique clair outre-Rhin, déplore, dans une tribune au « Monde », l’auteur franco-allemand Nils Minkmar.

Écrit par Nils Minkmar 

Lorsque Friedrich Merz inaugure, le 15 septembre 2025, la synagogue restaurée de la Reichenbachstrasse à Munich, un détail échappe soudain au protocole. En évoquant le destin des juifs sous le III Reich, le chancelier s’interrompt, la voix se brise, les larmes montent. Pendant quelques secondes, l’émotion l’emporte sur la fonction. Jusqu’à présent, aucun autre moment de son mandat n’aura autant marqué les esprits.

La scène tranche avec une tradition politique qui s’est imposée en Allemagne de l’Ouest après 1945 et qui s’est encore renforcée sous Angela Merkel [2005-2021] : les chanceliers parlent beaucoup, mais se livrent peu. Leurs discours sont soigneusement calibrés pour éviter la faute, mais quasiment jamais pour susciter une émotion. Après l’effondrement du III Reich, toute forme de grandiloquence politique est devenue suspecte ; la retenue, au contraire, a été élevée au rang de vertu démocratique. Le lyrisme y est presque considéré comme une imprudence.

Cette retenue correspondait à une certaine idée de la République fédérale allemande : un Etat prospère, stable, avec une ligne politique claire, qui préférait l’efficacité au panache. Aujourd’hui, elle révèle une autre faiblesse. L’Allemagne ne manque ni de ressources ni d’institutions solides ; elle peine davantage à formuler un horizon. Une plaisanterie poursuivit Angela Merkel pendant des années : voyager avec elle revenait à monter dans un avion piloté par une commandante expérimentée. Le vol était calme, l’atterrissage sûr ; seule la destination demeurait mystérieuse.

Friedrich Merz, qui, dans sa vie privée, pilote lui-même son propre jet, inspire une comparaison différente. On l’imagine accueillant les passagers avec chaleur, détaillant les qualités de l’appareil, commentant l’itinéraire et les conditions météorologiques avec l’assurance d’un pilote chevronné. Tout semble prêt pour le décollage. Mais l’avion reste au sol. Et lorsque les premiers voyageurs demandent pourquoi il ne part pas, le commandant paraît prendre la question comme une offense.

C’est pourtant l’inverse que promettait le chancelier. Aux yeux de ses partisans, il devait incarner le retour de l’autorité tranquille, celle d’un chef d’entreprise du Mittelstand, ce tissu d’entreprises familiales de taille moyenne qui constitue l’épine dorsale de l’économie allemande. Souvent implantées loin des grandes métropoles, fortement exportatrices et spécialisées dans des productions industrielles très pointues, ces sociétés incarnent aux yeux de nombreux Allemands le sérieux, la continuité et la responsabilité. Le Sauerland, sa région natale, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, concentre plusieurs de ces hidden champions [« champions cachés »] qui font la puissance industrielle allemande, entreprises discrètes mais dominantes sur les marchés mondiaux.

Son parcours semblait faire de lui le candidat idéal. Juriste, avocat d’affaires de formation, longtemps député [jusqu’en 2009] avant de quitter la politique puis de diriger la branche allemande du gestionnaire mondial d’actifs BlackRock, Friedrich Merz prend la tête de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) en 2021, avec la réputation d’un homme connaissant à la fois les rouages de l’Etat et ceux de l’économie mondialisée. Beaucoup de ses électeurs voyaient en lui, qui a réussi à faire fortune dans le privé, le dirigeant capable de rendre à l’Allemagne une culture de la décision après les années Merkel puis Scholz [2021-2025].

Sa voix est audible et il lui arrive de parler avec sérieux et autorité – mais rarement au bon moment ou sur le bon sujet. On a parfois le sentiment qu’il s’engage dans une formule, sans savoir exactement où elle va chuter. Il a donc cette astuce : rallonger l’allocution en évitant les raccourcis, les sigles. Non pas, par exemple, simplement « CDU », mais « Christlich Demokratische Union Deutschlands ». Pour réfléchir à ce qu’il veut dire, tout en parlant.

C’est précisément sur le terrain où on l’attendait qu’il a le plus déçu : celui du cap politique. Ses interventions improvisées provoquent régulièrement des controverses inutiles. Il lui faut ensuite expliquer, préciser, corriger ses propres propos afin que les retraités, les chômeurs ou les Allemands issus de l’immigration n’y voient pas une marque de mépris. Le conservateur réfléchi qu’on espérait voir émerger laisse alors place à une figure beaucoup moins séduisante : celle d’un patron qui, devant de mauvais résultats, accable de sa mauvaise humeur ses collaborateurs.

Il serait toutefois injuste d’ignorer les difficultés auxquelles il est confronté. La CDU a longtemps trouvé ses références à Washington ou à Paris ; les républicains américains comme les partis français de droite se revendiquant du gaullisme traversent aujourd’hui leurs propres crises. Merz a promis de rendre au couple franco-allemand son rôle moteur. Mais même transformé en un nouvel Adenauer [1876-1967], quel de Gaulle trouverait-il aujourd’hui en France ?

Entre Donald Trump et un paysage politique français devenu presque illisible pour les observateurs allemands, le chancelier manque de partenaires naturels sur la scène internationale. Il s’est en outre laissé enfermer par l’hostilité obsessionnelle envers les écologistes manifestée par Markus Söder, ministre-président de Bavière, affilié à l’Union chrétienne-sociale en Bavière, parti frère de la CDU.

En renonçant à une coalition avec les Verts, pourtant menée avec succès à l’échelle régionale, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie comme dans le Bade-Wurtemberg, le chancelier s’est condamné à gouverner avec les sociaux-démocrates. Cette coalition est ainsi née sous le signe de l’absence d’alternative plutôt que du choix politique. Le refus constant de Friedrich Merz de toute coopération avec le parti d’extrême droite Alternative für Deutschland constitue cependant l’un des rares points fixes de son action, et tout à son honneur.

Les erreurs qui ont suivi sont moins spectaculaires que révélatrices. L’éviction maladroite, fin juillet, du ministre des transports, Patrick Schnieder, fidèle parmi les fidèles de la CDU, a troublé jusqu’aux rangs d’un parti habituellement discipliné. Peu à peu s’installe l’impression que Merz ne gouverne pas à la tête d’une équipe, mais seul. Cette solitude politique nourrit un doute plus général. Un chancelier peut-il durablement convaincre lorsqu’il donne le sentiment de réagir davantage aux événements qu’il ne les ordonne ?

Personne, en Allemagne, ne souhaite aujourd’hui sa chute – en tout cas en dehors des extrêmes politiques. Mais il devient chaque semaine un peu plus difficile d’imaginer qu’il puisse laisser l’empreinte durable d’un grand chancelier, et plus encore de le voir briguer un second mandat dans une position de force. Son adversaire le plus redoutable n’est ni l’opposition ni la conjoncture internationale. C’est son propre tempérament.


Nils Minkmar est un journaliste franco-allemand. Son roman « Le Chat de Montaigne » paraîtra le 20 août 2026 aux Presses de la Cité.

 

[Source : www.lemonde.fr]

quinta-feira, 13 de agosto de 2026

Mallorca es revolta contra el turisme que desposseeix els habitants del seu territori

El diumenge 26 de juliol de 2026 es va celebrar a la ciutat de Palma, capital de les Illes Balears, una protesta no contra els turistes, sinó contra un model econòmic que ha començat a tractar els seus habitants com un obstacle.

Mistervlad/Shutterstock

Escrit per Julio Batle Lorente

Professor titular de la Universitat de les Illes Balears 

La manifestació, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, va reunir unes 25 000 persones segons la Policia, i 70 000, segons l'organització. Es poden discutir les xifres d'assistència a la protesta, però és més difícil posar en dubte l'escena: desenes de milers de persones van sortir al carrer reclamant el dret a continuar vivint en una de les destinacions més celebrades del planeta. No demanaven que Mallorca deixés de rebre visitants, no. Demanaven que no calgués expulsar la seva població per allotjar-los. 

Hi van participar veïns, ecologistes, pagesos i nombrosos treballadors del mateix sector turístic. Les seves reivindicacions deixen poc marge per a la interpretació: limitar els habitatges d'ús turístic, reduir les places d'avió i els vols disponibles cap a les illes, i abandonar un monocultiu econòmic que consumeix territori, habitatge i vida quotidiana. 

Hi va haver càrregues policials i ferits, però reduir la manifestació a aquests incidents seria una manera força eficaç de no escoltar-la. El conflicte de fons no és entre residents educats i turistes innocents. És entre dos drets que han deixat de tenir el mateix pes: el dret temporal a gaudir d'un lloc i el dret permanent a habitar-lo. 

Una destinació turística pot triomfar i desaparèixer

Durant dècades, l'èxit de les destinacions turístiques s'ha mesurat en termes d'arribades, pernoctacions, ocupació i despesa. Quan aquestes xifres augmenten es parla d'una bona temporada. Però una economia pot créixer mentre desmantella les condicions que permeten viure en ella.

Pot augmentar la rendibilitat de cada metre quadrat i reduir simultàniament la seva utilitat social. Pot generar més riquesa i fer que una infermera, un policia, un professor o un cambrer no trobin habitatge. Pot oferir al visitant una llibertat extraordinària de moviment mentre obliga el resident a marxar. Aquesta és la dada que poques vegades apareix a les estadístiques: una destinació pot prosperar com a producte i fracassar com a societat. 

El lloguer vacacional no explica per si sol la crisi de l'habitatge. També hi influeixen la inversió internacional, l'escassetat de sòl, la compra especulativa, la manca d'habitatge públic i unes polítiques que, durant molt de temps, han estat insuficients. Però seria intel·lectualment trampós minimitzar el seu paper.

Agustín Cócola-Gant ha descrit els habitatges d'ús turístic com un nou front de la gentrificació. La seva recerca mostra que l'anomenada economia col·laborativa sovint amaga una oportunitat d'acumulació per a inversors i propietaris. En aquest procés, el resident de llarga durada deixa de ser el destinatari de l'habitatge i passa a convertir-se en un impediment per extreure'n una rendibilitat més gran.

L'expulsió, a més, no sempre adopta la forma d'un desnonament. Pot produir-se pis a pis. Un habitatge queda lliure i ja no torna al mercat residencial. Desapareix una botiga de proximitat i n'apareix una altra orientada al consum efímer. Els veïns marxen, canvia el llenguatge econòmic del barri i qui s'hi queda descobreix que continua tenint domicili, però ja no un lloc.

Anomenar-ho ‘turismofòbia’ no afavoreix el debat

Mallorca forma part d'una revolta territorial més àmplia.

A Venècia, el moviment contra els grans creuers va convertir aquells vaixells desproporcionats que travessaven la llacuna en la imatge d'una indústria l'escala de la qual ja no guardava cap relació amb la ciutat.

A les Canàries, desenes de milers de persones s'han manifestat sota un lema difícil de superar: “Aquí hi viu gent”.

A Barcelona, les pistoles d'aigua dirigides contra algunes terrasses turístiques van ocupar més espai informatiu que els lloguers que motivaven la protesta.

La paraula turismofòbia completa l'operació. Converteix un conflicte sobre habitatge, salaris, mobilitat, aigua, sòl i democràcia en una reacció emocional contra els estrangers. Despolititza el problema i, de passada, infantilitza qui protesta.

Els experts en sobreturisme Claudio Milano, Marina Novelli i Joseph Cheer han mostrat que la saturació no consisteix només en la presència de massa visitants. Apareix quan el creixement altera de manera permanent la vida dels residents, limita el seu accés als serveis i als espais, i deteriora el seu benestar. Els seus treballs també relacionen les mobilitzacions socials amb la impugnació d'economies basades en el monocultiu turístic i en l'obligació, aparentment indiscutible, de continuar creixent.

Per tant, la pregunta no és quantes persones caben físicament en una illa. La pregunta és què ha de sacrificar la població perquè continuen cabent.

Del turisme responsable al turista situat

L'acadèmia ha construït conceptes útils per comprendre aquesta transformació.

El decreixement turístic, defensat pels professors Robert Fletcher, Ivan Murray, Asunción Blanco-Romero i Macià Blázquez-Salom, planteja que alguns territoris no necessiten gestionar millor el creixement, sinó reduir materialment la pressió: menys places, menys vols, menys consum de sòl i una menor dependència econòmica del turisme.

No s'ha de confondre amb la fórmula “menys turistes que gastin més”. Pot ser que aquesta proposta redueixi certes aglomeracions, però també converteix el territori en un club reservat a les rendes altes. Encara que arribi amb un equipatge discret, el turisme de luxe ocupa espai, consumeix recursos i fa pujar els preus.

La investigadora Freya Higgins-Desbiolles ha desplaçat l'atenció des de la quantitat de riquesa produïda cap a la seva distribució: qui rep els beneficis, qui assumeix els costos i quins drets han de prevaldre quan entren en conflicte el negoci turístic i la vida de les comunitats.

La justícia de la mobilitat, formulada per Mimi Sheller, permet observar una altra desigualtat: no tots els desplaçaments tenen el mateix poder. El visitant travessa Europa durant un cap de setmana, però la cambrera de pisos ha de recórrer cada dia desenes de quilòmetres perquè ja no pot viure a prop del seu lloc de treball. La mobilitat fàcil d'uns pot produir la mobilitat forçada d'altres.

I la sobirania turística, vinculada per Carter Hunt, María José Barragán-Paladines, Juan Carlos Izurieta i Andrés Ordóñez a les lluites comunitàries pel control dels seus mitjans de vida, formula la pregunta decisiva: qui té autoritat per determinar el futur d'una destinació?

A partir d'aquestes aportacions proposo una figura addicional: el turista situat.

El turista situat reconeix que no arriba a un decorat disponible, sinó a un territori ja habitat, travessat per relacions de poder i conflictes concrets. Entén que la seva llibertat de moviment té lloc dins la vida menys mòbil d'altres persones. I accepta una cosa que el turisme responsable sol evitar: hi ha allotjaments, activitats i fins i tot destinacions que poden deixar d'estar moralment disponibles.

No es limita a reduir la seva petjada. Està disposat a renunciar.

La consciència comença amb un ‘no’

Un turista situat deixaria d'escollir Mallorca per fer cicloturisme. No perquè pedalar sigui immoral ni perquè cada ciclista constitueixi un problema. Ho faria perquè una activitat deixa de ser innocent quan la seva concentració deteriora la mobilitat quotidiana de les persones que utilitzen aquestes carreteres per treballar, estudiar, tenir cura d'altres o tornar a casa. Escolliria un altre territori menys saturat. Una altra època de l'any. Una altra activitat.

I no faria servir Airbnb —ni cap altra plataforma equivalent— en zones gentrificades, on l'habitatge d'ús turístic contribueix al fet que els joves nascuts allí hagin de marxar perquè no es poden permetre una casa.

Podem discutir la intensitat concreta de cada efecte, la regulació més eficaç o el pes relatiu de les diferents causes. Però quan existeix un procés visible d'expulsió residencial, utilitzar un habitatge com a allotjament vacacional deixa de ser una elecció privada sense conseqüències.

La consciència turística consisteix a viatjar sabent quan cal escollir una altra destinació.

El turista situat es fa una pregunta prèvia a totes les recomanacions, certificacions i llistes de bones pràctiques:

“He de ser aquí, fent açò?”.

De vegades la resposta serà sí. D'altres exigirà canviar de temporada, d'allotjament o d'activitat. En determinats llocs i moment serà, senzillament, no.

El dret a retirar un territori del mercat

La sobirania turística significa que una comunitat pot decidir quant turisme vol, on, quan i sota quines condicions.

Pot determinar que determinats habitatges han de servir per viure-hi. Pot limitar els creuers, els vehicles, les places turístiques o els vols. Pot tancar un espai saturat, retirar llicències i anteposar la continuïtat d'una comunitat al rendiment màxim dels seus actius.

No equival a tancar fronteres. La sobirania turística no és puresa identitària, sinó capacitat democràtica.

Venècia pertany prioritàriament a la seva població, no a les navilieres. Barcelona, a qui l'habita, no a les plataformes turístiques. Mallorca, a qui hi sosté una vida, no a una indústria que comercialitza la seva disponibilitat.

El visitant mereix hospitalitat, no sobirania. Una població ha de poder conservar el dret a retirar parts del seu territori del mercat turístic, encara que hi hagi demanda i encara que algú estigui disposat a pagar.

Turisme, un poder no elegit

El turisme ja no és únicament una activitat econòmica. Ha adquirit capacitat per organitzar el territori, l'ocupació, l'habitatge, les infraestructures i el calendari polític. Ha començat a actuar com un poder constituent sense haver estat elegit.

La qüestió ja no és si el turisme genera riquesa. La genera. La qüestió és quin tipus de pobresa pot produir en fer-ho: pobresa d'habitatge, de temps, d'espai públic, d'expectatives i de futur.

Comencen a aparèixer pintades i cartells als cotxes dels habitants locals. Fins i tot jo n'he fet servir un —una vegada—, que vaig escriure en alemany, ja fart de carreteres secundàries col·lapsades per cicloturistes.

‘Mallorca està saturada de cicloturistes, molesteu als locals en la seva vida quotidiana. Si us plau, valoreu fer cicloturisme a Badajoz o Conca l'any vinent. Us ho preguem, de debó. Moltes gràcies.’

És patètic, sí. És barroer, també. I és delicat. Però els turistes, i fins i tot els residents estrangers dels llocs que s'han gentrificat, necessiten rebre urgentment determinats missatges, respectuosos però clars.


[Font: www.theconversation.com]