De Italia a Alemania: cómo buena parte de Europa ha regularizado a migrantes pese a las actuales críticas a España

Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países bajo gobiernos de todos los colores 

El Ayuntamiento de Barcelona incorpora a partir de este miércoles el Pabellón 2 del recinto ferial de Montjuïc, con capacidad para mil personas, a su dispositivo de atención a las personas extracomunitarias que solicitan documentación para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes. Alejandro García / EFE

Escrito por Meritxell Freixas

Cuando el Gobierno de Felipe González puso en marcha entre 1985 y 1986 la primera regularización extraordinaria de personas migrantes de la democracia en España, estimaba que unos 250.000 extranjeros estaban en situación irregular. “Con esta ley se pretende poner en orden la situación de los extranjeros residentes que no poseen documentación en regla. También se pretende normalizar la contratación de mano de obra extranjera”, recogía la prensa de la época. 

El proceso estuvo abierto durante ocho meses y medio y las personas extranjeras en situación irregular solo debían acreditar su estancia en el país desde antes del 24 de julio de 1985. Cinco años después, González puso en marcha otros dos procesos extraordinarios (1991 y 1992). 

Después de él lo hicieron también José María Aznar (1996, 2000 y 2001) y José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 impulsó la regularización más grande hasta entonces con la exigencia de un contrato de trabajo. La hemeroteca cuenta que fueron cerca de 700.000 las solicitudes que se presentaron.

Pedro Sánchez ha sido el cuarto presidente español en llevar a cabo esta medida, que recibió casi 1,2 millones de solicitudes. “Ha habido pocas regularizaciones extraordinarias de dimensiones de la última en España, que ha sido especialmente voluminosa porque la dimensión de la migración irregular era muy alta por el propio funcionamiento de la economía y el mercado laboral”, explica a elDiario.es la investigadora del CIDOB Blanca Garcés, experta en el área de migraciones. En esta ocasión, añade, los requisitos eran “de acceso fácil”, solo acreditar permanencia en el territorio de 4-5 meses y ausencia de antecedentes penales. 

La irregularidad en España, explica la experta, no procede principalmente de las llegadas irregulares por la frontera sur —en los últimos 20 años, han sido mucho menos numerosas que en Grecia o Italia—, sino de personas que entran legalmente, especialmente desde países latinoamericanos cuyos ciudadanos no necesitan visado para estancias cortas, pero permanecen en el país más allá del plazo autorizado de tres meses.

Más allá de España, otros países europeos también han impulsado procesos extraordinarios de regularización. Algunos de ellos aprovecharon incluso la crisis fronteriza de Ceuta para criticar, de forma casi coordinada, las políticas migratorias del Gobierno español, en una de las reacciones más duras que se han visto en Europa contra una regularización nacional, pese a haber recurrido ellos mismos a medidas similares. 

Varios cientos de inmigrantes, en su mayoría marroquíes, se concentraron a las puertas de la Dirección Provincial de Trabajo, en el último día de plazo para regularizar se estancia en España. Según la Delegación de Gobierno, Murcia tras Madrid y Barcelona, es la provincia española en cantidad de solicitudes presentadas por los inmigrantes. J. F. Moreno / EFE

Italia, el caso paradigmático

Países como Italia, Grecia o Portugal también han combinado regularizaciones masivas y extraordinarias con procedimientos ordinarios (que España también aplica, como el arraigo). 

El caso de Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, lideró las críticas europeas a las políticas de Sánchez, es paradigmático. Es, junto con España, uno de los países europeos que más ha recurrido a las regularizaciones extraordinarias. Bajo el Gobierno del conservador Silvio Berlusconi en 2002, Italia impulsó esta medida a través de la cual unas 635.000 personas migrantes salieron de la irregularidad (de un total de 700.000 solicitudes). Los procesos extraordinarios se han sucedido en este país porque el mercado laboral generaba demanda de trabajadores extranjeros, pero las vías legales de entrada no cubrían esa demanda. Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia y presidente del partido Forza Italia de Berlusconi, ha tratado de vincular la regularización en España con lo ocurrido en Ceuta la última semana de julio.

El último de estos procesos extraordinarios llevado a cabo por Roma fue en plena pandemia, para regularizar a trabajadores irregulares de sectores como la agricultura, el trabajo doméstico y los cuidados, que en ese tiempo pasaron a ser considerados “esenciales” para garantizar alimentos, cuidados y servicios básicos. El proceso recibió finalmente unas 220.000 solicitudes, aunque solo alrededor del 15% correspondían a trabajadores agrícolas, pese a que la falta de temporeros en el campo había sido uno de los argumentos centrales para aprobarlo.

No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas

Blanca Garcés, investigadora del CIDOB experta en Migraciones

Bajo el gobierno de Meloni, Italia ha ampliado considerablemente las cuotas de permisos para extracomunitarios que permite el llamado Decreto de Flujos, un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y sector de empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028. 

En Grecia, en diciembre de 2023, ante la falta de mano de obra de sectores como la agricultura, la construcción o el turismo, el Gobierno del conservador de Kyriakos Mitsotakis aprobó una ley que permitía solicitar un permiso de residencia y trabajo a personas en situación irregular que llevasen al menos tres años en el país y contasen con una oferta de empleo. El Ejecutivo calculó que beneficiaría a unas 30.000 personas. 

“No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas porque se han dado bajo gobiernos de todos los colores, en muchos países distintos, con mercados laborales distintos y en momentos distintos”, dice Garcés. 

“No implican necesariamente una política migratoria más permisiva: con frecuencia han coexistido con un refuerzo de los controles fronterizos y de las políticas de expulsión”, añade Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid.

Según él, muchos de estos países han experimentado una demanda estructural de mano de obra inmigrante, especialmente en sectores poco cualificados y de difícil cobertura por trabajadores nacionales (agricultura, construcción o servicio doméstico). “Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras, por ello una parte de la inmigración se produce de manera irregular; la regularización corrige este desajuste”. 

Otros casos

Alemania, Francia y Bélgica, en cambio, han apostado por otras vías y han regularizado la situación administrativa utilizando instrumentos de gestión ordinaria.

Alemania, tradicionalmente más restrictiva con las regularizaciones extraordinarias, introdujo a finales de 2022 el llamado Chancen-Aufenthaltsrecht (“derecho de oportunidad de residencia”), una vía ordinaria destinada a determinadas personas que llevaban años viviendo en el país con un estatus de estancia “tolerada”. La medida les concedía un permiso de 18 meses para cumplir los requisitos que les permitieran acceder posteriormente a un permiso de residencia estable.

Las estadísticas de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) indican que, transcurrido el primer año y medio de vigencia, más de 76.000 personas obtuvieron este estatus provisional.

“Es una regularización con una lógica más administrativa, de personas que quedan sin permiso de residencia porque, por ejemplo, se rechaza su solicitud de refugio y quedan en el país en una situación de ”tolerancia“, que se llama, y a la larga, acaban siendo reconocidas”, cuenta Blanca Garcés, quien lo considera una forma de dar respuesta a “situaciones generadas por el propio funcionamiento de la administración, con procesos largos y que acaban en un limbo legal”. 

Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras

Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid 

“A medio y largo plazo los mecanismos ordinarios de regularización, por ejemplo el arraigo de España o el Chancen-Aufenthaltsrecht de Alemania son las vías más eficaces para evitar la irregularidad, aunque convendría simplificar y acelerar estos procedimientos”, dice Delkáder. Sin embargo, añade, en momentos de acumulación prolongada de personas en situación irregular, “las regularizaciones extraordinarias son un recurso pertinente para dar respuesta a un contexto de esas características”.

Tres etapas

La historia de estas políticas dibuja varias etapas. Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países. Si bien algunos países introdujeron solo un programa, otros —como Estados Unidos— recurrieron a la regularización repetidamente. Así lo recoge una investigación de este año sobre la base de datos RegMig, que recopila ocho décadas de programas de estos procesos.

Las décadas de 1990 y 2000 concentraron el mayor número: el 61% de todos los programas registrados. Entre 1990 y 2007 se sucedieron las grandes regularizaciones, especialmente en el sur de Europa —España, Italia, Portugal y Grecia—, para dar respuesta a una población inmigrante que ya estaba instalada y trabajando, pero permanecía fuera de los canales legales.

La crisis económica y el posterior endurecimiento de las políticas migratorias europeas prácticamente hicieron desaparecer las grandes regularizaciones generales entre 2008 y 2019, con algunas excepciones como Polonia en 2012. A partir de 2020 reaparecieron, aunque con argumentos diferentes.

“Más allá de ser una medida humanitaria, los Gobiernos han utilizado las regularizaciones como instrumento de política social y económica: para obtener información y supervisar a la población en su territorio, abordar el empleo irregular, el abuso y la explotación laboral, aumentar la recaudación tributaria y atender las necesidades del mercado laboral a través de la economía formal”, dice a elDiario.es la experta en migración de Amnistía Internacional Olivia Sundberg, basada en Bruselas. 

El mito del “efecto llamada”

A pesar de que con cada puesta en marcha de estos procesos se repite una y otra vez el argumento del “efecto llamada”, los estudios disponibles no han encontrado una relación clara y sistemática entre las regularizaciones y un aumento significativo de la inmigración irregular.

Tanto Delkáder como Sundberg aseguran que la evidencia empírica disponible no ha logrado demostrar una relación clara y sistemática entre estos procesos y un aumento significativo de la inmigración irregular. Según el experto, tras las regularizaciones no se vivieron incrementos extraordinarios de las llegadas, sino que la evolución de la población extranjera siguió una tendencia similar a la que cabría esperar por factores económicos y laborales. La ultraderecha mundial liderada por Trump pone a España en el punto de mira y usa Ceuta para esparcir su xenofobia

“Las razones por las que las personas migran o solicitan asilo (para escapar de conflictos, persecución o miseria, o para buscar mejores oportunidades en el extranjero para ellas y sus familias), concluye Sundberg, tienen más que ver con las condiciones en su país de origen y con los legados del colonialismo que con las políticas de los países a los que se trasladan”.

 

[Fuente: www.eldiario.es]

Portugal sacrificado

Para onde vai Portugal? É frequente achar-se que as elites que mandam no país não têm um rumo para Portugal. Nada mais errado. Eles sabem o que querem. Têm um plano e ele está a avançar. 

Escrito por Manuel Afonso

Para onde vai Portugal?

É frequente achar-se que as elites que mandam no país — portuguesas, mas não só — não têm um rumo para Portugal. Seríamos uma noz à deriva, ao sabor do improviso e dos ventos imprevisíveis dos tão famigerados ciclos eleitorais. Nada mais errado.

Eles sabem o que querem. Têm um plano e ele está a avançar.

Podemos olhar para trás e tentar entender onde começou. Haveria vários marcos para assinalar o arranque dessa grande transformação. Mas certamente quando, em plena crise das  dívidas soberanas (ou da terapia de choque que as usou como pretexto), foi anunciada a intenção de «ir para além da Troika», era disso que estavam a falar. Não era só sobre cortes de salários e pensões; não tinha que ver com política fiscal. Era sobre um novo lugar (pior) de Portugal no mundo. Na divisão internacional do trabalho. Daquilo que Portugal faz e para que serve, se assim quisermos dizer. Da inauguração de uma economia de sacrifício. Para sempre. Foi esse o plano e desde então não foi travado. O atual Governo é, naturalmente, uma agremiação de talibans votados a esse plano: sacrificar Portugal. Mas desde, pelo menos, Passos Coelho até hoje ninguém travou este processo.

De que falamos?

Vejamos, por exemplo, o novo PSZAER: Plano Sectorial de Zonas de Aceleração de Energias Renováveis. Um mapa «verde» como lhe chamam. «Verde» no sentido de um semáforo permanente aberto para a «aceleração» do extrativismo selvagem, de fluxos de capital que cá vêm buscar energia barata, deixando sacrifício como resultado. Trocando por miúdos: neste mapa, o governo assinala as áreas do território onde se podem (devem?) instalar centrais fotovoltaicas ou de energia eólica, com maior facilidade de licenciamento (ou seja, menos regulamentação e proteção para o território e as populações). No total, 7% do território continental disponível para estes megaparques. Para termos uma noção, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto somadas são menos de 6%. Mas há distritos que veem mais de 10% do seu território potencialmente entregue as estas megacentrais; e concelhos que podem ter mais de 25% ocupado por estes desertos «verdes». Que não haja ilusões: não tem nada que ver com transição energética e climática. Para isso, cabe investir no solar descentralizado, essencialmente no cimo de edifícios já existentes e não seria necessária uma área tão grande. Problemas: áreas enormes de paisagem roubada, onde já nada crescerá, onde não há ecossistemas para absorver calor, carbono e água, onde os solos são esvaziados de nutrientes e desterificados por gerações; sem criação de emprego, de conhecimento ou inovação; sem embaratecer a eletricidade, devido ao modelo de fixação de preços, desenhado à medida das rendas da EDP; na mão de poucos investidores, que concentram poder e dinheiro. O que fica para Portugal? Zonas de sacrifício. Partes enormes do território fadadas à desertificação literal, à seca, ao abandono. Uma economia que não gera nada, para além de fartas rendas para uns poucos.

Mas as Zonas de Aceleração de Energias Renováveis são só um exemplo. Pensemos na contrarreforma agrária que viveu Portugal na última década, década e meia: explosão da agricultura intensiva ou ultraintensiva —frutos vermelhos, olival, amendoal, abacate. Um modelo que esgota os solos, absorve água em excesso, assente na exportação, muitas vezes com base a culturas geneticamente modificadas em que nem a reprodução é possível (os agricultores têm de comprar as plantas anualmente a multinacionais detentoras das patentes) e cujas margens só se mantêm através do uso em grande escala de mão de obra ultraprecária. Sacrifício da terra, sacrifício do trabalho. Saem os lucros, ficam os desertos.

Pensemos na turistificação dos centros às cidades, aliada ao rentismo imobiliário e à superexploração na hotelaria, restauração, limpezas, plataformas. Sobram os centros das cidades, inacessíveis a quem cá trabalha, e o seu correlato invisível, os subúrbios, armazéns de população «excedente», reservatórios de mão de obra. Ambas zonas de sacrifício.

Pensemos nos projetos de data centers. Só o data center Start Campus em Sines irá utilizar o equivalente a 15% da eletricidade nacional. Somando os pedidos de potência feitos pelos investidores em data centers em Portugal, o uso e eletricidade em território nacional pode vir a triplicar! (Já se percebe o interesse nos mares de painéis solares.)

Vejamos agora na mineração. A barbaridade em curso nas Covas do Barroso, distrito de Vila Real (e a heroica resistência da sua população), em que o Estado se coloca ao serviço, pela lei e pela força, da destruição do território e da comunidade para permitir a uma multinacional estrangeira executar um crime ambiental, é apenas um exemplo. Os novos projetos de mineração também surgem como cogumelos. E o modelo é sempre o mesmo: donos estrangeiros, extração para exportar, nenhum valor acrescentado, trabalho explorado, destruição do território. Sacrifício.

Naturalmente, o modelo de imigração realmente existente — não o direito humano a migrar — não pode ser dissociado desta economia de sacrifício. A ideia de importação de mão de obra, vista como mercadoria «essencial à nossa economia» (de sacrifício) e a perseguição aos trabalhadores imigrantes, construindo um novo proletariado numa situação de subcidadania disponível para o sacrifício são, nisto, complementares. Só assim se entende a revanche da AD e dos novos fascistas contra os imigrantes que trabalham, tal como é a esta luz que se percebe a sanha do malogrado e bem chumbado Pacote Laboral — criar um povo sacrificado.

Zonas de sacrifício. Economia de sacrifício. Portugal sacrificado. Eles têm um plano

Zonas de sacrifício. Economia de sacrifício. Portugal sacrificado. Eles têm um plano. As direitas e o PS distinguem-se no modo e no ritmo (o que, sim, circunstancialmente, conta), mas não na visão para o país. A escolha não pode ser entre os aceleracionistas selvagens e os gestores tecnocráticos do nosso sacrifício.

Também porque a economia do sacrifício é o sacrifício da democracia. Onde a serra arde, a água falta e o trabalho adoece, não há democracia; onde os abutres milionários são donos dos partidos e do poder, não há democracia. Aí, o Estado falha, a democracia esvazia-se. Não é um prognóstico, é um diagnóstico. E isso explica a abrupta mudança na política nacional. Vidas sacrificadas não têm o respeito por uma democracia que lhes falhou como critério eleitoral.

Temos de ter um diagnóstico claro, conhecer Portugal — os números, mas sobretudo as pessoas e lugares. E, principalmente, um plano alternativo. Para recuperar o controlo. Do território, da economia, da democracia. Do povo para o povo.

Este pode ser o ponto de partida: para um programa, para uma estratégia, para uma esquerda para vencer. 

 

[Fonte: www.esquerda.net]

La darrièra frontièra verda, Mato Grosso

La forèst de la region es plan prigonda e los fluvis e rius son utilizats per las comunautats localas per se desplaçar 

Escrich per Christian Andreu

En Brasil, quand comença la selva comença tanben una mar infinida de color verda que sonque càmbia de ser. Se sèm dins una forèst de l’interior del país, coma la de Mato Grosso, sèm en un territòri ont la natura es encara la que contraròtla lo ritme de vida e de mòrt dels sieus abitants.

Mato Grosso, vòl dire «Brossa Espessa», un territòri d’una biodiversitat estonanta. D’efièch, Mato Grosso es un gigant geografic qu’amassa Amazonas amb la savana seca de Cerrado e tanben los paluns de Pantanal. Lo païsatge doncas es pas omogenèu. Es plan mai complèxe.

La màger part del territòri es sus un replanat central, conegut coma lo PlanaltoCentralBrasileiro. Lo relèu es tras qu’ancian, amb una edat de milions d’ans. L’erosion aicí a balhat luòc a un dels accidents geografics mai interessants, las chapadas.

Las chapadas son de formacions montanhosas gigantas amb de cimas planas, coma se de gigants aguèsson copat las cimas de las montanhas amb un cotèl. Un de las pus celèbras, la Chapada dos Guimarães, demòra coma un monument gigant de ròca roja al mièg del replanat. Las siás parets pòrtan encara los secrets de mars interiors del Cretacèu e de canhons prigonds, de caunas misteriosas e de sauts d’aiga estonants.

Un cambiament total del relèu

Aqueste relèu accidentat arriba fins al bacin de Pantanal, un replanat que patís d’inondacions regularas. Lo bacin es la màger region inondabla de la planeta. Lo sòl es tan plan que l’aiga espèra de meses per trobar una sortida. E Mato Grosso distribuís l’aiga mai nauta cap a las tèrras pus bassas.

Mato Grosso, en mai d’aquò, se dessepara encara en tres territòris pr’amor de tres grans bacins de flumes: al nòrd Amazònas, La Plata al sud e encara lo fluvi Tocantins a l’èst. Tanben i a d’afluents celèbres coma Xingu, Teles Pires o Juruena que travèrsan lo territòri abans de desbocar dins Amazonas.

La forèst de la region es plan prigonda e los fluvis e rius son utilizats per las comunautats localas per se desplaçar. Mai al sud encara, i a los rius Paraguai e Cuiabá, qu’inondan cada an mai de 140 000 quilomètres cairats, e tresmudan lo païsatge en un grand lac amb tota sòrta d’illas de vegetacion.

Una ressorsa basica

L’aiga, en Mato Grosso, es benlèu la ressorsa pus presada. Lo sòl fa partida de l’aqüifèr Guaraní, una de las resèrvas d’aiga doça sosterranha mai grandas del mond. La region es tanben un centre de produccion d’energia idroelectrica, malgrat la polemica environamentala, car las restancas empachan los cicles reproductius del peissum.

Al sègle XVIII, los bandeirantes descobriguèron d’aur dins la maire del riu Cuiabá. Uèi, las minas son tanben importantas pr’amor de la descobèrta de diamants, de manganesa e de calç. Mai important encara es lo sòl del luòc, qu’ajuda a aver una agricultura estonanta, de sòja, de milh e de coton.

Lo rei de Mato Grosso es lo jaguar (Panthera onca), conegut al nivèl local coma onça-pintada. En Pantanal, los felins son los màgers de l’espècia de tota la planeta. E totes los etològs van en Mato Grosso per los estudiar. Mas tanben i a de jacarés (caimans). N’i a de milions d’especimens. Que s’amassan per centenas pendent la sason seca. Tanben i a de loiras gigantas (ariranhas), que luchan valentament contra los jaguars.

En Mato Grosso tanben i a mai de 650 espècias d’aucèls. Lo mai grand papagai del Mond i demòra, es lo guacamai blau (Anodorhynchushyacinthinus). Lo jabirú e la cigonha giganta li fan companhiá. A las ribas dels fluvis s’atròba de formiguièrs gigants, de lops de crinièra (lobos-guarás), de pichons rosegaires e de centenats d’espècias de mamifèrs e d’anfibians. 

Carlos Alves/CC

S’al nòrd i a la selva d’Amazonas, al centre i a Cerrado e a l’èst lo Pantanal del Sud. La selva septentrionala ten d’arbres de mai de 45 mètres de naut, coma lo noguièr de Brasil (Bertholletia excelsa) o encara lo tauarí. E de milièrs d’orquidèas e de bromèlias cobrisson los troncs umids.

Cerrado es una savana. Los arbres i son mai pichons. Lor rusca es singulara e plan accidentada pr’amor qu’aital se protegisson contra lo fuòc. Pantanal, per contra, es plen de plantas aqüaticas coma lo jacint d’aiga o los nenufars gigants. Pendent la sason seca, lo sòl es un dels melhors del Mond.

Uèi encara i demòran 40 nacions indigènas. Los shavantes, de valents guerrièrs, e los bororos, qu’estonèron l’antropològ Claude Lévi-Strauss. Mai al nòrd, al Pargue Indigèna de Xingu (1961) i a los kamaiurás e los kuikuros, que demòran en patz amb la natura com an fach totjorn.

Los abitants d’origina europèa son tanben arribats dins la zòna. Son los celèbres pantaneiros, qu’an una cultura pròpria ligada a l’aiga e al noirigatge. E qu’an daissat la lor marca dins la region. Durant los darrièrs decennis tanben i son pervenguts de gauchos, del sud de Brasil.

La persona reala qu’inspirèt Sir Conan Doyle pel Mondperdut foguèt Percy Harrison Fawcett, coronèl e topograf britanic. Mai tard, la siá existència tanben seriá utilizada per crear lo personatge de ficcion d’Indiana Jones. Fawcett pensava que dins la sèrra do Roncador i aviá las roïnas d’una civilizacion plan anciana, Z, anteriora a la civilizacion egipciana.

En 1925, Fawcett, acompanhat de son filh Jack, e un amic, Raleigh Rimell, intrèron dins la forèst de Mato Grosso a partir de Cuiabá. Lo 29 de mai Fawcett envièt lo sieu darrièr messatge a la siá femna: “Cal aver paur de cap de desbranda...”

Puèi, silenci total. Los tres òmes desapareguèron a tot jamai. Dempuèi alara mai de 100 expedicions an ensajat de comprene la lor destinada. Fòrça d’eles tanben desapareguèron per totjorn. Los abitants de la region disián que foguèron assassinats per de tribus indigènas o encara qu’èran pervenguts a un portal cap a un mond sosterranh.

Uèi, l’arqueologia a descobèrt d’ancianas implantacions precolombianas units, las vilas-jardin. Fawcett, doncas, aviá rason: i aviá una anciana civilizacion en Mato Grosso mas èra pas de pèira e d’aur mas de tèrra e fusta.

Uèi, Mato Grosso es un territòri de lucha entre ecologistas e companhiás agricòlas. La tòca es d’arrestar la desforestacion e de salvar las comunautats indigènas. Una region ont la geologia, l’aiga, la flòra, la fauna e l’umanitat encara son ligats per de fils invisibles e prims. Benlèu per aiçò salvar lo territòri de Mato Grosso tanben vòl dire salvar la planeta, pr’amor de la crisi climatica actuala.

 

[Sorsa: www.sapiencia.eu]

Les Palestiniens dehors, les travailleurs étrangers dedans : comment Israël est en train de remodeler sa main-d’œuvre

Longtemps pilier de l’économie à bas salaires d’Israël, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza sont écartés depuis le 7 octobre — remplacés par un afflux de travailleurs migrants soumis à des conditions de travail extrêmement précaires. 

Les autorités israéliennes empêchent des milliers de Palestiniens d’entrer à Jérusalem par le checkpoint de Qalandia, 20 février 2026.

Écrit par Charlotte Ritz-Jack et Dana Mills

Le hayon d’un camion-poubelle s’ouvre lentement. À l’intérieur, une septantaine d’hommes palestiniens sont entassés les uns contre les autres, leurs yeux peinent à s’habituer à la lumière après ce qui semble avoir été un trajet étouffant. Ils se protègent les yeux alors que des lampes torches éclairent leurs visages. Des policiers israéliens pointent leurs fusils sur eux à bout portant et leur lancent des ordres, ce qui pousse certains hommes à lever instinctivement les mains. Un par un, ils sont tirés hors du camion, un bras forcé derrière le dos, puis emmenés en garde à vue. 

La vidéo de près de 10 minutes diffusée par la police israélienne le 13 avril, peu après l’interception du véhicule sur l’autoroute reliant la région métropolitaine de Tel-Aviv à la Cisjordanie occupée, montre les conséquences d’une tentative de passage en Israël par des travailleurs palestiniens sans permis. Traités comme s’ils étaient de dangereux terroristes, ces hommes ne cherchaient guère plus que de gagner leur vie pour subvenir aux besoins de leur famille. 

Depuis des décennies, l’emploi dans les secteurs à bas salaires en Israël — en particulier la construction, l’agriculture et d’autres formes de travail manuel — constitue un pilier des moyens de subsistance des Palestiniens dans les territoires occupés, où l’étouffement de l’économie par Israël maintient les salaires à un niveau bas et le chômage à un niveau élevé. Avant le 7 octobre 2023, ces travailleurs injectaient environ 380 millions de dollars par mois dans les marchés locaux. Dans certaines villes de Cisjordanie, plus de 90 % des hommes dépendaient d’emplois en Israël. 

Aujourd’hui, ces possibilités ont pratiquement disparu. Après le 7 octobre, plus de 200 000 Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza — dont 150 000 titulaires de permis de Cisjordanie, environ 50 000 travaillant sans permis et 18 500 originaires de Gaza — se sont vu interdire l’entrée en Israël, officiellement pour des « raisons de sécurité ». 

En réalité, la guerre contre Gaza a donné à l’État israélien l’impulsion nécessaire pour réduire considérablement sa dépendance de longue date à l’égard de la main-d’œuvre palestinienne, marquant ainsi un tournant décisif dans l’équilibre qui prévalait depuis des décennies entre l’impératif idéologique d’exclure les travailleurs palestiniens et le rôle essentiel de ces derniers dans le développement économique israélien.  

Un équilibre précaire  

« Avant la guerre, l’intégration des travailleurs palestiniens sur le marché du travail servait les intérêts économiques d’Israël », a déclaré Maayan Niezna, experte juridique qui suit de près le recours d’Israël à la main-d’œuvre migrante, au magazine +972. « Mais cela s’inscrivait également dans le projet politique de l’occupation, visant à créer une dépendance tout en “contenant” le risque de résistance grâce à une certaine stabilité économique. »  

À cette fin, lorsque Israël a entamé son occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, il a rapidement commencé à délivrer des permis aux Palestiniens qui souhaitaient travailler en Israël — lançant ainsi une politique qualifiée d’« inclusion contrôlée ». Entre 1968 et 1973, le nombre de Palestiniens travaillant en Israël a augmenté de plus de 38 % par an. En réponse à la première Intifada qui a débuté à la fin des années 1980, Israël a toutefois imposé un régime de permis strict qui limitait l’accès des Palestiniens à son marché du travail, et a commencé à remplacer ces travailleurs par une main-d’œuvre migrante.  

Les travailleurs thaïlandais ont occupé les emplois agricoles, tandis que des ouvriers chinois et indiens ont été recrutés pour le bâtiment et des Philippins pour les soins. En 2000, lorsque la deuxième Intifada a éclaté, environ 240 000 travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, représentaient environ 10 % de la main-d’œuvre israélienne.  

Mais l’économie allait mal : en 2002, elle a connu sa pire année depuis 1953. Alors que la suprématie juive et le racisme devenaient de plus en plus manifestes dans la politique israélienne, le gouvernement a commencé à faire des travailleurs étrangers les boucs émissaires de la récession, les accusant d’être responsables de la hausse du chômage et de « saper la nature juive de l’État à la suite de mariages mixtes ».   

En 2002, le Premier ministre de l’époque, Ariel Sharon, a lancé une campagne d’expulsion massive visant les travailleurs migrants. Les autorités ont recruté des informateurs qui laissaient des marques visibles sur les portes des travailleurs étrangers afin de fracturer délibérément les communautés migrantes. Quelque 40 000 personnes ont été expulsées, et environ le double de ce nombre ont été intimidées au point de partir de leur propre gré.   

Au cours des années 2010 et au début des années 2020, Israël a progressivement rouvert ses frontières aux travailleurs étrangers, notamment dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment et des services à domicile. Dans les deux premiers secteurs, les travailleurs étrangers ont progressivement remplacé la main-d’œuvre palestinienne, tandis que le secteur des services à domicile a créé un nouveau créneau (les quotas gouvernementaux ont plafonné la main-d’œuvre étrangère dans l’agriculture et le bâtiment à environ 30 000 personnes par secteur, alors qu’il n’y a pas de limite dans le secteur des services à domicile).   

Bien que l’emploi des Palestiniens en Israël ait continué d’augmenter au cours des années précédant le 7 octobre — avec plus de 20 % des Palestiniens des territoires occupés employés en Israël en 2022, contre 13 % en 2020 —, leur emploi restait fortement contrôlé : concentré dans des secteurs peu valorisés, dépendant de systèmes de permis instables et du parrainage des employeurs, et souvent informel ou non réglementé, avec peu de recours contre l’exploitation.  

Puis vint le 7 octobre. Presque du jour au lendemain, des centaines de milliers de travailleurs palestiniens ont perdu leur emploi lorsque leurs permis d’entrée ont été révoqués. Des milliers de Gazaouis, qui constituaient autrefois l’épine dorsale de cette main-d’œuvre, ont été détenus ou se sont retrouvés bloqués en Cisjordanie. Au cours des mois qui ont suivi, la construction résidentielle en Israël a chuté de 95 %, tandis que la production agricole a baissé de 80 %.  

Les « préoccupations sécuritaires » invoquées par Israël pour justifier cette mesure — suggérant que les travailleurs pourraient profiter de leur accès pour aider le Hamas dans la guerre — ne résistent pas à un examen minutieux. Des recherches menées par des institutions liées aux propres services de sécurité israéliens, telles que l’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS), indiquent que les travailleurs palestiniens titulaires d’un permis ne sont presque jamais impliqués dans des activités militantes, y compris le 7 octobre.   

« C’est une forme de punition collective », a déclaré Niezna. « Interdire l’accès aux travailleurs palestiniens n’a aucun sens d’un point de vue sécuritaire ; cela n’a de sens que dans le cadre d’un projet politique d’occupation et d’annexion. » Dans le contexte de la violence des colons en Cisjordanie et du génocide à Gaza, a expliqué Niezna, l’affaiblissement de l’économie palestinienne vise à étouffer les derniers soubresauts d’autosuffisance et d’autonomie politique palestiniennes.  

« Les migrants sont invités en tant que travailleurs, pas en tant qu’êtres humains »   

Si les efforts visant à mettre fin à la dépendance à l’égard de la main-d’œuvre palestinienne sont bien antérieurs au gouvernement israélien actuel, le ministre des Finances Bezalel Smotrich s’est imposé comme une figure centrale de leur accélération. Sous le couvert de la guerre, son ministère a pris des mesures pour accélérer les réformes néolibérales du travail, assouplissant la réglementation tout en faisant peser les coûts les plus lourds sur les travailleurs migrants et les rares travailleurs palestiniens restants, qui ont le moins accès aux protections juridiques et sociales contre les abus.  

« Nous avons allégé la réglementation », s’est vanté Smotrich dans une annonce faite en 2024 pour promouvoir des politiques visant à accroître le recrutement de main-d’œuvre étrangère. « [Nous] avons fait venir plus de 20 000 travailleurs étrangers dans le pays depuis le début de la guerre à Gaza. »  

Cette même annonce présentait des plans visant à recruter quelque 65 000 travailleurs originaires d’Inde, du Sri Lanka et d’Ouzbékistan par l’intermédiaire de nouveaux centres de recrutement dans les grandes villes, des négociations étant en cours pour porter ce nombre jusqu’à 80 000. Selon l’organisation de défense des droits du travail Kav LaOved, environ 270 000 travailleurs migrants sont actuellement employés en Israël.  

Les conséquences de ce changement ont été dévastatrices pour les travailleurs palestiniens. Les 8 000 permis délivrés en 2025 pour travailler en Israël ne représentent qu’une fraction de ce qui est nécessaire pour maintenir à flot l’économie de la Cisjordanie, alors même que plus de 10 000 Palestiniens continuent de travailler dans les colonies. Privés des salaires israéliens, des ménages entiers ont perdu leur seule source de revenus et sont poussés au bord du gouffre.  

« Les travailleurs palestiniens sont confrontés à une véritable pauvreté », a déclaré Yael Berda, sociologue à l’Université hébraïque de Jérusalem, qui a beaucoup écrit sur le travail palestinien sous le régime des permis israéliens. « Ils n’ont même pas de quoi se nourrir correctement — la situation est vraiment extrême. »  

Dans ce contexte, de nombreux travailleurs palestiniens prennent de graves risques pour subvenir aux besoins de leur famille. On estime à 10 000 le nombre de Palestiniens travaillant en Israël sans permis, un chiffre qui serait probablement plus élevé sans l’effet dissuasif des abus généralisés dans les prisons israéliennes.  

Les travailleurs palestiniens, bien qu’ils soient sans aucun doute les plus durement touchés, ne sont pas les seuls à voir leurs moyens de subsistance mis à rude épreuve ces dernières années. L’état de guerre permanent en Israël a fait grimper le taux de chômage parmi sa propre population à près de 10 %. Parallèlement, les dispositifs d’indemnisation du gouvernement ont évolué, passant de la protection des salaires vers des congés sans solde — ce qui perturbe la constitution des droits à la retraite et prive de nombreux travailleurs d’un revenu stable.   

Ces changements s’accompagnent de budgets axés sur l’austérité et d’une confrontation croissante avec les syndicats, notamment par des tentatives visant à bloquer les grèves. Les tribunaux israéliens se rangent de plus en plus du côté du gouvernement, ordonnant parfois aux employés de reprendre le travail même en pleine salve de tirs de missiles. En conséquence, les travailleurs à bas salaire de tous les secteurs ont du mal à joindre les deux bouts et disposent d’un faible pouvoir de négociation collective.   

Pour les travailleurs migrants et les Palestiniens, les risques sont aggravés : la menace d’expulsion ou de révocation du permis de séjour donne aux employeurs un moyen de pression important pour exploiter la main-d’œuvre. « Ces travailleurs peuvent se syndiquer », a déclaré Yaniv Bar Ilan, porte-parole du syndicat israélien Koach LaOvdim. « Mais comme ils se trouvent dans une position très précaire — [ils] ne peuvent pas se plaindre par crainte de représailles et ignorent souvent leurs droits —, les tentatives en ce sens restent limitées. »  

Alors que les droits du travail sont, sur le papier, les mêmes pour les travailleurs israéliens et les travailleurs migrants, « nous constatons des différences évidentes dans la manière dont les règles de sécurité et les protections sont mises en œuvre », a expliqué Yahel Kurlander, sociologue qui étudie la main-d’œuvre agricole migrante en Israël. En moyenne, les travailleurs migrants dans l’agriculture israélienne ne perçoivent qu’environ 70 % des salaires qui leur sont légalement dus.   

Ces disparités sont encore amplifiées en temps de guerre. L’accès aux abris anti-bombes et aux autres mesures de sécurité est souvent laissé à la discrétion des employeurs, malgré les risques accrus — en particulier dans l’agriculture, où le travail s’effectue fréquemment dans des zones frontalières instables. L’État a largement failli à son devoir de fournir une formation ou des conseils de base en matière de sécurité, laissant les travailleurs sans même une compréhension minimale des protocoles d’urgence.  

Les conséquences ont été catastrophiques. Lors des attaques du 7 octobre, 22 travailleurs thaïlandais ont été pris en otage et 32 ont été tués. Depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février, au moins trois travailleurs migrants ont été tués lors de frappes de missiles. Pourtant, le sort de ces travailleurs n’a suscité qu’un intérêt limité de la part du public, ce qui reflète leur statut au sein de la société israélienne : indispensables à l’économie, mais rendus invisibles.  

Deux ans et demi après le début de la guerre contre Gaza, « il n’y a toujours pas d’instructions pour les aides à domicile sur ce qu’il faut faire en cas d’alerte », a déclaré Kurlander. « Les migrants sont invités en Israël uniquement en tant que travailleurs, pas en tant qu’êtres humains. »   

« Cela pourrait se retourner contre eux »   

En Israël, à l’instar du système de la kafala utilisé dans les pays du Golfe, les visas (pour les migrants) et les permis (pour les Palestiniens) sont généralement liés à l’employeur du travailleur. Les travailleurs migrants se voient généralement délivrer des visas de cinq ans parrainés par leurs employeurs, qui sont légalement tenus de leur fournir un logement, de faciliter l’accès à des comptes bancaires et de leur garantir un temps de repos hebdomadaire suffisant. De plus, ils contractent souvent des emprunts pour financer leur déménagement, s’endettant ainsi de plusieurs milliers de dollars qu’il leur faudra des mois, voire des années, de salaire pour rembourser.   

Dans la pratique, cette dépendance rend les travailleurs extrêmement vulnérables — et même lorsque leurs droits sont formellement égaux à ceux des citoyens israéliens, leur application est inégale. Un rapport de 2014 publié par Kav LaOved a révélé que les travailleurs agricoles signalaient régulièrement être exposés à des pesticides sans protection ni formation adéquates, subir des retenues sur salaire, souffrir de la faim et vivre dans des logements impropres à l’habitation humaine. Les employeurs omettaient également fréquemment d’ouvrir des comptes bancaires pour les travailleurs, comme l’exige la loi.   

Sans intervention du gouvernement, ces abus sont devenus la nouvelle norme. Comme le souligne le rapport, « le secteur agricole israélien est devenu dépendant de salaires illégalement bas », avertissant que « l’application de la loi sans compensation d’une sorte ou d’une autre pour les agriculteurs pourrait causer un grave préjudice au secteur ». Ces violations représentent 500 millions de NIS de pertes annuelles pour les travailleurs.   

Les récentes dynamiques de guerre ont mis en évidence ce changement. Le meurtre de trois travailleurs migrants en Israël par des missiles iraniens lors de la dernière escalade s’ajoute à des pertes similaires dans les pays du Golfe, soulignant les parallèles entre le modèle de main-d’œuvre israélien et ceux d’économies plus dépendantes de la migration.   

Si les travailleurs migrants représentent une part plus faible de la main-d’œuvre israélienne — environ 7 à 15 %, contre 90 % aux Émirats arabes unis —, le système partage une caractéristique essentielle : la dépendance des travailleurs vis-à-vis de la volonté de leurs employeurs et de l’État. Cela rend les travailleurs facilement remplaçables, permettant des changements vastes et rapides sur le marché du travail — comme on l’a vu après le 7 octobre, lorsque la main-d’œuvre palestinienne a été rapidement réduite et remplacée par des travailleurs migrants.  

Il est toutefois encore trop tôt pour dire si cette exclusion des travailleurs palestiniens marque un changement durable. Tout comme Israël a rapidement remplacé la main-d’œuvre palestinienne par des travailleurs migrants, il pourrait choisir de faire l’inverse si les conditions politiques et économiques venaient à changer. « C’est un pendule », a déclaré Niezna. « Il pourrait revenir en arrière. »  

L’érosion des protections dont bénéficient les travailleurs ne s’est pas limitée aux migrants : sur l’ensemble du marché du travail, les travailleurs israéliens, palestiniens et étrangers à bas salaire ont vu leurs conditions se détériorer en raison de la déréglementation du travail migrant.   

Pourtant, alors même que leurs destins sont étroitement liés, le taux de chômage élevé et la précarité des conditions de vie ont compromis toute possibilité de solidarité interethnique. Dans des secteurs comme la construction et l’agriculture, les travailleurs palestiniens ont souvent été présentés comme des concurrents de la main-d’œuvre israélienne, tandis que les travailleurs migrants sont parfois décrits comme nuisant aux deux.  

Après la première Intifada, par exemple, la reprise des campagnes en faveur de la « main-d’œuvre hébraïque » — popularisées pour la première fois lors des premières vagues d’immigration sioniste en Palestine — a poussé les entreprises à éviter d’embaucher des travailleurs palestiniens, qu’elles considéraient comme responsables de la baisse des salaires et du remplacement des Israéliens. De tels discours occultent le rôle des politiques néolibérales d’Israël dans la baisse des salaires et des protections sociales, tout en alimentant facilement un discours populaire raciste qui fait des Palestiniens et des travailleurs migrants des boucs émissaires. 

« J’ai entendu certains qualifier les travailleurs migrants de "briseurs de grève" », a déclaré à +972 Matan Kaminer, professeur d’anthropologie au Royaume-Uni qui mène des recherches sur la main-d’œuvre migrante en Israël. Même s’ils ont été amenés pour remplacer les Palestiniens dans les emplois à bas salaire, il rejette cette formulation. « L’État israélien repose sur une idée de suprématie juive, et ces personnes sont utilisées à des fins politiques et économiques qui n’ont vraiment rien à voir avec ce qu’elles pensent elles-mêmes de la situation. »  

« Un imaginaire véritablement progressiste et décolonial envisage un avenir dans lequel toutes les personnes vivant dans le pays jouissent de droits égaux », a-t-il poursuivi. « Il va au-delà du nationalisme et même du binationalisme comme seule frontière possible. »

 

Traduction : AFPS

[Publié sur +972 Magazine - photo : Al-Jarmaq News - reproduit sur www.france-palestine.org]