El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder con votos populares y los traicionó de inmediato. El ajuste, el alineamiento con Trump y el desmantelamiento del Estado plurinacional desataron una huelga política de masas que pone en jaque su gobernabilidad.
Escrito por Vladimir Mendoza Manjón
Rodrigo Paz
asumió el poder ejecutivo a fines de 2025, después de ganar en segunda vuelta
con el 54% de los votos a Tuto Quiroga, el candidato de los poderes económicos
y los grandes medios. La hazaña electoral fue posible gracias a que Paz y su
candidato a vicepresidente recibieron el respaldo de los sectores populares que
antes recaía «en bloque» sobre el otrora poderoso Movimiento Al Socialismo
(MAS). Paz proviene de una tradición donde amasar poder es para lo único que
sirve la política, así que su instinto lo forzó a asumir poses centristas.
Pensó cada frase de campaña para diferenciarse de las narrativas de
ultraderecha y se esmeró en conectar con los sentidos comunes de las clases
populares. Usó esta excepcional oportunidad para llegar al Palacio Quemado y
fue usado por las masas obreras y campesinas para cerrarle el paso a la ultraderecha.
Rodrigo Paz y la agenda Trump
La
intervención militar y el secuestro del presidente de Venezuela, la agresión
sostenida sobre Cuba, las intervenciones indisimuladas en el proceso electoral
de Honduras y los salvatajes monetarios al gobierno adicto de Argentina
posicionan al gobierno norteamericano como un factor determinante en la
presente coyuntura latinoamericana.
La
intervención de Casa Blanca sobre la política boliviana tiene evidencias
públicas desde mediados de 2025, cuando se organizaron reuniones ampliadas
entre organismos financieros internacionales, empresarios privados, operadores
políticos de la ultraderecha y todos los candidatos del centro hacia la derecha,
incluyendo a Rodrigo Paz, para acordar la nueva agenda gubernamental.
Ni bien asumió
el gobierno, Paz conformó un gabinete con el personal neoliberal de los
partidos tradicionales, anuló con normativa inconstitucional a su
vicepresidente (sospechoso de tener alguna sensibilidad hacia los sectores
populares), se distanció de los presidentes progresistas de la región y se
incorporó, junto a Milei y Bukele, al club de gobiernos dispuestos a viabilizar
en el continente la Estrategia de seguridad nacional de Donald Trump.
En diciembre, el gobierno estrenó su gestión con un Decreto Supremo en el que, además de
lanzar un «gasolinazo» —una elevación del 100% en el precio de combustibles—,
promovía reformas tributarias regresivas y entregas «exprés» de recursos naturales
a las transnacionales. Todo un viraje en política económica que, en los hechos,
modificaba disposiciones constitucionales.
La Central
Obrera Boliviana (COB) respondió de inmediato y desplegó una movilización que
se extendió hasta mediados de enero de 2026, logrando desnudar el contenido
antinacional del decretazo gubernamental. La incorporación a la lucha de las
comunidades campesinas con su método del bloqueo de caminos terminó definiendo
la pulseta a favor del movimiento popular, obligando a Rodrigo Paz a anular su decreto, excepto la cuestión del elevamiento del precio de combustibles.
Después de
esta derrota política, la táctica de Paz no cambió un milímetro. Redobló
empeños en reunir las fuerzas disponibles para posibilitar su gobernabilidad.
Profundizó su sometimiento a Trump firmando un memorándum para la entrega del
litio y tierras raras y abriendo las puertas a operaciones de la DEA; empezó un
proceso compulsivo de endeudamiento (en seis meses de gestión el gobierno ha
elevado la deuda de 6 a 14 mil millones de dólares) para garantizar la
obsecuencia del Estado a la política económica de los organismos supraestatales
dependientes del imperialismo. Paz y toda la derecha boliviana tienen una
confianza ciega en que el alineamiento absoluto con EEUU les proveerá la
gobernabilidad relativa que gozaron en los años ochenta y noventa del siglo XX.
Simultáneamente, el gobierno quiere lograr una mayoría parlamentaria
estableciendo una coalición de facto con los demás partidos de derecha, sin
haber logrado aún aprobar ninguna reforma significativa. Sí consiguieron dar
otra señal de buena voluntad con los intereses de los grupos empresariales,
aprobando la Ley 1720, un mecanismo legal para promover el despojo de las
pequeñas propiedades agrarias de las familias campesinas y la mayor acumulación
a favor de los gamonales.
El conjunto de
estos hechos explica en buena medida la rebelión popular que actualmente
tensiona al país. El Estado plurinacional de Bolivia, formado en 2009,
significa principalmente un Estado captador del excedente y distribuidor de la
riqueza social; supone también la participación de los pueblos indígenas a
través de representación propia en las instituciones. Ambas cosas, conseguidas
con grandes luchas que marcaron puntos de inflexión en la historia del país,
están buscando ser borradas de un plumazo por el gobierno de Paz.
Crisis de Estado
Bolivia fue
conocida durante mucho tiempo por su crónica inestabilidad política. Su aparato
estatal, lejos de jugar un rol articulador del todo social, fungía como
herramienta de uno de los bandos, colisionados en disputa permanente. En su
historia de insurrecciones populares y golpes militares, solo el período del
2005 al 2019 puede verse como una relativa excepción. Por supuesto, hubo
conflictividad, generada no por el movimiento de masas sino por las clases con
poder económico y comunicacional, es decir, las minorías sociales. Los índices
de estabilidad política surgieron con la configuración de un nuevo régimen, el
Estado plurinacional, sostenido en dos pilares clave: la participación directa
del movimiento indígena-campesino en el poder político y la ampliación de
derechos sociales gracias a los ingresos provenientes de la renta del gas.
Las elecciones
de 2025 dieron como ganador a un gobierno cuyo programa apunta a destruir ambos
sostenes del Estado. La participación indígena ha venido siendo proscrita y
burlada de diversas formas, incluyendo las últimas elecciones subnacionales en
las que el candidato oficialista fue declarado «ganador» de la gobernación de
La Paz sin segunda vuelta. Paralelamente, la agenda gubernamental de Rodrigo
Paz está lastimando aspectos sensibles de la legitimidad estatal: recorta los
proyectos de desarrollo rural y deteriora rápidamente la calidad de vida de las
grandes mayorías. La gestión gubernamental plantea, de conjunto, una
contrarreforma estatal oligárquica y antipopular.
Por su parte,
la revuelta popular en curso busca frenar en seco la agenda neoliberal del
trumpismo boliviano, de ahí su forma de huelga política de masas. Rosa
Luxemburgo llamó así a las explosiones sociales que combinan demandas
económicas y políticas. La consigna de «fuera Rodrigo Paz» que se enarbola en
los bloqueos campesinos y las manifestaciones obreras plantea una salida
política a la crisis a través de la convocatoria a nuevas elecciones nacionales
y está enlazada con un rechazo enérgico al programa de recortes fiscales y
privatizaciones del actual gobierno.
La demanda de
renuncia del presidente y el rechazo al programa económico de la derecha son
las dos piernas con las que camina la movilización social. Hay un desnivel
evidente entre ellas. Después de todo, la aversión de las masas a la agenda
neoliberal no explicita todavía un programa alternativo con arraigo en sus
organizaciones. Solo una combinación de ambos factores: representación política
surgida de las masas con una agenda económica de reformas progresivas, podría
viabilizar una alternativa política que, en caso de suceder a la derecha en el
gobierno, tendría gobernabilidad plausible.
Perspectivas de la rebelión popular
Las
movilizaciones de las multitudes plebeyas se gestaron a fines de abril y a la
fecha (última semana de mayo) se muestran vigorosas. Sus trincheras de avanzada
son los bloqueos de caminos, los cuales se combinan con incursiones
multitudinarias de hileras de gente que inundan la ciudad de La Paz y desbordan
cualquier intento de aplacamiento represivo de la policía y las fuerzas
armadas. En las últimas jornadas, la lucha se ha expandido más allá de La Paz
alcanzando las áreas rurales de otros departamentos como Potosí, Cochabamba,
Chuquisaca y Santa Cruz. Al momento, los puntos de bloqueo suman sesenta, la
mayoría de ellos situados en el occidente andino del país.
Aun así, la
lucha no ha adquirido el volumen suficiente para liquidar al gobierno de Paz y
forzar su renuncia. Su debilidad fundamental está en las urbes. Solo El Alto,
la capital aymara, ha aportado importantes contingentes de barrios obreros y
populares para engrosar la presión; las centrales obreras y organizaciones
vecinales de otras ciudades importantes, como Cochabamba y Santa Cruz, todavía
no se han incorporado. La derecha reaccionaria aprovecha esta debilidad para
organizar reducidos mitines contra los bloqueos de caminos, pidiendo al
gobierno la represión sangrienta de los movilizados, y su voz es amplificada
por su aparato mediático. Entre la presión de la ultraderecha y la lucha
popular, el gobierno de Rodrigo Paz ha estado optando principalmente por
esperar el desgaste de los bloqueos, confiando en que los objetivos
maximalistas de la movilización social solo pueden ser logrados si la revuelta
se transforma en un huracán que lo barra todo. Si ello no ocurriera, confía el
gobierno, los combatientes se verían obligados al repliegue y la posible
desmoralización.
El gobierno se
aferra a una posibilidad realista; en contextos tan tensos como el boliviano,
pueden desencadenarse saltos abruptos e imprevisibles, provocados por
situaciones contingentes. Ese no es, en todo caso, su mayor problema. No hay
mejor ejemplo de la ruina del pragmatismo político que el actual gobierno
boliviano. Todo su modo de operar, desde la campaña electoral hasta el
presente, ha situado al gobierno de Rodrigo Paz en un campo de minas. Se
encuentra incapacitado para llegar a acuerdos que desactiven la movilización
social, pues ello lo obligaría a asumir compromisos de corte estratégico (como
no modificar la Constitución y abstenerse de privatizar empresas y recursos,
por ejemplo). El carácter político del presidente lo llevaría a firmar esos
compromisos solo para pisotearlos al día siguiente, tal como ha venido
haciendo: seguiría quemando en tiempo récord la escasa credibilidad que le
resta y arriesgándose a enfrentar nuevamente la furia de las barricadas. El
gobierno se ha colocado en una situación en la que cumplir con quienes lo
llevaron al cargo implica incumplir con la oligarquía y con Trump, y viceversa.
El desafío
para el movimiento popular está en superar el desarrollo desigual de su
subjetividad política. En su interior conviven posturas muy diversas: desde los
radicales, que no están dispuestos a ceder hasta lograr la renuncia del
presidente; pasando por quienes aceptarían compromisos intermedios; sectores
que, rechazando la movilización «política», aceptan una que plantee demandas
«económicas»; hasta llegar a una amplia franja que, pese a su malestar con el
gobierno y la situación del país, por ahora no tiene intención de sumarse a la
lucha. Este desigual desarrollo ocurre en medio de contradicciones y tensiones
internas en las organizaciones plebeyas. La superación de esas tensiones para
construir una perspectiva política nacional es una tarea ineludible (tal como
ocurrió en el ciclo de luchas de 2000-2005, cuando se forjó la llamada «Agenda
de octubre», cuyos ejes centrales fueron la nacionalización del gas y la
convocatoria a una Asamblea Constituyente). En esa tarea, el papel de las
izquierdas y los luchadores sociales resulta clave.
[Fuente: www.jacobinlat.com]
