La última batalla de Lula

La ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta dejó en suspenso la reelección del presidente brasileño. Pese a sus buenos resultados macroeconómicos, Luiz Inácio Lula da Silva perdió terreno entre una nueva clase media endeudada, emprendedora y seducida por la batalla cultural conservadora. El 25 de octubre, Brasil decidirá si sigue siendo un dique contra el avance reaccionario en la región. 

Escrito por Giancarlo Summa 

¿Cómo ha sido posible? En el Partido de los Trabajadores (PT) estaban convencidos de que, más allá del incierto resultado de la segunda vuelta, en la primera del 4 de octubre Luiz Inácio Lula da Silva quedaría primero, como ocurrió en 2022. Por eso los resultados –el 47 % para Flávio Bolsonaro y el 45 % para Lula– fueron un terremoto político para la izquierda. Ahora el presidente brasileño se encuentra en la incómoda situación de tratar de revertir el golpe inicial y reorganizar fuerzas para la segunda vuelta del próximo 25 de octubre. Para lograrlo, su campaña ha dado un giro brusco: más combativa, menos centrada en el balance de gestión y acompañada de una multiplicación de las movilizaciones militantes. El objetivo es recuperar parte de los electores que Lula ha perdido en favor de Bolsonaro y, aún más importante, entre los 40 millones que no acudieron a las urnas, votaron en blanco o anularon su voto: en total, aproximadamente una cuarta parte del electorado. 

En 2018, con la victoria de Jair Bolsonaro frente a Fernando Haddad, Brasil anticipaba un crecimiento de las extremas derechas en toda América Latina. Bolsonaro perdió contra Lula su reelección por menos de dos puntos porcentuales en 2022, pero como se confirma ahora, el bolsonarismo expresa una coalición social que se mantuvo en pie durante estos cuatro años.

La reacción de los partidarios de Lula frente al resultado de la primera vuelta, así como la de gran parte de la prensa extranjera y los círculos diplomáticos internacionales, fue de sorpresa, consternación y perplejidad. Aunque ya está lejos del apogeo de su popularidad al final de su segundo mandato, en 2010, Lula sigue siendo uno de los líderes globales más respetados, mientras que Flávio Bolsonaro –hijo mayor y heredero político designado de Jair Bolsonaro– es un político mediocre y sin carisma, con una larga historia de escándalos de corrupción, vinculado tanto a los círculos de la «internacional reaccionaria» como a las milicias paramilitares de Río de Janeiro. 

¿Es la economía?

El desconcierto frente a los resultados remite a la famosa (y tan manida) frase de James Carville, el estratega de Bill Clinton en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992: «Es la economía, estúpido». Y aquí nos encontramos frente a una situación llena de matices. Desde un punto de vista macroeconómico, el tercer mandato de Lula ha sido un éxito incontestable, casi un modelo de manual. Desde 2023, Brasil ha registrado una caída sostenida del desempleo, cuya tasa se situó en el 5,3 % en el trimestre de junio a agosto de 2026, cerca del mínimo histórico de la serie, y una moderación de la inflación -el 4,22 % interanual en agosto-, ligeramente por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se situó en el 4,3 % interanual en agosto de 2026. A ello se suma una reducción de alrededor del 20 % de la pobreza extrema entre 2023 y 2024, equivalente a 1,9 millones de personas menos; la reanudación y ampliación de los programas sociales, como Bolsa Família; y un crecimiento del PIB del 3,2 % en 2023, del 3,4 % en 2024 y del 2,3 % en 2025, lo que arroja una media anual cercana al 3 %. En el frente externo, el superávit comercial acumulado entre enero de 2023 y septiembre de 2026 rondó los 305.000 millones de dólares. Y ya entre las dos vueltas, el Congreso promulgó una reforma constitucional que fija la semana laboral en cinco días, una vieja reivindicación que garantiza dos días de descanso sin recorte salarial y reduce gradualmente la jornada de 44 a 40 horas.

Si esos indicadores hubieran bastado para traducirse en un consenso electoral, tal y como Lula y su séquito habían pensado y esperado, las elecciones habrían sido un trámite sencillo.

Pero, como solía repetir la economista progresista brasileña Maria da Conceição Tavares, quien en otros tiempos tuvo mucha influencia sobre Lula, «nadie come PIB, sino alimentos». Las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas, fundamentalmente entre la recesión de 2014 (gobierno de Dilma Rousseff) y 2022 (último año del gobierno de Bolsonaro padre), aún no se han recuperado en la base y en el medio de la pirámide social. Para llegar a fin de mes, muchos brasileños completan sus ingresos con trabajos extra, a menudo en plataformas como Uber o de entregas a domicilio, recurren a préstamos bancarios y pagan sus compras a plazos. Incluso muchos recurren a las apuestas en línea (que Lula prohibió por decreto pocos días antes de las elecciones). En agosto de 2026, el 81,7 % de las familias tenía alguna deuda pendiente de pago, el nivel más alto jamás registrado, tres puntos más que en 2022. Las familias destinan casi el 29 % de sus ingresos al pago de deudas y, aun así, casi 30% de ellas están en mora y, en consecuencia, como se dice en Brasil, tienen el «nombre manchado» en el sistema bancario–, lo cual dificulta sus operaciones financieras. Son deudas prácticamente impagables, porque las tasas de interés que aplican los bancos brasileños están entre las más altas del planeta: el préstamo promedio a las familias cuesta alrededor del 62 % anual, y el crédito renovable de la tarjeta de crédito -cuando no se paga el total-, el 445 %. Así, el trabajador que consiguió un empleo y un aumento salarial durante el gobierno de Lula devolvió ambos al banco, con intereses. 

Los gobiernos del PT invirtieron en un gigantesco sistema de cobertura de salud universal (SUS) y en el acceso a la educación pública; sin embargo, ante las largas colas en los hospitales y el bajo nivel medio de las escuelas primarias públicas, un número cada vez mayor de familias, incluidas las de las clases populares, se esfuerza por pagar seguros médicos y colegios privados. En agosto de 2026, el 24,9 % de los brasileños tenía cobertura de un seguro médico privado y algo más del 20 % de los alumnos de educación primaria y secundaria estudiaba en colegios privados.

Los datos macroeconómicos definitivamente no reflejan las condiciones de vida reales de la mayoría ni dan respuesta a las necesidades, deseos y aspiraciones, tanto materiales como inmateriales, de una sociedad que ha cambiado profundamente en el cuarto de siglo que separa la primera llegada de Lula a la Presidencia, en 2002, de esta campaña electoral tan difícil para la izquierda. En estas últimas décadas, en gran parte gracias a las políticas públicas de los gobiernos del PT, Brasil ha dejado de ser un país mayoritariamente pobre para convertirse en un país de clase media y media-baja. La denominada «clase C», que incluye a todos los hogares con ingresos mensuales per cápita entre 610 y 2150 reales (entre 120 y 430 dólares), agrupa a más de 107 millones de personas, cerca de la mitad de la población. 

Renato Meirelles, uno de los mayores expertos en opinión pública, consumo y comportamiento de las clases populares en Brasil, publicó en junio de 2026 Brasil da maioria: 25 anos de classe C [El Brasil de la mayoría: 25 años de clase C], un libro imprescindible para comprender los cambios sociales que se han producido en el país. A grandes rasgos, Meirelles identifica tres periodos distintos en el siglo XXI: 

1. Los dos primeros mandatos de Lula, hasta 2010, marcaron el ascenso de millones de brasileños a la clase C, impulsados por el crecimiento económico, la expansión del crédito y las políticas de inclusión y redistribución del ingreso. 

2. La década siguiente se caracterizó por el estancamiento de los ingresos, el fin de la euforia inicial y la transición hacia un periodo de frustración y reinvención personal y colectiva. Desde el punto de vista político, la década estuvo marcada por la crisis de los gobiernos de Dilma Rousseff (hasta su destitución en 2016), la operación «Lava Jato» y el surgimiento de una extrema derecha muy activa y agresiva, y antes prácticamente invisible, que llevó al poder a Jair Bolsonaro en 2018.

3. El presente: la clase C tiene hoy un mayor nivel educativo (el 70 % de los jóvenes ha estudiado más años que sus padres y, por primera vez, muchos llegan a la universidad), está muy conectada digitalmente, es emprendedora (con pequeños negocios y microempresas individuales) y es más exigente, tanto con los servicios públicos que recibe como con los productos que compra. Meirelles señala que este grupo rechaza las etiquetas ideológicas rígidas de izquierda y derecha, oscila entre posturas conservadoras y progresistas (por ejemplo, se puede mostrar en contra del aborto y a favor del matrimonio igualitario) y desempeña un papel decisivo en las urnas y en el consumo.

La clase C, según Meirelles, apoya los programas de transferencia de ingresos de los gobiernos del PT, como el Bolsa Família, considerados indispensables para prevenir el hambre y garantizar la supervivencia de las familias más vulnerables, y reconoce que las políticas públicas fueron determinantes para su propio ascenso social y el aumento de su poder adquisitivo en la década de 2000. Sin embargo, con el paso de los años, las prestaciones sociales dejaron de considerarse una bendición extraordinaria y pasaron a verse como un derecho adquirido («lo mínimo» o un «hecho de la realidad», señala Meirelles). Por otro lado, la visión de la clase C sobre las ayudas está fuertemente marcada por valores meritocráticos. Entre el 67 % y el 69 % de los brasileños consideran que «solo se debe ayudar a quien lo merece». Existe una opinión difusa, aunque infundada, de que los programas de ayuda desincentivan la búsqueda de empleo. Algo más del 70 % de la población –incluso entre los sectores de menores ingresos y entre los propios beneficiarios– coinciden en que las ayudas gubernamentales pueden hacer que las personas tengan menos ganas de trabajar. La clase C rechaza que se la trate como un mero público pasivo de la asistencia estatal. En lugar de limitarse a recibir prestaciones de subsistencia, la población de ingresos medios busca la autonomía y demanda el apoyo del Estado para emprender, acceder al crédito, obtener formación práctica y convertir pequeños negocios en microempresas. 

La cuestión de la relación con el Estado es fundamental para intentar descifrar las tendencias políticas y electorales de esta nueva clase media, cuya posición no deja de ser precaria: por un lado, se percibe al Estado como ausente cuando faltan servicios públicos de calidad (especialmente en salud y educación), pero también se lo ve como un obstáculo burocrático y fiscal cuando este intenta recaudar impuestos y dificulta la lucha por la supervivencia del trabajador autónomo. 

La visión de la importancia central del esfuerzo individual se entrelaza con la profunda religiosidad de la cultura popular y con el impetuoso crecimiento de las iglesias evangélicas neopentecostales, que predican que la fe, unida al esfuerzo personal, genera prosperidad terrenal: la llamada «teología de la prosperidad». Según Meirelles, para el 94 % de la clase C, profesar una religión contribuye directamente a vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. El 75% de los encuestados afirma que la fe es una de las cosas más importantes de sus vidas y el 58 % la considera esencial para la educación de los niños. Los evangélicos votan más a la derecha que los católicos, pero el voto de la clase C no es monolítico. 

Luchas comunicacionales

Todas las encuestas de opinión, por otro lado, indican desde hace tiempo el enfado y el cansancio de la mayoría de la población por su situación material, pero también su certidumbre respecto a mejoras futuras en su vida. El nuevo sueño de decenas de millones de brasileños es convertirse en empresarios. Los de más edad piensan en una pequeña tienda o un salón de belleza. Para los más jóvenes, el sueño suele situarse en el mundo digital. La antropóloga Rosana Pinheiro-Machado, que estudia cómo la economía de plataformas incide en las sociedades del Sur global, ha seguido durante tres años a cientos de «influencers de la prosperidad», quienes venden cursos y fórmulas sencillas para triunfar en internet y volverse rico: nueve de cada diez de ellos se alinean, de una u otra forma, con la extrema derecha. Es un universo marcado por una fe inquebrantable en la meritocracia y el individualismo, combinada con estilos de vida conservadores. 

No es casual que, en el tsunami reaccionario del 4 de octubre, al menos 13 jóvenes influencers bolsonaristas, con millones de seguidores en las redes sociales, hayan sido elegidos diputados federales y estatales desde las filas del Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro. Dos de ellos, Nikolas Ferreira, de 30 años, en el estado de Minas Gerais, y Lucas Pavanato, de 28 años, en San Pablo, obtuvieron más de tres millones de votos: son los diputados más votados de la historia de Brasil. 

Es la punta del iceberg de lo que el politólogo Marcos Nobre ha bautizado como el «partido digital bolsonarista». El bolsonarismo no es solo un movimiento constituido alrededor del clan Bolsonaro, ni un conjunto disperso de influencers: funciona como un partido de verdad, con organización, jerarquía, disciplina y una gran capacidad de movilización permanente, no solo en periodos de campaña electoral. Es un poderoso instrumento para crear y mantener consensos políticos, así como valores culturales y de comportamiento. Es una batalla que la izquierda brasileña ha perdido sin siquiera intentar pelearla. A lo largo de todo el tercer mandato de Lula, la comunicación del gobierno ha sido lenta, formal, triunfalista y alejada de los problemas reales y las aspiraciones de la mayoría de la población. En la izquierda, han surgido algunos jóvenes que, a título individual, han sabido disputar la hegemonía digital con inteligencia y habilidad, y han convertido a sus seguidores en votos, como Erika Hilton, diputada transgénero del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en San Pablo (7,7 millones de seguidores entre Instagram y X, y 1,6 millones de votos); Ana Elisa Santos, de solo 21 años, del PT de Minas Gerais (6,3 millones de seguidores entre Instagram y TikTok, y más de 500.000 votos); o Rick Azevedo, concejal del PSOL de Río de Janeiro, que se dio a conocer en todo el país tras lanzar en 2023 una campaña en TikTok e Instagram para acabar con la semana de seis días de trabajo y uno de descanso, algo que, como mencionamos, se convirtió en reforma constitucional: fue elegido diputado federal con casi 200.000 votos. Pero, en general, la izquierda institucional brasileña se ha mostrado incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos de la comunicación y la política.

A punto de cumplir 81 años, Lula da Silva es el último superviviente de la «marea rosa» que, entre la primera elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil en 2016, dominó la escena política latinoamericana durante unas dos décadas. De los líderes de aquella época, algunos han fallecido y otros están presos, en el exilio o con órdenes de detención. 

Lula es un superviviente también en otros sentidos: al hambre del nordeste del Brasil, cuando era niño; al trabajo en la fábrica (se le cortó un dedo en una prensa cuando era operario metalúrgico); a la enfermedad (superó un cáncer de garganta tras el final de su segundo mandato); a la cárcel (la primera vez durante la dictadura militar; la segunda en 2018, cuando pasó un año y medio preso por una condena por corrupción que el Supremo Tribunal Federal [STF] anuló después); al intento de golpe de Estado que culminó en el asalto del 8 de enero de 2023, cuyo plan, elaborado por militares golpistas y bautizado como «Daga Verde y Amarilla», contemplaba el asesinato de Lula, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del ministro del STF Alexandre de Moraes. El juez que condenó a Lula, Sergio Moro, fue luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y acaba de ser elegido gobernador de Paraná por el PL.

El pasado 16 de agosto, fecha del inicio oficial de la campaña electoral, el primer mitin de la séptima campaña presidencial de Lula (fue candidato en 1989, 1994 y 1998, antes de ser elegido por primera vez en 2002, reelegido en 2006 y elegido de nuevo en 2022) apostó por un simbolismo seguro y, al mismo tiempo, anticuado: el estadio de Vila Euclides, en São Bernardo do Campo, periferia de San Pablo, cuna del movimiento sindical de los metalúrgicos brasileños, donde Lula había iniciado su carrera en los años 70. Bajo un sol abrasador –el presidente llevaba sombrero por recomendación médica, tras someterse a radioterapia por un cáncer de piel en el cuero cabelludo–, Lula recordó a figuras vinculadas a los orígenes del PT ya fallecidas, como Antonio Candido y Sérgio Buarque de Holanda, y a referentes de las luchas sociales asesinados, como Chico Mendes y Margarida Alves. Evocó también a su madre, conocida como Dona Lindu, que murió mientras él estaba preso por su actividad sindical, y la convirtió en emblema de un llamamiento a las mujeres contra la violencia machista. 

En su discurso, repasó su vida política, desde el sindicalismo hasta la Presidencia, pasando por la cárcel, el regreso y los logros de sus gobiernos. Entre ellos, mencionó la creación de diez millones de puestos de trabajo, de una veintena de nuevas universidades federales y de cientos de campus de institutos técnicos, el paso de 5 a 25 millones de trabajadores con título universitario desde 2003 y las promesas de nuevos logros para el futuro. Toda su intervención osciló entre el recuerdo del pasado y la visión de un Brasil que produce chips y baterías eléctricas. Una arenga bastante triunfalista, de orgullo por todo lo que su gobierno y el PT habían hecho. En cuanto a temas espinosos como la delincuencia –una de las principales preocupaciones de la población–, Lula volvió a prometer la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y darle prioridad a la educación, porque «es mucho más barato que invertir en cárceles». Sus palabras pueden haber conmovido a los antiguos militantes, pero no dialogaron con las preocupaciones de decenas de millones de votantes que, según indican las encuestas de opinión, tienen una opinión negativa sobre la labor del gobierno.

A unos cientos de kilómetros de distancia, Flávio Bolsonaro había elegido para su mitin inaugural la playa de Copacabana, uno de los emplazamientos tradicionales de las manifestaciones de la extrema derecha en Río de Janeiro, el bastión principal del clan familiar. Ante un público mucho más reducido que el que reunió Lula y bajo un cielo gris, Bolsonaro enumeró los temas que marcarían toda su campaña electoral: la «mano dura» contra la delincuencia, las dificultades de la vida cotidiana de las familias, el aumento del costo de vida, la reivindicación del legado político de Jair Bolsonaro, la oposición al aborto y a la legalización de las drogas, y la promesa de mejorar la gestión del Estado con un tesouraço (tijeretazo) en el gasto público, en referencia directa a la motosierra del presidente argentino, Javier Milei. En uno de sus primeros actos de campaña, en San Pablo, Flávio Bolsonaro blandió unas tijeras enormes, mientras que, a su lado, Milei se agitaba frenéticamente.

El tono de la campaña de los dos candidatos no cambió sustancialmente hasta el 4 de octubre. Fue, según la acertada definición del politólogo Pedro Abramovay, una disputa entre lo abstracto y lo concreto. Flávio Bolsonaro se movió en el terreno de lo abstracto. Reforzó los valores conservadores, apeló al antipetismo (un sentimiento muy fuerte en Brasil, continuación y actualización del anticomunismo de la época de la Guerra Fría), defendió el espíritu emprendedor, atacó al STF y aseguró que será implacable con los grupos criminales organizados, sin ofrecer detalles sobre ninguna propuesta concreta. Lula, por el contrario, fue demasiado «concreto», enumerando los muchos logros macroeconómicos de su gobierno y una lista de proyectos futuros, pero sin intentar siquiera transmitir la esperanza de que hay un país mejor por construir y de que eso pasa por su reelección.  

La ola conservadora

En la primera vuelta, los brasileños se decantaron por la visión abstracta y reaccionaria. Independientemente del resultado final, un análisis detallado de la elección ofrece un panorama desalentador para Lula, la izquierda y el futuro de la democracia. En términos absolutos, la diferencia entre Bolsonaro y Lula fue de 2,3 millones de votos: 56,1 millones para el primero y 53,8 millones para el segundo. En comparación con la primera vuelta de las presidenciales de 2022, Flávio Bolsonaro obtuvo cinco millones más que su padre Jair, quien perdió por estrecho margen en el balotaje, mientras que Lula perdió 3,4 millones de votos, a pesar de que el número total de electores aumentó ligeramente (158,7 millones de votantes en 2026 frente a 156,4 millones en 2022). Hace cuatro años, Lula se situó a la cabeza en 3.378 de los 5.569 municipios y en 14 estados del país; este año, en solo 2.663 municipios y 12 estados. Un estudio del periódico O Globo muestra que el presidente perdió votos en el 98,2 % de los municipios, mientras que el candidato de extrema derecha avanzó. La caída de los votos de Lula fue más acusada en las ciudades de menos de 20.000 habitantes (5,9 puntos porcentuales) y más leve en las grandes ciudades de más de 500.000 habitantes (casi un punto). Un relevo del diario Folha de S. Paulo, en el que se cruzan los resultados electorales de la primera vuelta con los del censo de 2022, muestra que, en general, Lula sigue gozando de una popularidad extraordinaria entre los brasileños más pobres –obtuvo el 76 % de los votos en los sectores con ingresos mensuales de hasta 1.100 reales (unos 220 dólares)–, pero que Flávio Bolsonaro obtuvo proporcionalmente más votos en todos los demás niveles de ingresos. Entre los votantes de la clase C, el retroceso de Lula ha sido especialmente acusado: el presidente ha perdido 5,1 puntos porcentuales de los votos con respecto a 2022, mientras que el hijo de Bolsonaro ha aumentado su apoyo en 4,9 puntos respecto a los resultados de su padre. Paradójicamente, Lula ha aumentado su apoyo, aunque en menor medida que su rival, entre los votantes con mayores ingresos. 

También Lula perdió votos en uno de los principales bastiones del PT, el estado de Bahía, donde ha pasado del 69,7 % al 66,2 %, aunque el gobernador del PT, Jerônimo Rodrigues, ha sido reelegido en la primera vuelta. Flávio Bolsonaro, al contrario, ha ganado terreno en estados claves en los que Lula había superado a Jair Bolsonaro en 2022, como Minas Gerais, donde obtuvo 538.000 votos más que su padre en 2022 y se situó en primer lugar. En el estado de San Pablo, el más rico y poblado de la federación, donde el PT tiene sus raíces históricas y donde Jair Bolsonaro se había impuesto hace cuatro años, Flávio obtuvo 682.000 votos más, mientras que Lula perdió casi un millón. En paralelo, el exministro de Economía y delfín de Lula, Fernando Haddad, candidato por segunda vez a gobernador del estado, obtuvo un resultado ligeramente mejor que en 2022, pero no superó el 36 % de los votos, y Tarcísio de Freitas, alineado con el bolsonarismo, fue reelegido en la primera vuelta con el 62 % de los votos. 

El PL, actual formación política del clan Bolsonaro, se ha convertido en el primer partido de Brasil: ha elegido a cinco gobernadores en la primera vuelta y 121 diputados (de un total de 513, lo que supone el 23,6 % de los escaños de la Cámara baja) y 19 senadores (de los 54 en liza), que, sumados a los senadores que ya ocupaban su cargo, darán al PL 28 de los 81 escaños, es decir, el 34,6 %.

El bolsonarismo se renueva también como dinastía. Michelle Bolsonaro, ex-primera dama que este año protagonizó un sonado enfrentamiento público con Flávio por la sucesión política de su marido, fue la candidata más votada al Senado en el Distrito Federal, con casi un millón de votos, y su partido se quedó con los dos escaños en disputa en la capital. Evangélica y con un discurso centrado en la fe y la familia, Michelle encarna la alianza entre el clan y las iglesias neopentecostales. No es un caso aislado: cinco de los ocho familiares de Jair Bolsonaro que se presentaron a estas elecciones fueron elegidos o siguen en carrera, entre ellos su hijo Carlos, que llega al Senado por Santa Catarina.

Los partidos de izquierda se han mantenido: han elegido en total 124 diputados, frente a los 125 elegidos en 2022, y contarán con 15 senadores, frente a los 17 actuales. El PT de Lula sigue siendo, de lejos, el más fuerte del bloque progresista, con 88 diputados y 9 senadores. Sin embargo, en estas elecciones la izquierda sufrió derrotas de enorme peso simbólico: quedaron fuera del Senado Randolfe Rodrigues, líder del gobierno en el Congreso; la expresidenta del PT Gleisi Hoffmann, en Paraná; Benedita da Silva, en Río en Janeiro; Paulo Pimenta, en Rio Grande do Sul, y dos ministras emblemáticas del tercer mandato de Lula, Marina Silva y Simone Tebet, en San Pablo. José Dirceu, quien llegó a ser el segundo nombre más fuerte del PT tras Lula, no logró regresar a la Cámara de Diputados.

Si Flávio Bolsonaro gana la segunda vuelta, el PL y sus aliados de la derecha y del centrão podrán impulsar su agenda con pocos obstáculos. Flávio podría indultar por sí mismo a su padre, condenado por la trama golpista y hoy bajo arresto domiciliario. Destituir a ministros del STF exigiría dos tercios del Senado (54 votos), y reformar la Constitución, tres quintos de cada cámara: mayorías fuera del alcance del PL solo, pero no de una coalición conservadora que ha salido reforzada del 4 de octubre. No obstante, Brasil no se ha transformado de repente en un país con una extrema derecha hegemónica. El bolsonarismo, según indican las series históricas de diferentes encuestas de opinión, cuenta con una minoría que se identifica firmemente con él, del orden de una cuarta parte del electorado, pero es capaz de liderar una coalición electoral mucho mayor. Su peso no radica únicamente en el número de seguidores, sino en su capacidad para organizar a la derecha y atraer a votantes que no se consideran estrictamente bolsonaristas. Del mismo modo, el electorado del PT representa desde hace años alrededor del 30 % de los votantes. En el pasado, el lulismo –que históricamente tiene una capacidad de consenso electoral superior a la de su partido– lograba ampliar significativamente su apoyo electoral más allá de la izquierda propiamente dicha. Este año, al menos en la primera vuelta, ha sido el bolsonarismo el que ha logrado recabar un mayor consenso en casi todos los sectores de la población. Se pueden plantear al menos dos hipótesis, complementarias entre sí, para intentar explicar esta situación. 

La primera hipótesis, de orden concreto, nos devuelve a la economía: la política económica de todo el gobierno de Lula se ha caracterizado por una ortodoxia fiscal y monetaria que ha limitado en gran medida la capacidad de inversión pública. El gobierno se ató las manos al aprobar por ley un arcabouço fiscal [marco fiscal]. La regla es sencilla en su lógica: el gasto público solo puede crecer el 70 % de lo que crezcan los ingresos, y nunca más del 2,5 % por encima de la inflación. Aun así, la deuda pública no ha dejado de subir: pasó del 73,8 % del PIB en diciembre de 2023 al 82,9 % en agosto de 2026, casi 10 puntos más. Está muy por debajo de la media de los países de la OCDE (el 110,5 % del PIB en 2023), pero los mercados financieros y sus altavoces en los medios de comunicación la han convertido en uno de los temas principales del debate político (y le dieron así a Flávio Bolsonaro la oportunidad de comprometerse a «alcanzar, en el menor plazo posible, la estabilidad y, posteriormente, la reducción de la ratio deuda/PIB» mediante un brutal programa de ajuste). En realidad, Brasil no sufre una crisis de deuda, sino una crisis del costo de la deuda, tal y como explican economistas ajenos a los mercados financieros, como Pedro Paulo Zahluth Bastos, profesor en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). El tipo de interés básico brasileño (Selic), des 13,75 % anual, es uno de los más altos del mundo en términos reales. El pago de intereses de la deuda pública absorbe así casi el 9 % del PIB, alrededor de 1,2 billones de reales al año, lo que equivale a unos 240.000 millones de dólares. Es más del doble de lo que paga Italia, cuya deuda es, sin embargo, un 60 % mayor que la brasileña. Los altísimos tipos de interés que paga el Estado brasileño imponen, por un lado, una limitación real de los recursos disponibles para invertir (por ejemplo, para mejorar la calidad de los servicios públicos básicos, como la salud, la educación, el transporte público y la seguridad social) y, por otro lado, son uno de los principales mecanismos de concentración de la riqueza del país en manos de una elite muy reducida, que concentra gran parte de los títulos de deuda interna: el 1 % más rico de la población poseía un 46,8 % de la riqueza total del país en 2021. Se trata de un viejo problema de Brasil que los gobiernos del PT, desde 2003 hasta la actualidad, nunca han enfrentado realmente, en un intento –fracasado– de evitar una confrontación con los poderes fácticos del país. Tras el inesperado éxito de Flávio Bolsonaro, la Bolsa de San Pablo subió el 7 % en un solo día y el real se apreció frente al dólar: a pesar de los buenos resultados macroeconómicos del gobierno de Lula III (y de los dos anteriores), los grandes grupos que influyen en el mercado financiero brasileño se han decantado abiertamente por la extrema derecha.

Desde un punto de vista abstracto, Lula y el PT han perdido la capacidad de hacer soñar –de vivir «sin miedo a ser felices», como cantaba el inolvidable eslogan de la primera campaña electoral de 1989– y han renunciado en gran medida a cualquier intento de disputar seriamente la hegemonía cultural y la práctica político-económica neoliberal que prevalece en el país ya desde hace décadas. Mientras que la extrema derecha libra a diario una batalla cultural sin cuartel para imponer sus valores reaccionarios, la izquierda se ha acomodado a la tímida gestión de lo que considera posible, renunciando a cualquier tipo de rebeldía contra el statu quo, en el sentido que sugiere Pablo Stefanoni en su ya clásico libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? (2021). Para decenas de millones de brasileños, Lula se ha convertido él mismo en la encarnación del establishment, del sistema, en un país que no les permite hacer realidad sus sueños ni llevar una vida menos dura. Flávio Bolsonaro, por el contrario, a pesar de todos los escándalos que lo salpican a él y a su familia, logró venderse como una alternativa de ruptura, aunque lleva décadas en la política. Salvando las diferencias que existen entre la situación de los dos países, se trata, en esencia, de la misma dinámica política y psicológica que, en 2024, llevó a amplios sectores de las clases populares de Estados Unidos a votar por Donald Trump en las elecciones presidenciales, o a abstenerse. 

En abril de 2026, en la Primera Reunión de la Movilización Progresista Global organizada en Barcelona por el gobierno español de Pedro Sánchez, Lula había reconocido el problema. El proyecto neoliberal, dijo Lula, «prometió prosperidad y trajo hambre, desigualdad e inseguridad». El progresismo «logró avanzar en la agenda de los derechos», pero «no consiguió superar el pensamiento económico dominante» y, en lugar de romper con ese modelo, «sucumbió a la ortodoxia» y se convirtió en gestor de sus propios males. «Los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con un discurso de izquierda y practican la austeridad», reconoció Lula. La extrema derecha, por su parte, supo «sacar partido del malestar generado por las promesas incumplidas», canalizando la frustración y la desesperanza de quienes fueron abandonados por el sistema y por el progresismo que prometió cambiarlo. «Nos hemos convertido en el sistema», admitió Lula. Seis meses después, de la forma más dramática, los brasileños han confirmado ese diagnóstico en las urnas. 

En busca de la remontada

La posibilidad de dar vuelta el resultado del 4 de octubre, según revelan desde el comité de campaña de Lula, pasa ahora por una mayor movilización de los militantes de izquierda, pero también, y quizás sobre todo, por el miedo. Es decir, se trata de convencer a decenas de millones de indecisos y abstencionistas de que el regreso de Bolsonaro a la Presidencia pondría en peligro mortal los programas sociales del gobierno, empeoraría los servicios públicos, deterioraría los sueldos y las jubilaciones, dañaría sus vidas y cualquier posibilidad de ascenso social. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2006 (Lula contra Alckmin, el actual vicepresidente) y de 2014 (Dilma Rousseff contra Aécio Neves), esta estrategia funcionó. Una semana después de la primera vuelta, se celebraron enormes manifestaciones en las grandes ciudades brasileñas, como la izquierda brasileña no había logrado organizar en décadas. En muchos casos, se trató de manifestaciones autoorganizadas por una gran variedad de grupos, grandes y pequeños, de militantes –a menudo muy jóvenes– y no por las estructuras partidarias ni sindicales. Las consignas y pancartas contra Bolsonaro se entremezclaban con banderas arcoíris y palestinas, atuendos de las religiones afrobrasileñas, grupos de samba y pancartas que reclamaban la defensa de las universidades públicas y la reducción de la jornada laboral. Todo ello, con una energía, e incluso una alegría, que habían brillado por su ausencia en los últimos años. 

Las encuestas indican que la ventaja de Flávio Bolsonaro empezó a reducirse. Pero el tiempo disponible es muy corto. Al último gigante de la izquierda latinoamericana solo le quedan ahora unos pocos días para intentar evitar que las limitaciones, los errores y las vacilaciones de su tercer mandato acaben entregando Brasil a la extrema derecha más reaccionaria. Están en juego el futuro de la democracia en un país de 215 millones de habitantes, la protección de la Amazonia y la posibilidad de resistir los ataques de Trump contra la soberanía de América Latina. Para Luiz Inácio Lula da Silva, esta será la última y más difícil prueba de supervivencia. 

 

[Imagen: Anadolu/Getty Images.- fuente: www.nuso.org]

JOHANN CHAPOUTOT, historiador: «El pueblo nunca votó mayoritariamente a los nazis. A Hitler lo auparon militares y empresarios»

No es fácil concertar una cita con Johann Chapoutot, el autor de Los irresponsables. ¿Quién llevó a Hitler al poder?, libro que, desde que se publicó en febrero de 2025, se ha convertido en un éxito comercial inesperado, con más de 70.000 ejemplares vendidos en Francia y traducciones a múltiples idiomas. Año y medio después no parece haber día en que el historiador de La Sorbonne, que nació hace 48 años en un pueblo pescador de Provenza, no aparezca en varios canales de la esfera pública francesa. 

Johann Chapoutot

Escrito por Sebastiaan Faber

Es lógico. El 10 de septiembre, Chapoutot publicó La Bascule (El balancín), que retoma el relato donde lo dejó Les Irresponsables. El libro salió cuatro días después de que la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) registrara una victoria electoral histórica –un 44 por ciento– en el estado de Sachsen-Anhalt. En abril y mayo, Francia celebrará sus propias elecciones presidenciales, en las que participará Marine le Pen, la líder del ultraderechista Rassemblement National, quien, a pesar de su reciente condena por corrupción, encabeza los sondeos con más de un 30 por ciento de la intención de voto. Los franceses, en fin, buscan explicaciones y consejos, y Johann Chapoutot está encantado de dárselos. Como escribe en el epílogo a La Bascule: “Nos guste o no, la historia de 1933 nos habla”.

Los libros anteriores de Chapoutot, que se centraban en las raíces culturales y filosóficas del nazismo, levantaban polémica porque identificaban las huellas del nazismo en el presente mundo neoliberal. Así, Libres para obedecer. El management desde el nazismo hasta hoy (2020), vincula el pensamiento nazi con la cultura empresarial del siglo XXI. Les Irresponsables, en cambio, es una obra de historia política: abarca el período desde marzo de 1930 a enero de 1933, cuando el bloque liberal-autoritario alemán –en el que se reunían intereses empresariales, partidos conservadores y nacionalistas, medios reaccionarios y élites tradicionales– se preocupó ante su pérdida de apoyo popular y decidió intentar conservar el poder del modo que fuera. Acabó no solo por aliarse con la extrema derecha sino por instalarla en el poder. La Bascule narra los seis meses siguientes, del 30 de enero al 14 de julio de 1933, en los que se produjo la propia toma del poder de los nazis.

Entre ambos libros, Chapoutot propone tres argumentos centrales. Primero demuestra que, en contra de lo que se suele afirmar, nunca hubo una mayoría electoral alemana que apoyara a los nazis. Segundo, explica que estos solo pudieron hacerse con el poder porque las élites –unas élites altamente irresponsables– les allanaron el camino. Tercero, recalca la importancia de investigar estos hechos históricos de forma rigurosa en la medida en que nos permiten comprender nuestro propio presente político. El propósito de La Bascule, escribe en el epílogo, ha sido explicar, “retroiluminado por la actualidad que desfilaba ante nuestros ojos atónitos”, cómo “una banda de granujas incompetentes, corruptos y violentos, halagados, financiados y sostenidos por todos los colaboradores que el capitalismo es capaz de encontrar, hacía bascular a un país hacia el fascismo”. Y: “Si alguien todavía se preguntaba cómo pudieron actuar los nazis, con toda serenidad, entre 1933 y 1939 ha tenido la respuesta casi a diario desde enero de 2025”.

Para los medios franceses, Chapoutot es el invitado ideal. Se expresa de forma clara y comprensible, no rehúye las aseveraciones polémicas y logra transmitir la relevancia –y la urgencia– de la investigación histórica. “Hoy como ayer”, escribe, “la ultraderecha seduce a una parte del electorado, pero no lo suficiente como para llegar al poder ella sola”. Subraya que “nada está escrito”: la historia, siempre contingente, nos da pistas que nos permiten evitar que se repita. Eso sí, hay que ponerse las pilas –las antifascistas, para entendernos–.

El profesor me atiende en francés, por videoconferencia, a finales de septiembre.

La historia política es para usted un campo relativamente nuevo.

En efecto. Mis libros anteriores a Les irresponsables se dedicaban a la historia cultural, partiendo de la idea de que vale la pena tomar en serio los discursos de los actores sociales. Trabajé sobre la visión nazi de la historia –en particular, del mundo clásico– y, posteriormente, sobre la normatividad nazi en el derecho y la filosofía moral. Solo hace dos años decidí interesarme por la forma en que los nazis se hicieron con el poder y cómo pudieron prosperar en él.

Algo tendría que ver la situación política que atraviesa Europa.

Evidentemente, como en toda historia, las preguntas que le planteo al pasado son las del presente. Y como ciudadanos europeos, estadounidenses u occidentales del siglo XXI, es comprensible que nos llame la atención la forma en que se crean los movimientos de extrema derecha y cómo se instalan en el poder.

Las sociólogas francesas Sarah Gensburger y Sandrine Lefranc sostienen que el auge de la extrema derecha en Francia y el resto de Europa pone de manifiesto el fracaso de la enseñanza de la historia y de las políticas de memoria, sobre todo con respecto al Holocausto.

Me parece que tienen toda la razón, sobre todo en la medida en que las llamadas “políticas de la memoria” suelen revestir, más bien, una forma de catecismo. Al hablar del “deber” de la memoria, al moralizar la relación con el pasado y al enfocarlo como una cuestión de valores, se acaba por desarrollar un discurso que está totalmente desvinculado de la realidad social que viven los alumnos, los estudiantes o los ciudadanos. Como historiador, considero que, más que formular un discurso sobre la memoria, es preferible, directamente, hacer historia. Y eso es lo que intento hacer en estas dos últimas obras. Trato de analizar una realidad histórica concreta, con los archivos en la mano, para hacerme una pregunta también muy concreta: ¿Quiénes fueron los actores sociales que decidieron que era pertinente, razonable, racional y deseable llevar a la extrema derecha al poder? Creo que la verdadera escuela de ciudadanía no es la recitación conmemorativa, que llega a ser una especie de versión degenerada de la religión –una religión, además, mecánica y bastante aburrida–; no, la verdadera escuela de ciudadanía está en el cuestionamiento activo, vivo, del pasado. Esto es, en hacer historia.

En su trabajo, identifica a los facilitadores del ascenso del nazismo: las élites económicas, el ejército, la Iglesia católica, las universidades, el funcionariado –incluida la judicatura– y la prensa. No sorprende que el gran capital prefiera un régimen no democrático a un gobierno democrático que pueda amenazar sus intereses. ¿Es posible que hoy desempeñe un rol similar?

Como demuestro en el libro, la patronal alemana de los años treinta cambió de bando con bastante rapidez, incluso antes de que los nazis llegaran al poder. Pero me parece que la patronal actual estaría menos dispuesta a aprobar una solución de este tipo. Por un lado, porque no deja de pesar la memoria de los años treinta y cuarenta, que, en este caso, se manifiesta como un vago remordimiento por la actuación del gran capital alemán bajo el nazismo. Por otra parte, hay una cuestión de interés inmediato, y es que la patronal alemana necesita la inmigración. Si no se sube al carro de la ultraderecha, en otras palabras, no es por ninguna sublime filantropía, sino simplemente por un cálculo oportunista.

En el relato que nos cuenta sobre la subida al poder nazi, no deja de chocar la complicidad de las universidades y la prensa.

Bueno, esto es importante verlo en el contexto de la época. Los universitarios en 1933 procedían de un grupo social muy reducido, en el que los valores –digamos– del progresismo y el universalismo no eran los más extendidos. Más bien eran personas procedentes de los sectores más conservadores de la sociedad, incluso los más reaccionarios. Como ya descubrí cuando estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el nazismo y la Antigüedad, en el mundo universitario había excelentes antinazis que llegaron a ser auténticos nazis.

¿Y hoy?

Lo veo más difícil. En los años treinta, los universitarios tenían una concepción particularista de la cultura. Nosotros, en cambio, tenemos una concepción universalista. Después de 1945, y sobre todo en los años sesenta, se produjo una masificación de la educación superior, acompañada de una mayor diversidad social. Hoy tenemos una concepción más abierta del acceso a la cultura y una concepción más universalista de la inteligencia.

En Estados Unidos, sin embargo, hemos visto cómo muchas universidades se han plegado, casi sin chistar, a las exigencias de Trump.

Sí, pero es importante señalar que si las universidades son objeto de ataques por parte de la extrema derecha –como lo son las norteamericanas, pero también, por ejemplo, las argentinas– es precisamente por esos cambios que se produjeron desde los años sesenta. También es cierto que para los nazis fue más fácil atacar a las universidades. Hoy, los ataques se enfocan ante todo en los canales de financiación de la investigación. Y sí, la actitud de algunas universidades en Estados Unidos ha sido lamentable, aunque Harvard impugnó al Gobierno de Trump en los tribunales y ganó. También es importante recordar que ha habido amenazas explícitas contra ciertos investigadores, como a Mark Bray, un gran especialista en antifascismo, quien tuvo que abandonar Estados Unidos y refugiarse en España.

Los académicos están en primera línea de fuego.

La ultraderecha ha puesto a  los intelectuales en el centro de la diana, se han convertido en una fuerza de combate.  Y esto se aplica aún más, si cabe, al campo historiográfico. Por su enfoque de elucidación crítica, para la ultraderecha siempre constituirá un peligro, una presencia insoportable. Por tanto, siempre tendrá en la diana a las y los historiadores.

Usted no ha rehuido esa primera línea. Como intelectual público, ha asumido un papel destacado como analista crítico de la ultraderecha, tanto en Alemania como en Francia, subrayando sus vínculos históricos con movimientos nacionalsocialistas y fascistas.

Yo me considero un profesor e investigador de la Historia. Y este, para mí, no es un papel que se limite a mi universidad. En primer lugar, porque la enseñanza es un servicio público. Pero fíjate que, en Francia, además, el vínculo entre Historia y ciudadanía –y entre Historia y República– es consustancial. Recordemos que fue la Tercera República la que hizo obligatoria la enseñanza de la historia en todos los niveles educativos, desde los seis hasta los 18 años. Por lo tanto, cabe decir que existe una especie de osmosis o fusión entre la historia y la ciudadanía en la Francia contemporánea. La actividad de profesor-investigador en Historia, en otras palabras, es consustancial con la reflexión política. Desde ese punto de vista, no tengo la impresión de estar haciendo nada extravagante al responder a solicitudes de los medios de comunicación o a invitaciones a conferencias para hablar de los resultados de mis trabajos en el ámbito público.

Pero en su caso ese ámbito no se limita al territorio francés: escribe sobre Alemania, un país cuya relación con Francia siempre ha sido compleja. ¿Cuál ha sido la recepción de su trabajo al otro lado del Rin?

Tengo el privilegio y el honor de que mis obras se traduzcan al alemán, algo que no es nada fácil. Cuando eres un extranjero, no es seguro que te traduzcan en el país sobre el que investigas. Y la verdad es que mis trabajos han tenido buena acogida. Por otra parte, lo que digo en Les irresponsables y en La bascule se ajusta bastante bien a lo que hacen mis colegas alemanes sobre el tema –colegas a los que, por supuesto, leo y cito con frecuencia–. El último libro de Peter Longerich, por ejemplo, también hace hincapié en la escasa adhesión de los alemanes al nazismo en sus inicios.

Yo estaba pensando en la influencia que tuvo, en su día, un historiador extranjero como Robert Paxton en la autoimagen de Francia y el colaboracionismo de Vichy.

Ya. Pero a estas alturas, en temas como Vichy o el Tercer Reich, el intercambio internacional es intenso. Existe una comunidad internacional de investigadoras e investigadores. Mantenemos un diálogo entre todos, nos relacionamos, nos invitamos mutuamente, etcétera. Por lo tanto, yo diría que la nacionalidad de cada uno ya no entra en juego tanto. Quizá para mí el ser francés fuera un factor cuando era un historiador novato. Cuando mi tesis sobre la percepción de la Antigüedad en el nacionalsocialismo se publicó en Alemania, yo era un desconocido, por lo que hubo reacciones por el hecho de que, como historiador francés y sin ser clasicista, trabajara ese tema. Pero eso se desvaneció rápidamente en favor del reconocimiento de que yo hacía un tipo de historia que mis colegas alemanes no hacían. Por ejemplo, mis investigaciones sobre la visión nazi de la historia o sobre la normatividad nazi jurídica y moral pertenecen a lo que se podría llamar una historia culturalista. No es un tipo de historia que los alemanes suelan practicar. El suyo es más bien un paradigma de historia social, externalista y objetivador. Pero al final esa diferencia solo ha servido para que se interesaran más en mi trabajo.

Hablemos de Francia. ¿Cuál ha sido el papel de Emmanuel Macron en el ascenso de la ultraderecha?

Macron ha sido elegido dos veces para hacer de barrera contra la extrema derecha. En las segundas vueltas fue elegido, directamente, por personas que solo querían evitar que la extrema derecha llegara al poder. Pero en lugar de actuar como barrera a la extrema derecha, le ha abierto un bulevar. Ha tendido un puente con ella al retomar sistemáticamente sus términos, temas y tesis.

Otro paralelo con 1933, pues.

La actitud y actuación de Macron constituyen un ejemplo más de lo que yo denomino “los irresponsables”. Se basa en la connivencia entre la extrema derecha y el extremo centro: entre la extrema derecha que conocemos y ese centro que se autoproclama moderado –por encima de los partidos, y más allá de la derecha y la izquierda–, pero que en realidad es extremista en su voluntad de concentrar el poder, de centralizar las cosas y de rechazar toda oposición. Se consideran los más competentes y estiman que el poder les corresponde de hecho. Los puntos de alianza entre la extrema derecha y el centro extremo son muy numerosos. Tienen el mismo electorado –básicamente jubilados que quieren proteger sus prestaciones o ricos que quieren proteger sus rentas–. Tienen los mismos mecenas, el gran capital. Tienen la misma filosofía antropológica, el darwinismo social. Y tienen el mismo enemigo, que es la izquierda, sea cual sea. No sorprende, por tanto, que la alianza funcione bastante bien. De hecho, cabe decir que la fusión entre la extrema derecha y el extremo centro ya se ha producido. Los votos de los diputados macronistas, tanto en la Asamblea Nacional francesa como en el Parlamento Europeo, son casi siempre idénticos a los de la extrema derecha. Defienden los mismos intereses. Tienen la misma concepción de la sociedad y del Estado. Y la misma concepción del futuro.

Hablando del futuro: en sus libros y entrevistas se opone al fatalismo histórico, subrayando que “nada está escrito”. Pero las analogías con el pasado que establece, ¿no acaban precisamente por fomentar el fatalismo?

No, al contrario. Porque identificar esas analogías permite distinguir a los actores sociales, sus intereses y sus tácticas o estrategias. Así pues, permite identificar quién está moviendo los hilos y, por lo tanto, permite actuar de forma cívica a la hora de votar –por ejemplo, evitando votar a quienes allanan el camino a la extrema derecha, participando en manifestaciones, etcétera–. La reflexión analógica es, en definitiva, un trabajo de elucidación histórica que nos permite comprender mejor a qué nos enfrentamos y qué está en juego. Y, por lo tanto, nos invita a la acción. Una acción, además, informada.

Con respecto a la posibilidad de resistencia, usted subraya que, en la Alemania de 1933, la izquierda antifascista era mayoritaria, pero se encontraba fracturada por la tremenda hostilidad que había entre los socialistas del SPD y los comunistas del KPD.

Exacto. Además, hay que matizar. El SPD, que rechazó la alianza con los comunistas en 1932 y que luego rechazó la acción conjunta en 1933, había aprobado durante varios años, desde septiembre de 1930, la política de austeridad. El problema no solo fue el conflicto con el KPD, sino el hecho de que una izquierda que renuncia de forma tan rotunda a ser de izquierdas no consigue despertar el entusiasmo, la adhesión y la resistencia de los ciudadanos.

Una pregunta final. En su lectura de la historia alemana, atribuye una gran responsabilidad a las élites. ¿Es un historiador populista?

Bueno, el término “populista” es complejo y, además, se utiliza mal en el ámbito público de Estados Unidos; hace referencia a una filosofía política del siglo XIX, aunque hoy también se usa para describir una estrategia política. Yo no me incluyo ni en uno ni en otro. Yo lo que hago es nombrar a los actores sociales y describir las estrategias de aquellos actores sociales que llevaron a los nazis al poder –y que luego permitieron que los nazis prosperaran durante los primeros seis meses de 1933–. ¿Cuál era el contexto alemán en aquella época? A partir de la dimisión del canciller socialdemócrata, en marzo de 1930, ya no hay democracia en Alemania. Los gobiernos y los cancilleres son nombrados independientemente del resultado de las elecciones. Todo se concentra, en virtud de los poderes de excepción del artículo 48, apartado 2, en manos del presidente del Reich y de su entorno. Así pues, los principales actores sociales que están al mando de Alemania en aquella época no son las masas populares, ni los sindicatos, ni los partidos de izquierda. Se trata de un grupo muy reducido –la famosa camarilla, como se decía con una expresión española– que, por otra parte, representa a sectores sociales bien identificados: hay militares, banqueros, grandes terratenientes y empresarios. Y fueron precisamente esos grupos sociales los que tomaron la decisión de llevar a los nazis al poder. Por lo tanto, yo como historiador no me adhiero a ningún “ismo”, salvo a una forma de positivismo histórico que consiste en decir cuál es la realidad. Y lo hago, además, con el fin de desmontar los discursos fantasiosos que se mantienen sobre este periodo, según los cuales sería el pueblo alemán el responsable del ascenso de Hitler, cuando nunca se votó mayoritariamente a los nazis. ¡Pero nunca! Es un discurso que también vemos resurgir hoy. Otro tipo de discurso fantasioso que ha vuelto hoy es que todo sería la culpa de la izquierda. Del mismo modo que los megaincendios en España y en Francia de este verano serían culpa de… ¡los ecologistas! Es todo totalmente descabellado.

 

[Foto: Francesca Mantovani - fuente: www.ctxt.es]

«La batalla de Chile» es una obra maestra del cine revolucionario

Patricio Guzmán, el documentalista que puso su cámara al servicio de la Unidad Popular y de su memoria, murió este martes en París, a los ochenta y cinco años. Frente a su partida, volvemos a La batalla de Chile, la trilogía que demostró que el cine también puede ser un arma clave para la lucha de la clase trabajadora.

Patricio Guzmán en la recepción del Premio del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián en reconocimiento a sus más de cuarenta años de trayectoria, en el año 2013.

Escrito por Stephen Borunda

Traducción: Pedro Perucca

El 11 de septiembre de 1973, los militares chilenos derrocaron al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. La dictadura militar del general Augusto Pinochet que lo sucedió, asesinó o hizo desaparecer a más de tres mil personas y torturó a otras cuarenta mil.

A escala internacional, ningún cineasta fue tan crucial para la tarea de documentar, recordar y reimaginar al primer gobierno socialista elegido en las Américas y a su violenta disolución como el documentalista Patricio Guzmán. En 2012, resumió bellamente su compromiso con la memoria y la memorialización del pasado de Chile: «Creo que la vida es memoria, todo es memoria. No hay tiempo presente, y todo en la vida es recordar. Creo que la memoria abarca toda la vida, y toda la mente».

Un gigante del cine

Guzmán es un gigante del cine documental latinoamericano con un corpus de más de veinte películas. Su tríptico La batalla de Chile: la lucha de un pueblo sin armas (1975, 1977, 1979), sobre los conflictos políticos que precedieron al golpe contra Allende, es un ejemplo clásico de lo que los cineastas argentinos Octavio Getino y Fernando Solanas bautizaron como Tercer Cine. Este fue el movimiento cinematográfico latinoamericano de fines de los años sesenta y los setenta que buscaba usar el cine como un arma para documentar la realidad y transformarla progresivamente. Desde el exilio en Cuba y Europa, Guzmán continuó documentando los esfuerzos de resistencia contra el régimen de Pinochet en películas como En nombre de Dios (1987) y, excavando la memoria de la Unidad Popular, en Chile, la memoria obstinada (1997), El caso Pinochet (2001) y Salvador Allende (2004).

Más recientemente, en lo que yo designaría como la «trilogía fronteriza» chilena de Guzmán demuestra una profunda sintonía con el entorno y un giro desde una política exclusivamente humana hacia un sentido de lo político que incluye lo más-que-humano en esta era de cambio climático masivo. Las poéticas Nostalgia de la luz (2010), El botón de nácar (2015) y La cordillera de los sueños (2019) están atentas a las cosmovisiones indígenas y a otras comprensiones expansivas tanto de la geografía como de la naturaleza en Chile, y a cómo estas podrían facilitar una comprensión renovada y más integral de los sucesos en torno al golpe.

En agosto de 2023, Guzmán recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile, convirtiéndose en el segundo cineasta en recibir este premio después del Raúl Ruiz, otro exiliado chileno. También recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Valparaíso. Sin embargo, el reconocimiento de Guzmán en su propio país es un fenómeno reciente. Durante décadas, fue mucho más conocido fuera de Chile que en su tierra.

La desatención del público chileno hacia su obra era comprensible, ya que La batalla de Chile estuvo entre las más de mil películas prohibidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sus tres partes circularon clandestinamente en VHS o Betamax hasta el retorno de la democracia en 1990. Recién en 2021, fueron transmitidas las tres partes en la televisión chilena, por el canal La Red.

La mayoría de las películas de Guzmán se han vuelto ahora fácilmente accesibles online en Chile a través del servicio nacional de streaming Ondamedia. La revitalización de su obra en Chile también le ha permitido conseguir apoyo allí y en Francia para restauraciones en 2K de La batalla de Chile y de su primer largometraje documental, El primer año (1972), que volvieron a proyectarse en los últimos años.

Los primeros años

Nacido en Santiago pero criado en Viña del Mar, Guzmán fue a estudiar a la Universidad de Santiago de Chile. Sin embargo, dejaría esos estudios atrás para dedicarse a oportunidades cinematográficas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego estudiaría dirección en la Escuela Oficial de Cine de Madrid, en 1967.

Al regresar de sus estudios en Madrid, Guzmán imaginaba una carrera haciendo películas de ficción, pero el ambiente político del Chile de Allende en los años setenta resultó demasiado magnético. Guzmán estrenó tanto El primer año como La respuesta de octubre en 1972. El primer año, una película que seguía los primeros doce meses de la presidencia de Allende, causó una profunda impresión en el estimado cineasta francés Chris Marker. Marker vio la película por primera vez mientras estaba en Chile como parte del equipo de Estado de sitio (1972), del director griego Costa-Gavras, y decidió distribuir El primer año en Europa.

Guzmán siguió sintiéndose cada vez más perturbado e inspirado por los acontecimientos en Chile, al ver cómo el país se encontraba efectivamente en un estado de preguerra civil entre el proletariado y la burguesía, respaldada esta última por Estados Unidos. Como le escribió a Marker:

La burguesía desplegará todos sus recursos. Desplegará el sistema jurídico burgués. Desplegará sus propias organizaciones profesionales junto con el poder económico de Richard Nixon. (…) ¡Tenemos que hacer una película sobre todo esto! (…) Una obra de gran alcance rodada en las fábricas, en el campo, en las minas. Una película de investigación cuyos grandes escenarios sean las ciudades, los pueblos, la costa, el desierto. Una película como un mural, dividida en capítulos, cuyos protagonistas sean el pueblo y sus dirigentes sindicales por un lado, y la oligarquía, sus líderes y sus conexiones con el gobierno de Washington por el otro. Una película de análisis.

Marker le dio un impulso crucial al naciente proyecto de Guzmán, Tercer Año (que luego se convertiría en La batalla de Chile) al enviarle película virgen que entonces resultaba imposible conseguir en Chile por vías normales, debido al bloqueo estadounidense.

Ese apoyo llegó en un momento decisivo, ya que Guzmán también había perdido el financiamiento que originalmente le había ofrecido Chile Films, que hasta hacía poco había estado dirigida por Miguel Littin (director de la aclamada El Chacal de Nahueltoro, 1969). Esto se debió a las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno de Allende y al hecho de que Chile Films había contratado inicialmente a Guzmán para hacer un largometraje sobre el prócer chileno Manuel Rodríguez. Sin embargo, la visión populista que Guzmán tenía de Rodríguez en esa película inconclusa le dio una comprensión de la importancia de rescatar la historia del control asfixiante de las élites conservadoras, un proyecto que desarrollaría más a fondo en La batalla de Chile.

El Equipo Tercer Año

Al volver a comprometerse con la forma documental para una tercera película, Guzmán y su equipo, ahora designados como el Equipo Tercer Año, eran una amalgama ecléctica de figuras. Marta Harnecker, una de las colaboradoras del guion, era una teórica política chilena que había estudiado bajo la tutela de Louis Althusser. José Bartolomé, el asistente de dirección, era un economista español, mientras que Jorge Müller Silva era un prometedor director de fotografía con experiencia cinematográfica previa junto a Littin y Ruiz.

Estos miembros del equipo y un pequeño grupo de otros colaboradores, como el productor Federico Elton y el artista de sonido Bernando Menz, trabajaron para producir un análisis marxista complejo, que funcionaría más como un ensayo cinematográfico y que podría comunicar a las generaciones futuras los detalles de la situación en Chile. El equipo comprendió que la película sería un artefacto importante para divulgar los sacrificios del pueblo chileno en caso de que se produjera un golpe. Pero el equipo de filmación también creía verdaderamente que las fuerzas de Allende prevalecerían en tal escenario; sin saber que los soldados leales al presidente ya estaban siendo identificados y purgados.

El equipo elaboró un enorme esquema teórico y demarcó la realidad chilena en tres categorías: ideológica, política y económica. Para forjar una visión dialéctica de la situación en Chile, trazaron los sitios críticos de disputa para el proletariado y el campesinado a medida que intentaban expandir su poder frente a la creciente violencia de las élites del país. Si bien el Equipo Tercer Año estaba captando las condiciones específicas de Chile, comprendieron que lo que ocurría en Chile prefiguraba situaciones que se darían en otras partes del mundo.

El equipo de filmación captó huelgas, protestas, discursos populares y, finalmente, el golpe mismo. Las películas nos invitan a involucrarnos con los argumentos intelectuales planteados por una variedad de fuentes, que van desde votantes chilenos comunes tras la victoria electoral de la Unidad Popular hasta los trabajadores del cobre en huelga en El Teniente, pasando por dirigentes sindicales que representaban a la Central Única de Trabajadores de Chile a nivel nacional, por un lado, y a los cordones industriales a nivel regional, por el otro.

El enfoque de cámara en la calle presenta estas voces como simultáneamente grandiosas y miopes. Dado que el equipo de filmación operaba con recursos limitados, fueron muy frugales en no dedicar demasiado esfuerzo a los acontecimientos sensoriales. Las secuencias llamativas, como una secuencia en la tercera parte con la banda folclórica chilena Quilapayún que remite al importante movimiento de la nueva canción en Chile, son escasas.

El equipo, que trabajaba de manera clandestina, también tomó medidas de precaución y trabajó bajo nombres y títulos distintos. Por razones de seguridad, a medida que acumulaban material filmado, solo Guzmán y su esposa, Pamela Urzúa, sabían dónde se almacenaban los rollos de película.

Resistencia en el exilio

Cuando el golpe ocurrió el 11 de septiembre, Guzmán estuvo preso durante quince días en el Estadio Nacional de Santiago. Debido al hermetismo con el que habían operado, si bien los militares sabían que era profesor de comunicación, ignoraban que era cineasta y que trabajaba activamente en un proyecto sobre el golpe mientras este se desarrollaba.

Tras el encarcelamiento de Guzmán, su esposa y su equipo comenzaron a sacar la película del país con el apoyo del cineasta Gastón Ancelovici y de la embajada de Suecia. En un momento dado, el material filmado escapó por poco a los registros militares del departamento de Bernando Menz, pero finalmente todo el material llegó a salvo a Estocolmo.

La mayor parte del equipo de filmación partió al exilio, pero el director de fotografía Jorge Müller Silva, que también era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido y desaparecido por la junta en 1974. Cada una de las tres películas comienza con una dedicatoria a su memoria.

En el exilio, Guzmán viajó a Francia y se reunió con Alfredo Guevara y Saúl Yelín, del instituto de cine nacional de Cuba, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Con el apoyo de Chris Marker, el ICAIC accedió a respaldar la finalización de la película. Tras su llegada a La Habana, Guzmán trabajó estrechamente con el editor de la película, Pedro Chaskel. Chaskel era un director que había sido uno de los mentores en cine experimental en la Universidad de Chile para directores como Ruiz y Littin, y se convirtió en un líder en la creación de los Archivos de Cine Chileno Desde el Exilio.

Guzmán también recibió la guía del cineasta y teórico cubano Julio García Espinosa, uno de los fundadores del ICAIC. La participación de Espinosa en la edición del guion y como mentor del ICAIC fue significativa. Le concedió al equipo el amplio margen que necesitaba para un proyecto de esta escala, y sus escritos sobre el cine imperfecto habían inspirado desde hacía tiempo al equipo de Guzmán. La película del director cubano Tercer mundo, tercera guerra mundial (1970) también había servido de modelo para La batalla de Chile incluso antes de que comenzaran a filmar.

Cine militante

Finalmente, la película adoptó una estructura tripartita y no lineal, con una duración total de cuatro horas y media. Las tres partes sucesivas fueron La insurrección de la burguesía (1975), El golpe de Estado (1976) y, finalmente, El poder popular (1979). Las películas son en blanco y negro, filmadas con cámara en mano. La insistencia de Guzmán y Jorge Müller Silva en situar a los espectadores directamente en medio de los momentos de crisis implicó el uso experto de primeros planos faciales para poner a los trabajadores, los campesinos y la gente común en el centro, en lugar de a las élites de izquierda o derecha.

La trilogía oscila entre el registro analítico y el poético, actuando como participante de una ruptura social masiva. Espera que los espectadores sean también participantes activos en uno de los documentales más exigentes intelectualmente que se hayan creado en esa época.

La insurrección de la burguesía sigue la reacción de las clases medias y altas contra la Unidad Popular y las maneras en que miembros de esas clases conspiraron con intereses extranjeros para allanarle el camino al golpe. La película se abre con imágenes del bombardeo aéreo del palacio presidencial de Chile, La Moneda, y luego retrocede para comprender cómo porciones sustanciales de la población chilena pudieron celebrar semejante violencia.

Para lograr este cometido, la película alterna entre entrevistas a partidarios de la Unidad Popular y de la oposición, principalmente de la Democracia Cristiana, pero también grupos fascistas como el Frente Nacionalista Patria y Libertad. El desenlace de la primera película es impactante y presenta el asesinato del fotoperiodista Leonardo Henrichsen mientras filmaba su propia muerte durante el primer golpe fallido, ocurrido en junio de 1973.

El golpe de Estado sigue la complejidad y los conflictos entre los distintos grupos de la izquierda. Estas diversas facciones no logran ponerse de acuerdo sobre cómo proteger mejor las conquistas alcanzadas por la Unidad Popular. En definitiva, estos debates no logran asegurar un plan de defensa firme contra la subversión militar.

La coda de la película contiene imágenes del último discurso de Allende antes de su muerte y la posterior proclamación televisada del poder de la junta militar, junto con su denuncia del «cáncer marxista» en el gobierno de Allende. Sin embargo, incluso mientras Guzmán nos muestra a partidarios de Allende siendo arrestados por los militares, se muestra firme en que la batalla por Chile está lejos de haber terminado.

La tercera parte, El poder popular, se centra en la organización que tuvo lugar entre los trabajadores chilenos de 1972 a 1973, mientras buscaban profundizar los proyectos socialistas, incluida la ocupación de fábricas y de territorios agrícolas. Los intentos de solidaridad de las comunidades locales para distribuir alimentos y otros bienes importantes en tiempos de escasez masiva constituyen un motivo central de la película. Los trabajadores comprenden en todo momento la urgencia del momento, incluso mientras el gobierno de Allende sigue reacio a actuar.

Un país imaginario

La película más reciente de Guzmán, Mi país imaginario, de 2022, es una continuación poética de La batalla de Chile, en la que Guzmán sigue las secuelas del estallido social de 2019, las masivas protestas a nivel nacional que exigieron el fin de diversas desigualdades en Chile y el proyecto de nueva Constitución que finalmente dejara atrás a su antecesora de 1980, redactada en pleno pinochetismo. 

Si bien tales acontecimientos motivaron declaraciones esperanzadas del propio Guzmán —«Chile ha encontrado su memoria. El acontecimiento que esperaba desde mis años de estudiante finalmente ha sucedido»—, las secuelas del estallido social han sido más ambiguas. En 2022, los chilenos rechazaron por un margen sustancial la que quizás sea la Constitución más progresista jamás redactada en las Américas.

A fines de agosto de 2023, el presidente Gabriel Boric autorizó un nuevo plan de búsqueda para localizar los restos de las más de mil personas desaparecidas en Chile cuyos restos siguen sin ser hallados. Además, la Corte Suprema de Chile finalmente formuló cargos contra siete militares por el asesinato del cantautor Víctor Jara en el Estadio Nacional tras el golpe. En diciembre de 2025, el candidato ultraderechista Juan Antonio Kast ganó las elecciones y poco después se convirtió en el sucesor de Boric. 

Todos estos acontecimientos nos recuerdan que la batalla por Chile —por lo que fue y es, así como por las formas en las que se recuerda a sí mismo— continúa. Para quienes buscan comprender las reglas de enfrentamiento en esa larga batalla, no puede haber mejor punto de partida que volver al corpus de Patricio Guzmán, uno de los cineastas más políticamente resueltos que jamás haya tomado una cámara, una cámara que él ha transformado en una herramienta de poesía y memoria en la lucha en curso contra el fascismo.

 

Stephen Borunda es candidato a doctorado en estudios de cine y medios en la UC Santa Bárbara. Su trabajo ha sido publicado en Media+Environment, global-e, Film Matters y el Santiago Times. 

[Foto: Wikimedia Commons - reproducido en www.jacobinlat.com]