El Estado de Judea contra Israel

El 27 de octubre, los electores israelíes acudirán a las urnas para renovar su Parlamento. Más allá de la cuestión del futuro político del primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu, en estos comicios está en juego la confirmación, o no, del auge del sionismo religioso. Partidaria de la anexión de los territorios palestinos, esta corriente contribuye a una polarización extrema de la sociedad. 

KHALEDHOURANI. — Rolling Pin (‘rodillo de amasar’), 2026

Escrito por Ilan Pappé

(LE MONDE DIPLOMATIQUE)

La puesta en práctica del proyecto sionista se prolongó durante décadas antes del nacimiento de Israel. La situación actual debe plantear interrogantes sobre el futuro de este Estado, al menos en su forma actual. Sin tratar de suscitar temores ni formular profecías. Su posible derrumbe no sería cosa de un día. Pero una grieta de gran tamaño socava sus cimientos: el creciente poder de lo que conviene llamar el Estado de Judea, por oposición al Estado de Israel. Dicho de otro modo: la incontenible aparición de un movimiento que fusiona sionismo religioso y judaísmo ortodoxo, y cuyos partidarios aspiran a un Estado teocrático. Una forma de sionismo racista y supremacista moldea su proyecto radical de creación de un “Gran Israel” extendido a toda la Palestina histórica. Si esta fuerza política se convirtiera en hegemónica, la situación de los palestinos empeoraría aún más, pero también la padecerían los ciudadanos judíos deseosos de vivir en un Estado liberal, democrático y pluralista. 

Al buscar el núcleo ideológico del Estado de Judea, nos encontramos con los colonos religiosos de Cisjordania, muchos de ellos discípulos de los rabinos Kook, padre e hijo. El padre, Abraham Isaac Kook (1865-1935), nacido en Letonia, en el Imperio ruso, fue el fundador del sionismo religioso. En 1904, tras llegar a Palestina, se convirtió en la principal figura rabínica que cuestionaba el punto de vista judío ortodoxo, según el cual el sionismo es un intento desde el laicismo de interferir con la voluntad de Dios, incapaz, por consiguiente, de recabar el apoyo de los judíos practicantes (1). Kook se ganó el favor de una parte de la comunidad ortodoxa. Su principal legado para la causa fue el centro de estudios Merkaz HaRav (“Centro del Rabino”), hogar de la forma más extrema del sionismo: una mezcla de ideas mesiánicas, racismo descarado hacia los palestinos y desprecio por el judaísmo reformista y laico. 

Su hijo, Zvi Yehuda Kook (1891-1982), fue, por su parte, el padre espiritual del movimiento mesiánico Gush Emunim, fundado en 1974. Tras la victoria de 1967 sobre los ejércitos árabes, este “Bloque de los Creyentes” judaizó la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza. Con el paso de los años, fue abandonando los márgenes del sistema político israelí hasta alojarse en su centro. Kook hijo defendió durante toda su vida la colonización, a la que consideraba un imperativo religioso destinado a acelerar la redención del pueblo judío. Su voz quedó acaso un tanto ahogada entre 1967 y 1977, cuando ocupó el poder un Partido Laborista que también se mostraba inclinado a la judaización, en especial en las regiones palestinas rurales, que son también las de menor densidad poblacional. Pero los discípulos de Kook no se conformaban con algo así: querían implantarse en las ciudades bíblicas de Cisjordania, donde por entonces vivía gran número de palestinos. 

El “precio a pagar” 

Pero una política de Estado acabó por reunir a las dos ramas favorables al acaparamiento de Cisjordania —una basada en consideraciones de seguridad y otra impulsada por las aspiraciones religiosas de Gush Emunim— cuando, en 1977, el Likud llegó al poder y Menájem Beguín ocupó el cargo de primer ministro. Durante este primer gobierno de derechas de la historia de Israel, Kook hijo se impuso como líder ideológico de los judíos que colonizaban grandes áreas de Cisjordania, construyendo sus puestos avanzados en el corazón de regiones densamente pobladas por palestinos. Estos colonizadores consideraban que esta colonización agresiva habría de acelerar la “desarabización” de Cisjordania al volver más difícil el acceso de los habitantes palestinos a recursos esenciales como la tierra, el agua e incluso el empleo. 

Esta estrategia despiadada se pone en práctica día tras día bajo la atenta mirada del Ejército israelí, cuando no con su ayuda. Los palestinos sufren un acoso continuo. A veces los colonos los hieren o matan. Y aunque los sucesivos Gobiernos israelíes condenan formalmente la violencia y fingen ignorar lo que sucede sobre el terreno, las fuerzas armadas destacadas en Cisjordania apoyan a los colonos religiosos que, en sustitución de sus dirigentes, están creando una nueva realidad: la de un Israel ampliado. 

Desde su punto de vista, sus agresiones equivalen a una especie de represalia, el “precio a pagar” (tag meir) por quienes se oponen a la empresa de colonización. Lo más frecuente es, sin embargo, que se trate de ataques no provocados y de gran violencia contra poblaciones, granjas, vehículos, comercios o campos propiedad de palestinos. La presencia en el Gobierno actual de dos partidos favorables a los colonos —Otzma Yehudit (Fuerza Judía) y HaTzionout HaDatit (Partido Sionista Religioso)— consolida esta política. Sus representantes respectivos, Itamar Ben-Gvir (ministro de Seguridad Nacional) y Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas), han tenido un papel determinante en la actual etapa de aterradores ataques contra los palestinos de Cisjordania, que se han cobrado más de mil vidas desde octubre de 2023. 

Para los partidarios del Estado de Judea, será una teocracia la que habrá de concluir la tarea que el sionismo laico no ha sabido llevar a buen puerto: la destrucción del pueblo palestino y la creación de un “Gran Israel” tal y como se describiría en las Sagradas Escrituras, lo que significa, dicho en plata, la anexión de territorios vecinos. Cierto es que los sionistas laicos realizaron el trabajo sucio de crear el Estado de Israel —una empresa de varias décadas iniciada en 1882, cuando los primeros colonos sionistas llegaron a Jaffa—, pero ahí acaba su misión histórica. Los judíos religiosos consideran que a ellos les corresponde ahora convertir su antigua tierra en un verdadero Estado judío. 

Pero no es eso lo que agrieta los cimientos del Estado de Israel: la mayoría de judíos laicos se aviene con esta transformación a costa de los palestinos y, en cuestión de territorios, en detrimento de sus vecinos árabes, sobre todo libaneses y sirios. El verdadero problema atañe a la hostilidad que manifiestan hacia los judíos laicos las fuerzas que defienden el Estado de Judea. Más tarde o más temprano, esa hostilidad acabará por socavar lo que reúne y aglutina a la sociedad israelí. Y la confrontación ya se ha hecho presente. 

El Estado de Judea ganó las elecciones legislativas de noviembre de 2022 y formó un gobierno de coalición gracias a una estrecha mayoría de 64 diputados sobre 120 en la Knéset. Su primera decisión fue modificar, en enero de 2023, el sistema judicial del país con el fin de conformarlo a su ideología y su visión, al permitir al Gobierno nombrar a los jueces y restringir los poderes del Tribunal Supremo para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes votadas en el Parlamento. Esta decisión acrecentó las tensiones entre ambos bandos y llevó a que se organizaran manifestaciones de laicos de unas dimensiones sin precedentes y cada vez más masivas hasta los ataques del 7 de octubre de 2023 (2). El pulso reveló el alcance de la división entre ambos bandos. Se trata, de hecho, de una lucha existencial entre dos proyectos antagónicos, un duelo a muerte sobre la propia vocación del Estado fundado en 1948. 

Los laico-liberales abandonan el país 

De momento, únicamente el temor a la desaparición de Israel obliga a ambas partes a no renunciar a su solidaridad mutua de forma definitiva. Su denominador común sigue siendo la perpetuación de un sistema que deshumaniza a los palestinos y niega sus derechos civiles y humanos fundamentales. Sabemos cómo considera a los palestinos el Estado de Judea. Pero la consideración que merecen al Estado de Israel apenas es mejor porque, aunque laico, está compuesto, sobre todo, por descendientes de judíos europeos que desean contar con los beneficios de una democracia liberal, pero que no han dejado de asentar su poder en la subordinación de los palestinos. No puede proponerles nada que no se limite a la retirada de las colonias en ciertas partes de la Cisjordania ocupada y el levantamiento de algunas de las restricciones impuestas a los habitantes de la Franja de Gaza. Su visión actual del Estado judío no pone en tela de juicio las bases del régimen de apartheid en el que se ha convertido Israel.

KHALEDHOURANI. — Motherhood Statue (‘estatua de la maternidad'), 2026

Por lo que respecta al Estado de Judea, de momento se conforma con la favorable posición que ocupa en el tablero político. Pero, cuanto más terreno gana en el plano electoral, mayor es la amenaza sobre Israel, ya que la élite tecnológica y financiera sobre la que reposa la prosperidad del Estado pertenece en su mayoría al bando laico. Si acaba abandonando el país, la economía y la cohesión social saldrán perjudicadas. Ahora bien, desde el 7 de octubre de 2023, se calcula que ha emigrado más de medio millón de miembros del bando laico-liberal. Esto último abre la puerta a nuevos triunfos electorales de un Estado de Judea que no dispone de la capacidad económica ni militar, ni siquiera del sentido de la estrategia, necesarias para la supervivencia de Israel. 

Y esta perspectiva resulta tanto más inquietante cuanto que las instituciones del país ya están muy debilitadas. Más de una década antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel ya estaba en crisis. En diciembre de 2010, un incendio forestal asoló durante más de tres días el monte Carmelo y causó la muerte de cuarenta y cuatro personas. La gravedad de la situación era tal que el Gobierno de Benjamín Netanyahu recurrió a la ayuda extranjera, en particular a la de Grecia, Italia, Rusia y Turquía (3), para sofocar el incendio. Esta petición de auxilio provocó el estupor de los observadores internacionales, que esperaban que un país que ha vivido varias guerras en su historia reciente dispusiera de material adecuado para combatir el fuego. Más recientemente, en abril de 2021, la avalancha humana durante la peregrinación al monte Merón, en el norte del país, que dejó cuarenta y cinco muertos y cerca de ciento cincuenta heridos, constituye otro ejemplo de la impericia de las autoridades. Y ello a pesar de que se habían lanzado numerosas advertencias sobre el peligro que podían entrañar grandes movimientos de multitudes en un lugar tan estrecho. En marzo de 2024, una comisión de investigación calificó la tragedia de “desastre que podría haberse evitado” y señaló directamente la responsabilidad del primer ministro (4). 

“¿Dónde está el Estado?”. Esa es la pregunta que muchas personas se hacen en Israel, incluidos los ciudadanos árabes, que desde hace varios años afrontan una oleada de asesinatos vinculados al crimen organizado (5). Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, esta pregunta adquirió una nueva relevancia debido a las pérdidas humanas, hasta entonces inimaginables, sufridas por el país. Ni el Gobierno ni los servicios públicos en su conjunto parecieron capaces de responder a los miles de personas que necesitaban ayuda durante los enfrentamientos y después de ellos. Decenas de miles de habitantes de las zonas fronterizas con el Líbano y Gaza tuvieron que ser evacuados, y el Gobierno no disponía de un plan concreto para su alojamiento, su escolarización o su empleo a largo plazo. Las autoridades hicieron, además, todo lo posible para que estos desplazados regresaran a sus hogares cuanto antes. Si bien el 90% lo hizo, el futuro sigue siendo incierto para el 10% restante, en su mayoría supervivientes de los kibutz casi completamente destruidos durante los enfrentamientos. Las autoridades siguen mostrándose reacias a continuar financiando su realojamiento en otras regiones. Algunas de las personas evacuadas de la región fronteriza con el Líbano descubrieron con estupor hasta qué punto Israel había desatendido a sus comunidades durante décadas. Una de ellas lo relataba así en el diario Haaretz: “Nos han abandonado, desatendido, olvidado. […] Durante años éramos invisibles, nos las arreglábamos con casi nada y, de repente, descubrimos otro Israel: un Israel donde los servicios sanitarios son accesibles, donde hay cultura, transporte público” (6). 

¿Por qué Israel, que no deja de recordar a quien quiera escucharlo los peligros que representan sus vecinos y que solicita regularmente una cuantiosa ayuda militar, estaba tan poco preparado para los desafíos logísticos que traen consigo las guerras? ¿Por qué no existía un plan de evacuación de las zonas fronterizas? La explicación reside en una función pública sometida al sistema político, en la que los nombramientos premian las muestras de lealtad, bajo la supervisión de ministros para quienes la retórica prima sobre todo lo demás, en particular sobre la aplicación concreta de las políticas. Por supuesto, las deficiencias de la función pública no constituyen necesariamente una grieta en los cimientos del país: reformas y cambios en la Administración podrían mejorar la situación. Sin embargo, mientras el Estado de Judea siga en el poder, es muy improbable que sitúe la infraestructura pública entre sus prioridades, lo que no puede sino agravar la disgregación social.

 

(1) Véase Anne Waeles, “‘Dios no existe, pero él nos dio esta tierra’”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2024.

(2) Véase Charles Enderlin, “Golpe de Estado identitario en Israel”, Le Monde diplomatique en español, febrero de 2023.

(3) “Israel accepts foreign aid in tackling deadly forest fire”, France 24, 4 de diciembre de 2010, www.france24.com

(4) “Israël: une enquête pointe la ‘responsabilité’ de Netanyahou dans une bousculade mortelle en 2021”, RFI, 6 de marzo de 2024, www.rfi.fr

(5) Majd Kayyal, “Israël. Le crime organisé gangrène la société palestinienne de l’intérieur”, 19 de mayo de 2026, https://orientxxi.info

(6) Shlomit Tsur, “‘We suddenly discovered another Israel’: Why these war evacuees chose not to return home”, Haaretz, Tel Aviv, 22 de octubre de 2024.

(7) Véase Anne Waeles, “‘Dios no existe, pero él nos dio esta tierra’”, Le Monde diplomatique en español, abril de 2024.

(8) Véase Charles Enderlin, “Golpe de Estado identitario en Israel”, Le Monde diplomatique en español, febrero de 2023.

(9) “Israel accepts foreign aid in tackling deadly forest fire”, France 24, 4 de diciembre de 2010, www.france24.com

(10) “Israël: une enquête pointe la ‘responsabilité’ de Netanyahou dans une bousculade mortelle en 2021”, RFI, 6 de marzo de 2024, www.rfi.fr

(11) Majd Kayyal, “Israël. Le crime organisé gangrène la société palestinienne de l’intérieur”, 19 de mayo de 2026, https://orientxxi.info

(12) Shlomit Tsur, “‘We suddenly discovered another Israel’: Why these war evacuees chose not to return home”, Haaretz, Tel Aviv, 22 de octubre de 2024. 

Ilan Pappé. Profesor de historia en la Universidad de Exeter. Autor de La Chute d’Israël. Pour la décolonisation et la coexistence (La Fabrique, París, octubre de 2026) y Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina (Capitán Swing, Madrid, 2025), entre otros ensayos. 

 

[Reproducido en www.gerardodelval.com]

Port du voile : Jean-Luc Mélenchon dit avoir « changé d’avis » et parle d’une « erreur terrible »

Jean-Luc Mélenchon a reconnu avoir profondément revu sa position sur le port du voile islamique. Devant des militants de La France insoumise réunis dans la capitale, le candidat à l’élection présidentielle a jugé que son opposition passée relevait d’une « erreur terrible ». 

Écrit par Léandre Genet

Cette prise de parole intervient dans le sillage de la proposition du Rassemblement national de pénaliser le port du voile dans l’espace public. Le sujet, récurrent dans le débat politique français, oppose des conceptions divergentes de la laïcité, des libertés individuelles et de l’émancipation des femmes.

Un mea culpa devant les militants insoumis

Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu’il ne partageait pas, auparavant, l’approche qu’il défend aujourd’hui. « Il y avait un temps aussi, je n’étais pas d’accord avec cette histoire de voile, je n’avais pas compris », a-t-il déclaré lors de cette conférence parisienne.

Le fondateur de La France insoumise a attribué cette évolution à ses échanges avec des femmes aux parcours et aux convictions différents. « Mais j’ai rencontré des femmes qui portaient le voile ou des femmes très croyantes et qui ne portaient pas le voile, et des femmes qui n’étaient pas croyantes mais qui disaient chacun “fait comme il veut”. Et on en a parlé (…) et j’ai été convaincu. Je me suis dit que j’ai fait une erreur terrible », a-t-il poursuivi.

Ces déclarations constituent une clarification publique de sa position, alors que les débats sur le voile occupent à nouveau une place importante dans la séquence politique précédant l’élection présidentielle. Elles visent aussi à inscrire son discours dans une défense de la liberté de choix des personnes concernées.

🔴ARCHIVE | Quand Jean-Luc Mélenchon qualifiait le voile des femmes musulmanes de « chiffon sur la tête », sur le plateau de Léa Salamé (2017). pic.twitter.com/lM84rC5p3f

— French Report (@french_report78) April 13, 2026

 

Une évolution qui tranche avec ses propos passés

Le changement revendiqué par Jean-Luc Mélenchon contraste avec plusieurs déclarations antérieures. En 2010, il qualifiait le voile de « signe de soumission patriarcale ». Sept ans plus tard, en 2017, il employait l’expression « chiffon sur la tête ».

Ces prises de position avaient nourri les critiques de responsables et d’intellectuels attachés à une lecture stricte de la laïcité. Pour eux, le voile ne peut être dissocié des rapports de domination pouvant peser sur certaines femmes, même lorsque celles-ci affirment le porter volontairement.

À l’inverse, les défenseurs d’une approche centrée sur les libertés individuelles soulignent que la laïcité française encadre les relations entre les institutions publiques et les cultes, sans imposer une neutralité religieuse générale aux citoyens dans l’espace public. Jean-Luc Mélenchon s’inscrit désormais dans cette seconde lecture, en mettant en avant l’écoute des premières concernées.

Le débat relancé par la proposition du RN

La déclaration du candidat insoumis survient après l’annonce d’une proposition du Rassemblement national visant à sanctionner le port du voile islamique dans l’espace public. Le parti défend cette orientation au nom de la lutte contre l’islamisme et de la protection des femmes.

Le gouvernement a également émis des réserves sur la constitutionnalité et l’applicabilité d’une telle mesure. La question touche en effet à plusieurs principes juridiques, dont la liberté de conscience, la liberté religieuse et l’égalité devant la loi.

Jean-Luc Mélenchon avait déjà dénoncé cette proposition, estimant que « la laïcité est une loi de liberté et d’unité du peuple » et que « le voile, la kippa, les crucifix sont des choix libres dans l’espace public ». Son mea culpa sur ses déclarations passées donne désormais une dimension personnelle à cette ligne politique.

Une séquence révélatrice des clivages

Au-delà du parcours de Jean-Luc Mélenchon, cette séquence illustre la persistance d’un désaccord de fond dans le débat public. Certaines voix considèrent que le voile renvoie à une norme religieuse susceptible de limiter l’autonomie des femmes. D’autres refusent que l’État ou les responsables politiques définissent à leur place ce qu’elles peuvent porter dans la rue.

Le candidat de LFI affirme avoir modifié son analyse au contact de femmes voilées, croyantes non voilées et non croyantes. Son intervention ne mettra probablement pas fin aux divergences, mais elle acte sans ambiguïté une rupture avec ses formules antérieures.

À moins d’un an de la présidentielle, le voile demeure ainsi un sujet à la fois politique, juridique et social. Les positions exprimées cette semaine montrent qu’il continuera de structurer une partie des oppositions entre les candidats, autour de la définition de la laïcité et de la place des signes religieux dans l’espace public.

[Photo: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images - source : www.epochtimes.fr]

Autonomie de la Corse : jusqu’où ira la rupture avec l’égalité devant la loi ?

« Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d’habitants sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français ». Lors de la nuit du 4 août 1789, les députés des États Généraux abolissent officiellement les privilèges et unifient les conditions juridiques du royaume. Le programme de la Révolution ne souffre alors d’aucune ambiguïté : la rupture avec la société d’ordres passe par l’égalité, non seulement des individus mais aussi des territoires devant la loi. Deux siècles plus tard, flotterait-il un parfum d’Ancien Régime au Palais Bourbon ? Le 23 juin, la majorité des députés vient d’y proclamer l’existence d’une « communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle ayant développé un lien singulier à la terre corse » et de s’exprimer en faveur de l’autonomie politique de celle-ci. S’il venait à être définitivement adopté par les parlementaires à l’automne, ce retour en arrière serait lourd de conséquences. 

Écrit par Simon Férelloc

Le 21 mars 2022, le militant nationaliste corse Yvan Colonna meurt après son agression par un codétenu à la prison d’Arles¹. S’ensuivent d’importantes manifestations de soutien à l’homme condamné pour l’assassinat du préfet Claude Érignac, commis à Ajaccio en 1998. Dans les principales villes corses, des milliers de sympathisants nationalistes défilent derrière des pancartes indiquant Statu francese assassinu (« État français assassin »), occasionnant des face-à-face violents avec les forces de l’ordre.

De son côté, la collectivité territoriale de Corse, présidée par l’autonomiste Gilles Simeoni, demande des comptes et fait mettre ses drapeaux en berne en hommage à Colonna (dont Simeoni fut l’un des avocats). Nullement échaudé par cette attitude, le gouvernement français engage alors des négociations entre la majorité nationaliste de l’Assemblée de Corse et le ministère de l’Intérieur. Ce « processus de Beauveau » aboutit à un projet de loi constitutionnelle qui prévoit un statut d’autonomie pour la Corse, assorti d’un pouvoir normatif dont les contours demeurent inconnus, et qui devront être fixés a posteriori par une loi organique. Consulté, le Conseil d’État a pointé le risque de produire ainsi une discrimination entre les citoyens français. Ces remarques n’ont pas empêché le gouvernement de soumettre son projet aux députés en début de semaine. L’examen et le vote du texte qui ont suivi entretiennent un brouillard politique et juridique qu’il convient de dissiper.

À qui profite l’autonomie ?

Les promoteurs de l’autonomie y voient un geste de démocratie où l’on rend enfin le pouvoir aux Corses, comme une façon de réparer une fracture vieille de plusieurs siècles. L’intention paraît difficile à contester ; qui plaiderait pour un pouvoir plus lointain, plus sourd, plus hors-sol ? Or la belle mécanique du « pouvoir rendu au peuple » se grippe sur une question que l’on se garde bien de poser : rendu à qui ? Car si le texte est soutenu par la collectivité de Corse (où l’on constate une surreprésentation des indépendants et des intérêts liés à la rente parmi les élus), on en conclut trop rapidement qu’il le serait aussi par leurs électeurs.

Au sein même du personnel politique insulaire, les voix discordantes ne manquent pas. Le communiste Dominique Bucchini (ancien président de l’Assemblée de Corse, décédé en début d’année) redoutait que l’autonomie n’accouche d’« un roi de Corse ». Le député François-Xavier Ceccoli (Les Républicains, Haute-Corse) dénonce, lui, l’absence des Corses d’un débat confisqué, et leur abandon à « un pouvoir local dont la boulimie de compétences n’est plus à démontrer ».

Faut-il en déduire que les Corses récusent l’État ? Si une partie de l’électorat regarde l’autonomie avec bienveillance, on peut penser que c’est moins par adhésion de principe que par défiance accumulée envers l’État et les élus. Cette défiance ne tombe pas du ciel : elle est le produit sédimenté de décennies de politiques publiques – actes successifs de la décentralisation, stagnation des salaires, coût de la vie insulaire et surtout de la condamnation judiciaire de l’ancien président du conseil exécutif, Paul Giacobbi (DVG). Ce dernier élément ayant achevé le centre-gauche régional en 2017, et favorisé l’alternance au profit des nationalistes, davantage sur fond de dénonciation du clanisme que de blanc-seing pour l’autonomie. La dernière consultation sur le sujet organisée en 2003, a d’ailleurs vu les Corses rejeter le projet de réforme institutionnelle ; verdict contourné depuis, à coups de loi NOTRe et de collectivité unique.

Le nationalisme parvenu au pouvoir a-t-il seulement rompu avec le clientélisme qu’il dénonçait ?

Au niveau national, le texte est ardemment soutenu par plusieurs groupes. D’abord par des députés autonomistes ou régionalistes comme le Morbihannais Paul Molac (membre du groupe LIOT), qui se vivent en défenseurs des intérêts particuliers de leurs « territoires » spécifiques. Ensuite, par les notables centristes plus à l’aise dans la « gouvernance » des « territoires » que dans la défense de la souveraineté nationale. Enfin, par une partie importante de la gauche : écologistes constants dans leur opposition tous azimuts à l’État central, socialistes dont le centre de gravité – faute de poids national – s’est déplacé vers des élus locaux volontiers fédéralistes, prompts à réclamer demain pour la Bretagne ou l’Occitanie ce qu’on accorde aujourd’hui à la Corse².

La volte-face la plus spectaculaire revient à La France insoumise. « Il y a vingt ans, le responsable politique que j’étais n’aurait pas voté ce texte », confesse Éric Coquerel qui justifie son virage à 180 degrés par le vote des Corses en faveur des nationalistes, dont il reprend à son compte la dénonciation des « pratiques coloniales » de l’État dans l’île. Et Coquerel d’appeler de ses vœux une République « qui commence par garantir les mêmes droits et les mêmes progrès à toutes les citoyennes et à tous les citoyens, où qu’ils soient » tout en votant l’exact contraire. Une minorité de francs-tireurs refuse ce tournant : au sein du groupe insoumis, deux députés ont enfreint la consigne de vote. Le groupe communiste s’est quant à lui divisé avec 6 voix pour, 6 contre et deux abstentions³.

L’ombre de la mafia et du clientélisme 

À ces questions institutionnelles s’ajoute l’angle mort du projet : la question de la mafia. Le mot dérange au point qu’on lui préférait, jusqu’à récemment, les « dérives » et les « pressions ». C’est dans ce cadre-là qu’on choisit de transférer le pouvoir normatif et de desserrer la tutelle de l’État. Il n’est pas seulement question de rapprocher la décision des citoyens : l’autonomie, c’est surtout la rapprocher de ceux qui, sur le terrain, ont fait métier de capter le pouvoir. L’alerte ne vient pas de Paris mais du camp nationaliste lui-même. Le collectif Massimu Susini – du nom de ce militant nationaliste abattu en 2019 près de Cargèse, devenu une figure de l’antimafia insulaire – établit une corrélation directe entre les vagues de décentralisation et l’essor de la mafia à partir des années 1990. Ce même collectif soupçonne aujourd’hui les réseaux criminels de faire profil bas, de jouer la discrétion pour ne pas troubler le processus d’autonomie en cours. 

Car ce système, en Corse, intégré et vertical, voit une « bourgeoisie mafieuse » (selon les mots d’Umberto Santino) capter les positions de pouvoir et la commande publique, adossée à une base populaire et à la menace. Son vecteur ne se limite pas aux marges mais également à l’économie légale. Celle-ci s’infiltre par les interstices d’un cadre institutionnel « troué » : contrôle de légalité défaillant, administration fiscale sans interlocuteurs, collectivités locales dépourvues d’expertise, omerta. Or les deux domaines où elle prospère, c’est-à-dire le foncier et les marchés publics, sont précisément ceux que l’autonomie remettrait davantage entre les mains de l’échelon local. Enfin, la proximité sociale et professionnelle des élus corses avec la rente insulaire n’est pas là pour rassurer. Car le nationalisme parvenu au pouvoir a-t-il seulement rompu avec le clientélisme qu’il dénonçait ? L’affaire de la fibre – ce marché public, le plus gros de l’île, attribué à SFR sur fond de soupçons de favoritisme – appelle à la prudence.

Le constitutionnaliste Benjamin Morel rappelle qu’il n’existe que deux cas de distinctions entre les citoyens dans l’histoire du droit français contemporain : la colonisation et le régime de Vichy.

On objectera aux sceptiques que le projet « prévoit » des garde-fous : à la charge du futur exécutif autonome d’améliorer le dialogue des collectivités locales avec les services déconcentrés de l’Etat (c’est-à-dire notamment les préfets) pour faire émerger ces dispositifs ainsi que leur bon fonctionnement – chose qui est déjà fort difficile avec l’existant. On aboutit à ce paradoxe qui devrait questionner les partisans autonomistes : pour conjurer le risque mafieux qu’elle décuple, l’autonomie réclamerait une présence étatique toujours plus importante – plus d’inspecteurs, de magistrats, d’expertise, à l’instant même où son principe est d’en desserrer le poids.

La Corse, miroir grossissant de problèmes nationaux

La structure économique de la Corse repose en grande partie sur le tourisme, le BTP et l’emploi public. L’insularité complique la diversification de l’activité vers d’autres secteurs qui pourraient diminuer l’emprise de la spéculation financière et de l’affairisme. Pour autant, la plupart des difficultés de l’île ne sont pas spécifiques à la Corse. Elles ont pour cause la poursuite, au niveau national, d’une politique favorable aux rentiers. L’accroissement du taux de résidences secondaires et la captation de la propriété foncière par des acheteurs extra-régionaux touchent la majorité des façades atlantique et méditerranéenne ainsi que les massifs alpins et pyrénéens. Ces difficultés communes poussent paradoxalement les collectivités concernées à mettre en avant leurs particularismes. Pourtant, le fait de porter ensemble les revendications de « vivre et travailler au pays » à Paris leur offrirait bien davantage de marges de manœuvre.

La Corse souffre-t-elle réellement d’un excès de centralisation ? Il faut rappeler les mesures déjà consenties par les gouvernements successifs, qui ont déjà affaibli les prérogatives de l’État, via notamment la suppression de l’Assistance Technique de l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) en 2014. Le « mille-feuilles » territorial laisse de son côté le sentiment d’un État hors-sol et impotent, auquel il est tentant de vouloir échapper.

En ouvrant la marche vers l’autonomie, la Corse favorise l’étiolement la solidarité interrégionale dont elle est pourtant bénéficiaire.

De plus, le faible nombre d’actifs financiers et la marginalisation économique de la Corse la rendent dépendante de la péréquation, c’est-à-dire des transferts fiscaux opérés depuis l’État central pour atténuer la disparité des ressources entre les collectivités. Certaines revendications autonomistes, comme celle de la prospère Alsace, sont justement motivées par la volonté de s’y soustraire, en l’occurrence en se désolidarisant du reste du Grand Est. Ainsi, en ouvrant la marche vers l’autonomie, la Corse favorise l’étiolement la solidarité interrégionale dont elle est pourtant bénéficiaire.

Différenciation et régression sociale

Au cours du débat parlementaire, les députés insoumis ont tenté d’adjoindre au projet une clause de « non-régression ». L’une des visées de celle-ci était d’empêcher la communauté autonome de voter des textes qui marquerait un recul des normes environnementales et des droits sociaux par rapport à la législation nationale. Le rapporteur du projet, Florent Boudié (majorité présidentielle) a explicitement rejeté ce principe. Son refus ouvre la porte à une législation moins-disante de la Corse par rapport aux autres collectivités françaises et donc à une mise en concurrence des différentes régions entre elles.

Les défenseurs du projet justifient cette différenciation par la nécessaire prise en compte des spécificités territoriales. Le député Pierre Cazeneuve (majorité) explique que « personne ne peut croire que le même code de l’urbanisme [puisse] s’appliquer à Rueil-Malmaison et à Ajaccio ». Argument irréfutable, donc spécieux : S’il faut un code de l’urbanisme par ville, alors il faut un code du travail par entreprise et un code civil par habitant. De ce jeu dangereux, il pourrait résulter une appartenance sociale territorialisée qui alimenterait des dynamiques de sécession sur les modèles catalan ou flamand. 

Par ailleurs, si l’autonomie fait office de trophée symbolique pour les mouvements nationalistes corses, elle correspond aussi aux intérêts du gouvernement français auquel elle offre une diversion bienvenue. La focalisation des débats autour de l’avenir institutionnel de l’île permet d’éviter la question du manque d’investissements et de l’incapacité, à la fois du personnel nationaliste mais surtout de l’État, à proposer à la jeunesse un autre avenir que celui de travailler dans le tourisme ou au service de la collectivité territoriale. Elle interdit aussi le débat sur l’aptitude de la loi républicaine à prendre en charge les particularités régionales alors que l’existence de lois spécifiques à certains espaces géographiques, comme la « loi montagne » ou la « loi littoral », votées dès les années 1980, constituent des pistes prometteuses.

La discrimination inscrite dans la Constitution ?

Mais le projet constitutionnel n’ouvre pas seulement la boîte de Pandore d’un creusement des inégalités socio-économiques entre régions. En décrétant une spécificité « culturelle, historique et linguistique » des Corses, le projet induit une supériorité de ceux-ci par rapport aux autres Français qui en seraient dépourvus. Le constitutionnaliste Benjamin Morel rappelle qu’il n’existe que deux cas de distinctions entre les citoyens dans l’histoire du droit français contemporain : la colonisation et le régime de Vichy. Deux précédents qui auraient pu inciter les rédacteurs du projet à la prudence.

Le tiers-mondisme a fait son temps ; ce qui affleure, sous le folklore nationaliste, est d’une autre espèce.

Selon les promoteurs du texte, cette spécificité des Corses se justifie par la reconnaissance d’un « lien singulier à la terre » qui les caractériserait. La formule met la gauche – qui a en mémoire le mot de Philippe Pétain selon lequel « la terre ne ment pas » – mal à l’aise. Elle a donc souhaité alors circonscrire la spécificité corse à des considérations géographiques plus neutres comme son insularité et son relief montagneux. Pour indéniables qu’elles soient, ces caractéristiques n’ont rien de propre à la Corse. Reste donc seulement l’étrange argument de ce lien singulier, impalpable, presque mystique qui lient la terre corse aux Corses « historiques » et « linguistiques ». Ce droit exclusif de la population corse à « sa terre » ne peut que s’ériger contre deux principes cardinaux de la constitution française : le droit du sol et l’égalité entre citoyens.

Cette possibilité a été comprise par le Rassemblement National, désireux d’utiliser ce projet comme un cheval de Troie pour inscrire dans le texte la « priorité régionale », première étape de la « préférence nationale ». À l’inverse, l’amendement insoumis de « non-régression » cherchait aussi à conjurer ce risque en explicitant l’égalité de traitement entre tous les individus vivant sur l’île. La modification a suscité l’ire du RN mais aussi des nationalistes à l’initiative du projet. Ainsi, le député de Haute-Corse Michel Castellani a immédiatement attaqué l’amendement insoumis qu’il jugeait dangereux car « [supprimant] de fait toute raison que nous pouvons avoir nous en Corse d’avoir une priorité ». Pragmatiques, les partisans de Gilles Simeoni ont choisi d’entretenir le flou pour obtenir le soutien du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Si la clause d’égalité est bien inscrite dans le texte final, ce n’est que sous la forme d’une mention non-contraignante qui lui fait perdre son rôle de garde-fou et ne permet d’écarter aucun des risques évoqués⁴. 

De manière générale, le choix des nationalistes de fétichiser des symboles identitaires au détriment des questions économiques interroge. Il existe des instruments plus concrets pour lutter contre les crises sociales qui frappent la Corse, notamment celle du logement. Plutôt que de mettre en place des formes de préférence régionale pour l’accès à celui-ci (le « statut de résident »), il paraît possible d’envisager des dispositifs à la fois non-discriminatoires et plus contraignants pour le marché de l’immobilier. Par exemple, l’instauration de quotas de résidences secondaires permettrait d’en limiter le nombre, d’accroître l’offre disponible et de redonner vie à certaines communes (pas seulement corses) habitées à l’année par seulement la moitié, voire le quart de leur population. Il serait également possible d’encadrer les prix des loyers, voire d’achat des résidences principales. Outre leur efficacité accrue, toutes ces mesures ont l’avantage de ne pas oublier que la spéculation n’est pas simplement une intervention extérieure aux territoires sur lesquels elle s’exerce. Elle est aussi parfois pratiquée par certains locaux. 

Du « tiers-mondisme » à l’identitarisme ? 

Plus discrète ces dernières années, la rhétorique « anti-coloniale » demeure centrale dans l’idéologie nationaliste corse car elle seule lui permet de justifier la reconnaissance d’un peuple spécifique, ainsi que de droits et d’institutions qui lui seraient associés. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, c’est au nom de l’autochtonie du peuple kanak que la République reconnaît celui-ci en tant que peuple, dont elle intègre le droit coutumier dans son fonctionnement législatif et institutionnel. Mais cette reconnaissance, qui vaut dans le contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie – un territoire considéré internationalement comme étant en voie de décolonisation – ne peut s’appliquer à la Corse.

Malgré le parallèle établi par les nationalistes entre les situations corses et kanaks (et que l’on retrouve dans la volonté de faire reconnaître « le lien singulier [des Corses] à la terre », élément sémantique associé à la notion d’autochtonie), l’île de Beauté n’a jamais été une colonie française. La Corse et ses habitants participent à la construction politique de la nation depuis la Révolution. Dix ans après celle-ci, un Corse – dont la langue maternelle n‘était pas le français – en devint le Premier consul puis empereur : Napoléon 1er. C’est son régime, et non celui de la République, qui inaugura une centralisation autoritaire de tout le pays. Avant l’actuel projet d’autonomie, aucun statut particulier n’avait jamais prétendu distinguer les Corses du reste des Français.

Le récit nationaliste se rêve continu – de Paoli au FLNC, une même émancipation -, mais sa trajectoire est faite de ruptures. Au sortir de la Grande Guerre, le corsisme d’A Muvra, financé par les industriels locaux puis courtisé par un Mussolini réclamant l’île à la « Mère Patrie », confond l’autonomisme avec le fascisme et fait de Paoli un héraut du Risorgimento italien. La dérive reste minoritaire : la Corse y oppose alors un patriotisme français farouche, du serment de Bastia (1938) au rejet des troupes italiennes débarquées en 1942, en passant par l’organisation de la Résistance par les sections locales du PCF. Il faut l’après-guerre et le FLNC (1976) pour que le combat identitaire, troquant la Mère Patrie italienne contre le logiciel tiers-mondiste, se découvre une grammaire de gauche, anticoloniale ; aux antipodes de son ancêtre bourgeois et fasciste.

Or ce costume-là se défait à son tour. Le tiers-mondisme a fait son temps ; ce qui affleure, sous le folklore nationaliste, est d’une autre espèce. Le discours contemporain s’organise de moins en moins contre l’« impérialisme » en mobilisant l’action terroriste et de plus en plus contre deux figures : le « continental » d’un côté, l’immigré de l’autre, accusés tous les deux de « coloniser » l’île et dont on chercherait à se débarrasser d’une façon légaliste. S’y ajoute une corde que la gauche, ailleurs, dit combattre : la foi catholique érigée en marqueur d’appartenance tout en tenant la laïcité pour suspecte. Derrière le centrisme rassurant de Gilles Simeoni et le vernis anticolonial historique prospère l’identitarisme autrement plus raide de certaines organisations nationalistes comme Core in Fronte ou Mossa Palatina, pour qui la laïcité n’est qu’un cheval de Troie de l’entrisme islamiste. Et c’est ce nationalisme-là, avec toute son ambivalence, que la formule votée le 23 juin vient adosser à la Constitution : une « communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle » dotée d’un « lien singulier à la terre corse ».

Soutenu par Emmanuel Macron et son gouvernement, ce projet d’autonomie compte encore beaucoup d’écueils sur sa trajectoire. Même si le texte remportait d’une courte tête l’adhésion du Sénat en septembre prochain, sa difficile adoption par l’Assemblée nationale (271 voix pour, 202 voix contre, 64 abstentions) laisse présager de son incapacité à réunir une majorité de 3/5 des voix au Congrès, nécessaire pour toute révision constitutionnelle. Malgré son échec probable, le projet de loi autonomiste doit alerter : il témoigne de l’éloignement d’un nombre croissant d’élus à l’égard des principes sur lesquels ont été fondés la République française depuis la Révolution.

Notes :

1 Le prévenu, Franck Elong Abé purgeait alors une peine de prison pour des faits liés au terrorisme islamiste. Si celui-ci a reconnu être l’agresseur d’Yvan Colonna, la question de la motivation de son acte sera au cœur de son procès qui doit s’ouvrir au début de l’année 2027.

2 Plusieurs députés socialistes ont ainsi déposé un amendement ouvrant la porte à la multiplication des statuts particuliers au nom de la prise en compte des « caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres aux territoires concernés »

3 Mentionnons également l’opposition de l’ex-député LFI Alexis Corbière, et d’Emmanuel Maurel (Gauche Républicaine et Socialiste) qui dépose un amendement qualifiant le texte de « prélude au démantèlement de la République française ».

4 La formulation résultante votée par les députés est la suivante : « La loi organique (…) peut porter également sur les modalités de mise en œuvre, par les délibérations de la Collectivité de Corse, d’un principe de non-régression par rapport aux normes nationales, sociales et environnementales en vigueur ». Cité par LCP, « Communauté insulaire, lien singulier à la terre : comment les députés ont modifié le projet de loi sur l’autonomie de la Corse », 18 juin 2026. URL : https://lcp.fr/actualites/communaute-insulaire-lien-singulier-a-la-terre-comment-les-deputes-ont-modifie-le-projet

 

 

[Image: Stephan Agostini afp.com source : www.lvsl.fr]

Le « nouvel Iran » aura un atout majeur : sa diaspora

Dans une tribune au « Monde », les chercheurs Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner estiment que, malgré le poids de leurs divisions idéologiques, les Iraniens de l’extérieur seraient amenés à jouer un rôle déterminant dans la construction du régime qui pourrait émerger au lendemain du conflit en cours.

Écrit par Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner 

S’il faut rester très prudent face au conflit en cours et aux changements éventuels, notamment de régime, dont l’Iran pourrait être le théâtre, il n’est pas interdit de s’interroger sur les contours que pourrait prendre un « nouvel Iran ». 

Or, parmi les nombreux atouts dont dispose ce pays – racines historiques et culturelles fortes, localisation géographique centrale entre divers espaces géopolitiques majeurs, ressources énergétiques et minérales, haut niveau de formation de sa population… –, il en est un souvent négligé par les observateurs : les Iraniens de l’extérieur. Ces derniers, en raison de diverses caractéristiques, pourraient être amenés à jouer un rôle majeur dans la construction d’un Iran post-République islamique.   

La diaspora iranienne, formée par vagues successives depuis 1979, regrouperait entre 4 et 7 millions de personnes ayant fui répression et difficultés économiques. Elle est concentrée essentiellement au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède et en France.

Cette diaspora possède plusieurs caractéristiques. Elle est surtout composée de membres des classes moyennes ou supérieures, souvent laïques et très bien formés. Après le départ d’élites liées à l’ancien régime au moment de la révolution islamique, nous avons assisté à une véritable « fuite des cerveaux ». On ne compte plus les médecins, les ingénieurs, les informaticiens, les techniciens, les scientifiques, les intellectuels, les artistes, les journalistes, les étudiants ou les enseignants qui ont pris le chemin de l’exil.  

Si ces départs ont gravement compromis le potentiel de croissance et de développement du pays, créant un déficit important en capital humain, le niveau d’éducation élevé de ces exilés a facilité leur entrée puis leur intégration dans leurs différents pays d’accueil. Les émigrants d’origine iranienne s’adaptent généralement bien, avec de nombreuses réussites éclatantes. De nombreux Irano-Américains occupent par exemple des positions majeures dans la tech et la finance, à l’image de Pierre Omidyar (fondateur d’eBay) ou Dara Khosrowshahi (PDG d’Uber).  

Ces Iraniens de l’extérieur ne perdent ni leur identité ni leur intérêt pour leur pays d’origine, comme l’ont montré les nombreuses mobilisations ces dernières années lors d’événements sanglants en Iran. La diaspora est certes divisée idéologiquement, entre nationalistes, monarchistes, diverses sensibilités de gauche et même pro-régime islamique, mais elle est aussi très politisée. Les Iraniens de l’extérieur ont exercé sous diverses formes un lobbying dans leur pays d’accueil en faveur du peuple iranien, multiplié les événements médiatiques et culturels. Il existe au moins 120 chaînes de télévision par satellite en persan diffusées par la diaspora iranienne vers l’Iran, sans compter les stations radio en persan, mais aussi les manifestations devant les représentations diplomatiques de la République islamique ou sur Internet – on l’a encore constaté récemment avec les explosions de joie collectives au sein de la diaspora à l’annonce de la mort du guide de la révolution.   

Que pourraient apporter ces Iraniens de l’extérieur à un « nouvel Iran » en construction ? D’abord, l’assistance et l’expertise économiques, financières et aussi technologiques. L’Iran est l’un des rares pays au monde à pouvoir potentiellement compter sur une diaspora possédant une expertise et des compétences de ce niveau dans de très nombreux domaines, sans compter sa puissance financière.  

Même si l’impact direct de ce facteur était limité par les structures économiques contrôlées par le régime islamique, l’Iran bénéficiait déjà, sous ce régime, de milliards de dollars de transferts de fonds annuels vers les familles de ces Iraniens de l’extérieur. On peut penser que les apports, les transferts et surtout les investissements seraient beaucoup plus substantiels en cas de transformation du régime iranien. Des estimations font état de capacités de mobilisations financières de l’ordre de centaines de milliards de dollars. Un rôle proche de celui joué par la diaspora chinoise dans l’ouverture économique entamée par Deng Xiaoping [à la tête du Parti communiste chinois de 1978 à 1997] à la fin des années 1970 pourrait être envisageable en Iran. La diaspora pourrait également jouer un rôle non négligeable dans la modernisation dont le pays et la société iranienne ont besoin dans de nombreux secteurs : médias, santé, infrastructures, environnement, climat, éducation, diversité, pluralisme…  

Enfin, les Iraniens de l’extérieur pourraient aussi faire bénéficier le « nouvel Iran » des liens politiques tissés avec leurs pays de résidence. On compte, par exemple, des parlementaires d’origine iranienne dans de nombreux pays d’accueil où ils vivent. Cela pourrait faciliter le retour de l’Iran sur la scène internationale. Il faut ajouter le rôle plus direct que pourrait jouer le fils du dernier chah, le prince Reza Pahlavi, lui-même iranien de l’extérieur. Malgré un scepticisme de départ chez de nombreux observateurs, sa personne rassemble largement au sein de la diaspora, mais aussi, ce qui est nouveau, au sein de l’espace national. Cette « figure de rassemblement » est la seule qui ait émergé lors des protestations massives en Iran depuis fin 2025. On y a constaté la multiplication des images du drapeau pré-révolutionnaire représentant un lion et un soleil, du slogan « javid shah » – « le chah éternel » –, voire du nom de Reza Pahlavi.  

Ces références symbolisent la volonté de rupture totale d’une grande partie de la population iranienne avec le régime actuel. Dès lors, il n’est pas exclu que Reza Pahlavi puisse jouer un rôle, peut-être transitoire, dans une possible transition politique et la mise en place d’un autre régime en Iran. Sa visibilité et sa crédibilité se sont récemment renforcées à l’international – il a par exemple été reçu et s’est exprimé à la conférence sur la sécurité à Munich à la mi-février, a rencontré Steve Witkoff [l’envoyé spécial de Donald Trump à Moscou] et pourrait être prochainement reçu au Parlement européen. Reza Pahlavi a récemment exprimé son souhait de retourner rapidement en Iran et a déjà présenté en avril 2025 un plan de transition complet, l’Iran Prosperity Project (IPP), visant à la stabilisation du pays, au maintien des services essentiels ainsi qu’à la préparation à la transition vers un Etat laïque et démocratique.

Mohammad-Reza Djalili est professeur émérite à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève (Suisse) ; Thierry Kellner est maître de conférences au département de science politique de l’Université libre de Bruxelles. Ils ont cosigné ensemble plusieurs ouvrages, dont « Histoire de l’Iran contemporain » (La Découverte, 2024).

[Source : www.lemonde.fr]

Laïcité à la française : un grand malentendu ?

Principe juridique de neutralité de l’État, la laïcité a initialement été pensée pour protéger la liberté de conscience. Elle est aujourd’hui fréquemment mobilisée d’une manière qui contredit sa vocation première. Cette transformation n’est ni anodine ni sans effets sociaux et politiques. Comment un outil destiné à garantir la coexistence des libertés est-il devenu un levier de normalisation, ciblant certaines populations plus que d’autres ?  

Selon un rapport du défensur des droits, « malgré des formulations générales, les lois encadrant le port de signes religieux ont entendu viser les femmes musulmanes ».

Écrit par Alain Policar

Chercheur associé en science politique (Cevipof), Sciences Po

Alors qu’elle devait servir à la promotion de valeurs universelles, la laïcité apparaît désormais largement comme une expression nostalgique d’une identité majoritaire. Depuis l’affaire des foulards à Creil (Oise) en 1989, de principe organisant la coexistence des libertés, elle est devenue une valeur censée incarner la civilisation française.  

Ce changement, dont les causes sont multiples, a transformé un outil de paix civile en instrument de contrôle des conduites. En témoignent les votes de nombreuses loi restrictives. Parmi celles-ci, celle du 15 mars 2004 sur l’interdiction des signes religieux ostensibles à l’école, qui rompt avec la recommandation du Conseil d’État, lequel, saisi en 1989 par le ministre de l’Éducation nationale, Lionel Jospin, conditionnait l’interdiction à un comportement perturbateur. Ou encore celle d’août 2021, qui met l’accent sur le soupçon de séparatisme d’une partie de la population désignée par sa foi religieuse, réelle ou supposée.  

Cette évolution est congruente avec le fait qu’un parti d’extrême droite, qui se pose en héraut de la laïcité, et dont le programme repose sur la préférence nationale, occupe désormais une place majeure dans notre vie politique. Pour le Rassemblement national, les bienfaits de l’État-providence ne doivent être destinés qu’au « vrai peuple », le populisme procédant d’une révolte contre le partage des acquis sociaux durement obtenus sur le long terme avec de nouveaux venus, lesquels ne les mériteraient pas.  

La tolérance : une vertu politique  

Dans sa conception moderne, la tolérance est une vertu politique fondamentale : la divergence de la norme est possible au nom de la liberté. C’est ce que souligne l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) selon lequel « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Ce droit sera affirmé plus nettement encore dans la Déclaration universelle de 1948, son exercice n’étant soumis qu’aux limitations légales destinées à assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui. 

La tolérance n’exige évidemment pas que nous renoncions à nos désaccords, mais que nous considérions comme des égaux celles et ceux qui ont des convictions différentes des nôtres. 

Dès lors, l’intolérance consiste à revendiquer une place spécifique pour mes propres valeurs ou pour mon mode de vie et, pour cette raison, à vouloir les protéger jusqu’à limiter, voire supprimer, d’autres valeurs que les miennes, ce qui revient à refuser à celles et ceux qui les défendent le statut de membre à part entière de la société. C’est ce dont rend compte l’ouvrage d’Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin, à propos des musulmans français diplômés, lesquels se trouvent contraints, faute de reconnaissance de leurs compétences, de quitter la France pour des pays plus ouverts à la diversité.  

À l’inverse, la tolérance consistera à insister sur notre appartenance commune à un ensemble social et à reconnaître que les autres ont tout autant que moi le droit de contribuer à en définir les normes.   

Laïcité et islam   

La France est-elle aussi laïque qu’elle le prétend, s’interrogeait déjà le sociologue François Dubet en 1996, « en refusant aux musulmans les droits qu’elle accorde aux autres, en idéalisant son passé républicain, comme si celui-ci ne procédait pas d’une longue tradition chrétienne » ? Et il concluait par cette mise en garde : « La laïcité ne peut être vécue par les musulmans que sous une forme antireligieuse. »   

Ce diagnostic semble confirmé par le rapport 2025 sur les discriminations fondées sur la religion, du défenseur des droits :  

« La très grande majorité des réclamations reçues par le défenseur des droits en matière de discriminations fondées sur la religion concerne la religion musulmane et, en particulier, les femmes musulmanes portant un voile […] Cette surreprésentation traduit la spécificité française du débat sur la religion et la laïcité, qui se focalise sur l’islam et, plus encore, sur ses expressions vestimentaires féminines : voile et abaya à l’école, voile porté par les accompagnatrices scolaires, voile dans le sport, burkini dans les piscines, voire, plus récemment, voile porté par les mineures dans l’espace public. Ainsi, malgré des formulations générales, les lois encadrant le port de signes religieux ont entendu viser les femmes musulmanes. »  

Le rapport précise que, parmi les personnes se déclarant de religion musulmane ou perçues comme telles, 20 % déclarent avoir été « parfois » discriminées en raison de leur religion au cours des cinq dernières années et 14 % avoir « souvent » été discriminées pour ce motif. Notons que, parmi les personnes se déclarant chrétiennes ou perçues comme telles, 3 % déclarent avoir été « parfois » discriminées en raison de leur religion et 1 % l’avoir souvent été.   

État laïc ou société laïque ?   

La tentation de faire de la France non pas un État laïc mais un pays, une société qui serait laïque par nature, c’est-à-dire où l’application de ses règles ne serait plus limitée aux agents des services publics, est surreprésentée dans les médias et sur la scène politique. Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Éducation nationale, par exemple, n’hésitait pas à déclarer que « le voile n’est pas souhaitable dans la société tout entière ». Gabriel Attal, ancien premier ministre, veut interdire le port du voile aux moins de 15 ans dans l’espace public, et Laurent Wauquiez, chef du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, a déposé en novembre 2025 une proposition de loi allant dans ce sens, en élargissant l’interdiction à toutes les mineures dans l’espace public.   

Certains partisans d’une laïcité impliquant des restrictions étendues considèrent sans doute l’interdiction du foulard islamique comme une manière de lutter contre les croyances incompatibles avec la pensée libre et la citoyenneté éclairée. Au-delà du caractère vraisemblablement inconstitutionnel de la chose, il serait infiniment improbable qu’ils parviennent ainsi à atteindre les objectifs invoqués. On peut même craindre un effet contre-productif, en raison de la récupération de ces interdictions par l’islamisme radical, chez des adolescents en quête d’identité. 

Désormais, l’invocation de la laïcité, si l’on en juge par sa fréquence, semblerait en mesure de répondre à tout type de mise en cause des principes républicains, qu’il s’agisse des tenues vestimentaires de nos élèves ou des attaques terroristes dont la France a été victime. Pourtant, de 1982 (attentat de la rue des Rosiers, à Paris) jusqu’en 2012 (assassinat de quatre Juifs, dont trois enfants, par Mohammed Merah à Toulouse, en Haute-Garonne), nul n’avait songé à invoquer solennellement la laïcité, alors que l’on ne cesse désormais de le faire depuis 2015 ? S’agit-il d’une négligence malheureuse, aujourd’hui réparée ? Ou, plus vraisemblablement, d’une instrumentalisation dont on voit bien le profit que l’on pense en retirer ? 

Libre expression des différences  

Il serait utile de rappeler l’esprit de la Déclaration universelle sur la laïcité au XXIᵉ siècle : la laïcité, qui n’est pas une spécificité française, est la condition de la libre expression des différences. Peut-être aurions-nous alors accès à l’essentiel : si rien ne nous contraint à renoncer à nos fidélités singulières, la laïcité nous invite à les suspendre. Ce qui fait communauté, c’est précisément la suspension, évidemment provisoire, du sentiment d’appartenance. C’est encore la supposition qu’il y a, en tout autre être humain, la capacité à éprouver le même sentiment que moi.

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Alain Policar est l’auteur de Laïcité : le grand malentendu, Flammarion, octobre 2025

[Photo : Mehdi Fedouach/AFP - source : theconversation.com]