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terça-feira, 15 de setembro de 2026

Unha ONG israelí denuncia o «proxecto de eliminación» de Cisxordania do Goberno de Netanyahu

B'Tselem vén de publicar un informe onde detalla os plan do Goberno de Israel para "desmantelar" as bases da existencia palestina en Cisxordania.

Forzas israelís protexen a incursión de colonos na Cidade Vella de Hebrón, ao sur de Cisxordania o pasado mes de agosto.

A ONG israelí B'Tselem deu a coñecer esta segunda feira o informe O proxecto de eliminación, un texto no que precisa o suposto plan de Israel para "desmantelar os cimentos" da existencia palestina en Cisxordania co fin de volvela "cada vez máis fragmentada, vulnerábel e dependente". O obxectivo do Goberno de Netanyahu, afirma a entidade, é "reorganizar o espazo e as condicións de vida nel para que o control israelí e a presenza xudía se convertan en algo contiguo, institucionalizado e permanente". 

B'Tselem asegura que as políticas de Israel para "socavar a existencia palestina" existen desde 1967, mais recruaron a partir de 2022 coa chegada ao poder de Benjamin Netanyahu, apoiado no seu goberno olas faccións máis duras da ultradereita nacionalista.

Segundo recolle o informe da organización non gobernamental, actividades básicas da vida cotiá atópanse baixo control israelí "ou son completamente denegadas". Así, 3,5 millóns de persoas palestinas de Cisxordania enfróntanse a unha tripla realidade: vivir baixo o dominio israelí, abandonar o seu territorio ou soportar unha "represión violenta" en caso de amosar resistencia.

Un plan de cinco puntos

O informe detalla como se aplica o "mecanismo israelí de eliminación" palestina a través de cinco epígrafes tituladas: violencia e intimidación, restricións de movemento, estrangulamento económico, destrución sociopolítica e limpeza étnica e apropiación territorial. Cinco áreas que non operan por separado, senón de forma coordinada e "interconectada".

O documento presentado por B'Tselem en Xerusalén esta segunda feira tamén presta atención á situación na Faixa de Gaza, exemplo da "lóxica de eliminación" que o Goberno israelí mantén desde hai décadas. É o lugar onde o "proxecto de eliminación" alcanza a súa "forma máis extrema", con matanzas diarias e masivas acompañadas dunha destrución violenta do contorno que o "público israelí" xa "normalizou" até o punto de considerar os ataques continuados "violencia lexítima contra os palestinos", aseguraron.

"As violacións aquí descritas están financiadas, protexidas e integradas na política estatal israelí e lévanse a cabo dentro dun sistema de ampla impunidade", sinalou a directora da ONG, Yuli Novak, que chamou á comunidade internacional a actuar con accións, non declaracións.

O relato da "eliminación"

O proxecto de eliminación elaborouse a partir do testemuño de 2.000 persoas residentes en Cisxordania ao longo dos últimos tres anos. As súas achegas confirman o abismo ente as vivencias dos colonos, a poboación xudía que vive en asentamentos suxeitos a lexislación civil e con plenos dereitos políticos, e da Palestina, permanentemente "baixo réxime militar", malia habitar o seu propio territorio.

Para B'Tselem, o plan israelí favorece a expansión dos asentamentos xudeus e o control das terras e os recursos pola súa parte, desposuíndo os palestinos das súa propiedades e dotando estes procesos de garantías legais.

Segundo B'Tselem, desde 1967 Israel apoderouse de máis de 200.000 hectáreas –máis dun terzo de Cisxordania– mediante unha serie de mecanismos legais, urbanísticos e administrativos, como as declaracións de terras estatais, zonas militares fechadas, reservas naturais ou o estabelecemento de asentamentos.

A organización tamén destaca no seu informe que a violencia en Cisxordania funciona como un "mecanismo central de control, desprazamento e desmantelamento", pois "restrinxe a marxe de acción dos palestinos". 

 

[Foto: Europa Press / Contacto / Mosab Shawer - fonte: www.nosdiario.gal]

 

quinta-feira, 10 de setembro de 2026

Brasil en alerta roja

La ofensiva de la extrema derecha y la crisis abierta en el Supremo Tribunal Federal amenazan con alterar la relación de fuerzas de cara a las elecciones brasileñas. Para derrotar al bolsonarismo, la campaña de Lula deberá recuperar la iniciativa y asumir nuevas demandas populares.

En los últimos días, la ventaja relativa de Lula se evaporó y el riesgo de una derrota se convirtió en un peligro real e inmediato. Pero si el triunfalismo ingenuo es una postura equivocada, también lo es el derrotismo. La contienda por Brasil sigue abierta.

Escrito por Valerio Arcary 

Las elecciones presidenciales de Brasil se aproximan en medio de una tormenta perfecta: mientras las encuestas marcan una alarmante paridad entre Lula y la ultraderecha, un estallido institucional en el Supremo Tribunal Federal vuelve a poner en jaque al sistema político. Entre maniobras judiciales para garantizar la impunidad del bolsonarismo, el hostigamiento del poder mediático y las vacilaciones del oficialismo, la crisis abierta amenaza con alterar definitivamente la relación de fuerzas. El peligro de una restauración neofascista en el país más grande de la región se vuelve cada vez más real. 

La escalada de la crisis política ha cobrado un giro explosivo. La decisión de André Mendonça, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), de remover a Andrei Rodrigues de la dirección de la Policía Federal constituye una maniobra subversiva al servicio de una operación golpista. Se trata de una arbitrariedad institucional que incurre en un claro abuso de autoridad: un juez de la máxima corte no tiene atribuciones para nombrar o destituir al jefe de la Policía Federal, potestad que le corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. 

La destitución de Rodrigues —justificada bajo el pretexto de su supuesta afinidad con el también ministro del STF, Alexandre de Moraes— busca interferir en el proceso electoral para favorecer a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, consolidado como el principal candidato de la extrema derecha. No es un hecho aislado: Flávio Bolsonaro lleva tiempo agitando a las bases ultraderechistas bajo la consigna «Fuera Moraes, Fuera Lula». 

Ante esto, la solicitud de la Abogacía General de la Unión (AGU) para que el propio STF anule la remoción de Rodrigues es ineludible y debe ser aceptada. Se especula con que Edson Fachin, presidente del tribunal, podría retirar a Mendonça de la relatoría sobre las investigaciones del Banco Master y del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), lo que sería positivo. Sin embargo, resulta poco probable que Fachin encuentre dentro del propio STF un remedio jurídico capaz de frenar la embestida. La crisis empeorará antes de encontrar una salida. 

La ofensiva de la extrema derecha 

La extrema derecha brasileña se ha anotado un triunfo táctico en toda la línea a través de tres frentes. En primer lugar, la campaña contra Alexandre de Moraes cobró impulso cuando Mendonça filtró mensajes entre el juez y Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master y figura central de un entramado de corrupción. Esta filtración ilegal e inédita buscó quitar la mancha de la sospecha sobre Flávio Bolsonaro y golpear directamente a Lula.

En segundo lugar, la maniobra sirvió para revitalizar la movilización del 7 de septiembre en la Avenida Paulista de São Paulo. Con casi treinta mil manifestantes, el núcleo duro del bolsonarismo mostró un músculo político renovado. Si bien fueron menos que las cuarenta mil de 2025 que marcharon —a la defensiva— por la amnistía de los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero, aun así fue una demostración poderosa. Más allá de la cifra en un momento y otro, el dato que sobresale es la postura: hoy esos mismos sectores movilizados pasan a la ofensiva y exigen el impeachment de Moraes. 

En tercer lugar, su impacto en la opinión pública es innegable: las últimas encuestas ubican un aumento de la desaprobación del gobierno de Lula que parece avanzar por encima del 50%, y proyectan un virtual empate técnico en una eventual segunda vuelta. 

En paralelo, la burguesía liberal —expresada en el dominio de los grandes medios de comunicación, los principales periódicos de São Paulo y Río de Janeiro y el peso nacional de la cadena Rede Globo— se sumó al embate de Mendonça contra Moraes, consciente de que favorece a Flávio Bolsonaro. Pese a esto, sería apresurado todavía interpretar este alineamiento táctico como un respaldo cerrado al proyecto neofascista. 

Este sector responde a un programa propio: exige un freno recesivo con duros recortes del gasto público para asegurar el superávit primario y reduzca la deuda pública, aun a costa de los hondos costos sociales que tendrían esas medidas. Paradójicamente, sabe también que sin algún grado de crecimiento Brasil sería ingobernable. Pero no comparte la apuesta bolsonarista por la subordinación a los Estados Unidos de Donald Trump. Tampoco el proyecto político de la extrema derecha de conquistar la presidencia y una mayoría absoluta en el Senado, destituir a Moraes y nombrar una mayoría de ministros del STF, abriendo el camino hacia un endurecimiento del régimen bajo la forma de un «poder total». 

A diferencia de 2022 (cuando apoyó a la candidata centrista Simone Tebet en primera vuelta y a Lula, a regañadientes, en la segunda), la burguesía liberal no parece estar dispuesta a definir su apoyo desde ahora. Su plan parece pasar más bien por hostigar a Lula para mejorar sus condiciones de negociación ante lo que vendrá. 

En esa línea, lo más probable es que su giro favorable a Mendonça responda a otros objetivos: desgastar el poder adquirido por Alexandre de Moraes a partir de su papel en el juicio por el intento de golpe de Estado y enterrar la investigación sobre las redes de desinformación de la extrema derecha. En el camino, desgastar a Lula y mantener incierto el desenlace de una eventual segunda vuelta, chantajear al gobierno e intentar imponerle, antes de las elecciones, un ajuste fiscal severo con compromisos públicos claros de recortar el gasto público al menos en dos puntos porcentuales del PIB. 

Una elección abierta 

La idea de que la reelección de Lula en primera vuelta estaba asegurada —un cálculo instalado en la dirección de la campaña— ya era errónea antes del vertiginoso ascenso del escritor y psiquiatra Augusto Cury, quien escaló al tercer lugar en los sondeos representando al partido Avante. En los últimos diez días, la ventaja relativa de Lula se evaporó, y el riesgo de una derrota se convirtió en un peligro real e inmediato. Sin embargo, si el triunfalismo ingenuo es una postura equivocada, también lo es el derrotismo. La contienda sigue abierta. 

En lo que va del ciclo, la coyuntura atravesó varios giros: tras un inicio de año en el que Flávio Bolsonaro logró consolidarse como la referencia opositora —desplazando a figuras como Tarcísio de Freitas—, la filtración de sus audios con Vorcaro en mayo cambió el panorama. Gilberto Kassab, dirigente del Partido Social Democrático (PSD) y uno de los principales articuladores políticos del centro y la derecha brasileños, se animó a impulsar la candidatura presidencial de Ronaldo Caiado, entonces gobernador de Goiás. También se presentó Renan Santos, dirigente surgido del Movimento Brasil Livre (MBL) y candidato presidencial del nuevo partido de derecha Missão. Ambos intentaron explotar un espacio a la derecha en competencia con el bolsonarismo y fracasaron, lo que le devolvió la iniciativa a Lula y desarticuló los intentos de instalar alternativas centroderechistas. 

Si el escenario cambió radicalmente antes, puede volver a hacerlo. Pero, en buena medida, esto depende de que la izquierda reaccione. 

Una crisis del régimen 

No estamos ante una marejada política coyuntural como las otras tantas que se sucedieron desde que Lula asumió la presidencia en 2023. Se trata esta de una crisis de una verdadera crisis del régimen. La ultraderecha está desafiando la arquitectura institucional misma, combinando sus posiciones en el Congreso y el STF con la agitación callejera y mediática. 

En el fondo opera un factor estructural: la renuencia de las élites sociales a clausurar definitivamente el ciclo golpista, oscilando entre la amnistía a los insurgentes y el freno a cualquier reforma popular. A esto se le añaden los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, o entre el gobierno de Lula y el Centrão, que ya habían abierto la puerta a una suerte de «semipresidencialismo» improvisado. Esa fue la forma que asumió la «defensa del orden» incluso contra reformas democráticas moderadas y limitadas. La alianza entre el Ejecutivo y el STF favoreció la defensa de la democracia, pero la presión reaccionaria es ahora tan grande que amenaza con modificar cualitativamente la relación de fuerzas dentro del propio STF. 

Por si no fuera suficiente, la interferencia de los Estados Unidos de Donald Trump en el proceso electoral se hace cada vez más evidente, como también lo fue en Perú y en Colombia. 

Para derrotar a la extrema derecha 

La elección puede tener un desenlace terrible. Ajustar la línea para vencer en las elecciones es, por lo tanto, imperioso. Queda claro que una táctica basada en la defensa del legado del gobierno no es suficiente. 

Levantar nuevas banderas de expansión de derechos, asumir compromisos con los intereses populares y hacer promesas no es «demagogia»: debe ser una estrategia de movilización. Defender el fin inmediato de la jornada laboral «6×1» (seis días de trabajo por uno de descanso) y el límite de 40 horas semanales, el transporte público gratuito en las grandes ciudades, la regulación del impuesto sobre las grandes fortunas, la reforma agraria contra el latifundio, la prohibición de las apuestas en línea, el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados y tantas otras causas justas será vital. 

Al mismo tiempo, será necesario mantener la firmeza frente a la exigencia de una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado, como señal de que no pasarán. Aquellos que, en el campo de la izquierda radical, apostaron durante los últimos años a que el centro de la táctica debía ser la «superación por izquierda» del gobierno de Lula, a partir de sus límites y vacilaciones reales pero subestimando el peligro de la extrema derecha, están ahora también ante el desafío de luchar para impedir una victoria de Flávio Bolsonaro. No se puede permitir que ocurra en Brasil lo que sucedió en Alemania con las elecciones de Sajonia-Anhalt. 

 

 

[Foto: Aaron Schwartz / Bloomberg - fuente: www.jacobinlat.com]

sábado, 29 de agosto de 2026

«Si he de morir», antologia d’articles i poemes de Refaat Alareer

 Assaig | Injustícia i relats

Refaat Alareer

Escrit per Jorge López Heredia

Al meu col·legi hi havia un professor de religió que ens repetia constantment la història d’un xiquet que es burlava d’un company que era molt estudiós. El xiquet dolent va repetir curs. Anys després i completament arruïnat, va anar a demanar feina a una empresa que era dirigida pel seu antic company, qui —molt cristianament— el va perdonar i contractar.

El professor feia servir aquest relat i altres similars, com ara Els Tres Porquets, per transmetre’ns uns valors abstractes mitjançant històries concretes. I funcionava perquè recorde estudiar molt per por de repetir curs.

Aquesta transformació de la realitat mitjançant relats pot ser encara més poderosa. Les pel·lícules de Hollywood són en bona part responsables del fet que generacions d’adolescents cregueren que tot era vàlid per tal d’aconseguir l’amor vertader. 

O, atenint-nos al present, la literatura sionista de finals del segle XIX i principis del segle XX, en retractar a Palestina com una terra “plena de llet i mel” o “una terra sense poble per a un poble sense terra”, va mobilitzar a una gran part de la comunitat jueva, justificant “l’ocupació més cruel i salvatge que el món ha vist mai”.

Refaat Alareer (1979-2023) va ser un professor de literatura a la Universitat Islàmica de Gaza que va ser assassinat junt amb la seua família per un míssil israelià guiat cap a sa casa. El motiu? Transmetre al jovent la importància i necessitat dels relats de la resistència palestina.

Reffaat Alareer, Si he de morir, Sembra (2026)

Si he de morir, publicat en català el 2026 per Sembra Llibres, és una antologia d’articles i poemes escrits per Refaat Alareer entre el 2010 i el 2023. El conjunt, intercalat amb les cites més rellevants dels textos, forma, en primer lloc, una crònica de la vida quotidiana durant la destrucció de Gaza; en segon lloc, una defensa de la literatura i l’ensenyament com a armes de resistència; i, en tercer lloc, una anàlisi de les estratègies geopolítiques i propagandístiques d’Israel per exterminar al poble palestí amb impunitat.

Hi ha frases al llibre que descriuen un dolor que no hauríem de permetre ni que siga imaginat. S’afirma que “un infant palestí nascut l’any 2008 ha viscut set guerres” o que “la meva dona, la Nusayba, i jo som una parella palestina perfectament normal: més de trenta familiars nostres han estat assassinats per Israel”. 

És sorprenent la perspectiva tan humana i tan humanista de Refaat Alareer. Humana perquè dubta, es desespera, s’emprenya, es commou i estima. Humanista perquè, malgrat l’extermini, defensa el coneixement i la poesia. 

Lluita sota les bombes contra l’extremisme i intenta tornar la idea de justícia a uns joves que veuen com els criminals de guerra israelians viuen amb impunitat després d’haver destruït la seua llar i la seua família. Com podem parlar de pau amb uns infants que creixen amb la sensació que el món els ha traït? Alareer és contundent: “Cal que canviem aquesta visió. Els ho devem”.

Yousef M. Aljamal, alumne i amic de Refaat Alareer, inspirat pels versos del seu mestre, va editar aquesta antologia de manera pòstuma i ens va fer arribar paraules sobre el setge, la fam, la humiliació, la violència, les traves burocràtiques, el dol, l’espionatge amb Pegasus, la propaganda i el silenci. Però també sobre l’esperança, la comunitat, la cultura, la família, la resiliència i la pau.

Si he de morir és un testimoni dur, esperançador i frustrant. És una obra interessant que ens descobreix la complexitat que s’amaga darrere de les notícies. Són els relats que el vent de l’amistat trau de sota les runes de la ciutat per mobilitzar el món.

El general israelià Moixé Dayan va dir que “els poemes de Fadwa Tuqan [poetessa de la resistència palestina] eren com enfrontar-se a vint soldats enemics”. Si he de morir, com demostren els bombardejos a la universitat, a les biblioteques i als centres culturals, és un llibre de destrucció massiva, portaveu del coneixement, el principal enemic d’Israel. 

Aquest dispositiu de lluita i transformació social, compost per papers i tinta, constitueix una de les aproximacions més pures i directes a la injustícia. Cal que llegim els seus testimonis. Els ho devem.

 

[Foto: Sembra - font: www.diarilaveu.cat]

terça-feira, 25 de agosto de 2026

Antisemitismo y poder imperial en América Latina

La lucha contra el antisemitismo se ha convertido en un terreno de disputa política global. De la mano del gobierno de Javier Milei y de algunos de los empresarios más poderosos de la Argentina, avanza por América Latina una definición de antisemitismo que busca equiparar las críticas al Estado de Israel y al sionismo con expresiones de odio antijudío, con graves consecuencias para la solidaridad con Palestina y la libertad de expresión.

Marcelo Mindlin asume la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), desde donde el gobierno argentino busca extender por América Latina su definición de antisemitismo.

Escrito por Fenia Chertkoff 

Pido a los lectores que se detengan unos minutos a observar la imagen que se encuentra arriba de este texto. Es muy probable que ninguno de los rostros de las personas allí presentes les resulte familiar. Se puede apreciar que el evento tuvo lugar en Argentina por dos datos inequívocos: la bandera celeste y blanca y el retrato del libertador José de San Martín. Ahora bien, ¿qué relación existe entre esos objetos y las personas allí sentadas? Si nos dejamos llevar por las apariencias diríamos que se trata de un acto institucional rutinario de un país soberano. ¿Pero qué tal si esta imagen reflejara todo lo contrario? ¿Qué tal si esa bandera y ese libertador fueran el atrezzo, los elementos de utilería empleados por un poder que ahora mismo actúa bajo la sombra en todo el continente americano?

Vuelvan a mirar la imagen y ahora permítanme contar una historia.

La foto proviene de un vídeo que puede verse por YouTube y capta el encuentro que tuvo lugar durante el mes de marzo en el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires. En el centro de la escena se observa a un hombre que lee un texto, no sabemos si escrito por él o por alguien más.

Se trata del empresario argentino Marcelo Mindlin, que en su discurso agradece su designación como nuevo chair de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto (IRHA). Esta entidad intergubernamental fue fundada en el año 1998 por el expresidente de Suecia Göran Persson, una figura clave a la hora de acercar a su país al Estado de Israel.

Según destaca su mismo fundador, esta entidad nació por la necesidad de llevar a cabo una lucha internacional contra el antisemitismo y recordarle a las nuevas generaciones los horrores del holocausto.

Reino Unido y Estados Unidos fueron los socios más entusiastas de esta iniciativa y durante los últimos años se han sumado 35 países de todo el mundo, la mayoría de Europa occidental. Si bien el único país latinoamericano en adherir a este proyecto ha sido la República Argentina, la tarea encomendada a Mindlin, gracias a un acuerdo sellado en Jerusalén, es la de «construir un puente entre la IRHA y nuestra vasta región latinoamericana», bajo el lema «expandiendo las fronteras de la memoria».

Pero basta hurgar un poco en la información disponible para comprobar que los objetivos son más ambiciosos, puesto que «esta presidencia busca abrir nuevas conversaciones y escenarios para que la concientización sobre la memoria por el Holocausto sea la más global posible. Pretendemos iluminar tanto a nuestra región como a las diferentes naciones del sur global».

Por qué una de las prioridades de la región latinoamericana debería ser la lucha contra el antisemitismo es algo que ni el mismo Mindlin puede explicar en su discurso. Mediante una curiosa voltereta retórica aclara que las naciones latinoamericanas «no han tenido una relación directa con la Solución Final» pero aun así tienen el «deber» de «hacer su contribución a la construcción de memorias locales que incorporen aquella tragedia en una fuente de enseñanza para mejorar nuestras sociedades».

Quizá esto explique por qué, a pocos días del evento que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras indígenas y campesinos son masacrados y reprimidos por protestar contra el gobierno, firmaba un acuerdo con la embajadora del Estado de Israel para incorporar la enseñanza de la memoria del Holocausto en el sistema educativo ecuatoriano.

Según el singular concepto de la «memoria» que aplican actualmente los países gobernados por la extrema derecha regional, la prioridad es mantener vivo el relato admonitorio del holocausto nazi mientras hacen todo lo posible por borrar el recuerdo de las múltiples violaciones de derechos humanos, masacres y tropelías cometidas contra los pueblos de nuestras naciones por parte de esas mismas oligarquías.

Pero volvamos a la imagen. A la derecha de Mindlin se encuentra el chair saliente, a quien aquel identifica como su «amigo» Dani Dayan, empresario israelí y uno de los principales promotores de los asentamientos ilegales en territorio palestino. A la derecha de Dayan, a su vez, se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Pablo Quirno, descrito por Mindlin como viejo conocido de los tiempos en que él arrancaba como empresario y Quirno se consolidaba como banquero de J.P. Morgan.

La única mujer que aparece en la imagen es la alemana Michaela Küchler, secretaria general de IRHA, a quien Mindlin saluda protocolariamente tras agradecer al sector judicial de la
República Argentina por su apoyo constante para combatir el antisemitismo en el país.

A estas alturas los lectores podrán preguntarse por qué un empresario como Marcelo Mindlin asume la dirección de una entidad intergubernamental como IRHA. Más aún, también podrán preguntarse qué papel tiene esta institución en el mundo y por qué Argentina asume su liderazgo.

Marcelo Mindlin, además de ser el actual chair de IRHA, está vinculado a oscuras maniobras para obtener cuantiosas ganancias con la privatización de los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) -actual EDENOR- y con la instalación del cancerígeno PVC en los hogares de muchos argentinos. Pero, por sobre todas las cosas, Mindlin es la mano derecha de uno de los dueños de la Argentina: el empresario Eduardo Elsztain.

La relación entre ambos se consolidó después de una peculiar maniobra financiera que, apoyada en una importante inversión de capital extranjero, permitió que Elsztain se hiciera con una participación decisiva en el Banco Hipotecario Nacional (BH), entidad bancaria que ofrecía créditos para la vivienda y la producción agropecuaria y disponía de información estratégica sobre la propiedad inmobiliaria del país. Tras esa audaz operación, Elsztain se convirtió en un exitoso tiburón inmobiliario de la Capital Federal, dueño de casi un millón de hectáreas en todo el país y empresario del rubro financiero, tecnológico y agroindustrial a escala global. En el año 2009, Elsztain fue elegido presidente del governing board del Congreso Judío Mundial (CJM), una entidad fundada en Suiza, con sede principal en el estado de Nueva York y sucursales en diferentes lugares del mundo, entre ellos Buenos Aires.

Entre las prioridades del CJM cabe resaltar su respaldo al Estado de Israel y su combate a la «amenaza iraní», descrita en esos términos tras los dos tristemente célebres atentados a la comunidad judía en Argentina en los años 90, a pesar de que, hasta el día de hoy, no se ha podido determinar que Irán haya sido el autor intelectual o material de dichos atentados y a pesar de los esfuerzos de Cristina Fernández de Kirchner por esclarecer judicialmente estos sucesos, cosa que, como es sabido, le ha costado un persecución política sin precedentes por parte de ese mismo poder judicial al que Mindlin agradece sus diligencias en su lucha contra el antisemitismo.

El CJM no solo aglutina a un grupo de millonarios promotores de los asentamientos del Estado de Israel en Cisjordania, sino que se presenta como «brazo diplomático del pueblo judío». Su principal hazaña cultural, además de un llamativo interés por el mundo del arte contemporáneo, consistió en lograr la suspensión de una resolución de la Asamblea General de la ONU, donde se sostenía que el sionismo era una forma de racismo y discriminación racial equiparable al apartheid sudafricano.

Tras desvincular al sionismo de cualquier identificación con el supremacismo, este Congreso Judío Mundial no ha dejado de presentarse, junto a IRHA, como una plataforma de lucha contra el antisemitismo a nivel mundial.

Pero Elsztain no solo hace lobby a escala global en el CJM sino también a nivel local. A través de su holding IRSA, instaló en Buenos Aires la red blockchain más grande de toda América Latina acordada con Ethereum.

Y un dato no menor, también decidió hospedar en su hotel Libertador, otra de las tantas empresas de su propiedad, a uno de los mayores estafadores de criptomonedas de la Argentina, Javier Milei, durante su campaña presidencial en el año 2023. Asimismo, se rumorea que la conversión de Milei al judaísmo y su acercamiento a la rama ultra-ortodoxa Jabad-Lubavitch fueron iniciativas del mismo Elsztain.

Repasemos entonces la trama. La Alianza para la Memoria del Holocausto ha considerado a la Argentina gobernada por Javier Milei como el país idóneo para impulsar la lucha contra el antisemitismo a nivel regional y mundial. Y el presidente Milei, por su parte, no ha dudado en poner a la dupla empresarial Elsztain-Mindlin a la cabeza de esta organización intergubernamental.

Pero lo más grave a resaltar es que, tras la exacerbación del genocidio en curso contra el pueblo palestino, diferentes países miembros de IRHA han tomado la decisión de incorporar en sus respectivas legislaciones la definición de antisemitismo elaborada por la entidad.

En la actualidad, y bajo la excusa de una aumento acelerado de antisemitismo a escala global, dicha definición está siendo aplicada en países como Reino Unido o Estados Unidos para desarticular la capacidad crítica de la academia, despedir profesores, expulsar estudiantes, arrestar activistas pro-Palestina y perseguir discursos socialistas, feministas o antirracistas.

Francia e Italia, por su parte, vienen discutiendo diferentes proyectos de ley para incluir la definición. En marzo de 2026, el senado de Italia aprobó el proyecto contemplando penas de 2 a 6 años de cárcel por discursos antisemitas, ofreciendo cursos de formación para docentes y estudiantes en las escuelas. En abril de 2026, Francia ha comenzado a debatir el proyecto con la finalidad de identificar al antisemitismo con el terrorismo.

En Argentina, tres diputados de izquierda han sido acusados de antisemitismo y uno de ellos, Vanina Biasi, acaba de ser imputada por el juez Daniel Rafecas. Por eso no es de extrañar que Mindlin resalte en su discurso que el gran acierto ha sido «la adopción de parte del Estado argentino y de los organismos del poder judicial (…) de la definición de IRHA. Se trata de una herramienta crucial para combatir el antisemitismo y que nuestro país puede mostrar con orgullo el éxito de su implementación tanto en causas judiciales como acciones políticas».

Algún lector desprevenido, o al menos dispuesto a creer en las buenas intenciones de empresarios vinculados al proyecto libertario, podría pensar que no habría nada de malo en hacer todo lo posible para evitar que el antisemitismo vuelva a instalarse en nuestras sociedades. Pero las cosas se complican cuando prestamos atención a la letra chica de su definición.

Según IRHA: «El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto». No hace falta un agudo ejercicio de comprensión lectora para darnos cuenta de que la acusación de antisemitismo empleada por muchos países para perseguir, imputar e incluso encarcelar personas depende de la «percepción» que cualquier individuo, judío o no, pueda tener.

Más aún, esta definición de antisemitismo no solo expresaría una discriminación hacia las personas sino también hacia sus «propiedades», «instituciones» y «lugares de culto». Esto abre las puertas a que cualquier crítica hacia el accionar del Estado de Israel o entidades financieras que lo secundan pueda ser tildada de antisemita.

Y si a eso le sumamos que son los ricos del mundo, millonarios fascistas y libertarios de ultra derecha -en complicidad con un presidente que tiene por costumbre humillar mujeres, discapacitados, jubilados y sectores populares-, quienes tienen el control de la nueva semántica para combatir el antisemitismo, qué duda cabe de que esta definición no ha sido pensada para combatir el odio sino justamente para exacerbarlo y ponerle un bozal a cualquier persona que se atreva a denunciar los intereses de estos paladines de la noble causa contra el antisemitismo.

Ahora bien, ¿sobre la base de qué certezas se nos advierte de un avance descontrolado del antisemitismo en el mundo? ¿No resulta sospechoso que este supuesto peligro sea denunciado por las mismos empresarios y políticos que autorizan el genocidio en Gaza y destruyen las economías en los países del sur global? ¿Desde cuándo la lucha contra la supuesta aniquilación de un pueblo ha sido liderada por los megarricos del planeta?

Para nadie es un secreto que las clases dominantes que un siglo atrás alentaron el auge del fascismo antisemita son las mismas que hoy dicen combatirlo, escudándose en la retórica de los valores del mundo libre. Si rascamos en la superficie de estos valores solo encontramos a un puñado de millonarios aferrados a la rentabilidad de la economía fósil, la usura financiera y la expansión de la guerra por todo el planeta. Crean a toda velocidad esta farsa de antisemitismo con la única finalidad de confundir y atemorizar a la inteligencia popular, esa forma de la sabiduría que sabe llamar las cosas por su nombre.

Por tanto, si nos atenemos a la definición de IRHA, según la cual «el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos», denunciar el genocidio en Palestina, que se ha cobrado la vida de decenas de miles de seres humanos, sería un acto antisemita; trazar con rigor y evidenciar los vínculos entre el Estado de Israel, el narcotráfico y el triunfo de la ultraderecha regional sería entonces un acto antisemita.

Y si nos atenemos a la definición de IRHA, según la cual las percepciones «físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto», exigirle al Estado de Israel, Reino Unido y Estados Unidos que dejen de usar el agua, el petróleo y otros recursos naturales del continente americano como un botín de guerra sería también un acto antisemita; y, por último, sostener que han convertido al Estado de Israel en la punta de lanza del viejo proyecto europeo de dominación supremacista imperial, ese mismo proyecto que un siglo atrás permitió el genocidio judío, sería también un acto de antisemitismo.

Esta guerra por los nombres ha convertido a la Argentina en un laboratorio social de claro signo distópico que deberíamos tratar de comprender con todos los instrumentos críticos y científicos a nuestra disposición y, como parte esencial del proyecto, ha designado al país suramericano la tarea de expandir el sionismo semántico por todo el continente.

Todo indica que las extravagancias de Javier Milei, que tanto espacio ocupan en los medios, desvían la atención para que no se discutan las maquinaciones de un poder mucho más opaco, empeñado en materializar las nuevas y brutales formas del colonialismo del siglo XXI.

 

[Fuente: www.jacobinlat.com]



O Tribunal Penal Internacional e o imperativo da xustiza universal

Fronte á desorde global e o retorno da impunidade estatal, a consolidación desta Corte de Xustiza constitúe a única ferramenta xurídica para que a xustiza universal deixe de ser unha utopía e pase a ser unha realidade protectora para todos os pobos da Terra.

Bandeira do Tribunal Penal Internacional, ante a súa sede

Escrito por Xoán Antón Pérez-Lema

A opinión pública galega, que como nación periférica, amosa unha fonda conciencia solidaria e migratoria, asiste a miúdo con frustración á aparente impunidade que rexe nas relacións internacionais diante das maiores atrocidades humanas. Porén, o desenvolvemento do Dereito Internacional conta desde hai máis de dúas décadas cun fito xurídico sen precedentes na loita contra a barbarie: o Tribunal Penal Internacional (TPI). A súa andaina, lonxe de ser un camiño doado, reflicte a loita entre a lóxica do poder e o imperativo de construírmos unha xustiza universal. 

O TPI naceu formalmente o 1 de xullo de 2002, logo da entrada en vigor do Estatuto de Roma de 1998, un tratado multilateral que hoxe conta coa adhesión de 124 Estados. A diferenza dos tribunais ad hoc de Núremberg ou Toquio, erixidos polos vencedores trala Segunda Guerra Mundial, ou dos creados polo Consello de Seguridade da ONU para a antiga Iugoslavia e Ruanda, o TPI instituíuse como o primeiro órgano xudicial permanente e independente con capacidade para xulgar os crimes máis graves que afectan á comunidade internacional: o xenocidio, os crimes de lesa humanidade, os crimes de guerra e o crime de agresión. A súa xurisdición gobérnase polo principio de complementariedade, intervindo única e exclusivamente cando os tribunais propios dun Estado non poden ou non queren actuar de xeito real. 

Porén, a arquitectura do Estatuto de Roma atopa a súa maior febleza na persistente resistencia das grandes potencias mundiais que teiman en situar a súa soberanía estatal por riba da xustiza universal. Estados Unidos, Rusia e China son os líderes da listaxe dos Estados que non integran o TPI. Washington asinou o tratado pero non chegou ratificalo, chegando promulgar leis internas para protexer ao seu persoal militar diante de calquera investigación da Haia; Moscova retirou a súa sinatura no 2016 trala condena á anexión de Crimea. Pola súa banda Pequín mantense fóra rexeitando a xurisdición obrigatoria. Tampouco forman parte potencias de relevo como a India, Israel ou o groso dos países do mundo árabe, o que limita xeograficamente a eficacia do tribunal e alimenta as acusacións de asimetría na aplicación do Dereito Internacional. Porén, a meirande parte dos Estados latinoamericanos (e, á fronte, Brasil e México), Xapón, Corea do Sur, Canadá, Nova Celandia e Australia fan parte do seu núcleo duro. 

Esta debilidade estrutural faise máis evidente ao analisarmos o complexo procedemento de execución das ordes internacionais de prendemento desta Corte. O TPI é un tribunal estritamente xudicial que carece dunha forza policial propia ou dun corpo de seguridade para executar as súas decisións. Cando a súa Sala de Cuestións Preliminares emite unha orde de detención, a obriga de arrestar ao sospeitoso e remitilo á sede do TPI alicérzase exclusivamente na cooperación voluntaria e na asistencia xurídica dos 124 Estados partes, consonte co artigo 86 do Estatuto de Roma. Se un acusado achégase a un Estado asinante do Tratado de Roma, ese Estado ten o deber legal de detelo. Porén, se calquera Estado incumpre esta obriga, o TPI só pode emitir unha declaración de non cooperación e remitir o caso á Asemblea de Estados Partes ou ao Consello de Seguridade da ONU, un órgano adoito bloqueado polo dereito de veto das grandes potencias, entre eles EUA, China e Rusia, que-como xa dixemos- non recoñecen a xurisdición do TPI. 

Malia estas limitacións loxísticas, o TPI activou nos últimos tempos os casos máis transcendentais da súa historia, desafiando directamente a impunidade global. Entre os casos activos máis recentes compre salientarmos a orde de arresto emitida contra o presidente ruso Vladimir Putin polos crimes de guerra relacionados coa deportación ilegal de nenos ucraínos, que alicerzou a resposta do Kremlin para requirir prender á presidenta actual do TPI. Nun xiro dunha semellante transcendencia, a Fiscalía da Haia solicitou de xeito formal ordes de detención contra do primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e o seu exministro de Defensa, Yoav Gallant, xunto altos líderes da organización Hamás, acusándoos de crimes de guerra e de lesa humanidade no contexto do conflito de Gaza. 

Velaí que cumpra loitar ferreñamente contra a agresión do agresor Trump, que ven de sancionar á presidenta do TPI, a esgrevia xurista xaponesa Tomoko Akane, mesmo chegando prender aos funcionarios de calquera Estado que tenten cuestionar a súa xurisdición 

Estas investigacións sitúan ao TPI no centro do debate xeopolítico mundial, demostrando unha afouteza xurídica que racha coas acusacións históricas de actuar só contra líderes de estados deprimidos. E, neste taboleiro fragmentado, a Unión Europea (UE) emerxe como o principal valedor e pulmón financeiro do multilateralismo penal. A cosmovisión europea, polo menos até de agora, alicerzouse na superación dos nacionalismos excluíntes e na primacía do dereito sobre a forza. Velaí que convertera o apoio ao TPI nun piar fundamental da súa acción exterior. Para Bruxelas, a defensa do tribunal non é unha opción retórica, senón unha obriga estrutural para consolidar unha orde internacional baseada en regras. A UE non só financia-polo de agora- de xeito maioritario o sostemento da Corte da Haia-Scheveningen, senón que introduce de xeito sistemático a esixencia de cláusulas de adhesión ao Estatuto de Roma nos seus acordos de cooperación con terceiros países, actuando como un motor difusor da xustiza global. 

As perspectivas de futuro do TPI sitúanse nunha encrucillada histórica de extrema fraxilidade. O risco real cara ao futuro é que o TPI devale nun instrumento de xeopolítica asimétrica se non consegue materializar o arresto de líderes protexidos pola agresión trumpisto-sionista ou polo autoritarismo ruso, chinés, iraniano ou árabe. 

Para a nosa Galicia e para a Europa que acredita na dignidade humana, o fortalecemento do TPI é un imperativo ético irreversíbel. Fronte á desorde global e o retorno da impunidade estatal, a consolidación desta Corte de Xustiza constitúe a única ferramenta xurídica para que a xustiza universal deixe de ser unha utopía e pase a ser unha realidade protectora para todos os pobos da Terra. Velaí que cumpra loitar ferreñamente contra a agresión do agresor Trump, que ven de sancionar á presidenta do TPI, a esgrevia xurista xaponesa Tomoko Akane, mesmo chegando prender aos funcionarios de calquera Estado que tenten cuestionar a súa xurisdición. 

 

[Imaxe: CC-BY-SA Tony Webster - fonte: www.praza.gal]

sábado, 22 de agosto de 2026

Os países da UE avanzan cara a maior poder policial e risco de impunidade

 

Dous axentes de policía suxeitan un manifestante durante protestas en Francia en 2017. InfoLibre

·         Escrito por Marcos García Quesada 

O pasado 21 de xullo, a Asemblea Nacional de Francia aprobou un proxecto de lei que establece a presunción de uso lexítimo da forza para policías e xendarmes. É dicir, que cando un axente utiliza a súa arma, "presúmese que actuou" nos supostos previstos pola lei, e esta presunción só pode ser desvirtuada cando existan probas en contra. A lei, que aínda ten que pasar polo Senado, foi aprobada por 313 votos a favor e 199 en contra, e desde a esquerda e diferentes asociacións de defensa dos dereitos sociais xa a describiron como unha "licenza para matar". 

Non é un caso illado. Alessia Schiavon, directora da Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), entidade centrada na defensa dos Dereitos Humanos, advirte dunha tendencia europea cara a unha “progresiva restrición do espazo cívico e do espazo cidadán”. A xurista considera especialmente preocupante que esta evolución estea a producirse en democracias cunha longa tradición de protección dos dereitos. "Se cadra podemos esperar de países como Hungría que adopten esta lexislación, pero non de Francia, Italia ou Alemaña mesma", destaca. 

Ao seu xuízo, estas medidas avanzan amparadas nunha narrativa de inseguridade que acaba desprazando a protección dos dereitos. "O que se está intentando utilizar é a narrativa da falta de seguridade para restrinxir os dereitos dos cidadáns e cidadás", sostén. Francia é precisamente un dos exemplos que máis preocupación espertan. Sobre a nova presunción de uso lexítimo da forza, Schiavon advirte de que "claramente vai afectar ás garantías fundamentais" e de que existe "un risco evidente de que se deixe espazo importante á impunidade policial".

Concentración fronte ao Congreso dos Deputados contra da Lei Mordaza © Amnistía Internacional.

A reforma segue a liña doutra lei aprobada en 2017, que ampliou os supostos nos que os axentes podían usar armas. O máis polémico é o que permite disparar contra un vehículo cuxo condutor se nega a deterse se os policías consideran que a súa fuxida pode poñer en perigo a súa vida ou a de terceiros. 

Un estudo realizado por investigadores do Centro Nacional para a Investigación Científica francés (CNRS) concluíu que só nese ano os disparos mortais contra vehículos en movemento multiplicáronse por cinco. Os datos da Inspección Xeral da Policía Nacional (IGPN) recolleron ademais que en 2017 os disparos efectuados por policías aumentaron un 54% respecto ao ano anterior. 

Tras o asasinato en 2023 do mozo de 17 anos Nahel Merzouk por disparos dun policía, producíronse protestas por todo o país para derrogar a lei e mesmo, a comisaria de Dereitos Humanos do Consello de Europa, Dunja Mijatović, expresou a súa preocupación polo "uso excesivo" da forza por parte das forzas do orde francesas e pediu ás autoridades que "revisasen o marco legal e as prácticas policiais". Con todo, o Goberno mantivo a lei, defendendo a súa necesidade e sinalando que o uso das armas sempre esixe "necesidade e proporcionalidade" por parte dos axentes. 

O decreto de Seguridade italiano

Italia é un dos países onde máis se ampliou a marxe de actuación policial. Desde 2011 existe o foglio di vía obbligatorio (orde de prohibición de presenza) que permite ao xefe de policía prohibir durante ata tres anos a entrada dunha persoa a un municipio determinado.

Aínda que naceu vinculada á loita contra as mafias, o seu uso estendeuse a manifestantes e activistas. Amnistía Internacional documentou unha intensificación da súa aplicación desde 2022 contra protestas climáticas, movementos estudantís e outros colectivos.

Algo similar ocorre cos DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive), medidas concibidas para impedir o acceso de persoas violentas a recintos deportivos e ampliadas en 2017 a outros espazos como estacións, aeroportos ou hospitais. Nos últimos anos tamén se utilizou contra persoas sen fogar e activistas.

O maior salto chegou co Decreto Sicurezza, aprobado en xuño de 2025 polo goberno de ultradereita de Giorgia Meloni. Entre outras medidas, permite ao Estado adiantar ata 10.000 euros por cada fase do procedemento para sufragar a defensa dos axentes de policía investigados ou procesados por actuacións relacionadas co servizo, unha cantidade que só deberán devolver se se demostra que actuaron con dolo. 

O decreto tamén endurece as penas por violencia ou resistencia contra policías, amplía as súas competencias nos desaloxos de vivendas que constitúen o primeiro domicilio de inmediato, nas que poden actuar sen ter que esperar a unha resolución xudicial, e permite aos axentes fora de servizo levar, a parte da súa arma regulamentaria, outra da súa propiedade.

Unha protesta contra a Lei Mordaza na Coruña nunha imaxe de arquivo CC-BY-NC-SA Gz Contrainfo

Schiavon alerta ademais de que este decreto foi aprobado directamente polo Goberno, sen pasar polo Parlamento, un procedemento previsto na Constitución italiana, pero que limita a intervención parlamentaria. Ao seu xuízo, recorrer a este tipo de mecanismos pode xerar "riscos moi altos" cando as normas van "máis aló da urxencia que as xustifica". 

A ampliación das investigacións en Alemaña 

En Alemaña, o cambio produciuse principalmente mediante a ampliación dos casos nos que pode actuar a policía. Ata 2016 predominaba o principio de konkrete Gefahr, ou perigo concreto, que esixía a existencia dun risco identificable.  

Ese ano, o Tribunal Constitucional Federal abriu a porta para actuar ante unha "ameaza suficientemente específica" en determinados casos graves, mesmo antes de que existise un perigo concreto. 

Baviera incorporou esta posibilidade á súa lexislación en 2018 e permitiu medidas preventivas como a vixilancia de comunicacións, a xeolocalización, os rexistros ou unha maior duración da detención preventiva. Aínda que unha reforma de 2021 limitou o seu alcance, esta ferramenta terminou utilizándose tamén contra activistas climáticos. Entre 2022 e 2023, a policía bávara chegou a deter preventivamente durante 30 días a membros de Letzte Generation por anunciar a súa participación nos cortes de estradas que se estiveron levando a cabo durante eses anos. 

A iso súmase a normalización dos controis nas fronteiras interiores. Reintroducidos por Angela Merkel en 2015 como resposta excepcional á crise migratoria, mantivéronse e ampliado desde entón ata abarcar as nove fronteiras terrestres alemás.  

Estes controis permiten identificacións sen sospeita individualizada, unha práctica que Amnistía Internacional cuestiona polo risco de racial profiling, perfilado racista. En 2025 e 2026, varios tribunais alemáns cuestionaron a legalidade de manter estes controis durante tanto tempo e, este xuño, a Comisión Europea reclamou mellores xustificacións ao Goberno. 

Bélxica e as entradas en vivendas de migrantes 

A migración tamén está a servir en Bélxica para ampliar as competencias policiais. O Goberno de Bart De Wever recuperou unha proposta que leva no aire desde 2018: permitir a entrada de axentes en domicilios para executar ordes de expulsión de persoas migrantes.  

O anteproxecto, aprobado polo Consello de Ministros en maio de 2026 e pendente agora da súa tramitación parlamentaria, permitiría estas entradas cando exista unha orde de expulsión firme, a persoa se negase reiteradamente a colaborar e sexa considerada unha ameaza para a orde pública ou a seguridade nacional. 

Sería necesaria unha autorización previa dun xuíz de instrución e tería que facerse conxuntamente coa Oficina de Estranxeiría. Aínda así, organizacións de dereitos humanos, avogados e representantes policiais advertiron de que a medida supón unha ampliación significativa dos poderes coercitivos do Estado e pode afectar á inviolabilidade do domicilio, protexida pola Constitución belga e o Convenio Europeo de Dereitos Humanos. 

"O que estamos a ver é a criminalización das persoas migrantes", denuncia a xurista de FIBGAR. Ao seu xuízo, constrúese unha narrativa de emerxencia que facilita a aceptación social de medidas excepcionais. "Non é unha emerxencia, porque non hai datos que o demostren, pero aos ollos da cidadanía pódense xustificar estas medidas".

Manifestación contra a 'lei mordaza' en Ferrol nunha imaxe de arquivo. Dominio público @bngferrol

España e os 11 anos da Lei Mordaza 

España amosa unha situación diferente: non aprobou novas leis deste tipo nos últimos anos, pero mantén vixente a Lei Orgánica de Seguridade Cidadá, aprobada en 2015 polo goberno de Mariano Rajoy e coñecida como lei mordaza.

A norma permite sancionar administrativamente condutas como a desobediencia ou resistencia á autoridade, as faltas de respecto aos axentes ou determinadas actuacións durante manifestacións, con multas de miles de euros. 

A súa reforma leva anos bloqueada. PSOE, Sumar e EH Bildu pactaron en 2024 recuperar unha modificación que fracasara un ano antes, pero continúan as discrepancias sobre cuestións como o uso de pelotas de goma, as sancións por faltas de respecto aos axentes, as infraccións por desobediencia e resistencia ou as chamadas devolucións en quente. En abril de 2026, o Goberno volveu incluír a reforma entre as súas prioridades, pero, polo momento, non se conseguiu ningún cambio. 

"Que España non aprobase novas normas nos últimos anos non significa que o problema desaparecese. Non podemos esquecernos de que esta ferramenta existe e está para ser utilizada", destaca Schiavon.  

A directora de FIBGAR insiste en que os exemplos europeos forman parte dunha mesma tendencia. "Non son casos illados", advirte. Por iso, reclama unha maior vixilancia por parte das institucións comunitarias e dos representantes políticos para evitar que estas medidas continúen avanzando.  

 

[Fonte: www.praza.gal]