Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países bajo gobiernos de todos los colores
El Ayuntamiento de Barcelona incorpora a partir de este miércoles el Pabellón 2 del recinto ferial de Montjuïc, con capacidad para mil personas, a su dispositivo de atención a las personas extracomunitarias que solicitan documentación para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes. Alejandro García / EFE
Escrito por Meritxell Freixas
Cuando el Gobierno de Felipe González puso en
marcha entre 1985 y 1986 la primera regularización extraordinaria de personas
migrantes de la democracia en España, estimaba que unos 250.000 extranjeros
estaban en situación irregular. “Con esta ley se pretende poner en orden la
situación de los extranjeros residentes que no poseen documentación en regla.
También se pretende normalizar la contratación de mano de obra
extranjera”, recogía la prensa de la época.
El proceso estuvo abierto durante ocho meses y
medio y las personas extranjeras en situación irregular solo debían acreditar
su estancia en el país desde antes del 24 de julio de 1985. Cinco años después,
González puso en marcha otros dos procesos extraordinarios (1991 y 1992).
Después de él lo hicieron también José María
Aznar (1996, 2000 y 2001) y José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 impulsó
la regularización más grande hasta entonces con la exigencia de un contrato de
trabajo. La hemeroteca cuenta que fueron cerca de 700.000 las
solicitudes que se presentaron.
Pedro Sánchez ha sido el cuarto presidente
español en llevar a cabo esta medida, que recibió casi 1,2
millones de solicitudes. “Ha habido pocas
regularizaciones extraordinarias de dimensiones de la última en España, que ha
sido especialmente voluminosa porque la dimensión de la migración irregular era
muy alta por el propio funcionamiento de la economía y el mercado laboral”,
explica a elDiario.es la
investigadora del CIDOB Blanca Garcés, experta en el área de migraciones. En
esta ocasión, añade, los requisitos eran “de acceso fácil”, solo acreditar
permanencia en el territorio de 4-5 meses y ausencia de antecedentes
penales.
La irregularidad en España, explica la experta,
no procede principalmente de las llegadas irregulares por la frontera sur —en
los últimos 20 años, han sido mucho menos numerosas que en Grecia o Italia—,
sino de personas que entran legalmente, especialmente desde países
latinoamericanos cuyos ciudadanos no necesitan visado para estancias cortas,
pero permanecen en el país más allá del plazo autorizado de tres meses.
Más allá de España, otros países europeos
también han impulsado procesos extraordinarios de regularización. Algunos de
ellos aprovecharon incluso
la crisis fronteriza de Ceuta para criticar,
de forma casi coordinada, las políticas migratorias del Gobierno español, en
una de las reacciones más duras que se han visto en Europa contra una
regularización nacional, pese a haber recurrido ellos mismos a medidas
similares.
Varios cientos de inmigrantes, en su mayoría marroquíes, se concentraron a las puertas de la Dirección Provincial de Trabajo, en el último día de plazo para regularizar se estancia en España. Según la Delegación de Gobierno, Murcia tras Madrid y Barcelona, es la provincia española en cantidad de solicitudes presentadas por los inmigrantes. J. F. Moreno / EFE
Italia, el caso paradigmático
Países como Italia, Grecia o Portugal también
han combinado regularizaciones masivas y extraordinarias con procedimientos
ordinarios (que España también aplica, como el arraigo).
El caso de Italia, cuya primera ministra,
Giorgia Meloni, lideró las críticas europeas a las políticas de Sánchez, es
paradigmático. Es, junto con España, uno de los países europeos que más ha
recurrido a las regularizaciones extraordinarias. Bajo el Gobierno del
conservador Silvio Berlusconi en 2002, Italia impulsó esta medida a través
de la cual unas 635.000
personas migrantes salieron de la irregularidad (de
un total de 700.000 solicitudes). Los procesos extraordinarios se han sucedido
en este país porque el mercado laboral generaba demanda de trabajadores
extranjeros, pero las vías legales de entrada no cubrían esa demanda. Antonio
Tajani, ministro de Exteriores de Italia y presidente del partido Forza Italia
de Berlusconi, ha tratado de vincular la
regularización en España con lo ocurrido en Ceuta la última semana de julio.
El último de estos procesos extraordinarios
llevado a cabo por Roma fue en plena pandemia, para regularizar a
trabajadores irregulares de sectores como la agricultura, el trabajo doméstico
y los cuidados, que en ese tiempo pasaron
a ser considerados “esenciales” para garantizar alimentos, cuidados y servicios
básicos. El proceso recibió finalmente unas 220.000 solicitudes, aunque solo
alrededor del 15% correspondían a trabajadores agrícolas, pese a que la falta
de temporeros en el campo había sido uno de los argumentos centrales para
aprobarlo.
No puede decirse que las regularizaciones
extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas
Blanca Garcés, investigadora del CIDOB experta en
Migraciones
Bajo el gobierno de Meloni, Italia ha ampliado
considerablemente las cuotas de permisos para extracomunitarios que permite el
llamado Decreto de Flujos, un sistema de acceso
de personas extranjeras por cuota y sector de empleo que, según cifras
oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y
2028.
En Grecia, en diciembre de 2023, ante la falta
de mano de obra de sectores como la agricultura, la construcción o el turismo,
el Gobierno del conservador de Kyriakos Mitsotakis aprobó una ley que permitía
solicitar un permiso de residencia y trabajo a personas en situación irregular
que llevasen al menos tres años en el país y contasen con una oferta de
empleo. El Ejecutivo calculó
que beneficiaría a unas 30.000 personas.
“No puede decirse que las regularizaciones
extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas
porque se han dado bajo gobiernos de todos los colores, en muchos países distintos,
con mercados laborales distintos y en momentos distintos”, dice Garcés.
“No implican necesariamente una política
migratoria más permisiva: con frecuencia han coexistido con un refuerzo de los
controles fronterizos y de las políticas de expulsión”, añade Augusto
Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad
Complutense de Madrid.
Según él, muchos de estos países han
experimentado una demanda estructural de mano de obra inmigrante, especialmente
en sectores poco cualificados y de difícil cobertura por trabajadores
nacionales (agricultura, construcción o servicio doméstico). “Hay un enorme
desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos
y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras,
por ello una parte de la inmigración se produce de manera irregular; la
regularización corrige este desajuste”.
Otros casos
Alemania, Francia y Bélgica, en cambio, han
apostado por otras vías y han regularizado la situación administrativa
utilizando instrumentos de gestión ordinaria.
Alemania, tradicionalmente más restrictiva con
las regularizaciones extraordinarias, introdujo a finales de 2022 el llamado
Chancen-Aufenthaltsrecht (“derecho de oportunidad de residencia”), una vía ordinaria
destinada a determinadas personas que llevaban años viviendo en el país con un
estatus de estancia “tolerada”. La medida les concedía un permiso de 18 meses
para cumplir los requisitos que les permitieran acceder posteriormente a un
permiso de residencia estable.
Las estadísticas de la Oficina Federal de
Migración y Refugiados (BAMF) indican que, transcurrido el primer año y medio
de vigencia, más de 76.000 personas obtuvieron este estatus provisional.
“Es una regularización con una lógica más administrativa,
de personas que quedan sin permiso de residencia porque, por ejemplo, se
rechaza su solicitud de refugio y quedan en el país en una situación de
”tolerancia“, que se llama, y a la larga, acaban siendo reconocidas”, cuenta
Blanca Garcés, quien lo considera una forma de dar respuesta a “situaciones
generadas por el propio funcionamiento de la administración, con procesos
largos y que acaban en un limbo legal”.
Hay
un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los
países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas
extranjeras
Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid
“A medio y largo plazo los mecanismos ordinarios
de regularización, por ejemplo el arraigo de España o el Chancen-Aufenthaltsrecht de
Alemania son las vías más eficaces para evitar la irregularidad, aunque
convendría simplificar y acelerar estos procedimientos”, dice Delkáder. Sin
embargo, añade, en momentos de acumulación prolongada de personas en situación
irregular, “las regularizaciones extraordinarias son un recurso pertinente para
dar respuesta a un contexto de esas características”.
Tres etapas
La historia de estas políticas dibuja varias
etapas. Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159
programas de regularización en 30 de los 38 países. Si bien algunos países
introdujeron solo un programa, otros —como Estados Unidos— recurrieron a la
regularización repetidamente. Así lo recoge una investigación de
este año sobre la base de datos RegMig,
que recopila ocho décadas de programas de estos procesos.
Las décadas de 1990 y 2000 concentraron el mayor
número: el 61% de todos los programas registrados. Entre 1990 y 2007 se
sucedieron las grandes regularizaciones, especialmente en el sur de Europa
—España, Italia, Portugal y Grecia—, para dar respuesta a una población inmigrante
que ya estaba instalada y trabajando, pero permanecía fuera de los canales
legales.
La crisis económica y el posterior
endurecimiento de las políticas migratorias europeas prácticamente hicieron
desaparecer las grandes regularizaciones generales entre 2008 y 2019, con algunas
excepciones como Polonia en 2012.
A
partir de 2020 reaparecieron, aunque con
argumentos diferentes.
“Más allá de ser una
medida humanitaria, los Gobiernos han utilizado las regularizaciones como
instrumento de política social y económica: para obtener información y
supervisar a la población en su territorio, abordar el empleo irregular, el
abuso y la explotación laboral, aumentar la recaudación tributaria y atender
las necesidades del mercado laboral a través de la economía formal”, dice
a elDiario.es la experta en migración
de Amnistía Internacional Olivia Sundberg, basada en Bruselas.
El mito del “efecto llamada”
A pesar de que con cada puesta en marcha de
estos procesos se repite una y otra vez el argumento del “efecto llamada”, los
estudios disponibles no han encontrado una relación clara y sistemática entre
las regularizaciones y un aumento significativo de la inmigración irregular.
Tanto Delkáder como Sundberg aseguran que la
evidencia empírica disponible no ha logrado demostrar una relación clara y
sistemática entre estos procesos y un aumento significativo de la inmigración
irregular. Según el experto, tras las regularizaciones no se vivieron
incrementos extraordinarios de las llegadas, sino que la evolución de la
población extranjera siguió una tendencia similar a la que cabría esperar por
factores económicos y laborales. La ultraderecha mundial liderada por Trump
pone a España en el punto de mira y usa Ceuta para esparcir su xenofobia
“Las razones por las que las personas migran o solicitan
asilo (para escapar de conflictos, persecución o miseria, o para buscar mejores
oportunidades en el extranjero para ellas y sus familias), concluye Sundberg,
tienen más que ver con las condiciones en su país de origen y con los legados
del colonialismo que con las políticas de los países a los que se trasladan”.
[Fuente: www.eldiario.es]
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