“Narcolanchas” y Nobel de la Paz en ataques de Trump y Rubio a la CPI
Escrito por Gustavo
González Rodríguez
El viernes 9 de octubre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su gobierno está dispuesto a “desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI) piedra por piedra”. El mismo día, el presidente Donald Trump sostuvo que la Corte está “desacreditada” y que sus jueces son “corruptos”, luego de quejarse porque no se le otorgó el Nobel de la Paz, concedido, en cambio, a la sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI.
En su megalomanía, el mandatario estadounidense, secundado por su responsable de Relaciones Exteriores, se sintió una vez más postergado por la comisión del Parlamento noruego que discierne el Nobel y reiteró su discurso de que ha solucionado ocho guerras, un récord creado por su autopropaganda, carente de evidencias serias.
Fue un berrinche
más del inquilino de la Casa Blanca que, sin embargo, no se puede tomar a la
ligera, sobre todo en lo que respecta a las amenazas contra la Corte Penal
Internacional, el organismo creado en el marco de las Naciones Unidas en julio
de 1998, que consagró un importante vector de los derechos humanos al
establecer que los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes
de guerra y agresiones armadas constituyen ofensas internacionales y que sus
responsables pueden ser arrestados en cualquier país.
El Convenio de
Roma, que creó la CPI, ha sido ratificado por 125 Estados miembros de la ONU.
Entre los países que desconocen la CPI están China, Rusia, Estados Unidos,
Cuba, India, Irak e Israel, cuyo gobierno fue el único que aplaudió las
amenazas de Marco Rubio contra la Corte. No le faltaron motivos al primer
ministro Benjamín Netanyahu: una comisión investigadora de la CPI, presidida
por Navy Pillai, determinó en septiembre de 2025 que en Gaza las tropas
israelíes cometen genocidio.
El Escudo de las Américas
Bajo el gobierno
de Nicolás Maduro, Venezuela inició gestiones de retiro de este organismo
internacional, rechazando que la Corte investigara acusaciones de crímenes
represivos. El trámite de retiro continúa con la actual presidencia encargada,
Delcy Rodríguez, mientras Estados Unidos busca que prácticamente toda América
Latina rompa con la CPI a través del Escudo de las Américas.
La iniciativa
lanzada por Trump en marzo de 2026 consiguió hasta septiembre la adhesión de 15
gobiernos de América Central, el Caribe y Sudamérica, además, obviamente, de
Estados Unidos. Publicitado como un ente de coordinación continental para
combatir el crimen organizado y el terrorismo internacional, el Escudo de las
Américas incluye obligaciones para los países miembros que implican un
alineamiento con la política internacional de Estados Unidos.
El documento de
adhesión al Escudo sacude telarañas del TIAR (Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca) para prescribir acciones colectivas del hemisferio si
alguno de sus miembros enfrenta amenazas extracontinentales. En este terreno se
invoca la protección de recursos estratégicos, como el petróleo, el litio, el
cobre y las tierras raras, lo cual es un obvio intento no solo de cerrar
mercados a China, sino también de bloquear inversiones de la potencia asiática
en recursos naturales y áreas estratégicas como las comunicaciones.
Demás está decir
que Trump pretende monopolizar los suministros de armamentos para las fuerzas
armadas latinoamericanas y, como lógica derivación, contar asimismo con la
adhesión hemisférica a sus aventuras militares. En una región que hace ya
varias décadas no registra conflictos bélicos entre países y sin insurgencia
guerrillera, el enemigo a combatir está en los carteles y bandas del crimen
organizado, que se nutren del narcotráfico.
En septiembre de
2025, el mandatario estadounidense lanzó su guerra naval contra las drogas,
concentrada preliminarmente en el Caribe y en las llamadas “narcolanchas” que
zarpaban desde Venezuela para llevar sus cargas ilegales a los Estados Unidos.
La marina norteamericana, con guardacostas operando en aguas internacionales,
se dedicó a hundir embarcaciones sospechosas. En la mayoría de los casos, los
tripulantes murieron y, en general, fue imposible verificar si eran narcos o
pescadores.
Lanza del Sur y sus víctimas inocentes
Más tarde, la
ofensiva se trasladó a las costas del Pacífico, con el beneplácito, en el caso
de Ecuador, del presidente Daniel Noboa, de extrema derecha. La así llamada
operación Lanza del Sur multiplicó su alcance y sus efectos letales, incluyendo
el uso de drones en los ataques a lanchas de supuestos narcos.
Transcurridos 13
meses de estas operaciones, se calcula que la marina estadounidense ha dado
muerte a 222 personas, en acciones que el expresidente colombiano Gustavo Petro
calificó como “ejecuciones extrajudiciales”. Para la ONU, se trata de crímenes
contra los derechos humanos, visión que comparten los gobiernos de México y
Brasil. Abogados estadounidenses representantes de familiares de las víctimas
denuncian “asesinatos a sangre fría”.
Se registra el
caso de tripulantes ecuatorianos capturados con vida y remitidos a cárceles de
El Salvador, en el marco de los acuerdos con el gobierno de Nayib Bukele para
prestar sus cárceles a cambio de un pago. Enviados finalmente de regreso a
Ecuador, estas personas denunciaron torturas y otros tratos vejatorios en
Estados Unidos. Fueron absueltos por la justicia de su país sin cargos por
narcotráfico.
Alexandra Bravo,
la fiscal ecuatoriana asignada para investigar los ataques de Estados Unidos
contra tres barcos ecuatorianos y los relatos posteriores de tortura y
secuestro de los 36 sobrevivientes, fue asesinada a tiros el 14 de junio en la
ciudad costera de Manta por un sicario que se desplazaba en motocicleta.
También mató a su hermana Olinda, que intentó protegerla del ataque.
El juez federal
Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dispuso a fines
de septiembre que la Administración de Trump explique, a través de un
memorándum oficial y secreto, las razones del uso de la fuerza letal en sus
operaciones en aguas latinoamericanas. El plazo para responder a esta exigencia
de la justicia se cumplió el 14 de octubre y se supone que será determinante en
la investigación de las demandas de familiares de las víctimas.
Los asesinatos de
inocentes en esta guerra de Trump contra el narcotráfico pueden derivar en un
procedimiento de la Corte Penal Internacional que disponga el arresto
internacional de los responsables de estas muertes. Por eso, la creación del
Escudo de las Américas tiene como una de sus exigencias más polémicas la de que
los países que adhieran a él se retiren de la CPI.
En su amenazante
diatriba contra la Corte, Marco Rubio hizo una fervorosa defensa de la Patrulla
Fronteriza norteamericana, en una implícita defensa de los guardacostas y sus
ataques armados a las “narcolanchas”.
Tanto el Escudo de
las Américas como la operación Lanza del Sur son, a la postre, componentes de
la proclamada Doctrina Donroe, como brazo articulador de la relación de
Washington con una América Latina considerada otra vez como “patio trasero”.
En tanto, la
parafernalia del hundimiento de lanchas con su reguero de víctimas inocentes no
ha contribuido en nada al combate del narcotráfico. Los carteles han
diversificado sus rutas para abastecer el mercado estadounidense, donde se
concentra el mayor volumen de consumidores de drogas.
Trump ha cortado
fondos para programas de tratamiento y rehabilitación de drogadictos, cuestión
esencial en una lucha real contra el narcotráfico. Tampoco ha tomado medidas
para controlar el contrabando de un millón de armas desde Estados Unidos a
América Latina, que van a parar a manos de las mafias de la droga. Del mismo
modo, es reacio al control de los flujos financieros ilegales y del lavado de
activos de los carteles del crimen organizado.
Mientras tanto,
resulta políticamente más rentable para Trump atacar a la CPI y comprometer a
gobiernos latinoamericanos en alianzas que desconocen los derechos humanos, en
un empeño paradojal para quien se cree eterno merecedor del Nobel de la Paz.
[Fuente: www.meer.com]













