La investigadora israelí Maya Wind
Publicado por Mariona Gil i Martín
Las
universidades suelen presentarse como espacios de pensamiento crítico y
producción de conocimiento. Pero ¿qué ocurre cuando esas mismas instituciones
participan en proyectos de colonización, apartheid o
violencia estatal? Esta es la pregunta que guía el trabajo de la antropóloga
israelí Maya Wind. En Torres de acero y marfil. Cómo las universidades israelíes destruyen la
libertad palestina (Verso
Libros, 2026), examina el papel de las universidades israelíes en el proyecto
sionista y en la infraestructura política y militar del Estado. Hablamos con
ella durante su gira por el Estado español –Bilbao, València, Barcelona y
Madrid–, organizada junto a colectivos como la Red Universitaria por Palestina,
BDS o Prou Complicitat, en un momento de debate creciente sobre el boicot
académico y la responsabilidad de las universidades occidentales ante la guerra
en Gaza.
En esta
entrevista, Wind sostiene que las universidades israelíes no pueden entenderse
como instituciones neutrales ni separadas del aparato estatal. A lo largo de la
conversación aborda cuestiones como la relación entre academia y complejo
militar-industrial, la función de los campus en la expansión territorial
israelí, la represión contra estudiantes y académicas palestinas o el auge de
las campañas internacionales de boicot académico.
Antes
de ser académica fue objetora: en 2008, siendo estudiante de secundaria, se
negó públicamente a incorporarse al ejército israelí. ¿Qué entendió entonces
que le llevó, años después, a estudiar las universidades y no los cuarteles?
Me negué a
alistarme en 2008, durante la Segunda Intifada, dentro de pequeñas
movilizaciones de estudiantes de secundaria israelíes contra el servicio
militar obligatorio. Toda nuestra educación estaba orientada a prepararnos para
ese servicio, y rechazarlo significaba retirar nuestro trabajo a las
instituciones que sostienen el apartheid y el
dominio colonial. Lo que entendí entonces, y que tardé años en poder formular,
es que un proyecto colonial como el israelí no se sostiene solo con el
ejército: necesita un entramado institucional mucho más amplio que lo legitime,
lo planifique, lo dote de tecnología y de relato. La universidad es una pieza
central de ese entramado.
El
libro insiste en que esto no es una anomalía israelí y que otros Estados
coloniales también construyeron sus universidades sobre el despojo. ¿Qué
singulariza al caso israelí dentro de esa genealogía?
La universidad
como infraestructura de la violencia colonial no es una excepción israelí, sino
una estructura histórica. Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda
levantaron sus sistemas de educación superior sobre tierras indígenas no
cedidas: con la Ley Morrill de 1862, 245 pueblos indígenas perdieron 4,3
millones de hectáreas para financiar las universidades estadounidenses, muchas
construidas además con mano de obra esclava o con el dinero de la trata. Los
propios pueblos indígenas las llaman “universidades expropiadoras de tierras”.
En Sudáfrica, las Leyes de Tierras de 1913 y 1936 fundaron una educación
superior diseñada para hacer cumplir el apartheid. Las
universidades israelíes pertenecen a esa tradición. Lo que las singulariza es
que su papel no es solo fundacional, sino explícito y actual: sostienen un
régimen que hoy la mayoría de la comunidad internacional reconoce como apartheid y le aportan investigación,
capacidades militares y legitimidad en tiempo presente.
Esa
imbricación, dice, es anterior incluso al Estado. ¿Cómo nacen las universidades
israelíes ligadas al aparato militar?
De forma muy
literal. Antes incluso de 1948, el movimiento sionista fundó tres instituciones
al servicio de sus objetivos territoriales: la Universidad Hebrea, el Technion
y el Instituto Weizmann. En 1946, la milicia Haganá creó HEMED, el Cuerpo
Científico, con bases en los tres campus. En abril de 1948, un doctorando en
microbiología de la Universidad Hebrea preparó bacterias de tifus y disentería
que se emplearon en la operación Echad Vuestro Pan –supervisada personalmente
por Ben-Gurión– para envenenar las fuentes de agua de las comunidades
palestinas e impedir así el retorno de quienes habían sido expulsados. El
Weizmann y el Technion se convirtieron en el centro científico-militar del
Estado; de HEMED nació, en 1958, Rafael, una de las grandes empresas
armamentísticas israelíes, que todavía se autodenomina “el laboratorio nacional
de Israel”. Israel Aerospace Industries surgió del departamento de aeronáutica
del Technion. La guerra de 1948 no fue el final, sino el comienzo de la
militarización de la universidad.
Acuña
la idea de un único “complejo académico-militar-industrial”. ¿Cómo funciona hoy
esa circulación entre campus, ejército e industria?
Es un circuito
permanente. El presidente de Elbit Systems afirma que “el Technion está
entretejido en el ADN” de la empresa, y un exdirector del taller de ciencia y
seguridad de Tel Aviv lo resume sin pudor: “La I+D militar israelí no existiría
sin las universidades”. Estudiantes, profesores e investigadores pasan por el
servicio militar y trasladan esa experiencia al campus, y de ahí a la
industria. Las universidades diseñan programas a medida para el ejército –Talpiot,
Atuda, Havatzalot– que forman a los cuadros tecnológicos de unidades como la
8200, esa misma unidad cuya vigilancia rutinaria de los palestinos sirve para
extorsionarlos: hay testimonios de pacientes con cáncer a los que se negó el
tratamiento si no delataban a un familiar.
Los
laboratorios desarrollan los drones de Elbit e IAI, los misiles de Rafael, los
sistemas de los tanques Merkava o las pantallas de casco de los cazas. Y todo
ello se ensaya primero sobre la población palestina ocupada y luego se exporta
con una etiqueta de marketing demoledora:
“Probado en combate”. El Territorio Palestino Ocupado funciona como un
laboratorio. Por eso hablo de un solo complejo: no son esferas que colaboran,
son una misma maquinaria.
Varios
capítulos muestran que la ubicación misma de los campus es un arma. ¿Cómo
operan las universidades como instrumentos de “judaización”?
La ubicación de un
campus nunca es neutral: es una reivindicación territorial. La Universidad
Hebrea se instaló en el Monte Scopus para dominar Jerusalén, y dos semanas
después de ocupar Jerusalén Este, en 1967, concedió a Yitzhak Rabin un
doctorado honoris causa por “recuperar” la ciudad. Su campus de Givat Ram se
levantó sobre las ruinas de la aldea palestina de Sheikh Badr; durante la
Nakba, la propia universidad y la Biblioteca Nacional se apropiaron de decenas
de miles de libros de hogares palestinos vaciados, miles fueron destruidos y
otros se catalogan aún hoy como “propiedad abandonada”. La Universidad de Haifa
participó en la “judaización” de Galilea –su demógrafo más célebre, Arnon
Sofer, es conocido como “el contador de árabes”; la Universidad Ben-Gurión, en
la del Naqab, a costa de los beduinos; y la Universidad de Ariel, en plena
Cisjordania ocupada, es el motor de un asentamiento ilegal hasta el punto de
que se la promociona como “una universidad con ciudad”. Justo debajo del Monte
Scopus, el barrio palestino de Issawiyeh ha perdido más del 90 % de sus
tierras, y la policía ha llegado a vigilarlo desde lo alto de un edificio del
campus. La universidad no observa el despojo: lo produce.
Las
universidades también producen relatos. Habla de “hasbara académica”. ¿Qué papel cumplen los campus en blanquear la imagen
internacional de Israel?
Son una pieza
central de la proyección de Israel como Estado liberal y occidental, lo que aquí se llama “hasbara”. Cuando, en 2018, los francotiradores israelíes
dispararon contra los manifestantes desarmados de la Gran Marcha del Retorno en
Gaza –matando a casi 200 personas y mutilando a decenas–, el Instituto de Estudios
de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel Aviv no lo trató como un
crimen, sino como una crisis de relaciones públicas: organizó una conferencia
titulada “La batalla por la opinión pública: Gaza como caso de estudio”. Un
periodista llegó a describir el disparo de un francotirador a la pierna de un
manifestante como “un aspecto cinético de una batalla por la opinión pública”.
Ese mismo instituto ha recomendado al Estado “incriminar”, “socavar” y
“sabotear” a los activistas del BDS.
En la
Universidad de Haifa, el programa “Embajadores en Línea” forma a estudiantes
–incluidos palestinos drusos– como propagandistas del Estado, y su rector se
jacta de combatir “la industria de la mentira”. Los campus son, además,
escaparate: se exhiben ante delegaciones occidentales como prueba del supuesto
pluralismo israelí.
También
habla de un “silencio cómplice” de las instituciones académicas
internacionales. ¿Ese consenso ha empezado a fracturarse desde octubre de 2023?
El consenso se ha
resquebrajado dentro de las comunidades universitarias occidentales. Tras los campamentos estudiantiles hemos visto una movilización por Palestina
sin precedentes y una ruptura creciente con el sionismo hegemónico. Pero
conviene distinguir dos planos. En la base –estudiantes, profesorado, personal–
el boicot avanza. En las administraciones, en cambio, la resistencia es feroz:
se siguen negando a romper vínculos con las instituciones israelíes. Un papel
decisivo lo cumplen los académicos israelíes que se presentan como progresistas
y, ante un público internacional, dicen apoyar los derechos palestinos mientras
se oponen al boicot. Lo que hacen es lo que Eve Tuck y Wayne Yang llaman
“maniobras de inocencia del colono”: gestos que preservan intacta la estructura.
La batalla institucional sigue abierta.
El
libro documenta una represión que va de la audiencia disciplinaria al secuestro
armado. ¿Cuáles son sus formas más habituales?
Adopta muchas
formas, pero su núcleo es borrar toda expresión política palestina del campus.
En enero de 2022, una furgoneta sin distintivos entró en la Universidad de
Birzeit: soldados de incógnito tirotearon en el muslo a un dirigente
estudiantil, Ismail Barghouthi, y se llevaron a varios estudiantes. Israel ha
declarado “ilegales” a más de 411 asociaciones, y desde 1967 ha juzgado a unos
800.000 palestinos en tribunales militares con una tasa de condena superior al
99 %, muchas veces en régimen de detención administrativa, sin cargos ni
juicio. Mays Abu Ghosh, estudiante de periodismo en Birzeit, fue torturada
durante un mes y posteriormente encarcelada durante más de un año, acusada de
organizar actividades para un sindicato de estudiantes. En Gaza la represión es
directamente lo que Karma Nabulsi llama “escolasticidio”: el bombardeo sistemático
de universidades. En 2014, los misiles israelíes mataron a 22 estudiantes en el
campus de la Universidad Al-Quds; la librería de Samir Mansour, con cien mil
libros, quedó reducida a escombros. Como muestra Khaled Furani, es un continuo:
de la audiencia disciplinaria en un campus israelí al secuestro armado en uno
palestino.
¿Qué
significa todo esto para la propia producción de conocimiento palestino? Habla
de “ocupación epistémica”.
Significa que la
epistemología palestina se deslegitima de forma sistemática, y que el propio
término “palestino” resulta sospechoso. El caso de Nadera Shalhoub-Kevorkian,
profesora de Derecho y Criminología en la Universidad Hebrea, es ejemplar:
cuando expuso que Israel ensaya sus armas y tecnologías de vigilancia sobre los
palestinos para luego exportarlas como “probadas en combate”, el ministro de Educación pidió su despido y la
universidad se desentendió de ella, dejándola sola frente a una campaña de
amenazas. Lo mismo ocurrió con la masacre de Tantura de 1948: cuando el
estudiante Teddy Katz la documentó en una tesis, la Universidad de Haifa le
retiró el apoyo, anuló el título y sacó el trabajo de la biblioteca; su profesor Ilan Pappé acabó exiliándose. Los académicos palestinos trabajan, como
me dijo uno de ellos, con “una mentalidad de checkpoint”. Esto no
es casual: solo el 3,5 % del profesorado de las universidades israelíes es
palestino, aunque los palestinos son más del 20 % de la ciudadanía. Por eso, han
tenido que crear sus propios espacios fuera del sistema, como el centro Mada
al-Carmel en Haifa.
Su
libro llega cuando el debate sobre el boicot académico ha recuperado fuerza.
¿Qué responsabilidad tienen las universidades europeas y norteamericanas que
mantienen alianzas con instituciones israelíes?
Hay que partir de
que PACBI, la Campaña Palestina por el Boicot Académico y Cultural a Israel,
pide desde 2004 boicotear a las instituciones académicas israelíes por ser un
pilar del régimen de colonialismo, apartheid y
violencia. El sistema académico israelí está profundamente integrado en las
redes europeas y norteamericanas: depende de ellas para su financiación, su
prestigio, sus posiciones en los rankings y su
legitimidad. Programas como Horizonte canalizan fondos europeos hacia esas
instituciones. Por eso, mantener esas colaboraciones no es un acto neutral:
contribuye de forma directa a sostener el sistema. La responsabilidad es
material, no simbólica.
Su
libro se publica, además, mientras en las universidades occidentales se reprime
con dureza la solidaridad con Palestina. ¿Cómo lee esa coincidencia?
Es lo que se ha
llamado la “excepción palestina”: los defensores más enérgicos de la libertad
académica suelen callar en cuanto se trata de criticar a Israel. En Estados
Unidos, más de treinta estados han aprobado leyes contra el BDS; ha habido
estudiantes amenazados por mencionar el apartheid en un
discurso de graduación, y secciones de Estudiantes por la Justicia en Palestina
ilegalizadas. Como sostiene Robin Kelley en el epílogo del libro, el apartheid israelí no podría sostenerse sin el
silencio liberal. Y hay un espejo inquietante: la ofensiva de la derecha contra
la educación en Occidente –la prohibición de enseñar sobre racismo o género– se
inspira en parte en la ley israelí de 2011 que prohíbe enseñar la Nakba. Israel
funciona como modelo del poder autoritario que esa derecha aspira a ejercer.
Defender la libertad académica en Palestina es, también, defenderla aquí.
Muchas
universidades europeas han tardado años en suspender sus relaciones con las
israelíes, y muchas aún no lo han hecho. ¿Por qué tanta resistencia a medidas
que sí se adoptaron en otros contextos?
Por dos grandes
factores. Uno es material: las universidades israelíes están integradas en el
sistema europeo mediante redes de financiación, programas como Horizonte y una
relación cada vez más estrecha entre la academia y la industria militar en la
propia Europa. Romper esos vínculos no afectaría solo a Israel: obligaría a
cuestionar un sistema mucho más amplio de militarización y de colaboración
estructural entre universidades e industrias de defensa, justo en pleno rearme.
El otro factor es ideológico: el sionismo conserva una presencia y una
influencia notables en Occidente, en los gobiernos y también en parte del
profesorado. Esa inversión emocional e ideológica dificulta cualquier medida de
boicot.
¿Qué
formas de presión cree que son hoy más eficaces?
El movimiento BDS
ha crecido globalmente en el embargo de armas, el boicot académico, cultural y
deportivo, y la desinversión. Es una movilización desde la base sin
precedentes, acompañada de una creciente criminalización. Y, si miramos los
hechos, el único freno que ha funcionado de verdad sobre la autoridad israelí
ha sido la presión internacional sostenida: cuando Israel quiso codificar el
aislamiento de las universidades palestinas con cupos de estudiantes y profesores
extranjeros, fue la condena internacional la que le obligó a retirar lo más
lesivo. El reto es mantener y ampliar esas campañas frente a los intentos de
represión.
Tras
toda su investigación, ¿cree que las universidades israelíes pueden reformarse,
o se trata de un problema estructural?
Es estructural, sin ninguna duda. Las
universidades israelíes, tal como son hoy, deben desmantelarse, descolonizarse
y reconstruirse después de la descolonización con una forma completamente
distinta. No es un problema de unos cuantos departamentos o de unos profesores:
es la institución entera la que está concebida al servicio del proyecto
colonial.
Cuando
habla de “descolonizar” las universidades israelíes, ¿qué implicaría eso en
concreto?
PACBI y los
sindicatos académicos y estudiantiles palestinos llevan más de dos décadas
trazando una hoja de ruta muy clara. Significa cosas concretas: que las
universidades dejen de servir como motores de “judaización” y reconozcan que
sus campus se asientan sobre tierra palestina expropiada; que las disciplinas
cierren los programas de investigación que dan cobertura jurídica o técnica a
las violaciones del derecho internacional; que los departamentos clausuren los
grados militares, policiales y del Shin Bet con los que se perfecciona la
detención y el interrogatorio de palestinos; que los laboratorios rompan sus
vínculos con la industria armamentística. En suma, romper toda cooperación con
el aparato de violencia y con el proyecto de eliminación del pueblo palestino.
Eso no va a producirse desde dentro: tiene que venir de fuera, y por eso el
boicot académico internacional es decisivo.
¿Qué
espera que consiga este libro?
PACBI fue la
primera en pedir el boicot académico, en 2004. Si esa demanda se hubiera
escuchado hace veintidós años, quizá no estaríamos donde estamos. Los
palestinos llevan mucho tiempo pidiéndolo, y en Occidente se ha tardado
demasiado en prestar atención. Espero que el libro cierre el debate sobre si el
boicot está o no justificado, porque lo que demuestra –con los propios
documentos del Estado y de las universidades israelíes– es que tenían razón:
estas instituciones son cómplices y parte activa del sistema de colonialismo, apartheid y, hoy, genocidio. Como enseña
PACBI, no hay libertad académica hasta que sea una libertad para todas y todos.
[Foto: Adur
Galdos / Verso Libros - fuente: www.ctxt.es]
