Organizaciones de derechos humanos con sede en Cisjordania llevan mucho
tiempo documentando los crímenes de Israel, y es precisamente por eso que ahora
son objeto de sanciones de Estados Unidos. El gobierno estadounidense intenta
hacer imposible su trabajo para proteger a Israel del escrutinio.
Las sanciones de Estados Unidos contra organizaciones palestinas de
derechos humanos y figuras como la relatora especial de la ONU Francesca
Albanese están diseñadas para hacer imposible su trabajo.
Escrito por L. Canciello
Traducción: Pedro Perucca
«Es la primera vez, como abogado, que estoy a punto de defenderme a mí
mismo, y no a las personas para las que trabajo». Hablando en momentos en que
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, discutía
sobre Palestina el pasado mes de marzo, Raji Sourani se quejó de los ataques a
las tareas más básicas de quienes defienden los derechos humanos.
Sourani, director del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por
sus siglas en inglés), hizo estos comentarios justo después de que la relatora especial de la
ONU Francesca Albanese presentara su informe sobre la tortura sistemática
contra los palestinos. Para Albanese, la tortura es «el símbolo de este
genocidio»: devasta los cuerpos y la dignidad de las personas, mientras todo lo
que hace posible la vida de los palestinos es destruido a su alrededor.
En una reunión realizada al margen de la sesión, Sourani, junto con Issam
Younis, director ejecutivo del Centro Al Mezan para los Derechos Humanos [ONG con
sede en el campamento de refugiados palestinos Jabalia, en Gaza], así como representantes
de Al-Haq [ONG palestina independiente de derechos humanos con sede
en Ramala, Cisjordania], describieron lo que significa seguir documentando estos
crímenes mientras sus organizaciones están bajo sanciones estadounidenses.
Sourani explicó que, aunque «el genocidio continúa mientras hablamos», él y sus
colegas se ven obligados a plantear la cuestión de las cuentas congeladas y los
salarios que ya no pueden pagar. «En lugar de hablar de genocidio y limpieza
étnica, estamos aquí defendiéndonos, con nuestras pequeñas y tontas
preocupaciones: ¿cómo puede nuestra organización sobrevivir y seguir
defendiendo los derechos humanos?».
El PCHR, Al Mezan y Al-Haq trabajan con un propósito legal específico:
recopilar testimonios, asistir a las víctimas y presentar pruebas ante la ONU y
la CPI (Corte Penal Internacional). Así es como la violencia sufrida puede convertirse en
testimonio verificado y, en última instancia, servir como prueba ante un juez.
Pero en esto también reside la desconexión fundamental que recorre la reunión
de la ONU. Mientras quienes cometen los crímenes todavía no enfrentan ninguna
consecuencia, quienes los documentan deben sopesar las consecuencias de cada
pago, cada viaje o cada colaboración en la que se involucran.
Un archivo bajo amenaza
En las oficinas de Al-Haq en Ramala, este trabajo toma la forma de un
archivo construido a lo largo de una ocupación israelí que ya lleva décadas.
Cuando intentamos llegar hasta allí desde Belén, en julio de 2025, quedamos
atrapados en una larga fila en el puesto de control. Una hora antes de nuestra
cita, todavía no sabíamos si llegaríamos. Cada viaje queda sujeto a la
discreción de los soldados israelíes. «Llegaremos a Ramala, inshalá»,
dice nuestro guía.
Dentro de las oficinas, los investigadores han estado recopilando
testimonios de toda la Cisjordania ocupada. Al-Haq mantiene datos sobre asesinatos
y demoliciones, analiza fotografías y videos, y reconstruye ataques con el fin
de refutar los relatos oficiales israelíes. También ha creado una unidad de
arquitectura forense, que utiliza análisis espacial y herramientas
arquitectónicas para investigar violaciones de derechos humanos.
«Una de las cosas que me motivan a despertarme cada mañana es que Israel
parece tenerle miedo a nuestras investigaciones», dice Mariam (a quien
se le ha dado un seudónimo), investigadora de Al-Haq. Ese miedo, explica, se traduce
en presión sobre los financiadores y amenazas contra los bancos. «Intentan
asustar a todos y cada uno de los donantes».
Cuando un archivo puede refutar la versión militar de los hechos y
contribuir a procesos legales internacionales, se convierte en una amenaza
política. Esta es la capacidad de recopilación de pruebas que las sanciones
ahora tienen como blanco.
En realidad, el ataque contra Al-Haq no comenzó con las sanciones
estadounidenses. En 2021, Israel ya había designado a esta organización y a
otras cinco organizaciones palestinas como terroristas. Luego, en septiembre de
2025, Washington incluyó a Al-Haq, Al Mezan y PCHR en el programa de sanciones
establecido mediante la Orden Ejecutiva 14203 contra la CPI. Los activos bajo jurisdicción
estadounidense fueron congelados, mientras que se prohibió a personas y
empresas de Estados Unidos proporcionarles fondos, bienes o servicios.
Programa de sanciones
Dado que la mayoría de las transacciones internacionales se realizan en
dólares estadounidenses y a través de plataformas con sede en Estados Unidos,
muchos bancos, donantes y socios de otros países cortaron sus vínculos, pese a
no estar legalmente obligados a hacerlo. El informe Criminalising Accountability [Criminalizar la
rendición de cuentas] se refiere a esto como un mecanismo de sobrecumplimiento. En menos de un
mes, estas organizaciones perdieron entre el 20 y el 60 por ciento de sus
ingresos y YouTube eliminó más de setecientos videos, incluidos testimonios de
víctimas de tortura e imágenes de demoliciones.
Para Al-Haq, esto ha implicado que haya personal sin cobrar y colaboradores
estadounidenses obligados a renunciar. Para Al Mezan, las sanciones se suman a
la devastación en Gaza, y afectan tanto al personal desplazado como al destino
de los investigadores, que deben documentar los hechos mientras intentan además
proteger a sus familias, a lo que se suma que sus propias oficinas han sido
alcanzadas. «No tenemos fondos, hemos tenido que recortar salarios, y esto
tiene un impacto directo en nuestra capacidad para documentar los crímenes en
Gaza», dice Younis.
Albanese también ha sido sancionada personalmente por su trabajo como
relatora especial de la ONU. Sus activos han sido congelados y sus
transacciones bloqueadas, y enfrenta restricciones para ingresar a los Estados
Unidos. Cuando toma la palabra en Ginebra, su primer comentario se dirige a la
institución que se suponía que debía protegerla. Al respecto planteó: «¿Por
qué, la ONU esperó tanto tiempo antes de discutir las sanciones contra uno de
sus propios relatores especiales, contra fiscales y jueces de la CPI, y contra
organizaciones palestinas que cooperan con el sistema de justicia?»
Albanese dice que tiene «menos autonomía que [su] hija de trece años… solo
por escribir informes para las Naciones Unidas» y que el sistema financiero la
trata como a «una narcotraficante o una terrorista». ¿Qué tienen en común ella,
las organizaciones palestinas y los funcionarios de la CPI? Están ahí «para
buscar la rendición de cuentas, para hacer avanzar la justicia para las
víctimas y los sobrevivientes».
«Los fiscales no pueden visitar el territorio palestino ocupado», explica
Sourani. Dependen de organizaciones capaces de llegar hasta los testigos y de
preservar la evidencia. «Cuando se ataca a la Oficina del Fiscal, a las
organizaciones palestinas, a los jueces y a la relatora especial, el círculo se
cierra. La intención es clara».
Alentados por la impunidad
La misma selectividad impregna a las instituciones internacionales. En el
Consejo de Seguridad de la ONU, el poder de veto de los miembros permanentes
hace que, con frecuencia, no haya consecuencias por las violaciones. En el
Consejo de Derechos Humanos, las mismas dinámicas de poder determinan qué
crisis derivarán en medidas concretas y cuáles, en cambio, quedarán reducidas a
informes y resoluciones.
La CPI sigue abierta, pero está aislada de las personas que recopilan
pruebas e investigan. «Estamos siendo testigos del desmantelamiento de la
rendición de cuentas desde las bases», advierte Albanese.
Para Younis, volver al Palacio de las Naciones de la ONU tiene un
significado personal. En 1993 llegó aquí como estudiante para contarles a los
Estados miembros que los palestinos estaban siendo torturados. Más de tres
décadas después, la tortura continúa, y su organización está siendo sancionada
por su trabajo con la CPI: «Los gobiernos ya no niegan cometer crímenes», dice.
Y añade: «Antes solían negarlo. Ahora están orgullosos de cometer crímenes de
guerra y genocidio».
Las imágenes de los crímenes de Israel, las declaraciones oficiales y los
numerosos testimonios de testigos presenciales no han logrado garantizar
protección alguna. De hecho, esta impunidad se evidencia en la confianza con la
que se exhiben los crímenes: quienes los cometen saben perfectamente bien que
las imágenes circularán y que los demás Estados permanecerán de brazos
cruzados.
En la reunión de Ginebra, un abogado palestino relató cómo los detenidos
eran obligados a vivir durante meses dentro de un círculo dibujado en el piso,
con las manos y los pies encadenados, y solo se les permitía salir de él para
tomar duchas de un minuto. «He trabajado con prisioneros durante años. Nunca
había visto algo así». Describió violaciones, violencia sexual y amputaciones
realizadas sin anestesia.
«La tortura le hace al individuo lo que el genocidio le hace a un grupo»,
dice Albanese. Documentar estos actos no les devuelve a las víctimas lo que les
fue arrebatado, pero preserva la posibilidad de que haya reconocimiento y de
que se haga justicia.
La falta de acción internacional frente a los crímenes de Israel en
Cisjordania tiene consecuencias adicionales en forma de demoliciones de
viviendas, apropiación de tierras y aún más ataques por parte de los colonos.
Tomemos lo ocurrido el 28 de julio del año pasado en Umm al-Khair, cuando
una topadora proveniente de un asentamiento israelí cercano entró en el pueblo
y dañó propiedades palestinas. El maestro Awdah Hathaleen, activista y padre de
tres hijos, filmó la escena. En los videos, el colono israelí Yinon Levi
levanta su arma y dispara en su dirección. Awdah recibe un disparo mortal en el
pecho.
Levi vive en el asentamiento cercano de Carmel. En 2024, ya había sido sancionado
por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá por su papel en
la violencia contra los palestinos. Sin embargo, la administración Trump revocó
las sanciones estadounidenses. Tras el asesinato, Levi fue arrestado y luego
liberado rápidamente; el cuerpo de Awdah, en cambio, fue retenido durante diez
días, mientras se le imponían condiciones a la familia respecto del funeral.
«¿Cómo se puede liberar al asesino y retener a la víctima?», pregunta un
representante del Centro Jerusalén de Asistencia Legal y Derechos Humanos.
Para Haneen Hathaleen, sobrina de Awdah, lo que ha cambiado desde el 7 de
octubre de 2023 es, sobre todo, la libertad con la que actúan los colonos
israelíes. En años anteriores, dice, la violencia estaba al menos parcialmente
contenida por el temor a una reacción internacional. Ahora eso parece haber
desaparecido. «Después de todo lo que pasó en Gaza, nadie le ha pedido cuentas
a Israel por nada», dice. «Así que, hagan lo que hagan aquí, ¿quién se
atrevería a oponérseles?».
Las mujeres de Umm al-Khair dicen que, desde el 7 de octubre, los colonos
vienen casi todas las noches. Entran en el pueblo, vandalizan propiedades e
impiden que las familias duerman. «No es como antes», dicen. Dentro de la
comunidad crece el temor de que el aumento de los ataques acelere el
desplazamiento y la anexión de sus tierras. La impunidad de lo que ocurre en
Gaza no está separada de Cisjordania, sino que refuerza la convicción de los
colonos de que pueden actuar sin resistencia ni consecuencias.
Vías para la rendición de cuentas
En una entrevista en el Café Suisse del Palacio de las Naciones, en
Ginebra, el embajador palestino Ibrahim Khraishi me habla de las limitaciones
de las sanciones que apuntan únicamente a colonos individuales. Esas medidas,
sostiene, no abordan el sistema político y militar dentro del cual la violencia
de los colonos se vuelve posible y queda protegida. Pueden restringirse viajes
o congelarse ciertos activos, pero no se detienen los ataques ni la expansión
de los asentamientos sobre el terreno.
Las sanciones contra quienes documentan la violencia se están ampliando;
las sanciones contra quienes la perpetran pueden ser revocadas o quedar sin
efectos concretos. En Umm al-Khair, la impunidad significa que Awdah es
asesinado, que su cuerpo es retenido y que los ataques contra su comunidad
continúan.
En el Palacio de las Naciones, tras el informe sobre la tortura, algunas
declaraciones desplazan el debate de la evidencia hacia la propia Albanese:
Hamás, acusaciones de antisemitismo y el apego al código de conducta. Quienes
documentan los crímenes deben, una vez más, defender su legitimidad.
«La diplomacia en tiempos de genocidio no es neutral», responde Albanese.
Younis, por su parte, insiste en que los Estados miembros de la ONU necesitan
actuar: «Dejen de mostrar solidaridad sin actuar. Es tiempo de actuar por la
rendición de cuentas».
Las herramientas existen. Los Estados parte de la CPI pueden defender el
trabajo de la Corte; los Países Bajos pueden salvaguardar sus operaciones; la
UE puede contrarrestar los efectos de las sanciones; y la ONU puede defender a
la relatora especial a la que le ha encomendado el mandato. Sin embargo,
ninguno de estos actores ha ideado una respuesta capaz de proteger a estas
personas e instituciones.
El gobierno estadounidense, mediante su control del dólar, trabaja para
frustrar la rendición de cuentas. Pero la impunidad también es fomentada por
Estados que reconocen los crímenes y luego se niegan a usar las herramientas de
las que disponen para detenerlos. Muchos gobiernos de Estados miembros de la UE
afirman rutinariamente defender el derecho internacional, y sin embargo
mantienen relaciones militares, económicas y diplomáticas con Israel sin
proteger a la CPI ni a las organizaciones palestinas.
Efecto contagio
Lo que ocurre en Palestina no quedará confinado a Palestina: la impunidad
no solo blinda los crímenes ya cometidos, sino que también hace más probables
los futuros. Cada vez que un Estado ve que otro desestima a los tribunales,
viola las normas internacionales y persigue sus propios objetivos sin pagar
ningún precio, el Estado de derecho pierde fuerza también en otros lugares. El
mensaje que reciben los demás gobiernos es que las reglas pueden dejarse de
lado siempre que se cuente con protección política, militar o económica. Así es
como los crímenes excepcionales terminan por sentar un precedente.
Esta erosión ya resulta evidente en el creciente cuestionamiento a las
instituciones internacionales. Chad ha iniciado el proceso de retiro del
Estatuto de Roma, una decisión celebrada por Washington, que ha instado a otros
Estados a seguir su ejemplo.
Según Sourani, sería un error pensar que todo esto concierne únicamente a
Gaza o a los palestinos. Las sanciones están reemplazando al Estado de derecho
por la «ley de la selva». «Lo que se pierda en Palestina se perderá en todas
partes», advierte Albanese.
Mientras tanto, el genocidio continúa. Las organizaciones que se supone
deben recopilar y preservar la evidencia de este son obstaculizadas, privadas
de financiamiento y aisladas de las instituciones internacionales. E incluso
mientras la destrucción continúa en Gaza, los ataques de los colonos y la
presión sobre las comunidades palestinas también aumentan en Cisjordania. Sin
embargo, mientras quienes cometen estos crímenes actúan con impunidad, quienes
los documentan se ven obligados a defender su derecho a existir.
[Foto: Massimo Di Vita /
Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio via Getty Images - fuente: www.jacobinlat.com]
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