quarta-feira, 12 de agosto de 2026

Perú categoriza oficialmente a las personas trans como ‘enfermos mentales’

Doctores y activistas lo señalan como el "retorno a las cavernas"

Ilustración de Global Voices

Escrito por Lucía Jiménez Peñuela

100 años de la despenalización de la homosexualidad, el gobierno de Perú ha clasificado oficialmente a las personas trans, interesexuales, y no binarias, como “enfermos mentales”, mediante un decreto presidencial el pasado 10 de mayo.

El decreto define “transexualismo” y “trastorno de identidad de género en niños» como enfermedades mentales. También se incluyen en esa categoría “travestismo de doble rol”, “travestismo fetichista” y «otros trastornos de identidad de género». También se refiere a la homosexualidad como una “orientación sexual egodistónica”, una condición de salud mental.

Esta medida hace parte del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) con el fin de enumerar las condiciones de salud asegurables para las pólizas de seguro. Fue firmado por la presidenta Dina Boluarte, la ministra de Salud y el ministro de Economía.

Si bien, un funcionario del gobierno explicó que la reclasificación se decretó para “garantizar cobertura total de atención médica para la salud mental” bajo el PEAS, lo cierto es que la comunidad trans del país encuentra esta medida obsoleta y una regresión hacia los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género (Ecosieg), mal llamados “terapias de conversión”.

Estas prácticas están siendo debatidas en su país vecino, Colombia. Allí se realizan esfuerzos para que, mediante proyecto de ley, sean prohibidas las torturas y prácticas agresivas que intentan cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas mediante tales terapias.

En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar como trastorno mental el identificarse con un género diferente al asignado socialmente al nacer. En la mas reciente versión Clasificación internacional de enfermedades de la OMS, CIE-11, se reemplazó categorías diagnósticas obsoletas como “transexualismo” y “trastorno de identidad de género de los niños” por “incongruencia de género de la adolescencia y la edad adulta” e “incongruencia de género de la infancia”, respectivamente.

El 18 de mayo, unos 200 manifestantes salieron a protestar esta medida en la calle. Para muchas personas LGBTI, esta medida empeora su vulnerabilidad ante la violencia y la discriminación en Perú. Entre 2012 y 2021, por lo menos 88 personas LGBTI murieron por homicidio sin que hubiera justicia en sus casos por falta de ley que sancione estos crímenes de odio.

El gestor cultural Jheinser Pacaya denunció esta medida en las redes sociales:

El abogado y activista LGBTI Manuel Siccha, quien fue el primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima abiertamente homosexual, en rechazo a estas medidas, insta al Congreso a «ejercer su función fiscalizadora y requerir al Despacho Ministerial de Salud información detallada sobre las salvaguardas implementadas para evitar la patologización y garantizar una atención integral y respetuosa para las personas LGBTI en el sistema de salud peruano».

También invita a que la Comisión de Salud del Congreso «abra un espacio de evaluación y debate sobre esta normativa con actores importantes tanto del lado técnico, político como del lado de sociedad civil que debió ser convocada y consultada». Considera imperativo actualizar la actualización en salud al CIE-11, alineándose con «estándares internacionales y refleje de manera precisa y no estigmatizante la diversidad de experiencias de género y sexualidad».

Boluarte, primera presidenta del Perú, ha enfatizado en su conservadurismo social, que guarda puntos en común con la mayoría conservadora del Congreso de Perú. Es de recordar que, en 2022, atendiendo la campaña de desinformación del grupo antiderechos Con Mis Hijos No Te Metas, el Congreso eliminó la «ideología de género» de los textos escolares. Algo que también tuvo trascendencia en El Salvador el pasado 5 de marzo, cuando por directiva presidencial al Ministerio de Educación, se ordenó que estos contenidos sean expulsados de guías, libros y demás materiales educativos

La periodista colombiana @VickyDavilaH publicó en el 21 de mayo en X una encuesta para que las personas decidan si están de acuerdo o no con la decisión de que  las  identidades de género trans, travestis, no binarios y otras sean consideradas enfermedades mentales. Su publicación fue replicada por la ONG Temblores, recordándole que, desde 2018, la OMS dejó de categorizar a las personas trans como enfermas mentales. Además, afirmó que «las identidades de género no normativas no son prestas a cuestionamientos de la opinión pública. Este tipo de señalamientos exponen a las personas con identidades de género diversas a violencias y discriminaciones, que vulneran múltiples derechos y afectan multifactorialmente sus trayectorias de vida».

El 10 de mayo de 2024, la organización Human Rights Watch señaló que esta norma “es profundamente regresiva” y “endurece aún más los prejuicios contra las personas LGBT” en Perú, un país sin políticas para la diversidad. Invitó al gobierno peruano a derogar «este decreto sesgado y poco científico y, en su lugar, aplicar la clasificación actualizada de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a la orientación sexual y la identidad de género”.

Según el doctor Víctor Zamora, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica del Perú, el decreto mina los avances logrados en el país en materia de derechos y género. Para el especialista, «solo le queda un camino a la autoridad sanitaria, regresarnos a la modernidad y alejarnos de la era de las cavernas», derogando esa norma que es una abierta y evidente violación del derecho a la no discriminación por parte de los colectivos LGBTIQ+.

Las organizaciones en favor de derechos LGBTI llaman a estos sectores a marchar, el próximo 29 de junio, «para que nuestra visibilidad crezca mucho más y así demostrar al Estado que necesitamos un país con más justicia e igualdad»; una marcha más simbólica que nunca.

 

[Fuente: www.globalvoices.org]

terça-feira, 11 de agosto de 2026

Brasil: de joves indigènas fan de la cultura una arma contra la crisi climatica

Musica, dança, fotografia e rets socials son venguts d’aisinas de resisténcia per una nòva generacion de joves indigènas que defendon lors territòris e lor cultura 

Escrich per Ferriòl Macip

De joves indigènas brasilièrs utilizan l’art e los rets socials per aparar lors territòris, lengas e de culturas davant los efièches de la crisi climatica. L’ÒNU a donat la paraula a tres d’aqueles joves a l’escasença de la Jornada Internacionala dels Pòbles Indigènas, celebrada ièr dimenge 9 d’agost: la dançaira Marciele Albuquerque, del pòble munduruku, la cantaira Kaê Guajajara, del pòble guajajara, e lo fotograf Cristian Wariu, del pòble xavante, transforman lor creativitat en una forma de resisténcia.

Marciele Albuquerque, originària de Juruti, en Amazonia, se remembra d’una enfança ont la selva fornissiá aisidament de noiridura a sa comunautat. Uèi, la situacion a cambiat. «Fa mai caud cada an. La frucha es pas tant abondosa coma abans», çò explica. Las sasons de pluèja e de secada son tanben vengudas mai extrèmas. Per ela, que fa de la dança una forma de revendicacion, l’art a una foncion clara: «Es un biais de luchar».

De son costat, Cristian Wariu constata, dins la region de Cerrado, una intensificacion dels fuòcs. Per el, las consequéncias van plan mai luènh que la destruccion dels ecosistèmas: los fuòcs perturban la cadena alimentària dels xavantes e favorisson l’arribada d’aliments mens favorables a lor santat. Wariu vei tanben la comunicacion coma un terren de lucha: «La delimitacion de las tèrras es pas solament una question politica: cal tanben ocupar l’espaci mediatic e numeric», çò afirma.

Per Kaê Guajajara, la crisi climatica es ligada als sègles de pression que los an patits los territòris indigènas. La musica li permet de contar aquesta istòria e de mesclar los cants tradicionals amb de sonoritats contemporanèas. Dins sas cançons parla de desboscament, de desplaçaments forçats e de defensa dels territòris. Una de sas cançons mai conegudas, “Sumaúma“, celèbra aquel arbre gigant considerat coma lo “Rei de la Forèst”. «Aimi fòrça aquela cançon perque ditz que, quina que siá la quantitat de betum escampada sul sòl, las raices finiràn totjorn que traucaràn. Contunharàn de créisser, coparàn lo betum e reprendràn lors dreches». 

D’aquel biais, aquela jove generacion indigèna tresmuda la cultura en nautparlador. Musica, art, rets socials e fotografia lor permeton de far conéisser çò que vivon, de combatre la desinformacion e de transmetre lors culturas. E coma las raices de la sumauma, lor messatge es simple: quitament jol betum, la vida pòt tornar créisser.

La crisi climatica, que tanben la patissèm fòrça en Occitània, a cambiat prigondament la vida vidanta dels pòbles indigènas en Brasil. De temperaturas mai nautas, de secadas, d’inondacions, d’incendis e la desaparicion de ressorsas naturalas menaçan lors territòris e lors biaisses de viure. Ara, la nòva generacion de joves refusan de demorar silencioses: utilizan la cultura e los rets socials per se far ausir.

 

[Imatge: Cristian Wariu - sorsa: www.jornalet.com]

Karim Khan a osé demander des comptes à Israël, et c’est pourquoi il a été destitué

Le mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahu a été, jusqu'à présent, la seule tentative sérieuse de la communauté internationale pour traduire le régime israélien en justice pour le génocide à Gaza. 


Écrit par David Hearst

Parmi l’avalanche de réactions qui ont suivi la destitution, si prévisible, du procureur général Karim Khan par la Cour pénale internationale (CPI) vendredi dernier, il y a eu une publication révélatrice. Elle a été faite par Danny Danon, ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, qui a adressé un avertissement au maire de New York, Zohran Mamdani. Mamdani venait de qualifier le Premier ministre du régime israélien, Benjamin Netanyahu, de criminel de guerre qui devrait être arrêté la prochaine fois qu’il foulerait le sol américain, bien que Mamdani ait admis qu’il n’avait pas compétence pour le faire.

Danon a répété l’affirmation — qui semble désormais confirmée comme un fait — selon laquelle Khan a utilisé les mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense pour couvrir ses présumées fautes sexuelles.

Comme l’a clairement montré l’enquête de Middle East Eye (MEE), Khan a présenté les mandats d’arrêt, méticuleusement préparés, six semaines avant même d’avoir connaissance des accusations. Mais la vérité et les garanties procédurales ont été sans importance dans la campagne de 18 mois visant à destituer Khan. La pression a inclus une campagne médiatique dans le Wall Street Journal, Associated Press, The Guardian et, plus récemment, CNN ; des avertissements privés de David Cameron, alors ministre des Affaires étrangères, qui lui a dit que le Royaume-Uni retirerait son financement à la CPI et se retirerait du Statut de Rome si les mandats d’arrêt étaient émis ; des sénateurs républicains qui lui ont dit : « Si tu t’en prends à Israël, nous nous en prendrons à toi », et le fait que la présidente de l’Assemblée des États Parties (AEP), la Finlandaise Paivi Kaukoranta, l’ait publiquement désigné comme suspect avant même qu’il ait eu l’occasion de se défendre.

Danon a menacé Mamdani du même sort que Khan. « @NYCMayor Zohran Mamdani, prends note : utiliser Israël comme arme politique ne te dispensera pas de rendre des comptes », a publié Danon.

Un nouveau précédent

Par le passé, Israël préférait agir en coulisses. Lorsqu’il a tenté de faire pression sur la prédécesseure de Khan, la procureure générale Fatou Bensouda, il l’a fait avec discrétion. L’ancienne procureure a décrit dans une interview avec Al Jazeera une réunion avec l’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, dans un hôtel de New York lors d’une session de l’Assemblée générale de l’ONU. Interrogée pour savoir si Cohen lui avait dit qu’Israël pourrait « s’occuper » d’elle et l’avait avertie que poursuivre pourrait compromettre la sécurité de sa famille, Bensouda a répondu : « Oui. C’est bien ce qui s’est passé. »

Mais cette campagne pour écarter Khan a établi un nouveau précédent. Israël en a revendiqué la paternité dès le début et n’a fait aucune tentative pour cacher, ni à Khan lui-même ni au monde extérieur, qu’il était derrière ces accusations.

Il a envoyé une équipe du Mossad à La Haye, où vit Khan, pour l’intimider. Il a fait passer des messages à Khan par l’intermédiaire d’un avocat britannique, bien que ce dernier ait affirmé à MEE qu’il « ne parlait qu’à titre personnel ». Finalement, Netanyahu lui-même a « révélé » que quatre autres femmes étaient sur le point de témoigner contre Khan. Cela s’est produit quelques heures avant que The Guardian n’affirme qu’une deuxième femme était sur le point de se manifester.

Bien sûr, il ne s’est rien passé.

Khan est resté ferme sur sa position et dans sa conviction que la CPI, parmi tous les tribunaux, respecterait les garanties procédurales. Cette dernière confiance a peut-être été très mal placée. Les accusations contre Khan ont été enquêtées pendant plus d’un an par le Bureau des services de contrôle interne (OIOS). Ce bureau a formulé 137 conclusions, dont aucune ne constituait une inconduite, et encore moins une inconduite sexuelle.

Les preuves recueillies par l’OIOS ont ensuite été méticuleusement examinées par un tribunal composé de trois juges internationaux de haut rang nommés par l’Assemblée des États Parties (ASP).

Ce tribunal judiciaire a décidé que les conclusions de l’OIOS « ne démontrent pas d’inconduite ni de manquement au devoir » de la part de Khan. Les mêmes critères de preuve que ceux utilisés par la CPI elle-même ont été appliqués. Ensuite, l’ASP elle-même a lancé une campagne pour saboter le rapport élaboré par les juges qu’elle avait elle-même nommés.

Un tribunal irrégulier

Permettez-moi d’insister sur ce dernier point. Nous parlons d’un tribunal. Dans celui-ci, les juges sont nommés pour leur capacité à examiner et évaluer les preuves. Et nous avons ici le Bureau politique, formé d’anciens diplomates nommés par les États membres, décidant d’invalider l’avis juridique de ses juges les plus haut gradés et de rejuger les accusations par ses propres moyens dans un tribunal irrégulier.

Imaginez quelle aurait été la réaction des gouvernements occidentaux si le président russe, Vladimir Poutine — contre lequel Khan a également émis un mandat d’arrêt — avait fait la même chose que Netanyahu pour faire pression sur les États membres de la CPI.

Mais c’était encore pire que cela.

Pour destituer Khan, le Bureau de l’Assemblée des États parties, l’organe directeur de la Cour, a dû refuser à Khan et à ses avocats le droit à un procès équitable ou, en fait, à tout type de procès. Entre autres choses, les membres du Bureau ont commenté en privé avec le dénonciateur et entre eux que Khan était fini ; ils ont modifié le motif de sa destitution sans le consulter ; et ils ont changé les règles de vote.

Margareta Kassangana, diplomate polonaise et vice-présidente de l’ASP, a rencontré en privé la dénonciatrice de Khan pour discuter de l’affaire avant que le Bureau ne transmette l’affaire à l’OIOS de l’ONU fin 2024.

On a entendu un autre membre du Bureau, l’ambassadrice d’Ouganda Mirjam Blaak, dire à un collègue qu’elle croyait que Khan « ne reviendrait peut-être pas », tout en faisant référence à la dénonciatrice en des termes personnels.

Dans mon interview avec lui, Khan a affirmé que le Bureau inventait les choses au fur et à mesure. « C’est un processus créé sur mesure pour Khan... spécifique pour moi ».

Lors de son vote pour suspendre Khan, le Bureau a estimé qu’il avait commis une « faute grave ». La décision, à laquelle MEE a eu accès, accusait Khan d’avoir entretenu une relation sexuelle avec la dénonciatrice, ce qui était inapproprié en raison du déséquilibre de pouvoir entre eux.

Cette accusation n’avait jamais été portée contre Khan. Il avait d’abord été accusé d’avoir touché la dénonciatrice, puis de viol, mais jamais d’avoir entretenu une relation sexuelle consentie.

Le récit de la dénonciatrice portait sur une conduite non consentie. Le bureau l’a licencié sur la base d’une accusation qui ne lui avait jamais été imputée.

Afin de garantir que le « lynchage public » de son procureur général se déroule comme prévu, le bureau a modifié le processus de vote, passant d’un vote en deux phases à un vote unique, de manière à priver l’ASP de la possibilité de formuler sa propre évaluation de la prétendue inconduite.

Trois camps

La campagne pour destituer Khan a divisé les observateurs en trois camps : ceux qui croyaient en son innocence et que tout le processus avait été orchestré par Israël ; ceux qui croyaient qu’il était coupable et qu’il utilisait les mandats d’arrêt comme couverture ; et un groupe intermédiaire qui considérait que Khan n’était pas un « procureur crédible », bien que sa conduite principale en tant que procureur le fût. Sa destitution permettrait que les mandats d’arrêt qu’il avait initiés aillent de l’avant.

C’était l’avis de Kenneth Roth, ancien directeur de Human Rights Watch. Roth a déclaré sur CNN que, puisque les mandats d’arrêt étaient le fruit du travail d’une équipe de procureurs et avaient été approuvés par trois juges de la chambre d’instruction, ils devaient aller de l’avant.

Après la destitution de Khan, le Parquet de la CPI a affirmé que son travail continuerait sans interruption. La CPI a plus d’une douzaine d’enquêtes en cours en Ukraine, au Darfour, en Libye et en Afghanistan. Cependant, comme l’a rapporté MEE, le Parquet a tenté en avril d’émettre un mandat d’arrêt contre le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, et se préparait à en émettre un autre contre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Ces demandes étaient prêtes avant que Khan ne prenne un congé en mai 2025 et depuis, il n’y a pas eu de nouvelles.

Les mandats d’arrêt originaux contre Netanyahu et Gallant restent en vigueur et seuls les juges peuvent les révoquer. Le régime israélien a présenté une série de recours judiciaires et deux d’entre eux sont toujours en attente. Le plus important d’entre eux est que le tribunal n’a pas compétence sur ses citoyens, car Israël n’est pas un État partie au Statut de Rome (argument qui ne s’applique pas aux accusés qui font partie du Sud global).

Cette question fait désormais l’objet d’un bras de fer entre la Chambre d’appel et une chambre inférieure, et il est très possible que la résolution définitive n’intervienne pas avant 2027.

Dans l’une des nombreuses propositions visant à faire reculer Khan, il a été suggéré de permettre au procureur général de « descendre de l’arbre ». Il a été proposé que Khan reclasse les mandats d’arrêt comme confidentiels. Cela permettrait à Israël de les contester à huis clos.

Pour autant que l’on sache, tout le travail relatif à Israël à la CPI est à l’arrêt.

Deux procureures adjointes, Nazhat Shameem Khan, des Fidji, et Mame Mandiaye Niang, du Sénégal, restent à la tête du bureau. Toutes deux ont été sanctionnées par les États-Unis pour avoir maintenu les mandats d’arrêt contre Netanyahu et Gallant après avoir pris la direction du bureau. Ceux qui sont à la tête de la campagne pour se débarrasser de Khan se vantent maintenant de vouloir d’autres têtes.

Qui sera le prochain ?

Le principal d’entre eux est le Département d’État américain. Son porte-parole, Tommy Pigott, a déclaré : « Karim Khan est un exemple paradigmatique de la corruption et de l’abus de sa prétendue autorité par la CPI. Il est positif qu’il soit parti, mais il n’est qu’un petit rouage de cette institution irrémédiablement corrompue. Le résultat d’aujourd’hui n’aura aucun impact sur les plans des États-Unis pour démanteler la CPI. »

Son chef, Marco Rubio, mène une campagne pour démanteler la CPI « brique par brique », comme il l’a lui-même dit. Il a affirmé : « La Cour pénale internationale prétend devenir l’arbitre, exempt de toute responsabilité, d’une nouvelle loi mondiale, avec le pouvoir de poursuivre et d’arrêter nos citoyens à sa guise et de menacer de manière existentielle la souveraineté américaine. Nous apprendrons à la CPI ce que signifie vraiment la détermination américaine » (en réalité, il n’y a pas de mandat d’arrêt contre des Américains).

Encouragés par la destitution de Khan, d’éminents avocats pro-israéliens menacent désormais ouvertement d’autres cibles, comme Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés.

Hillel Neuer, directeur d’United Nations Watch, a publié : « L’immunité est terminée pour les fonctionnaires internationaux qui abusent de leurs fonctions. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a abusé sexuellement de ses employées. Notre campagne pour le destituer a réussi : il vient d’être licencié. » « Tu es la prochaine, @FranceskAlbs. Ton soutien au terrorisme du Hamas aura des conséquences. »

Remarquez le mot « notre ».

Mais, bien sûr, à ce stade, Neuer ne pouvait pas être plus précis. Le ministre des Affaires étrangères du régime israélien, Gideon Sa’ar, a joué un « rôle actif » dans la décision des États membres de la CPI de destituer Khan.

Sa’ar a supervisé « un groupe de travail spécifique et a mené d’intenses efforts diplomatiques visant à garantir la destitution de Khan », selon Guy Azriel, correspondant diplomatique d’i24 News.

Netanyahu, qui s’est félicité de la décision, a publié qu’il avait parlé avec Rubio de porter le coup de grâce à la CPI. « Il a réaffirmé une fois de plus la détermination des États-Unis à agir fermement contre cette institution — une institution qui sape la justice, attaque des nations démocratiques et souveraines, et prétend subordonner leur sécurité aux décisions de fonctionnaires corrompus et irresponsables à La Haye », a écrit Netanyahu.

En se joignant à la campagne pour destituer Khan, Roth n’a pas protégé la CPI ni ses collègues avocats des droits de l’homme de ce type d’abus et d’attaques. Il a mis encore plus en danger à la fois la cour et eux-mêmes.

Une bataille perdue

Il est révélateur que, le jour même de la destitution de Khan, l’ONU ait voté en faveur de l’octroi à l’avocat autrichien Volker Turk d’un autre mandat de quatre ans en tant que responsable des droits de l’homme. Israël a ignoré ce revers et n’a fait aucun effort appréciable pour le contrer.

C’est parce qu’il sait que ce que fait l’ONU est sans importance. Elle a émis résolution après résolution, déclaration après déclaration, rapport après rapport et rien n’a changé en ce qui concerne l’occupation, sauf pour le pire.

Mais ce qu’a fait Karim Khan a eu un grand impact. Ce fut la menace internationale la plus importante pour Israël depuis qu’il a entamé son génocide à Gaza. C’est pourquoi il fallait se débarrasser de Khan.

Israël livre une bataille perdue

La vidéo de Mamdani dans laquelle il condamne Netanyahu comme criminel de guerre a dépassé les 200 millions de vues.

Après la destitution de Khan, YouGov a interrogé les adultes américains pour savoir si les autorités américaines devraient arrêter Netanyahu à son retour. 46 % ont répondu oui, 28 % non et 25 % n’étaient pas sûrs.

Le lendemain, le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré que Netanyahu était un criminel de guerre et qu’il n’était pas le bienvenu à Londres.

Tel est l’héritage d’un procureur britannique têtu qui a refusé de se laisser intimider.

Les États membres de la CPI ont suspendu l’épreuve de défendre la justice internationale. Le regretté sénateur Lindsey Graham avait raison lorsqu’il a dit que la CPI était réservée aux « Africains et aux brutes comme Poutine. Pas pour des démocraties comme Israël et les États-Unis ». Car c’est ainsi que s’est comportée la majorité de ses États membres. Lorsqu’ils ont été soumis à la pression, ils ont cédé et, malheureusement, cela inclut le Sud global. Lorsqu’ils ont besoin de justice internationale et découvrent qu’elle n’existe pas, ils ne peuvent que se regarder dans le miroir.

Quoi qu’il arrive maintenant avec Khan, son nom restera à jamais lié aux mandats d’arrêt de la CPI contre Netanyahu et Gallant, qui restent la réponse la plus efficace, la plus sérieuse et la plus significative que la communauté internationale ait apportée au génocide à Gaza. Toutes les autres réponses sont purement rhétoriques. C’est pourquoi Israël s’est tant efforcé de se débarrasser de Khan. Ces mandats d’arrêt mettent en lumière les crimes de guerre israéliens comme jamais auparavant et, pour la première fois dans ce conflit, ils tentent d’obtenir que les plus hauts responsables du pays en répondent.

Khan a osé tenir tête aux puissants pour chercher justice pour les victimes, et tel sera son véritable héritage.


[Source : www.rafaelpoch.com - reproduit sur www.legrandsoir.info]

segunda-feira, 10 de agosto de 2026

Francesc Serras: «Volem que comprendre la informació jurídica deixi de ser un privilegi»

TECOUS treballa per fer comprensible la informació jurídica en un ecosistema digital on la lletra petita continua generant barreres.

·         TECOUS vol oferir claredat legal per reduir barreres i desigualtats. 

Entitat redactora: Colectic 

En un entorn digital on la informació jurídica és omnipresent però sovint incomprensible, la lletra petita continua condicionant decisions quotidianes: contractes, compres, registres, subvencions o resolucions administratives. La complexitat, el llenguatge tècnic i la manca d’accessibilitat generen desconfiança i dificulten l’exercici efectiu dels drets. En aquest context, emergeixen iniciatives que busquen transformar aquesta experiència, fent que la comprensió de la informació legal sigui part essencial de la transparència i no un obstacle afegit.

Francesc Serras, cofundador de TECOUS, treballa per convertir documents jurídics extensos en interfícies clares, visuals i accessibles que permetin a qualsevol persona identificar allò essencial, entendre com l’afecta i prendre decisions informades. Des de la seva mirada, la claredat legal és una infraestructura necessària per reduir desigualtats informatives, reforçar la confiança i situar la informació jurídica al servei de les persones.

Com definiries TECOUS i quin problema intenta resoldre?

TECOUS és una iniciativa que transforma informació jurídica complexa en experiències digitals clares, visuals, accessibles i interactives. Vol resoldre el problema de rebre molta informació legal sense disposar de les eines per entendre-la, com passa amb termes i condicions, contractes, bases de subvencions o resolucions administratives. Tot i que la informació hi és, sovint es presenta en documents extensos, amb llenguatge tècnic o en blocs de text que generen frustració, desconfiança i distància entre ciutadania i institucions, afectant especialment persones amb menys coneixements jurídics o competències digitals.

TECOUS crea una capa de comprensió perquè les persones puguin identificar la informació important, entendre com els afecta i prendre decisions informades, sense eliminar ni modificar el contingut jurídic original.

Per què la lletra petita és també experiència d’usuari, i com ho heu integrat en el vostre model de disseny legal?

La lletra petita forma part de l’experiència d’usuari perquè apareix en moments de presa de decisions: registres, compres, cessió de dades personals, contractació de serveis o reclamacions. Una web pot ser fàcil d’utilitzar, però si la informació sobre drets i obligacions és incomprensible, l’experiència no és accessible. Sovint es dissenya perquè acceptar sigui fàcil, però no perquè entendre també ho sigui.

Per això, TECOUS integra la informació legal dins del recorregut de la persona i la presenta per capes: visió breu i visual, explicació en llenguatge clar i accés al text jurídic complet. Incorpora icones, navegació per temes, cercadors, audiodescripció i altres recursos d’accessibilitat perquè cada persona pugui entendre la informació essencial i aprofundir-hi quan ho necessiti.

Quins criteris utilitzeu per transformar un text legal complex en una interfície visual, clara i accessible sense alterar-ne el contingut jurídic?

El primer criteri és identificar drets, obligacions, terminis, imports, conseqüències i decisions importants per a la persona destinatària. L’estructura es reorganitza segons les seves necessitats, no necessàriament seguint l’ordre del document. S’utilitza llenguatge clar, frases curtes, exemples i elements visuals, evitant simplificacions que modifiquin el sentit jurídic, i cada resum es vincula al fragment original.

El document original es manté sempre disponible com a font jurídica. El resultat es valida des de perspectives jurídica, comunicativa, visual i d’accessibilitat, evitant que la presentació de la complexitat generi més barreres.

Quins impactes heu observat en plataformes, entitats o administracions que han implementat TECOUS?

El primer impacte és convertir informació que sovint actua com una barrera en una eina útil per prendre decisions. Els impactes observats són principalment qualitatius: les persones localitzen més ràpidament la informació rellevant, redueixen la càrrega de lectura i entenen millor quines decisions han de prendre o quins passos han de seguir.

Han desenvolupat projectes com el del sandbox d’aprenentatge regulatori Cruïll(IA), amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per explicar quines dades es recullen i com s’utilitzen. També han fet una prova pilot amb la Generalitat de Catalunya per fer més comprensibles resolucions administratives i iniciaran treballs amb l’Ajuntament de Barcelona per fer més accessibles les bases de subvencions. Els resultats quantitatius s’estan avaluant, especialment en comprensió, confiança percebuda i reducció de consultes o incidències.

Com garantiu la traçabilitat i el compliment normatiu, especialment en relació amb el Reglament General de Protecció de Dades i altres regulacions?

La traçabilitat implica que cada resum, explicació o element visual es pugui relacionar amb el fragment original del document. Això permet comprovar que la informació no ha estat descontextualitzada, mantenir control de versions i saber quin contingut era vigent en cada moment.

En protecció de dades, treballen amb principis com la privacitat des del disseny, minimització de dades, transparència i responsabilitat proactiva. La informació s’ha de presentar de manera clara, per capes i en el moment rellevant. TECOUS no converteix en legal un document que no ho sigui: el contingut jurídic ha d’estar correctament elaborat i validat, i la seva funció és fer-lo més comprensible sense alterar-ne els efectes.

Quina és la visió a llarg termini del projecte?

La visió és que comprendre la informació jurídica deixi de ser un privilegi i es converteixi en un estàndard. La transparència no és només publicar un document, sinó garantir que les persones el puguin entendre, independentment dels seus coneixements jurídics o capacitats.

Imaginen una infraestructura de claredat legal integrada en normativa, tràmits administratius, contractes, resolucions i comunicacions, contribuint a convertir la comprensió en un nou estàndard de transparència a Europa. Fer la informació legal més clara és una manera de reduir desigualtats informatives, facilitar l’exercici efectiu dels drets i reforçar la confiança entre ciutadania i organitzacions. Volen que la informació legal sigui una eina que empoderi les persones, i no una barrera.

 

[Imatge: Pexels - font: www.xarxanet.org]

No future! E muito passado…

Há cinquenta anos, o punk britânico fez a sua primeira grande aparição. Dele surgiu uma cultura “faça você mesmo” que rejeitava os rótulos políticos tradicionais, mas expressava um forte descontentamento com o modelo social britânico do pós-guerra. 


Escrito por Brenda Fedi

A 1 de dezembro de 1976, os Sex Pistols apareceram no programa Today do canal britânico Thames Television, como substitutos de última hora. Durante a entrevista, o apresentador Bill Grundy provocou Johnny Rotten e Steve Jones, membros da banda, levando-os a dizer palavrões em direto. Na manhã seguinte, a imprensa já tinha proferido o seu veredicto: o punk era uma subcultura de “vândalos mal-falantes” com cabelo pintado e alfinetes de dama, e o pânico moral espalhou-se consequentemente. Os concertos foram cancelados em poucos dias e um movimento que, até então, se limitava a um pequeno círculo punk foi, quase da noite para o dia, elevado a fenómeno nacional.

Cinquenta anos depois, esta cena tornou-se alvo de um tipo de atenção muito diferente. Esta primavera, a história do punk britânico de Matthew Worley, No Future (originalmente publicada em 2017), foi relançada com um novo prefácio de Paul Morley. A escrita da história centra-se frequentemente em marcos comemorativos; este, por si só, é um centro de acesos debates, tanto entre historiadores como no seio das comunidades que vivenciaram os acontecimentos em causa. Muitas vezes, os projetos impulsionados por este ou aquele aniversário assemelham-se a uma busca desesperada pelo "acontecimento do momento", deixando pouco espaço para que as interpretações se consolidem ou para que o conhecimento se acumule. Ainda assim, no mundo precário do trabalho académico, estes momentos estão longe de ser neutros. Os aniversários são, muitas vezes, os únicos momentos em que o financiamento se torna disponível, possibilitando a investigação e dando-lhe visibilidade para um público mais vasto.

Para além das condições materiais da sua produção, a atenção académica em torno deste quinquagésimo aniversário aponta para uma mudança disciplinar significativa: o punk, enquanto fenómeno social, político e cultural, tornou-se agora parte integrante do cânone dos processos considerados dignos de investigação pelos historiadores contemporâneos, e já não do domínio exclusivo dos críticos musicais ou sociólogos. Embora as obras de Dick Hebdige e Stuart Hall permaneçam uma base indispensável para o estudo de qualquer subcultura, Worley leva a discussão para o âmbito da interpretação historiográfica, tratando o punk como uma lente fundamental através da qual se pode observar a fragmentação do consenso britânico do pós-guerra.

Uma das principais conquistas do estudo de Worley é a sua capacidade de levantar questões que a história política tem frequentemente negligenciado. Como devemosanalisar um fenómeno que resiste à periodização convencional e às categorias tradicionais? Considere-se, por exemplo, a ideia de “desengajamento político”, frequentementeutilizada para caracterizar a década de 1980: na interpretação de Worley, tal noção corre o risco de reduzir um vasto leque de experiências coletivas a uma única tendência para a passividade.

No entanto, persiste umaironia subjacente difícil de ignorar. O facto de o punk, cinquenta anos mais tarde, ser um foco da academia e da cultura dominante, contrasta de forma incómoda com um dos impulsos mais profundos do movimento: a insistência na sua própria autonomia narrativa e a suspeita em relação a qualquer instituição (seja académica, política ou comercial) que reivindique a autoridade para codificar e representar uma experiência coletiva segundo os seus próprios critérios.

O livro de Worley aborda este debate com considerável sensibilidade e autoconsciência. Reconstrói trajetórias históricas ao mesmo tempo que amplifica as vozes das culturas punk e pós-punk que, ao longo das décadas, desenvolveram as suas próprias formas de autorrepresentação e narrativa coletiva. O facto de esta história estar agora a ser narrada pelas mesmas instituições e canais que o punk originalmente rejeitou não diminui o valor da investigação que lhe é dedicada. Contudo, levanta algumas questões difíceis de ignorar: Quem tem o direito de contar a história do punk? E porque precisamos de estudá-la?

É ainda de salientar que – independentemente do que se possa presumir – o punk sempre prestou muita atenção aos aniversários. Em 1977, enquanto a Grã-Bretanha se preparava para celebrar o vigésimo quinto aniversário do reinado de Isabel II, os Sex Pistols lançaram “God Save the Queen”: uma apropriação herética do Jubileu de Prata que transformou uma celebração oficial num ato de protesto situacionista.

Sempre que se discute a primeira vaga do punk britânico (1976-84), uma questão assume invariavelmente o protagonismo, sendo recorrente com igual persistência entre ativistas, académicos e músicos: terá o punk sido um fenómeno político ou, pelo contrário, adotou uma perspetiva apolítica cuidadosamente cultivada? Como Worley argumenta de forma convincente, esta questão, em última análise, está mal formulada. Devemos, em vez disso, perguntar se a rejeição das formas e linguagens políticas tradicionais não será, em si mesma, uma forma de engajamento político, ainda que implícita ou inconsciente.

Nesta perspetiva, o livro de Worley transita entre duas linhas complementares de investigação. Por um lado, reconstrói a relação entre o punk e a política organizada (uma relação que nunca foi linear). Por outro lado, traça a emergência da prática do “faça você mesmo” (DIY) como uma resposta genuína ao modelo social, económico e político que moldou a Grã-Bretanha nas décadas de 1970 e 1980.

As experiências punk reconstruídas por Worley são diversas e geograficamente dispersas; politicamente, são irredutíveis a qualquer ideologia partilhada. No entanto, estão unidas por vários fios condutores comuns. O principal deles é aquele que dá título ao livro: “No future”. Mais do que um slogan niilista, a frase reflete a forma como uma geração nascida no pós-guerra sentia a falta de perspetivas. Contudo, na sua simplicidade, estas palavras também desestabilizam as grandes narrativas ideológicas do século XX (antecipando um fenómeno apontado por Mark Fisher no seu Realismo Capitalista). Isto aponta para uma incompatibilidade estrutural com as narrativas de progresso defendidas pela esquerda, sejam elas institucionais ou extraparlamentares.

Worley rejeita tanto as afirmações sobre o estatuto "apolítico" do punk quanto aquelas que implicamcoerência ideológica. Em vez disso, retrata um campo de tensões que refletia a complexidade do próprio momento histórico. Significativamente, as datas que identifica como marcando o seu início e o seu fim correspondem a duas das mais importantes e controversas campanhas políticas do movimento punk.

Numa das extremidades encontra-se o Rock Against Racism (RAR), fundado em 1976 em resposta às atitudes racistas que circulavam entre músicos de rockproeminentes, como, por exemplo, os comentários polémicos de David Bowie sobre o fascismo ou o apoio público de Eric Clapton ao político anti-imigração Enoch Powell. Worley reconstitui cuidadosamente a relação do RAR com o Socialist Workers Party, mantendo-se ao mesmo tempo atento às suspeitas do punk em relação a esta aliança: de facto, bandas anarcopunk como os Crass e Poison Girls criticaram a campanha pelo que consideravam ser uma tentativa da esquerda de cooptar o punk para fins políticos.

Na outra extremidade, encontra-se a ampla solidariedadedemonstrada por muitas bandas punk durante a greve dos mineiros liderada pelo Sindicato Nacional dos Mineiros em 1984, contra a decisão da primeira-ministra Margaret Thatcher de antecipardrasticamente o encerramento da indústria mineira britânica.

Worley demonstra igual perspicácia em relação ao lado mais negro da história. Não ignora as tentativas da National Front e de setores da extrema-direita de cooptar o movimento Oi!, explorando o descontentamento das comunidades da classe trabalhadora e fomentando o sexismo e a hostilidade racial.

Quanto ao desenvolvimento de novas formas políticas, aquilo que Worley descreve como o "ethos DIY" é talvez a contribuição mais duradoura do punk para a cultura política do final do século XX e o fio condutor que une todo o livro. O DIY sobreviveu ao declínio da primeira vaga do punk em meados da década de 1980, influenciou todos os seus vários subgéneros (do anarcopunk e do Oi! ao pós-punk) e proporcionou ao movimento a sua continuidade mais profunda. Worley reconstitui e analisa uma prática que deu origem a infraestruturas culturais alternativas: editoras discográficas independentes, redes para a produção e circulação de fanzines e catálogos queoperavam fora da lógica convencional do mercado e eram impulsionadas por uma sensibilidade profundamente anticapitalista. O DIY foi uma tentativa de criar espaços autónomos de organização e comunicação para além das instituições comerciais e das estruturas políticas tradicionais.

Como já referi, o punk forçou também uma reflexão crucial sobre a apropriação da cultura underground pelo mainstream. O próprio ethos DIY surgiu em parte comoresposta a este processo, procurando preservar formas deautonomia cultural face à crescente incorporação da estética subcultural nos circuitos do mercado.

Contudo, embora a autoprodução tenha diluído a distinção entre músico, produtor, distribuidor e público, também abriu uma questão que Worley identifica perspicazmente, mas que, em última análise, deixa sem solução. Trata-se da questão do papel dos músicos punk enquanto trabalhadores, com todas as tensões que isso acarreta entre a autonomia criativa e a sobrevivência económica. É uma questão que ressoa fortemente hoje, na era das plataformas de streaming, onde a linguagem do DIY foi grandemente apropriada e monetizada pelo capitalismo das plataformas, que agora lucra com formas de autoprodução antes imaginadas como alternativas ao mercado.

O livro começa por definir claramente o seu âmbito metodológico: o punk deve ser entendido não como um estilo ou género musical, mas como um processo cultural de reflexão crítica que rasga categorias políticas convencionais (inserindo, assim, este livro na tradição de etnomusicólogos como Christopher Small). A decisão de organizar os capítulos tematicamente, em vez de cronologicamente – comtítulos como “Punk e Política”, “Anatomia Não é Destino”, “Punk como Distopia” – reflete a convicção de que uma experiência complexa e coletiva como o punk não pode seradequadamente captada num único movimentonarrativo.

Uma contribuição particularmente original de No Future é o seu foco no género e na sexualidade como terrenos políticos centrais. O punk abriu irreversivelmente um novo espaço para subjetividades que a cultura dominante tinha excluído durante muito tempo, confrontando as estruturas patriarcais da indústria musical e impulsionandoas críticas de classe e de género para um diálogo incómodo. Worley aborda estas tensões sem projetar uma falsa coerência sobre o passado. Destaca como os punks lutaram para conciliar estas críticas na sua prática quotidiana, levantando questões urgentes sobre o corpo e a identidade que a esquerda contemporânea ainda não resolveu completamente.

Neste sentido, Worley investiga a política do corpo em paralelo e entrelaçada com a política dos piquetes de greve, destacando como o punk uniu a libertação pessoal ao protesto social. Esta perspetiva foi aprofundada por Vivien Goldman em Revenge of the She-Punks (2019), obra que reinterpreta o punk – incluindo os seus desenvolvimentos pós-primeira vaga – na perspetiva do género.

Para reconstruir a história do punk, Worley privilegia as fontes impressas e áudio em detrimento das memórias retrospetivas. Reconhece o valor documental da história oral, mas também identifica as suas limitações estruturais: o relativismo e o subjetivismo do testemunho pessoal, que produzem frequentemente narrativas individualizadas, e a névoa de nostalgia que muitas vezes envolve os anos de 1976-77. Para o autor, este processo gerou memórias cada vez mais ahistóricas do punk, desligadas dos contextos sociopolíticos que lhe deram significado.

Embora esta escolha garanta um foco rigoroso no clima e na linguagem da época, continua a ser controversa. Testemunhos orais, recolhidos e tratados com o mesmo rigor filológico aplicado a qualquer outra fonte – e com plena consciência tanto dos seus pontos fortes como das suas limitações – poderiam ter acrescentado uma dimensão que os fanzines, por si só, não conseguem proporcionar. Teria sido possível escrever uma história oral do punk que fosse para além das autonarrativas apologéticas e se situasse dentro da rica tradição britânica da história vista de baixo.

Além disso, a dependência de materiais autoproduzidos levanta uma questão urgente: quem preserva as fontes da história do punk? Os fanzines, os flyers e outros materiais efémeros permanecem frequentemente fora dos circuitos arquivísticos institucionais (e alguns argumentariam que isto é positivo). A luta pela sua preservação é, em si mesma, um ato político, que realça a tensão não resolvida entre a autonomia da subcultura e a institucionalização da sua memória.

Em última análise, Worley consegue usar a história do punk para oferecer uma perspetiva perspicaz sobre este período de mudanças históricas. Num presente que muitas vezes parece ter esgotado as prospetivas, investigar a história do punk desafia-nos a questionar como a política pode ser reinventada e que infraestruturas, redes e relações alternativas ainda podemos construir hoje.


Brenda Fedi é historiadora e investigadora especializada na história da música, nos movimentos sociais e no trabalho criativo durante a segunda metade do século XX 

 

 

[Fonte: www.esquerda.net]