Las iniciativas de la derecha y la ultraderecha se inscriben en una estrategia política más amplia que convierte a un grupo muy reducido de mujeres en símbolo de amenaza
Manifestación contra la prohibición de llevar el hiyab en centros educativos públicos, el 26 de febrero de 2025 en Parla (Madrid).
Esta semana se ha debatido en el Congreso una iniciativa de Ley Orgánica presentada por Vox y apoyada por el Partido Popular, cuyo único articulado propone prohibir el niqab y el burka. Se presenta bajo el doble argumento de la protección de la dignidad femenina y la seguridad ciudadana, pero irrumpe en un contexto de competencia electoral donde la reactivación del llamado “peligro musulmán” constituye un mecanismo de movilización política eficaz que dispara miedos y cohesiona –y probablemente añade– electorado.
No estamos ante un fenómeno nuevo. El debate sobre el velo integral se puso en marcha en España en 2010, cuando diferentes ordenanzas municipales impulsadas desde la derecha catalana intentaron limitar su uso, llamando la atención de organismos de derechos humanos. En aquel momento, la competencia era entre las derechas (PP y CiU) y la pujante ultraderechista Plataforma per Catalunya, que arrastró a todo el espectro político a esta discusión. Aquella vía fue anulada por el Tribunal Supremo en 2013, dejando claro que una administración local no puede restringir un derecho fundamental y que el uso del niqab se inscribe en el ámbito de la libertad religiosa, protegida por la Constitución y por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Además de al Alto Tribunal, la propuesta saltó en forma de moción desde los ayuntamientos al Senado, donde se aprobó, estancándose finalmente en el Congreso.
En aquel verano de 2010, como ahora, no existía un problema social en España en torno al niqab, término al que siempre se añade el de burka, como si alguien hubiera visto alguna vez uno por aquí. No es gratuito el uso de la palabra, puesto que de ese modo se sigue teniendo como referencia a Afganistán, al régimen de los talibanes y a la violencia contra las mujeres. En cualquier caso, el número de mujeres que utilizan el niqab en España es ínfimo y no hay datos –ni entonces ni ahora– que indiquen que su uso provoque conflictos de convivencia, orden público o seguridad. La ofensiva derechista se centra en el niqab porque es la prenda que genera mayor rechazo simbólico y sobre la que podría construirse más fácilmente un consenso prohibicionista. La propuesta no responde, por tanto, a una urgencia social, sino a una lógica de rentabilidad electoral –en diferido– que desplaza el debate desde el terreno de los derechos al de las emociones colectivas, convirtiendo a un grupo muy reducido de mujeres en chivo expiatorio dentro de una agenda que normaliza el racismo y la islamofobia, en nombre de la dignidad y la seguridad. Se transforma una práctica marginal en símbolo de amenaza cultural. Así que no estamos ante un debate técnico sobre una prenda, sino ante una estrategia de construcción de pánico moral, dentro de otra más amplia de ofensiva racista.
El número de mujeres que utilizan el niqab en España es ínfimo
En este sentido, la iniciativa de la ultraderecha se inscribe en una ola prohibicionista que recorre Europa desde hace más de una década. El niqab está prohibido en distintos niveles en el espacio público en Francia (2010), Bélgica (2011), Dinamarca (2018) y Países Bajos (2019). En varios de estos casos, el impulso inicial vino de la derecha y posteriormente fue asumido por otros sectores políticos, hasta consolidar un consenso restrictivo. Bajo la retórica de la seguridad y/o la defensa de las mujeres, se ha ido normalizando una agenda que convierte a una minoría prácticamente inexistente en objeto de una regulación punitiva.
La propuesta española participa de esta misma lógica y contribuye a sedimentar un “sentido común islamófobo” que se basa en una idea que se presenta como obvia, la de que determinadas expresiones visibles del islam constituyen en sí mismas un problema público, porque lo son las personas musulmanas. Esta naturalización de la sospecha transforma una opción religiosa minoritaria en un marcador de alteridad y de criminalidad. El debate deja de ser jurídico para convertirse en cultural. O más bien, el verdadero objetivo es dar una batalla cultural. En términos más concretos, la ultraderecha ha conseguido que todo el mundo hable de un tema que ha puesto en la agenda política y social, que consigue aglutinar diferentes sensibilidades y del que, sin duda, acabará sacando rédito electoral directo, porque valida su discurso racista.
No es casual que el foco aparente recaiga sobre las mujeres. Aunque la medida se presenta como una iniciativa para “protegerlas”, descansa en una premisa implícita: que los hombres musulmanes son violentos, coercitivos y proclives a imponer a las mujeres una determinada vestimenta. Es decir, se proyecta una sospecha sobre el conjunto de los hombres, al tiempo que se sitúa a las mujeres en el lugar de víctimas sin agencia. Bajo la retórica de la emancipación se despliega una lógica de control y asimilación que niega la capacidad de decisión de las propias afectadas y criminaliza preventivamente a su entorno familiar masculino como potencial –e ineludible– agente de coacción.
La vestimenta funciona como frontera simbólica que delimita quién pertenece plenamente al “nosotros”. El cuerpo de las mujeres musulmanas se convierte en escenario donde se dirime la supuesta incompatibilidad entre el islam y los valores europeos. Este mecanismo, que ha sido nombrado de diferentes maneras desde hace más de veinte años (retórica salvacionista, islamofobia de género o feminacionalismo), supone la apropiación instrumental del discurso feminista por parte de fuerzas nacionalistas, conservadoras o abiertamente antifeministas para justificar políticas antiinmigración y antimusulmanas.
El Partido Popular respaldó la iniciativa de Vox en el Congreso, y además fue el impulsor de una normativa similar en el Parlamento de Baleares, donde la propuesta salió finalmente adelante con el apoyo de la ultraderecha. Es decir, se trata de una agenda compartida que se está normalizando progresivamente en el espacio conservador, como demuestra la suma de Junts a esta ola prohibicionista. Incluso cuando se modera el tono o se atenúa el preámbulo abiertamente racista, como en su documento, se hace referencia al mismo horizonte amenazante, empleando también el discurso de protección de los derechos de las mujeres, reduciendo el niqab a un símbolo de opresión y negando la posibilidad de que su uso pueda ser una práctica autónoma. En la realidad, las diferencias entre las tres iniciativas son más de estilo –a veces– que de fondo. Finalmente, el PP registró dos días después su propia proposición de Ley Orgánica, en la que renunciaba a la retórica abiertamente islamófoba y situaba el argumento feminista en el corazón del preámbulo –incluso haciendo referencia a la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad entre hombres y mujeres–, aunque no dejaba escapar el de la seguridad. Además, recuperaba su propia historia en relación con el niqab, remontándose a 2010 y adjudicándose la categoría de pionero.
Aunque las formas difieren, el presupuesto prohibicionista, y por tanto racista, es compartido
Vox y PP perdieron la votación del día 17 de febrero en el Congreso, pero da la amarga impresión de que ganaron una gran batalla, logrando implantar el debate en la agenda política de todos los partidos. La propia ministra de Igualdad ha anunciado la apertura de un “espacio de debate” sobre la libertad y el consentimiento de las mujeres en relación con esta cuestión. Es decir, aunque las formas difieren, el presupuesto prohibicionista, y por tanto racista, es compartido. Quedará como un hito el hecho de que, por primera vez, la ultraderecha, la derecha, sectores de la izquierda institucional y de diferentes feminismos compartan de manera tan clara este marco islamófobo, que sitúa el niqab como objeto de escrutinio público en nombre de la emancipación de las mujeres. El resultado es que lo que en otras mujeres puede interpretarse como expresión identitaria, práctica política o simplemente forma de estar en el mundo, en las musulmanas aparece bajo sospecha, señalando su falta de capacidad o la violencia de su entorno, que las obligaría a esa práctica.
La prohibición del niqab tendría un impacto profundo y multidimensional en la vida de las mujeres afectadas, pese a que el colectivo directamente implicado sea numéricamente muy reducido. En primer lugar, supondría la normalización institucional del racismo y la islamofobia. El mensaje que se envía es claro: se trata de una presencia problemática. La estigmatización pasaría de ser discursiva a estar respaldada por un aparato punitivo. En segundo lugar, implicaría la criminalización directa de mujeres visiblemente musulmanas. Mujeres que pasarían a exponerse a multas, identificaciones, expulsiones o intervenciones policiales, algo que ya les está ocurriendo en espacios públicos, a lo que hay que añadir además la impunidad de nuevas formas de acoso callejero nacidas al calor de la ley, como ya ha pasado en otros lugares. En contextos de vulnerabilidad socioeconómica, las sanciones administrativas podrían tener efectos desproporcionados. Además, la prohibición ampliaría el clima de miedo e inseguridad. No solo para las que usan niqab, sino también para las que llevan hiyab. También habría un impacto de autocensura y retraimiento del espacio público. Algunas mujeres podrían optar por no salir, reducir su movilidad o limitar su acceso a servicios para evitar sanciones o enfrentamientos. Esto produciría el efecto contrario: menos autonomía y menos participación social. En definitiva, reforzaría el sentido común islamófobo que ya opera socialmente, consolidando la idea de que determinadas expresiones religiosas son incompatibles con la ciudadanía. En vez de ampliar derechos y fortalecer políticas sociales, el recurso al derecho penal, que es punitivismo, erosiona la cohesión social, debilita la confianza institucional y legitima un futuro cada vez más restrictivo, no solo de las poblaciones musulmanas.
En definitiva, estas proposiciones no abordan un problema real de seguridad ni corrigen una desigualdad efectiva. Se inscriben en una estrategia política más amplia que convierte a un grupo muy reducido de mujeres en símbolo de amenaza y, al hacerlo, contribuye a consolidar un marco cultural en el que la islamofobia se presenta como sentido común. Y son estructuralmente racistas porque no regulan conductas generales, sino que apuntan directamente a mujeres musulmanas. Se construye una alteridad peligrosa y se legisla contra ella. Esta lógica encaja con los procesos contemporáneos de racialización punitiva del islam en Europa, apuntalando decididamente los renovados mecanismos fascistas de los cuales las poblaciones musulmanas tan solo son sus primeras víctimas.
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Laura Mijares es arabista y profesora de la UCM
Ángeles Ramírez es antropóloga y profesora jubilada de la UAM
[Foto: Sindicato de Estudiantes - fuente: www.ctxt.es]









