La ventaja de Flávio Bolsonaro en la
primera vuelta dejó en suspenso la reelección del presidente brasileño. Pese a
sus buenos resultados macroeconómicos, Luiz Inácio Lula da Silva perdió terreno
entre una nueva clase media endeudada, emprendedora y seducida por la batalla
cultural conservadora. El 25 de octubre, Brasil decidirá si sigue siendo un
dique contra el avance reaccionario en la región.
Escrito por Giancarlo
Summa
¿Cómo ha sido posible? En el Partido de
los Trabajadores (PT) estaban convencidos de que, más allá del incierto
resultado de la segunda vuelta, en la primera del 4 de octubre Luiz Inácio Lula
da Silva quedaría primero, como ocurrió en 2022. Por eso los resultados –el 47 %
para Flávio Bolsonaro y el 45 % para Lula– fueron un terremoto político para la
izquierda. Ahora el presidente brasileño se encuentra en la incómoda situación
de tratar de revertir el golpe inicial y reorganizar fuerzas para la segunda
vuelta del próximo 25 de octubre. Para lograrlo, su campaña ha dado un giro
brusco: más combativa, menos centrada en el balance de gestión y acompañada de una
multiplicación de las movilizaciones militantes. El objetivo es recuperar parte
de los electores que Lula ha perdido en favor de Bolsonaro y, aún más
importante, entre los 40 millones que no acudieron a las urnas, votaron en
blanco o anularon su voto: en total, aproximadamente una cuarta parte del
electorado.
En 2018, con la victoria de Jair Bolsonaro
frente a Fernando Haddad, Brasil anticipaba un crecimiento de las extremas
derechas en toda América Latina. Bolsonaro perdió contra Lula su reelección por
menos de dos puntos porcentuales en 2022, pero como se confirma ahora, el
bolsonarismo expresa una coalición social que se mantuvo en pie durante estos
cuatro años.
La reacción de los partidarios de Lula
frente al resultado de la primera vuelta, así como la de gran parte de la
prensa extranjera y los círculos diplomáticos internacionales, fue de sorpresa,
consternación y perplejidad. Aunque ya está lejos del apogeo de su popularidad
al final de su segundo mandato, en 2010, Lula sigue siendo uno de los líderes
globales más respetados, mientras que Flávio Bolsonaro –hijo mayor y heredero
político designado de Jair Bolsonaro– es un político mediocre y sin carisma,
con una larga historia de escándalos de corrupción, vinculado tanto a los
círculos de la «internacional reaccionaria» como a las milicias
paramilitares de Río de Janeiro.
¿Es la economía?
El desconcierto frente a los resultados
remite a la famosa (y tan manida) frase de James Carville, el estratega de Bill
Clinton en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992: «Es la
economía, estúpido». Y aquí nos encontramos frente a una situación llena de
matices. Desde un punto de vista macroeconómico, el tercer mandato de Lula ha
sido un éxito incontestable, casi un modelo de manual. Desde 2023, Brasil ha
registrado una caída sostenida del desempleo, cuya tasa se situó en el 5,3 % en
el trimestre de junio a agosto de 2026, cerca del mínimo histórico de la serie,
y una moderación de la inflación -el 4,22 % interanual en agosto-, ligeramente
por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que se situó en el 4,3 % interanual en agosto de 2026. A
ello se suma una reducción de alrededor del 20 % de la pobreza extrema entre
2023 y 2024, equivalente a 1,9 millones de personas menos; la reanudación y
ampliación de los programas sociales, como Bolsa
Família; y un crecimiento del PIB del 3,2 % en 2023, del 3,4 % en 2024 y del
2,3 % en 2025, lo que arroja una media anual cercana al 3 %. En el frente
externo, el superávit comercial acumulado entre enero de 2023 y septiembre de
2026 rondó los 305.000 millones de dólares. Y ya entre las dos vueltas, el
Congreso promulgó una reforma
constitucional que fija la semana laboral en cinco días, una vieja reivindicación que garantiza
dos días de descanso sin recorte salarial y reduce gradualmente la jornada de
44 a 40 horas.
Si esos indicadores hubieran bastado para
traducirse en un consenso electoral, tal y como Lula y su séquito habían
pensado y esperado, las elecciones habrían sido un trámite sencillo.
Pero, como solía repetir la economista
progresista brasileña Maria da Conceição Tavares, quien en otros tiempos tuvo
mucha influencia sobre Lula, «nadie come PIB, sino alimentos». Las pérdidas de
poder adquisitivo acumuladas, fundamentalmente entre la recesión de 2014
(gobierno de Dilma Rousseff) y 2022 (último año del gobierno de Bolsonaro
padre), aún no se han recuperado en la base y en el medio de la pirámide
social. Para llegar a fin de mes, muchos brasileños completan sus ingresos con
trabajos extra, a menudo en plataformas como Uber o de entregas a domicilio,
recurren a préstamos bancarios y pagan sus compras a plazos. Incluso muchos
recurren a las apuestas en línea (que Lula prohibió por decreto pocos días
antes de las elecciones). En agosto de 2026, el 81,7 % de las familias tenía
alguna deuda pendiente de pago, el nivel más alto jamás registrado, tres puntos
más que en 2022. Las familias destinan casi el 29 % de sus ingresos al pago de
deudas y, aun así, casi 30% de ellas están en mora y, en consecuencia, como se
dice en Brasil, tienen el «nombre manchado» en el sistema bancario–, lo cual
dificulta sus operaciones financieras. Son deudas prácticamente impagables,
porque las tasas de interés que aplican los bancos brasileños están entre las
más altas del planeta: el préstamo promedio a las familias cuesta alrededor del
62 % anual, y el crédito renovable de la tarjeta de crédito -cuando no se paga
el total-, el 445 %. Así, el trabajador que consiguió un empleo y un aumento
salarial durante el gobierno de Lula devolvió ambos al banco, con intereses.
Los gobiernos del PT invirtieron en un
gigantesco sistema de cobertura de salud universal (SUS) y en el acceso a la
educación pública; sin embargo, ante las largas colas en los hospitales y el
bajo nivel medio de las escuelas primarias públicas, un número cada vez mayor
de familias, incluidas las de las clases populares, se esfuerza por pagar
seguros médicos y colegios privados. En agosto de 2026, el 24,9 % de los
brasileños tenía cobertura de un seguro médico privado y algo más del 20 % de
los alumnos de educación primaria y secundaria estudiaba en colegios privados.
Los datos macroeconómicos definitivamente
no reflejan las condiciones de vida reales de la mayoría ni dan respuesta a las
necesidades, deseos y aspiraciones, tanto materiales como inmateriales, de una
sociedad que ha cambiado profundamente en el cuarto de siglo que separa la
primera llegada de Lula a la Presidencia, en 2002, de esta campaña electoral
tan difícil para la izquierda. En estas últimas décadas, en gran parte gracias
a las políticas públicas de los gobiernos del PT, Brasil ha dejado de ser un
país mayoritariamente pobre para convertirse en un país de clase media y
media-baja. La denominada «clase C», que incluye a todos los hogares con
ingresos mensuales per cápita entre 610 y 2150 reales (entre 120 y 430
dólares), agrupa a más de 107 millones de personas, cerca de la mitad de la
población.
Renato Meirelles, uno de los mayores
expertos en opinión pública, consumo y comportamiento de las clases populares
en Brasil, publicó en junio de 2026 Brasil da maioria: 25 anos de classe C [El
Brasil de la mayoría: 25 años de clase C], un libro imprescindible para
comprender los cambios sociales que se han producido en el país. A grandes
rasgos, Meirelles identifica tres periodos distintos en el siglo XXI:
1. Los dos primeros mandatos de Lula,
hasta 2010, marcaron el ascenso de millones de brasileños a la clase C,
impulsados por el crecimiento económico, la expansión del crédito y las
políticas de inclusión y redistribución del ingreso.
2. La década siguiente se caracterizó por
el estancamiento de los ingresos, el fin de la euforia inicial y la transición
hacia un periodo de frustración y reinvención personal y colectiva. Desde el
punto de vista político, la década estuvo marcada por la crisis de los
gobiernos de Dilma Rousseff (hasta su destitución en 2016), la operación «Lava
Jato» y el surgimiento de una extrema derecha muy activa y agresiva, y antes
prácticamente invisible, que llevó al poder a Jair Bolsonaro en 2018.
3. El presente: la clase C tiene hoy un
mayor nivel educativo (el 70 % de los jóvenes ha estudiado más años que sus
padres y, por primera vez, muchos llegan a la universidad), está muy conectada
digitalmente, es emprendedora (con pequeños negocios y microempresas
individuales) y es más exigente, tanto con los servicios públicos que recibe
como con los productos que compra. Meirelles señala que este grupo rechaza las
etiquetas ideológicas rígidas de izquierda y derecha, oscila entre posturas
conservadoras y progresistas (por ejemplo, se puede mostrar en contra del
aborto y a favor del matrimonio igualitario) y desempeña un papel decisivo en
las urnas y en el consumo.
La clase C, según Meirelles, apoya los
programas de transferencia de ingresos de los gobiernos del PT, como el Bolsa Família, considerados
indispensables para prevenir el hambre y garantizar la supervivencia de las
familias más vulnerables, y reconoce que las políticas públicas fueron
determinantes para su propio ascenso social y el aumento de su poder
adquisitivo en la década de 2000. Sin embargo, con el paso de los años, las
prestaciones sociales dejaron de considerarse una bendición extraordinaria y
pasaron a verse como un derecho adquirido («lo mínimo» o un «hecho de la
realidad», señala Meirelles). Por otro lado, la visión de la clase C sobre las
ayudas está fuertemente marcada por valores meritocráticos. Entre el 67 % y el 69
% de los brasileños consideran que «solo se debe ayudar a quien lo merece».
Existe una opinión difusa, aunque infundada, de que los programas de ayuda
desincentivan la búsqueda de empleo. Algo más del 70 % de la población –incluso
entre los sectores de menores ingresos y entre los propios beneficiarios–
coinciden en que las ayudas gubernamentales pueden hacer que las personas
tengan menos ganas de trabajar. La clase C rechaza que se la trate como un mero
público pasivo de la asistencia estatal. En lugar de limitarse a recibir
prestaciones de subsistencia, la población de ingresos medios busca la
autonomía y demanda el apoyo del Estado para emprender, acceder al crédito,
obtener formación práctica y convertir pequeños negocios en microempresas.
La cuestión de la relación con el Estado
es fundamental para intentar descifrar las tendencias políticas y electorales
de esta nueva clase media, cuya posición no deja de ser precaria: por un lado,
se percibe al Estado como ausente cuando faltan servicios públicos de calidad
(especialmente en salud y educación), pero también se lo ve como un obstáculo
burocrático y fiscal cuando este intenta recaudar impuestos y dificulta la
lucha por la supervivencia del trabajador autónomo.
La visión de la importancia central del
esfuerzo individual se entrelaza con la profunda religiosidad de la cultura
popular y con el impetuoso crecimiento de las iglesias evangélicas
neopentecostales, que predican que la fe, unida al esfuerzo personal, genera
prosperidad terrenal: la llamada «teología de la prosperidad». Según Meirelles,
para el 94 % de la clase C, profesar una religión contribuye directamente a
vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. El 75% de los encuestados
afirma que la fe es una de las cosas más importantes de sus vidas y el 58 % la
considera esencial para la educación de los niños. Los evangélicos votan más a
la derecha que los católicos, pero el voto de la clase C no es monolítico.
Luchas comunicacionales
Todas las encuestas de opinión, por otro
lado, indican desde hace tiempo el enfado y el cansancio de la mayoría de la
población por su situación material, pero también su certidumbre respecto a
mejoras futuras en su vida. El nuevo sueño de decenas de millones de brasileños
es convertirse en empresarios. Los de más edad piensan en una pequeña tienda o
un salón de belleza. Para los más jóvenes, el sueño suele situarse en el mundo
digital. La antropóloga Rosana Pinheiro-Machado, que estudia cómo la economía
de plataformas incide en las sociedades del Sur global, ha seguido durante tres
años a cientos de «influencers de la prosperidad», quienes venden cursos
y fórmulas sencillas para triunfar en internet y volverse rico: nueve de cada diez
de ellos se alinean, de una u otra forma, con la extrema derecha. Es un universo marcado por una fe
inquebrantable en la meritocracia y el individualismo, combinada con estilos de
vida conservadores.
No es casual que, en el tsunami
reaccionario del 4 de octubre, al menos 13 jóvenes influencers bolsonaristas,
con millones de seguidores en las redes sociales, hayan sido elegidos diputados
federales y estatales desde las filas del Partido Liberal (PL) de los
Bolsonaro. Dos de ellos, Nikolas Ferreira, de 30 años, en el estado de Minas
Gerais, y Lucas Pavanato, de 28 años, en San Pablo, obtuvieron más de tres
millones de votos: son los diputados más votados de la historia de Brasil.
Es la punta del iceberg de lo que
el politólogo Marcos Nobre ha bautizado como el
«partido digital bolsonarista». El bolsonarismo no es solo un movimiento constituido alrededor del clan
Bolsonaro, ni un conjunto disperso de influencers: funciona como un partido
de verdad, con organización, jerarquía, disciplina y una gran capacidad de
movilización permanente, no solo en periodos de campaña electoral. Es un
poderoso instrumento para crear y mantener consensos políticos, así como
valores culturales y de comportamiento. Es una batalla que la izquierda
brasileña ha perdido sin siquiera intentar pelearla. A lo largo de todo el
tercer mandato de Lula, la comunicación del gobierno ha sido lenta, formal,
triunfalista y alejada de los problemas reales y las aspiraciones de la mayoría
de la población. En la izquierda, han surgido algunos jóvenes que, a título
individual, han sabido disputar la hegemonía digital con inteligencia y
habilidad, y han convertido a sus seguidores en votos, como Erika Hilton,
diputada transgénero del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en San Pablo (7,7
millones de seguidores entre Instagram y X, y 1,6 millones de votos); Ana Elisa
Santos, de solo 21 años, del PT de Minas Gerais (6,3 millones de seguidores
entre Instagram y TikTok, y más de 500.000 votos); o Rick Azevedo, concejal del
PSOL de Río de Janeiro, que se dio a conocer en todo el país tras lanzar en
2023 una campaña en TikTok e Instagram para acabar con la semana de seis días
de trabajo y uno de descanso, algo que, como mencionamos, se convirtió en
reforma constitucional: fue elegido diputado federal con casi 200.000 votos.
Pero, en general, la izquierda institucional brasileña se ha mostrado incapaz
de adaptarse a los nuevos tiempos de la comunicación y la política.
A punto de cumplir 81 años, Lula da Silva
es el último superviviente de la «marea rosa» que, entre la primera elección de
Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff
en Brasil en 2016, dominó la escena política latinoamericana durante unas dos
décadas. De los líderes de aquella época, algunos han fallecido y otros están
presos, en el exilio o con órdenes de detención.
Lula es un superviviente también en otros
sentidos: al hambre del nordeste del Brasil, cuando era niño; al trabajo en la
fábrica (se le cortó un dedo en una prensa cuando era operario metalúrgico); a
la enfermedad (superó un cáncer de garganta tras el final de su segundo
mandato); a la cárcel (la primera vez durante la dictadura militar; la segunda
en 2018, cuando pasó un año y medio preso por una condena por corrupción que el
Supremo Tribunal Federal [STF] anuló después); al intento de golpe de Estado
que culminó en el asalto del 8 de enero de 2023, cuyo plan, elaborado por
militares golpistas y bautizado como «Daga Verde y Amarilla», contemplaba el
asesinato de Lula, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del ministro del STF
Alexandre de Moraes. El juez que condenó a Lula, Sergio Moro, fue luego
ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y acaba de ser elegido gobernador de Paraná
por el PL.
El pasado 16 de agosto, fecha del inicio
oficial de la campaña electoral, el primer mitin de la séptima campaña
presidencial de Lula (fue candidato en 1989, 1994 y 1998, antes de ser elegido
por primera vez en 2002, reelegido en 2006 y elegido de nuevo en 2022) apostó
por un simbolismo seguro y, al mismo tiempo, anticuado: el estadio de Vila
Euclides, en São Bernardo do Campo, periferia de San Pablo, cuna del movimiento
sindical de los metalúrgicos brasileños, donde Lula había iniciado su carrera
en los años 70. Bajo un sol abrasador –el presidente llevaba sombrero por
recomendación médica, tras someterse a radioterapia por un cáncer de piel en el
cuero cabelludo–, Lula recordó a figuras vinculadas a los orígenes del PT ya
fallecidas, como Antonio Candido y Sérgio Buarque de Holanda, y a referentes de
las luchas sociales asesinados, como Chico Mendes y Margarida Alves. Evocó
también a su madre, conocida como Dona Lindu, que murió mientras él estaba
preso por su actividad sindical, y la convirtió en emblema de un llamamiento a
las mujeres contra la violencia machista.
En su discurso, repasó su vida política,
desde el sindicalismo hasta la Presidencia, pasando por la cárcel, el regreso y
los logros de sus gobiernos. Entre ellos, mencionó la creación de diez millones
de puestos de trabajo, de una veintena de nuevas universidades federales y de
cientos de campus de institutos técnicos, el paso de 5 a 25 millones de
trabajadores con título universitario desde 2003 y las promesas de nuevos logros
para el futuro. Toda su intervención osciló entre el recuerdo del pasado y la
visión de un Brasil que produce chips y baterías eléctricas. Una arenga
bastante triunfalista, de orgullo por todo lo que su gobierno y el PT habían
hecho. En cuanto a temas espinosos como la delincuencia –una de las principales
preocupaciones de la población–, Lula volvió a prometer la creación de un
Ministerio de Seguridad Pública y darle prioridad a la educación, porque «es
mucho más barato que invertir en cárceles». Sus palabras pueden haber conmovido
a los antiguos militantes, pero no dialogaron con las preocupaciones de decenas
de millones de votantes que, según indican las encuestas de opinión, tienen una
opinión negativa sobre la labor del gobierno.
A unos cientos de kilómetros de distancia,
Flávio Bolsonaro había elegido para su mitin inaugural la playa de Copacabana,
uno de los emplazamientos tradicionales de las manifestaciones de la extrema
derecha en Río de Janeiro, el bastión principal del clan familiar. Ante un público
mucho más reducido que el que reunió Lula y bajo un cielo gris, Bolsonaro
enumeró los temas que marcarían toda su campaña electoral: la «mano dura»
contra la delincuencia, las dificultades de la vida cotidiana de las familias,
el aumento del costo de vida, la reivindicación del legado político de Jair
Bolsonaro, la oposición al aborto y a la legalización de las drogas, y la
promesa de mejorar la gestión del Estado con un tesouraço (tijeretazo)
en el gasto público, en referencia directa a la motosierra del presidente
argentino, Javier Milei. En uno de sus primeros actos de campaña, en San Pablo,
Flávio Bolsonaro blandió unas tijeras enormes, mientras que, a su lado, Milei
se agitaba frenéticamente.
El tono de la campaña de los dos
candidatos no cambió sustancialmente hasta el 4 de octubre. Fue, según la
acertada definición del politólogo Pedro Abramovay, una disputa entre lo
abstracto y lo concreto.
Flávio Bolsonaro se movió en el terreno de lo abstracto. Reforzó los valores
conservadores, apeló al antipetismo (un sentimiento muy fuerte en Brasil,
continuación y actualización del anticomunismo de la época de la Guerra Fría),
defendió el espíritu emprendedor, atacó al STF y aseguró que será implacable
con los grupos criminales organizados, sin ofrecer detalles sobre ninguna
propuesta concreta. Lula, por el contrario, fue demasiado «concreto»,
enumerando los muchos logros macroeconómicos de su gobierno y una lista de
proyectos futuros, pero sin intentar siquiera transmitir la esperanza de que
hay un país mejor por construir y de que eso pasa por su reelección.
La ola conservadora
En la primera vuelta, los brasileños se
decantaron por la visión abstracta y reaccionaria. Independientemente del
resultado final, un análisis detallado de la elección ofrece un panorama
desalentador para Lula, la izquierda y el futuro de la democracia. En términos
absolutos, la diferencia entre Bolsonaro y Lula fue de 2,3 millones de votos:
56,1 millones para el primero y 53,8 millones para el segundo. En comparación
con la primera vuelta de las presidenciales de 2022, Flávio Bolsonaro obtuvo
cinco millones más que su padre Jair, quien perdió por estrecho margen en el
balotaje, mientras que Lula perdió 3,4 millones de votos, a pesar de que el
número total de electores aumentó ligeramente (158,7 millones de votantes en
2026 frente a 156,4 millones en 2022). Hace cuatro años, Lula se situó a la
cabeza en 3.378 de los 5.569 municipios y en 14 estados del país; este año, en
solo 2.663 municipios y 12 estados. Un estudio del periódico O Globo muestra que
el presidente perdió votos en el 98,2 % de los municipios, mientras que el
candidato de extrema derecha avanzó. La caída de los votos de Lula fue más
acusada en las ciudades de menos de 20.000 habitantes (5,9 puntos porcentuales)
y más leve en las grandes ciudades de más de 500.000 habitantes (casi un
punto). Un relevo del diario Folha de S. Paulo, en
el que se cruzan los resultados electorales de la primera vuelta con los del
censo de 2022, muestra que, en general, Lula sigue gozando de una popularidad
extraordinaria entre los brasileños más pobres –obtuvo el 76 % de los votos en
los sectores con ingresos mensuales de hasta 1.100 reales (unos 220 dólares)–,
pero que Flávio Bolsonaro obtuvo proporcionalmente más votos en todos los demás
niveles de ingresos. Entre los votantes de la clase C, el retroceso de Lula ha
sido especialmente acusado: el presidente ha perdido 5,1 puntos porcentuales de
los votos con respecto a 2022, mientras que el hijo de Bolsonaro ha aumentado
su apoyo en 4,9 puntos respecto a los resultados de su padre. Paradójicamente,
Lula ha aumentado su apoyo, aunque en menor medida que su rival, entre los
votantes con mayores ingresos.
También Lula perdió votos en uno de los
principales bastiones del PT, el estado de Bahía, donde ha pasado del 69,7 % al
66,2 %, aunque el gobernador del PT, Jerônimo Rodrigues, ha sido reelegido en
la primera vuelta. Flávio Bolsonaro, al contrario, ha ganado terreno en estados
claves en los que Lula había superado a Jair Bolsonaro en 2022, como Minas
Gerais, donde obtuvo 538.000 votos más que su padre en 2022 y se situó en
primer lugar. En el estado de San Pablo, el más rico y poblado de la
federación, donde el PT tiene sus raíces históricas y donde Jair Bolsonaro se
había impuesto hace cuatro años, Flávio obtuvo 682.000 votos más, mientras que
Lula perdió casi un millón. En paralelo, el exministro de Economía y delfín de
Lula, Fernando Haddad, candidato por segunda vez a gobernador del estado,
obtuvo un resultado ligeramente mejor que en 2022, pero no superó el 36 % de
los votos, y Tarcísio de Freitas, alineado con el bolsonarismo, fue reelegido
en la primera vuelta con el 62 % de los votos.
El PL, actual formación política del clan
Bolsonaro, se ha convertido en el primer partido de Brasil: ha elegido a cinco
gobernadores en la primera vuelta y 121 diputados (de un total de 513, lo que
supone el 23,6 % de los escaños de la Cámara baja) y 19 senadores (de los 54 en
liza), que, sumados a los senadores que ya ocupaban su cargo, darán al PL 28 de
los 81 escaños, es decir, el 34,6 %.
El bolsonarismo se renueva también como
dinastía. Michelle Bolsonaro, ex-primera dama que este año protagonizó un
sonado enfrentamiento público con Flávio por la sucesión política de su marido,
fue la candidata más votada al Senado en el Distrito Federal, con casi un
millón de votos, y su partido se quedó con los dos escaños en disputa en la
capital. Evangélica y con un discurso centrado en la fe y la familia, Michelle
encarna la alianza entre el clan y las iglesias neopentecostales. No es un caso
aislado: cinco de los ocho familiares de Jair Bolsonaro que se presentaron a
estas elecciones fueron elegidos o siguen en carrera, entre ellos su hijo
Carlos, que llega al Senado por Santa Catarina.
Los partidos de izquierda se han
mantenido: han elegido en total 124 diputados, frente a los 125 elegidos en
2022, y contarán con 15 senadores, frente a los 17 actuales. El PT de Lula
sigue siendo, de lejos, el más fuerte del bloque progresista, con 88 diputados
y 9 senadores. Sin embargo, en estas elecciones la izquierda sufrió derrotas de
enorme peso simbólico: quedaron fuera del Senado Randolfe Rodrigues, líder del
gobierno en el Congreso; la expresidenta del PT Gleisi Hoffmann, en Paraná;
Benedita da Silva, en Río en Janeiro; Paulo Pimenta, en Rio Grande do Sul, y
dos ministras emblemáticas del tercer mandato de Lula, Marina Silva y Simone
Tebet, en San Pablo. José Dirceu, quien llegó a ser el segundo nombre más
fuerte del PT tras Lula, no logró regresar a la Cámara de Diputados.
Si Flávio Bolsonaro gana la segunda
vuelta, el PL y sus aliados de la derecha y del centrão podrán impulsar
su agenda con pocos obstáculos. Flávio podría indultar por sí mismo a su padre,
condenado por la trama golpista y hoy bajo arresto domiciliario. Destituir a
ministros del STF exigiría dos tercios del Senado (54 votos), y reformar la
Constitución, tres quintos de cada cámara: mayorías fuera del alcance del PL
solo, pero no de una coalición conservadora que ha salido reforzada del 4 de octubre.
No obstante, Brasil no se ha transformado de repente en un país con una extrema
derecha hegemónica. El bolsonarismo, según indican las series históricas de
diferentes encuestas de opinión, cuenta con una minoría que se identifica
firmemente con él, del orden de una cuarta parte del electorado, pero es capaz
de liderar una coalición electoral mucho mayor. Su peso no radica únicamente en
el número de seguidores, sino en su capacidad para organizar a la derecha y
atraer a votantes que no se consideran estrictamente bolsonaristas. Del mismo
modo, el electorado del PT representa desde hace años alrededor del 30 % de los
votantes. En el pasado, el lulismo –que históricamente tiene una capacidad de
consenso electoral superior a la de su partido– lograba ampliar
significativamente su apoyo electoral más allá de la izquierda propiamente
dicha. Este año, al menos en la primera vuelta, ha sido el bolsonarismo el que
ha logrado recabar un mayor consenso en casi todos los sectores de la
población. Se pueden plantear al menos dos hipótesis, complementarias entre sí,
para intentar explicar esta situación.
La primera hipótesis, de orden concreto,
nos devuelve a la economía: la política económica de todo el gobierno de
Lula se ha caracterizado por una ortodoxia fiscal y monetaria que ha limitado
en gran medida la capacidad de inversión pública. El gobierno se ató las manos
al aprobar por ley un arcabouço fiscal [marco fiscal]. La regla es
sencilla en su lógica: el gasto público solo puede crecer el 70 % de lo que
crezcan los ingresos, y nunca más del 2,5 % por encima de la inflación. Aun
así, la deuda pública no ha dejado de subir: pasó del 73,8 % del PIB en
diciembre de 2023 al 82,9 % en agosto de 2026, casi 10 puntos más. Está muy por
debajo de la media de los países de la OCDE (el 110,5 % del PIB en 2023), pero
los mercados financieros y sus altavoces en los medios de comunicación la han
convertido en uno de los temas principales del debate político (y le dieron así
a Flávio Bolsonaro la oportunidad de comprometerse a «alcanzar, en el menor
plazo posible, la estabilidad y, posteriormente, la reducción de la ratio
deuda/PIB» mediante un brutal programa de ajuste). En realidad, Brasil no sufre
una crisis de deuda, sino una crisis del costo de la deuda, tal y como explican economistas
ajenos a los mercados financieros, como Pedro Paulo Zahluth Bastos, profesor en la Universidad Estatal de
Campinas (Unicamp). El tipo de interés básico brasileño (Selic), des 13,75 %
anual, es uno de los más altos del mundo en términos reales. El pago de
intereses de la deuda pública absorbe así casi el 9 % del PIB, alrededor de 1,2
billones de reales al año, lo que equivale a unos 240.000 millones de dólares.
Es más del doble de lo que paga Italia, cuya deuda es, sin embargo, un 60 %
mayor que la brasileña. Los altísimos tipos de interés que paga el Estado
brasileño imponen, por un lado, una limitación real de los recursos disponibles
para invertir (por ejemplo, para mejorar la calidad de los servicios públicos
básicos, como la salud, la educación, el transporte público y la seguridad
social) y, por otro lado, son uno de los principales mecanismos de
concentración de la riqueza del país en manos de una elite muy reducida, que
concentra gran parte de los títulos de deuda interna: el 1 % más rico de la
población poseía un 46,8 % de la riqueza total del país en 2021. Se trata de un
viejo problema de Brasil que los gobiernos del PT, desde 2003 hasta la
actualidad, nunca han enfrentado realmente, en un intento –fracasado– de evitar
una confrontación con los poderes fácticos del país. Tras el inesperado éxito
de Flávio Bolsonaro, la Bolsa de San Pablo subió el 7 % en un solo día y el
real se apreció frente al dólar: a pesar de los buenos resultados
macroeconómicos del gobierno de Lula III (y de los dos anteriores), los grandes
grupos que influyen en el mercado financiero brasileño se han decantado
abiertamente por la extrema derecha.
Desde un punto de vista abstracto,
Lula y el PT han perdido la capacidad de hacer soñar –de vivir «sin miedo a ser
felices», como cantaba el inolvidable eslogan de la primera campaña electoral
de 1989– y han renunciado en gran medida a cualquier intento de disputar
seriamente la hegemonía cultural y la práctica político-económica neoliberal
que prevalece en el país ya desde hace décadas. Mientras que la extrema derecha
libra a diario una batalla cultural sin cuartel para imponer sus valores
reaccionarios, la izquierda se ha acomodado a la tímida gestión de lo que
considera posible, renunciando a cualquier tipo de rebeldía contra el statu
quo, en el sentido que sugiere Pablo Stefanoni en su ya clásico libro ¿La rebeldía se
volvió de derecha?
(2021). Para decenas de millones de brasileños, Lula se ha convertido él mismo
en la encarnación del establishment, del sistema, en un país que no les
permite hacer realidad sus sueños ni llevar una vida menos dura. Flávio
Bolsonaro, por el contrario, a pesar de todos los escándalos que lo salpican a
él y a su familia, logró venderse como una alternativa de ruptura, aunque lleva
décadas en la política. Salvando las diferencias que existen entre la situación
de los dos países, se trata, en esencia, de la misma dinámica política y
psicológica que, en 2024, llevó a amplios sectores de las clases populares de
Estados Unidos a votar por Donald Trump en las elecciones presidenciales, o a
abstenerse.
En abril de 2026, en la Primera Reunión de
la Movilización Progresista Global organizada en Barcelona por el gobierno
español de Pedro Sánchez, Lula había reconocido el problema. El proyecto
neoliberal, dijo Lula, «prometió prosperidad y trajo hambre, desigualdad e
inseguridad». El progresismo «logró avanzar en la agenda de los derechos», pero
«no consiguió superar el pensamiento económico dominante» y, en lugar de romper
con ese modelo, «sucumbió a la ortodoxia» y se convirtió en gestor de sus
propios males. «Los gobiernos de izquierda ganan las elecciones con un discurso
de izquierda y practican la austeridad», reconoció Lula. La extrema derecha,
por su parte, supo «sacar partido del malestar generado por las promesas
incumplidas», canalizando la frustración y la desesperanza de quienes fueron
abandonados por el sistema y por el progresismo que prometió cambiarlo. «Nos
hemos convertido en el sistema», admitió Lula. Seis meses después, de la forma
más dramática, los brasileños han confirmado ese diagnóstico en las urnas.
En
busca de la remontada
La posibilidad de dar vuelta el resultado
del 4 de octubre, según revelan desde el comité de campaña de Lula, pasa ahora
por una mayor movilización de los militantes de izquierda, pero también, y
quizás sobre todo, por el miedo. Es decir, se trata de convencer a decenas de
millones de indecisos y abstencionistas de que el regreso de Bolsonaro a la
Presidencia pondría en peligro mortal los programas sociales del gobierno,
empeoraría los servicios públicos, deterioraría los sueldos y las jubilaciones,
dañaría sus vidas y cualquier posibilidad de ascenso social. En la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales de 2006 (Lula contra Alckmin, el actual
vicepresidente) y de 2014 (Dilma Rousseff contra Aécio Neves), esta estrategia
funcionó. Una semana después de la primera vuelta, se celebraron enormes
manifestaciones en las grandes ciudades brasileñas, como la izquierda brasileña
no había logrado organizar en décadas. En muchos casos, se trató de
manifestaciones autoorganizadas por una gran variedad de grupos, grandes y
pequeños, de militantes –a menudo muy jóvenes– y no por las estructuras
partidarias ni sindicales. Las consignas y pancartas contra Bolsonaro se
entremezclaban con banderas arcoíris y palestinas, atuendos de las religiones
afrobrasileñas, grupos de samba y pancartas que reclamaban la defensa de las
universidades públicas y la reducción de la jornada laboral. Todo ello, con una
energía, e incluso una alegría, que habían brillado por su ausencia en los
últimos años.
Las encuestas indican que la ventaja de
Flávio Bolsonaro empezó a reducirse. Pero el tiempo disponible es muy corto. Al
último gigante de la izquierda latinoamericana solo le quedan ahora unos pocos
días para intentar evitar que las limitaciones, los errores y las vacilaciones
de su tercer mandato acaben entregando Brasil a la extrema derecha más
reaccionaria. Están en juego el futuro de la democracia en un país de 215
millones de habitantes, la protección de la Amazonia y la posibilidad de
resistir los ataques de Trump contra la soberanía de América Latina. Para Luiz
Inácio Lula da Silva, esta será la última y más difícil prueba de supervivencia.
[Imagen: Anadolu/Getty Images.- fuente: www.nuso.org]
