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quarta-feira, 19 de agosto de 2026

De Italia a Alemania: cómo buena parte de Europa ha regularizado a migrantes pese a las actuales críticas a España

Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países bajo gobiernos de todos los colores 

El Ayuntamiento de Barcelona incorpora a partir de este miércoles el Pabellón 2 del recinto ferial de Montjuïc, con capacidad para mil personas, a su dispositivo de atención a las personas extracomunitarias que solicitan documentación para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes. Alejandro García / EFE

Escrito por Meritxell Freixas

Cuando el Gobierno de Felipe González puso en marcha entre 1985 y 1986 la primera regularización extraordinaria de personas migrantes de la democracia en España, estimaba que unos 250.000 extranjeros estaban en situación irregular. “Con esta ley se pretende poner en orden la situación de los extranjeros residentes que no poseen documentación en regla. También se pretende normalizar la contratación de mano de obra extranjera”, recogía la prensa de la época. 

El proceso estuvo abierto durante ocho meses y medio y las personas extranjeras en situación irregular solo debían acreditar su estancia en el país desde antes del 24 de julio de 1985. Cinco años después, González puso en marcha otros dos procesos extraordinarios (1991 y 1992). 

Después de él lo hicieron también José María Aznar (1996, 2000 y 2001) y José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005 impulsó la regularización más grande hasta entonces con la exigencia de un contrato de trabajo. La hemeroteca cuenta que fueron cerca de 700.000 las solicitudes que se presentaron.

Pedro Sánchez ha sido el cuarto presidente español en llevar a cabo esta medida, que recibió casi 1,2 millones de solicitudes. “Ha habido pocas regularizaciones extraordinarias de dimensiones de la última en España, que ha sido especialmente voluminosa porque la dimensión de la migración irregular era muy alta por el propio funcionamiento de la economía y el mercado laboral”, explica a elDiario.es la investigadora del CIDOB Blanca Garcés, experta en el área de migraciones. En esta ocasión, añade, los requisitos eran “de acceso fácil”, solo acreditar permanencia en el territorio de 4-5 meses y ausencia de antecedentes penales. 

La irregularidad en España, explica la experta, no procede principalmente de las llegadas irregulares por la frontera sur —en los últimos 20 años, han sido mucho menos numerosas que en Grecia o Italia—, sino de personas que entran legalmente, especialmente desde países latinoamericanos cuyos ciudadanos no necesitan visado para estancias cortas, pero permanecen en el país más allá del plazo autorizado de tres meses.

Más allá de España, otros países europeos también han impulsado procesos extraordinarios de regularización. Algunos de ellos aprovecharon incluso la crisis fronteriza de Ceuta para criticar, de forma casi coordinada, las políticas migratorias del Gobierno español, en una de las reacciones más duras que se han visto en Europa contra una regularización nacional, pese a haber recurrido ellos mismos a medidas similares. 

Varios cientos de inmigrantes, en su mayoría marroquíes, se concentraron a las puertas de la Dirección Provincial de Trabajo, en el último día de plazo para regularizar se estancia en España. Según la Delegación de Gobierno, Murcia tras Madrid y Barcelona, es la provincia española en cantidad de solicitudes presentadas por los inmigrantes. J. F. Moreno / EFE

Italia, el caso paradigmático

Países como Italia, Grecia o Portugal también han combinado regularizaciones masivas y extraordinarias con procedimientos ordinarios (que España también aplica, como el arraigo). 

El caso de Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, lideró las críticas europeas a las políticas de Sánchez, es paradigmático. Es, junto con España, uno de los países europeos que más ha recurrido a las regularizaciones extraordinarias. Bajo el Gobierno del conservador Silvio Berlusconi en 2002, Italia impulsó esta medida a través de la cual unas 635.000 personas migrantes salieron de la irregularidad (de un total de 700.000 solicitudes). Los procesos extraordinarios se han sucedido en este país porque el mercado laboral generaba demanda de trabajadores extranjeros, pero las vías legales de entrada no cubrían esa demanda. Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia y presidente del partido Forza Italia de Berlusconi, ha tratado de vincular la regularización en España con lo ocurrido en Ceuta la última semana de julio.

El último de estos procesos extraordinarios llevado a cabo por Roma fue en plena pandemia, para regularizar a trabajadores irregulares de sectores como la agricultura, el trabajo doméstico y los cuidados, que en ese tiempo pasaron a ser considerados “esenciales” para garantizar alimentos, cuidados y servicios básicos. El proceso recibió finalmente unas 220.000 solicitudes, aunque solo alrededor del 15% correspondían a trabajadores agrícolas, pese a que la falta de temporeros en el campo había sido uno de los argumentos centrales para aprobarlo.

No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas

Blanca Garcés, investigadora del CIDOB experta en Migraciones

Bajo el gobierno de Meloni, Italia ha ampliado considerablemente las cuotas de permisos para extracomunitarios que permite el llamado Decreto de Flujos, un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y sector de empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028. 

En Grecia, en diciembre de 2023, ante la falta de mano de obra de sectores como la agricultura, la construcción o el turismo, el Gobierno del conservador de Kyriakos Mitsotakis aprobó una ley que permitía solicitar un permiso de residencia y trabajo a personas en situación irregular que llevasen al menos tres años en el país y contasen con una oferta de empleo. El Ejecutivo calculó que beneficiaría a unas 30.000 personas

“No puede decirse que las regularizaciones extraordinarias sean necesariamente una política de gobiernos de izquierdas porque se han dado bajo gobiernos de todos los colores, en muchos países distintos, con mercados laborales distintos y en momentos distintos”, dice Garcés. 

“No implican necesariamente una política migratoria más permisiva: con frecuencia han coexistido con un refuerzo de los controles fronterizos y de las políticas de expulsión”, añade Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid.

Según él, muchos de estos países han experimentado una demanda estructural de mano de obra inmigrante, especialmente en sectores poco cualificados y de difícil cobertura por trabajadores nacionales (agricultura, construcción o servicio doméstico). “Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras, por ello una parte de la inmigración se produce de manera irregular; la regularización corrige este desajuste”. 

Otros casos

Alemania, Francia y Bélgica, en cambio, han apostado por otras vías y han regularizado la situación administrativa utilizando instrumentos de gestión ordinaria.

Alemania, tradicionalmente más restrictiva con las regularizaciones extraordinarias, introdujo a finales de 2022 el llamado Chancen-Aufenthaltsrecht (“derecho de oportunidad de residencia”), una vía ordinaria destinada a determinadas personas que llevaban años viviendo en el país con un estatus de estancia “tolerada”. La medida les concedía un permiso de 18 meses para cumplir los requisitos que les permitieran acceder posteriormente a un permiso de residencia estable.

Las estadísticas de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) indican que, transcurrido el primer año y medio de vigencia, más de 76.000 personas obtuvieron este estatus provisional.

“Es una regularización con una lógica más administrativa, de personas que quedan sin permiso de residencia porque, por ejemplo, se rechaza su solicitud de refugio y quedan en el país en una situación de ”tolerancia“, que se llama, y a la larga, acaban siendo reconocidas”, cuenta Blanca Garcés, quien lo considera una forma de dar respuesta a “situaciones generadas por el propio funcionamiento de la administración, con procesos largos y que acaban en un limbo legal”. 

Hay un enorme desajuste –apunta– entre las necesidades de mano de obra en los países europeos y las posibilidades legales de entrada y residencia de personas extranjeras

Augusto Delkáder-Palacios, experto en securitización de la migración de la Universidad Complutense de Madrid 

“A medio y largo plazo los mecanismos ordinarios de regularización, por ejemplo el arraigo de España o el Chancen-Aufenthaltsrecht de Alemania son las vías más eficaces para evitar la irregularidad, aunque convendría simplificar y acelerar estos procedimientos”, dice Delkáder. Sin embargo, añade, en momentos de acumulación prolongada de personas en situación irregular, “las regularizaciones extraordinarias son un recurso pertinente para dar respuesta a un contexto de esas características”.

Tres etapas

La historia de estas políticas dibuja varias etapas. Entre 1945 y 2024, los miembros actuales de la OCDE implementaron 159 programas de regularización en 30 de los 38 países. Si bien algunos países introdujeron solo un programa, otros —como Estados Unidos— recurrieron a la regularización repetidamente. Así lo recoge una investigación de este año sobre la base de datos RegMig, que recopila ocho décadas de programas de estos procesos.

Las décadas de 1990 y 2000 concentraron el mayor número: el 61% de todos los programas registrados. Entre 1990 y 2007 se sucedieron las grandes regularizaciones, especialmente en el sur de Europa —España, Italia, Portugal y Grecia—, para dar respuesta a una población inmigrante que ya estaba instalada y trabajando, pero permanecía fuera de los canales legales.

La crisis económica y el posterior endurecimiento de las políticas migratorias europeas prácticamente hicieron desaparecer las grandes regularizaciones generales entre 2008 y 2019, con algunas excepciones como Polonia en 2012. A partir de 2020 reaparecieron, aunque con argumentos diferentes.

Más allá de ser una medida humanitaria, los Gobiernos han utilizado las regularizaciones como instrumento de política social y económica: para obtener información y supervisar a la población en su territorio, abordar el empleo irregular, el abuso y la explotación laboral, aumentar la recaudación tributaria y atender las necesidades del mercado laboral a través de la economía formal”, dice a elDiario.es la experta en migración de Amnistía Internacional Olivia Sundberg, basada en Bruselas. 

El mito del “efecto llamada”

A pesar de que con cada puesta en marcha de estos procesos se repite una y otra vez el argumento del “efecto llamada”, los estudios disponibles no han encontrado una relación clara y sistemática entre las regularizaciones y un aumento significativo de la inmigración irregular.

Tanto Delkáder como Sundberg aseguran que la evidencia empírica disponible no ha logrado demostrar una relación clara y sistemática entre estos procesos y un aumento significativo de la inmigración irregular. Según el experto, tras las regularizaciones no se vivieron incrementos extraordinarios de las llegadas, sino que la evolución de la población extranjera siguió una tendencia similar a la que cabría esperar por factores económicos y laborales. La ultraderecha mundial liderada por Trump pone a España en el punto de mira y usa Ceuta para esparcir su xenofobia

“Las razones por las que las personas migran o solicitan asilo (para escapar de conflictos, persecución o miseria, o para buscar mejores oportunidades en el extranjero para ellas y sus familias), concluye Sundberg, tienen más que ver con las condiciones en su país de origen y con los legados del colonialismo que con las políticas de los países a los que se trasladan”.

 

[Fuente: www.eldiario.es]



quinta-feira, 6 de agosto de 2026

Ceuta o el precio del quijotismo moral

El Gobierno lleva años manoseando la política migratoria al servicio de la reputación que de sí mismo intenta vender fuera. Hay un efecto llamada sistemático: del sistema en su conjunto y de nuestra tolerancia con la irregularidad

 

Escrito por Héctor Cebolla y María Miyar

Algunas de las transformaciones más profundas del Estado no han sido anunciadas. Muchas se han consolidado poco a poco, gracias a reformas parciales, excepciones administrativas y renuncias sucesivas hasta que un día el país amanece funcionando conforme a una lógica distinta de la que proclaman sus propias leyes. Así ha sucedido con la inmigración irregular en España, para la que se ha construido, durante un cuarto de siglo, una arquitectura institucional que la asume como un peaje, una etapa más del itinerario del inmigrante en el país, confiando su resolución al arraigo o a regularizaciones extraordinarias según sea el gusto del gobierno de turno. Hablar de pérdida de control resulta demasiado generoso cuando nunca hemos ambicionado tenerlo y hemos optado, en su lugar, por la gestión de las consecuencias. Así lo ilustran los sucesos de Ceuta de esta semana.

Tenemos pocas dudas de los ejes sobre los que girará el debate sobre este episodio. Unos hablarán de la destrucción de España, mientras que otros, acusándolos de racismo, invocarán principios cuya legitimidad no se pueda discutir. Los interrogantes fundamentales, por su parte, quedarán sueltos en el aire, sin que nadie los agarre. Pero si nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, encontraremos respuesta en la propia forma de plantear la conversación sobre la inmigración, que permite discutir cada episodio sin entrar a valorar el modelo que lo produce, que es lo que conviene examinar.

Días antes de los sucesos de Ceuta se debatía si la regularización extraordinaria en marcha había generado un efecto llamada. El error intelectual más frecuente consiste en buscar este efecto en una regularización concreta o en una reforma puntual del Reglamento de Extranjería. Los sistemas institucionales no modifican el comportamiento mediante impulsos súbitos, sino que van alterando las expectativas progresivamente.

Durante décadas, España ha generado lo que se suele denominar dependencia de trayectoria. Quien decide emigrar no abre todos los días el Boletín Oficial del Estado para entender los pormenores de la regulación, pero sí es testigo de las trayectorias de quienes llegaron antes. Saber si permanecieron, tuvieron acceso a derechos sociales, trabajaron, formaron una familia y finalmente se regularizaron pesa mucho más que cualquier modificación legislativa aislada. La decisión de migrar se construye paulatinamente a partir de la información compartida por las propias redes migratorias, no nace de una decisión administrativa concreta.

A esas señales se suma, además, la que conscientemente emite el propio Gobierno, que lleva años manoseando la política migratoria al servicio de la reputación que de sí mismo intenta vender fuera de España. Existe un efecto llamada sistemático, pero este no procede de un evento extraordinario, sino del sistema en su conjunto y de la legendaria tolerancia española con la irregularidad.

Todo ello es especialmente relevante en el caso de la migración marroquí, la de mayor tradición en la sociedad española y la que cuenta con las redes más asentadas, las mismas que sostienen y retroalimentan los flujos. Se trata, al mismo tiempo, de uno de los grupos con mayores dificultades de incorporación, con tasas muy bajas de actividad, persistentes tasas de pobreza y un nivel educativo de los más bajos entre los principales orígenes que recibimos. Y nada de ello ha mejorado con el paso de los años.

España nunca ha desarrollado una política migratoria orientada a seleccionar, atraer y consolidar los perfiles que mejor responden a sus objetivos económicos, sociales y demográficos. Su especialidad ha consistido, más bien, en absorber flujos espontáneamente y regularizarlos después. Somos campeones europeos en volumen de entradas, no en diseño institucional. A esa carencia se suma la dejación de haber externalizado la gestión efectiva de la frontera sur a Marruecos. Como en cualquier actividad, externalizar un servicio solo funciona cuando ambas partes confían la una en la otra y comparten objetivos a largo plazo, y aquí no se cumple ninguna de las dos condiciones.

Cada vez es más evidente que con Rabat mantenemos una confrontación soterrada de la que no se conocen todos los detalles, pero, además, carecemos de una agenda común que vaya más allá de la coyuntura y la cortesía diplomática. Marruecos está dirigido por una élite muy estable y estratégica que, con seguridad, tiene menos escrúpulos para planificar que los líderes que seleccionan nuestros partidos. Delegar nuestra frontera en un socio como Marruecos evita hacerse cargo del trabajo sucio, pero nos deja expuestos a episodios inenarrables como el de esta semana, que no es más que la consecuencia previsible de nuestro propio modelo.

Cuando la previsión se ha cumplido, nos hemos encontrado con que el Estado no ha sido capaz de garantizar la integridad de la frontera, ni la seguridad de los ceutíes, ni de dar una respuesta diplomática a la altura de lo que cualquier país serio exigiría a quien acaba de demostrar que le puede atacar sin coste alguno. Y son estas entradas en frontera, pese a su escaso peso cuantitativo en el conjunto de los flujos, las que más avivan la alarma ciudadana y retratan los fundamentos y las consecuencias del verdadero efecto llamada del modelo migratorio español.

Ceuta simboliza el agotamiento de la ilusión de que podíamos combinar una inmigración extraordinariamente intensa, una infantil tolerancia con la irregularidad, una frontera parcialmente externalizada a un socio no alineado con nuestros intereses y una opinión pública acostumbrada a convertir en juicios morales cualquier intento de elevar el perfil técnico del debate sobre inmigración. Ningún orden institucional soporta indefinidamente semejante acumulación de contradicciones.

Es cierto que el Gobierno actual no creó este sistema, pero decidió conscientemente profundizar en él precisamente cuando los servicios públicos están más tensionados, la vivienda es más inaccesible, y el auge del populismo exige una discusión mucho más rigurosa. Como argumento defensivo de su falta de planificación y de sus excesos en materia de inmigración, además, ha ahondado en la presentación de un problema institucional como uno moral, dibujándose como el último valedor europeo del humanismo, cuando en realidad sus acciones (e inacciones) son combustible para el populismo que por un lado le sostiene, y por el otro le alimenta.

Por ello, hoy cualquiera que plantee la idoneidad de su modelo es sospechoso de xenofobia o, incluso, de racismo. Más preocupante que la existencia de posiciones extremas sobre inmigración resulta que sea el propio funcionamiento del Estado el que les proporcione, episodio tras episodio, las imágenes y los argumentos con los que nutrirse. Es así como la cohesión social, que rara vez se rompe de golpe, se va erosionando, mermando credibilidad en las instituciones y agotando las reglas que antes se percibían como comunes.

En el fondo de este deterioro late la confusión entre una política guiada por convicciones morales y una política sustituida por ellas. La primera se esfuerza en traducir determinados principios en instituciones eficaces y sostenibles, mientras que la segunda da por hecho que basta con invocarlos para que las instituciones resulten innecesarias. España lleva casi una década instalada en esta última tradición, entregada a un cierto quijotismo moral que ha reemplazado el análisis de los incentivos y el diseño institucional por la fantasía de que las buenas intenciones producen, por sí solas, buenos resultados.

Las sociedades abiertas no se deterioran por discutir sobre inmigración, sino por renunciar a gobernarla. Una democracia puede sobrevivir a una mala política migratoria, pero lo que difícilmente soportará es la imposibilidad de discutir racionalmente cualquier cosa.

Héctor Cebolla es investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. María Miyar es directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora de Sociología de la UNED


[Ilustración: LUIS PAREJO - fuente: www.elmundo.es]

sexta-feira, 24 de julho de 2026

Cómo se inventó el país más racista del mundo

La campaña antiargentina fue un discurso de odio revestido de progresismo. 


Por Martín Mosquera

Entrevista por Gabriel Vera Lopes

 

Durante el Mundial de fútbol recién finalizado, el enfrentamiento entre selecciones derivó rápidamente en una campaña internacional contra Argentina. Figuras muy diversas, de Rosalía y Patti Smith a Samuel L. Jackson, Yanis Varoufakis y el escritor y activista Etan Thomas, participaron de una denuncia masiva del supuesto racismo excepcional del país, amplificada por las redes sociales y por buena parte de la prensa occidental, conservadora y progresista. El apoyo a sus adversarios llegó así a presentarse como una causa antirracista, mientras la sociedad argentina era reducida a una caricatura blanca, xenófoba y supremacista.

En esta entrevista, Martín Mosquera analiza el origen emocional y político de la campaña, discute la situación real del racismo en Argentina y cuestiona el papel desempeñado por una parte de la intelectualidad progresista global. La conversación fue realizada originalmente para Brasil de Fato y se publica aquí en una versión ligeramente adaptada.

¿Qué pensás de la ola antiargentina global?

Martín Mosquera

La verdad es que fue un fenómeno bastante impresionante. Durante algunos días, Argentina llegó a aparecer en las redes como el país más odiado del mundo, incluso por encima de Estados Unidos. Hasta cierto punto, nada de esto debería sorprendernos demasiado. El fútbol moviliza rivalidades nacionales intensas y las redes sociales las procesan dentro de un ecosistema dominado por la agresividad y las noticias falsas. Pero la situación pronto pasó a otro nivel.

Lo que comenzó como una reacción bastante típica de la competencia deportiva fue creciendo hasta alcanzar a buena parte de la prensa internacional. Desde la derecha se recuperó la vieja representación del argentino como una figura bárbara y deshonesta. The Telegraph, un diario conservador inglés, por ejemplo, tituló «Fútbol 1, delincuentes 0». El partido dejó de ser una competencia deportiva y pasó a presentarse como una confrontación moral entre el supuesto juego civilizado de España y la violencia constitutiva de los argentinos.

Más sorprendente todavía fue el papel de los medios progresistas o liberales occidentales. Publicaciones como The New YorkerThe GuardianLos Angeles Times o El País se sumaron, con distintos grados y matices, a una narración que presentaba el torneo como una lucha entre una Argentina blanca y racista y el multiculturalismo encarnado por las selecciones europeas. La operación era diferente de la conservadora, pero complementaria. Mientras unos denunciaban la barbarie argentina, otros la convertían en una expresión de supremacismo racial.

La escena era, como mínimo, paradójica. Pensemos un segundo. Cuando la campaña alcanzó su pico, el cuadro de semifinales reunía a tres selecciones pertenecientes a países centrales, con extensas historias coloniales y problemas contemporáneos muy documentados de racismo, frente a la selección de un país periférico. Sin embargo, una parte del progresismo internacional consiguió presentar el apoyo a España, Inglaterra o Francia como una posición anticolonial y antirracista frente a Argentina.

Creo que fue un caso bastante característico de nuestra época. En pocos días se produjo colectivamente una imagen completamente delirante de Argentina. Tal vez pueda resumirse en la intervención de Samuel L. Jackson, que llegó a presentar a Argentina como el país probablemente más racista del mundo y sugirió que las personas negras no debían alentar a su selección. Jackson es un actor genuinamente comprometido con los derechos civiles y vive, además, en un país cuya historia de esclavitud y segregación sigue proyectándose sobre el presente, donde se mantiene una enorme tradición de supremacismo blanco y son habituales los crímenes de odio. Creo que sus palabras dan la medida de la distorsión alcanzada por la campaña.

Estamos hablando de un poderosísimo aparato cultural global que se montó sobre una campaña de hostigamiento surgida en las redes sociales y amplificada por ellas. Para una sociedad periférica con escasa capacidad de intervención en la conversación pública mundial, contrarrestar un discurso de esa magnitud resultó prácticamente imposible. Hubo voces críticas, pero fueron minoritarias y no consiguieron alcanzar una circulación comparable. Entre ellas estaban, precisamente, muchas de las personas en cuyo nombre supuestamente hablaba la campaña, desde organizaciones afroargentinas hasta colectivos de migrantes latinoamericanos que describían experiencias y formas de recepción muy distintas de la caricatura que circulaba en el exterior.

Creo que el inicio de todo esto fue mucho más prosaico de lo que después pretendieron las racionalizaciones políticas. La materia prima de nuestras conductas, de las de todos nosotros, son las emociones. Las razones suelen llegar después, como coartada o disfraz de nuestras pasiones. Y en el fondo de todo esto hubo una emoción muy intensa, reactivada en el contexto del Mundial de fútbol.

El punto de partida fue la irritación que produjo en mucha gente el nuevo avance de la selección argentina, después de haber «sufrido» la arrogancia de sus hinchas tras el Mundial de Qatar de 2022. Había, sencillamente, un rechazo emocional ante la posibilidad de otra victoria argentina. En España se sumó, probablemente, la prolongada hostilidad hacia Messi de una parte importante del «madridismo», que durante años organizó una cultura deportiva y mediática alrededor de su rivalidad con el jugador argentino.

En América Latina ya existía un sentimiento antiargentino previo, asociado a la fama de arrogancia nacional. A eso se sumó la frustración de países enormes, con mucho más presupuesto y población. México arrastra una larga historia de decepciones futbolísticas, mientras Brasil atraviesa la mayor sequía mundialista de su historia justo cuando su principal rival regional encadena una etapa de éxitos. Brasil fue, de hecho, uno de los focos más activos de la campaña.

El fútbol es un extraordinario movilizador de emociones y, durante un Mundial, se combina con esa fuerza enigmática y poderosa de la modernidad que es el sentimiento nacional. El origen del fenómeno fue, en buena medida, una mezcla de rivalidad deportiva y orgullo herido ante la posibilidad de otra victoria argentina. Todo ello amplificado por una tecnología construida para premiar la agresividad y la indignación. Las redes sociales, y particularmente X bajo la conducción de Elon Musk, funcionan como una maquinaria de exaltación de este tipo de discursos.

Sobre esa base emocional se construyeron tres racionalizaciones políticas. La primera fue la idea de un supuesto favoritismo de la FIFA hacia Argentina, una acusación conspirativa con muy poco sustento. Cualquier decisión arbitral favorable era presentada como prueba de un complot, mientras se ignoraban los errores que perjudicaban al equipo o los beneficios recibidos por otras selecciones.

No sorprende a nadie la opacidad de la FIFA, acentuada por la influencia de Donald Trump en un Mundial organizado en Estados Unidos. Esa cercanía quedó expuesta cuando el presidente intervino para que se levantara la sanción a Folarin Balogun, jugador de la selección estadounidense. También resultó indignante la exclusión del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, junto con decisiones arbitrales muy polémicas, como las del partido entre Croacia y Portugal, tras el cual la federación croata presentó una protesta formal. Ninguno de estos episodios benefició a Argentina. El torneo confirmó hasta qué punto la FIFA está atravesada por la mercantilización y la corrupción.

El segundo eje fue el vínculo del gobierno de extrema derecha de Javier Milei con figuras como Trump y Netanyahu. Ese alineamiento del gobierno argentino es real y forma parte de una orientación política concreta cuyas consecuencias padece la población del país. Sin embargo, su utilización dentro de la campaña fue selectiva y distorsiva. Se señaló, por ejemplo, la participación de Messi en una reunión institucional del Inter de Miami con Trump, un hecho repudiable. En cambio, no generaron un repudio comparable encuentros mucho más personales, como el de Harry Kane jugando al golf con Trump o la visita individual de Cristiano Ronaldo.

Mientras se condenaba a la selección argentina por esa supuesta cercanía política, también se ignoraron gestos que iban en sentido contrario. Junto con la hermosa imagen de Lamine Yamal celebrando con la bandera palestina, Argentina protagonizó uno de los pocos actos de desobediencia política del torneo. Tras la semifinal contra Inglaterra, varios jugadores desplegaron una bandera con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», desafiando una prohibición explícita de la FIFA, respaldada incluso por el gobierno de Milei. El gesto conectaba con un sentimiento popular profundo y exponía a los jugadores a posibles sanciones. También generó incomodidad en el oficialismo, que reaccionó con hostilidad. Fue una intervención breve pero poderosa.

El tercer eje fue el racismo. En este punto, el rechazo encontró una racionalización más noble y mucho más eficaz. La campaña dejó de presentarse como una rivalidad futbolística y comenzó a describirse como una lucha moral contra un país supuestamente blanco, colonial, racista, violento y tramposo.

Eso no significa que Argentina carezca de racismo. Hay racismo, como existen otras formas de discriminación y desigualdad. Distintos grupos racializados, entre ellos pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes regionales, sufren prejuicios y formas de exclusión. Y el fútbol constituye uno de los espacios donde esas expresiones aparecen de manera más desagradable e hipertrofiada. Pero la situación real guarda muy poca relación con la imagen construida por esta campaña.

Fue realmente sorprendente leer cosas cada vez más delirantes escritas por personas que conozco, muchas de ellas personas cercanas, además de inteligentes y formadas. Reproducían noticias falsas de fácil refutación y generalizaciones que jamás aceptarían si estuvieran dirigidas contra otros pueblos. También fue inquietante observar la creciente agresividad del lenguaje. Un militante marxista que está entre mis contactos en X llegó a pedir que Irán bombardeara Buenos Aires. Evidentemente no hablaba en serio, pero el comentario mostraba hasta qué punto se había naturalizado la hostilidad colectiva.

La experiencia fue reveladora. Nos permitió observar desde adentro cómo funcionan las redes de odio de las que se alimenta la extrema derecha. Todo empieza con una emoción intensa. Después, algunos hechos verdaderos se sacan de contexto y se mezclan con falsedades dentro de una comunidad que solo escucha lo que confirma sus certezas. En muy poco tiempo puede construirse una realidad completamente imaginaria y conseguir que personas inteligentes la reproduzcan con convicción.

Creo que no es exagerado hablar en este caso de un discurso de odio. Reunió varios de sus rasgos característicos: partió de una emoción exaltada, se propagó por las redes sociales, se alimentó de noticias falsas y medias verdades y atribuyó características morales a una población completa. Como suele ocurrir, esa estigmatización también tuvo consecuencias fuera de las redes, con episodios de agresión contra argentinos en España, México y Brasil. Por el momento fueron casos acotados, pero muestran que estas narrativas nunca son inocuas.

Lo más llamativo fue que una parte de la izquierda y de la intelectualidad progresista global, principalmente europea y estadounidense, funcionó como una pieza decisiva de la campaña. Le proporcionó un lenguaje respetable y una racionalización política.

Diría, por eso, que fue un discurso de odio disfrazado de progresismo. Una rivalidad futbolística perfectamente comprensible fue transformada en una condena moral de una población completa, y una parte del progresismo internacional le otorgó legitimidad política.

GVL

¿Cuál es la situación del racismo en Argentina?

MM

Argentina tiene racismo, pero no es la sociedad excepcionalmente racista que se construyó durante esta campaña. Ambas afirmaciones deben sostenerse simultáneamente.

Existe discriminación contra pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes de la región. Hay violencia policial selectiva y una cultura futbolística en la que sobreviven expresiones racistas y xenófobas muy fuertes. Durante mucho tiempo, además, el relato oficial presentó a Argentina como una nación puramente blanca y europea, minimizando la diversidad étnica y racial de su población.

Pero cuando se dejan de lado las impresiones y los episodios virales y se observan las instituciones, la historia social y los estudios comparativos, la caricatura internacional empieza a desmoronarse.

Para empezar, Argentina construyó uno de los sistemas de derechos civiles más avanzados de América Latina. Fue el primer país de la región en reconocer el matrimonio igualitario y la adopción plena por parejas del mismo sexo. Su Ley de Identidad de Género permitió modificar el nombre y el sexo registrado sin autorización judicial ni requisitos médicos o psiquiátricos, y fue considerada una legislación pionera a escala mundial. También reconoció la migración como un derecho humano y estableció un régimen relativamente abierto, con acceso de los extranjeros a los servicios públicos.

Argentina tampoco desarrolló nada comparable con el muro entre Estados Unidos y México ni con el régimen fronterizo europeo en Ceuta y Melilla, donde las políticas de contención migratoria han producido muertes y graves violaciones de derechos humanos bajo gobiernos conservadores y socialdemócratas. Esto no lo menciono para relativizar los racismos argentinos mediante la enumeración de los crímenes ajenos, sino porque durante esta campaña España fue presentada como la encarnación de una sociedad multicultural e integrada frente a una Argentina cerrada y supremacista. ¿Acaso no exige esta contraposición borrar de un plumazo buena parte de la realidad europea?

El gobierno de Milei está atacando una parte considerable de ese entramado institucional y promoviendo una política más restrictiva y punitiva. Hasta ahora, sin embargo, su capacidad para desmontarlo ha sido limitada. Su ofensiva constituye un retroceso precisamente porque existe una tradición previa de derechos civiles particularmente avanzada.

La historia argentina también presenta diferencias estructurales importantes. La Asamblea del Año XIII fue una asamblea política reunida en Buenos Aires durante el proceso de independencia del Río de la Plata. Aunque no abolió completamente la esclavitud, dispuso que los hijos de mujeres esclavizadas nacieran libres y adoptó medidas para limitar la trata. La abolición definitiva quedó establecida en la Constitución de 1853. Estados Unidos, por su lado, abolió la esclavitud en 1865, pero mantuvo durante casi otro siglo un régimen legal de segregación racial bajo las leyes Jim Crow.

La economía rioplatense nunca tuvo una estructura basada centralmente en la esclavitud comparable con Brasil o el sur de Estados Unidos. Esto no ocurrió porque las élites argentinas fueran antirracistas; eran abiertamente racistas. La diferencia se explica por otra estructura económica y social. Pero esa diferencia dejó consecuencias históricas.

A ella se sumó una tradición igualitaria poderosa. Historiadores de orientaciones muy diversas han vinculado esa tradición con la politización de la inmigración obrera, la fuerza del movimiento sindical y la incorporación de las clases populares mestizas a la vida política, especialmente durante el peronismo. También señalan el papel integrador de la educación pública y de una sociedad civil muy activa y densamente organizada.

Ese igualitarismo convivió con el racismo, pero contribuyó a atenuar algunos de sus efectos. También ayuda a explicar la ubicación relativa de Argentina frente a sociedades atravesadas por desigualdades raciales mucho más profundas. Argentina tiene enormes desigualdades materiales y simbólicas, pero existe a la vez una norma cultural fuerte contra la afirmación abierta de una superioridad fundada en el nacimiento, un fenómeno ampliamente documentado y estudiado por politólogos e historiadores. Esa tensión forma parte de la historia nacional.

Los estudios comparativos disponibles tampoco respaldan la imagen de una excepcionalidad racista. En el World Values Survey, que pregunta, entre otras cosas, si las personas rechazarían tener vecinos de otra raza, Argentina suele ubicarse entre los países con menor prejuicio racial declarado. Sus resultados son generalmente mejores que los de buena parte de la región y comparables con los de sociedades europeas de baja intolerancia. Según la pregunta considerada, Argentina suele ubicarse cerca de España o Reino Unido y, con frecuencia, por encima de Francia.

El Project on Ethnicity and Race in Latin America ofrece otra base comparativa. El estudio examina la relación entre color de piel y posición socioeconómica en varios países de la región. Sus resultados muestran que las jerarquías raciales atraviesan a toda América Latina, aunque con intensidades desiguales, y las brechas asociadas al color de piel son especialmente pronunciadas en países como Brasil, Colombia, México y Perú. Esto no elimina la existencia de racismo en Argentina, pero sí contradice la imagen de una excepcionalidad argentina construida por contraste con países vecinos que, en realidad, presentan desigualdades étnico-raciales muy profundas.

En buena parte de América Latina existen desigualdades étnico-raciales más profundas y visibles que las argentinas. Brasil exhibe brechas raciales muy pronunciadas tanto en las condiciones de vida como en la exposición al encarcelamiento y la violencia policial. México presenta profundas desigualdades que afectan especialmente a la población indígena y, de manera menos estudiada pero también documentada, a las comunidades afromexicanas. En otros países de la región, la pertenencia indígena o afrodescendiente también está estrechamente asociada a la pobreza y la marginación social.

Francia y Reino Unido, por su parte, cuentan con abundante evidencia sobre discriminación en el mercado de trabajo y en el trato policial. España enfrenta un racismo significativo contra migrantes africanos y una política fronteriza asociada a graves violaciones de derechos humanos.

Por eso, frente a la afirmación de que Argentina es más racista que las principales sociedades latinoamericanas o que Francia, España o Inglaterra, la pregunta inmediata debería ser: ¿según qué indicador? Los estudios comparativos de actitudes no sostienen esa conclusión. Las instituciones de derechos civiles tampoco. Las desigualdades étnico-raciales son considerablemente más profundas en otros países de la región, mientras varias sociedades europeas presentan problemas ampliamente documentados de discriminación institucional.

Esto no permite elaborar un ranking definitivo de sociedades racistas. Pero sí permite descartar la caricatura que circuló durante la campaña. No existe evidencia seria para afirmar que Argentina sea una anomalía racista frente a esos países. En varios indicadores, la evidencia disponible apunta en la dirección contraria.

¿Cómo se formó, entonces, la imagen exterior de una Argentina especialmente racista? Creo que hubo dos factores decisivos.

El primero es, precisamente, el fútbol. Los estadios son uno de los espacios donde el racismo argentino aparece de manera más hipertrofiada. La cultura futbolística local tiene naturalizados los cantos racistas. Además, los argentinos que viajan regularmente a los mundiales no son una muestra sociológica del país. Pertenecen en gran medida a sectores medios altos y altos, entre los cuales el clasismo y el racismo pueden expresarse de manera particularmente cruda.

El segundo factor es la dificultad para reconocer la diversidad argentina cuando no adopta las formas fenotípicas y categoriales de Estados Unidos. La sociedad argentina es profundamente mestiza, aunque ese mestizaje haya sido recubierto durante décadas por una ideología de blanquitud. Desde el exterior, esa ideología suele aceptarse literalmente. Argentina dijo alguna vez que era blanca y sus críticos decidieron creerle.

Las categorías argentinas de raza y clase tampoco coinciden con las estadounidenses. La palabra «negro», por ejemplo, puede funcionar como categoría racial, insulto clasista, pero también, y muchas veces, como una forma afectiva de trato. Esa polisemia obliga a atender al contexto. Un ejemplo de esto fue la sanción impuesta por la Federación Inglesa a Edinson Cavani por escribirle «gracias, negrito» a un amigo. Un uso afectuoso del español rioplatense fue interpretado como un agravio racial. Terminó sancionado un uso afectivo del término porque una institución inglesa trasladó a otro contexto lingüístico su propio código sobre el lenguaje racial.

El desafío consiste en evitar dos simplificaciones. La primera es la vieja negación local del racismo, según la idea de que, como aquí no existe una división racial idéntica a la estadounidense, no hay discriminación. La segunda es la caricatura inversa, que convierte a Argentina en una anomalía supremacista y desconoce su composición popular y mestiza, así como la tradición igualitaria expresada en buena parte de sus instituciones.

La comparación internacional permite rechazar una afirmación empíricamente falsa sin minimizar los problemas reales del racismo argentino. Esa falsedad, además, produce efectos políticos negativos sobre los que vale la pena detenerse. Argentina no aparece, ni en sus instituciones ni en los principales estudios internacionales de actitudes, como una sociedad más racista que los países latinoamericanos o las grandes potencias europeas que protagonizaron esta campaña. En varios indicadores ocurre exactamente lo contrario.

GVL

¿Qué pensás del papel de la intelectualidad progresista global?

MM

Fue uno de los aspectos más decepcionantes. Una parte considerable de la intelectualidad progresista europea y estadounidense reprodujo exactamente la actitud eurocéntrica que los departamentos anglosajones de estudios decoloniales dicen denunciar: habló desde un pedestal moral sin molestarse demasiado en conocer la historia concreta ni la realidad social del país al que estaba condenando. De ese modo, convirtió a una sociedad periférica en objeto de juicio e invisibilizó el racismo característico de sus propias sociedades.

El excelente artículo que publicó Jacobin en Estados Unidos, hay que decirlo, uno de los pocos medios importantes de izquierda que se opuso abiertamente a esta ola, y que tradujimos con el título «Contra el moralismo geopolítico futbolero», señaló algo fundamental: muchas de estas intervenciones no intentaban comprender una realidad desconocida, sino forzarla dentro de categorías preestablecidas del Norte Global.

Como los autores lo formularon de una manera mejor de lo que yo podría hacerlo, voy a citarlos ampliamente:

Las desigualdades raciales en nuestro país no encajan, ni podrían encajar jamás, en el patrón estadounidense. Verlas como versiones menores de las de Estados Unidos encaja exactamente en la definición de lo «imperial», en la práctica de «gobernar sobre» una multiplicidad de culturas por lo demás dispares. Este «gobernar sobre» desestima las particularidades, ignora formas de ver ajenas y, en general, espera que toda esa diversidad se subordine a esta mirada dominante y monolítica. Esto no es un rasgo exclusivo de los ideólogos de derecha; lamentablemente, se extiende también a algunos de quienes en otros contextos denunciarían al imperio.

La historia racial argentina no puede comprenderse como una versión incompleta o defectuosa de la experiencia estadounidense. Convertir una historia nacional particular en modelo universal y obligar a las demás sociedades a reconocerse en ella es un gesto que podría considerarse, en definitiva, imperial.

Estados Unidos organizó históricamente su sistema racial alrededor de la esclavitud de plantación y, más tarde, de la segregación jurídica, dentro de una clasificación relativamente binaria entre blancos y negros. Brasil tuvo otra trayectoria, atravesada por una economía esclavista de enorme escala y por jerarquías más graduales de color. Argentina tuvo una formación diferente, marcada por la menor centralidad económica de la esclavitud y por un mestizaje cuya visibilidad fue posteriormente desplazada por el peso demográfico y simbólico de la inmigración europea masiva. A eso se sumaron la invisibilización de afrodescendientes y pueblos originarios y una tradición de integración social que convivió con formas concretas de discriminación.

Aplicar, aunque sea de manera implícita, una clasificación racial binaria importada de Estados Unidos conduce a inspeccionar los rostros y los tonos de piel de los jugadores argentinos para decidir si son suficientemente negros. Como no encajan en una imagen estereotipada de la negritud, la selección es declarada blanca. Pero la selección argentina es mestiza y socialmente popular, formada en su enorme mayoría por jugadores provenientes de hogares trabajadores de las provincias y periferias urbanas. La sociedad, en su mayoría, se identifica con ellos por sus trayectorias y porque reconoce en sus maneras una pertenencia común, no porque representen una fantasía de pureza blanca.

La selección argentina también es multicultural, aunque su diversidad no coincida con la imagen que una oficina universitaria estadounidense espera encontrar. Refleja las migraciones internas, así como una diversidad de ascendencias integrada por instituciones populares como los clubes de barrio.

También hubo una asimetría evidente en los criterios. Argentina quedó sometida a un examen moral absoluto, mientras España, Francia e Inglaterra eran liberadas de toda evaluación histórica y contemporánea. Desaparecieron sus historias coloniales y las formas contemporáneas de violencia contra migrantes y poblaciones racializadas.

¿España es una sociedad multicultural y Argentina una sociedad racista? España es una sociedad con una importante población de origen migrante, y Lamine Yamal, además de ser un jugador excepcional, ha sostenido posiciones políticas valientes, reivindicando sus orígenes humildes y expresando su apoyo a Palestina. Muchos argentinos vimos en él algo de Diego Maradona, probablemente el futbolista que más abiertamente se enfrentó a la FIFA y que asumió compromisos políticos y populares reconocibles.

Pero también vimos al capitán de España celebrar junto a su afición «por el rey y por España», cuando esa idea de España ha estado históricamente asociada a la subordinación de las identidades nacionales catalana, vasca y gallega. España enfrenta, además, una violencia sistemática contra migrantes africanos y una derecha xenófoba que todavía se alimenta de las persistencias culturales del franquismo. Francia presenta una discriminación ampliamente documentada contra personas de origen africano y magrebí. En el Reino Unido existen brechas raciales en las condiciones de vida y una fuerte desigualdad en el encarcelamiento y el trato policial.

No se trata de defender al propio país reemplazando un estigma por otro. Se trata, sencillamente, de mostrar la arbitrariedad de una intelectualidad occidental que convirtió a esas sociedades en emblemas del multiculturalismo y el antirracismo mientras sometía a Argentina a un juicio moral absoluto.

Nada de esto convierte a esas sociedades en esencias racistas. Ese es precisamente el criterio que debería aplicarse también a Argentina. Las sociedades son formaciones contradictorias, atravesadas por relaciones de poder y conflictos internos. No pueden reducirse a una esencia moral deducida de una selección de fútbol.

El comentario de Yanis Varoufakis fue un ejemplo particularmente elocuente de esa simplificación, aunque la lista es lamentablemente interminable. Varoufakis celebró el triunfo español afirmando que el fútbol había vencido a su mercantilización y que la brillantez colectiva de España se había impuesto al individualismo argentino.

Pero ¿por qué Argentina representaría la mercantilización y España su superación? La Federación Española forma parte de una de las industrias futbolísticas más ricas y poderosas del mundo, dominada por clubes como Real Madrid y Barcelona. Argentina, en cambio, ocupa una posición periférica y forma jugadores que luego son absorbidos por las ligas europeas. Convertir al polo subordinado en símbolo del mercado y a uno de sus centros principales en emblema de la resistencia muestra hasta qué punto una preferencia deportiva fue revestida arbitrariamente de contenido político. También revela una considerable ignorancia, tanto sobre la estructura del fútbol mundial como sobre las relaciones entre centro y periferia, un terreno en el que cabe exigir bastante más de una figura del prestigio intelectual y político de Varoufakis.

También resulta arbitrario identificar a Argentina con el individualismo por la presencia de Messi. Es cierto que la selección se benefició de una figura providencial, comparable únicamente, en otros contextos históricos, con Pelé o Maradona. Pero el equipo argentino de los últimos años fue profundamente colectivo, construido alrededor de la solidaridad entre sus jugadores y de la subordinación de sus figuras a un proyecto común. Lo importante, de todos modos, no es la discusión futbolística, sino la desfiguración de la realidad a la que se prestaron figuras prestigiosas de la intelectualidad europea. El comentario de Varoufakis dice mucho menos sobre el juego argentino que sobre la necesidad de convertir un episodio deportivo en una victoria moral y política, de manera irresponsable y contribuyendo a una suerte de hostigamiento global contra un país.

No se trata necesariamente de mala fe. Fueron, más bien, actos irresponsables que dicen mucho sobre nuestro tiempo. Una persona con autoridad intelectual debe ser especialmente cuidadosa cuando habla de una sociedad que no conoce. No puede convertir intuiciones formadas a partir de publicaciones virales en afirmaciones generales sobre la historia y el carácter de un pueblo. El prestigio aumenta esa responsabilidad, porque sus palabras proporcionan legitimidad a comportamientos que luego circulan de manera mucho más agresiva.

También hubo una forma de ventriloquia política. Se habló en nombre de distintos colectivos racializados de Argentina, pero rara vez se los escuchó. Muchas de esas voces rechazaron la caricatura internacional sin negar los problemas reales de discriminación en Argentina. Sin embargo, tuvieron mucha menos circulación que las opiniones de celebridades extranjeras. El supuesto antirracismo volvió a colocar a los centros culturales internacionales en el lugar de quienes explican una sociedad periférica por encima de quienes viven en ella.

Una intelectualidad verdaderamente internacionalista debería juzgar menos rápido y conocer mejor las historias nacionales sobre las que interviene. También debería resistir la opinología irresponsable y el vedetismo narcisista que estimulan las redes sociales. El antirracismo pierde fuerza cuando se convierte en una distribución arbitraria de certificados morales y se vuelve directamente imperial cuando transforma las categorías del Norte Global en la medida universal con la que deben ser juzgadas las sociedades periféricas.

GVL

¿Por qué esta campaña constituye un problema político y no solamente una representación injusta de Argentina?

MM

Porque el problema excede ampliamente la reputación internacional del país. Mi preocupación no es defender el honor nacional ni demostrar ninguna presunta superioridad moral de los argentinos. Lo grave es que una parte de la izquierda y del progresismo internacional haya adoptado los procedimientos de una campaña de odio y los haya presentado como una forma de antirracismo.

Ese mecanismo perjudica, en primer lugar, a quienes combaten el racismo dentro de Argentina. Los colectivos racializados quedaron enfrentados a una caricatura exterior que tenía poco que ver con sus experiencias concretas. La derecha puede aprovechar ahora esa exageración para negar el problema real. Si es absurdo afirmar que Argentina es el país más racista del mundo, entonces, dirá, toda denuncia de racismo es falsa. El moralismo extremo termina ofreciéndole una coartada.

La campaña también divide a pueblos que deberían reconocerse como aliados. Las sociedades latinoamericanas están atravesadas por problemas específicos de racismo, pero también por historias de luchas obreras, indígenas, democráticas y anticoloniales. Convertir rivalidades futbolísticas en una competencia moral entre pueblos resulta políticamente desastroso, sobre todo en un momento de avance de la extrema derecha y renovada presión estadounidense sobre la región.

El problema de fondo es qué tipo de izquierda se está formando cuando puede participar con tanta facilidad en campañas de estigmatización nacional. El internacionalismo se vacía cuando la solidaridad entre pueblos es reemplazada por una competencia por demostrar quién ocupa el lugar moralmente correcto. El racismo debe ser combatido y denunciado allí donde aparezca. Pero una izquierda incapaz de distinguir entre combatir el racismo y estigmatizar a un pueblo termina empujando hacia la reacción a personas que no son racistas ni derechistas. La extrema derecha ha sabido explotar muy bien esa experiencia de humillación moral.

El internacionalismo siempre consistió en construir solidaridad entre pueblos diferentes a partir del conocimiento de sus historias y de las estructuras que los enfrentan. Una campaña que convierte a un pueblo periférico en objeto colectivo de odio destruye ese vínculo.

Por eso debe ser denunciada con claridad. Argentina no está libre de racismo, pero ningún racismo se combate estigmatizando una nacionalidad. Las críticas extranjeras son legítimas, pero deben fundarse en hechos y en un conocimiento histórico capaz de aplicar criterios simétricos. La solidaridad entre los pueblos oprimidos es demasiado importante como para dejarla subordinada al moralismo y a la lógica de las redes sociales.

Sobre el entrevistador

Gabriel Vera Lopes es corresponsal de Brasil de Fato y participa en distintos espacios de formación vinculados a movimientos sociales de América Latina.

 

 

[Foto: Lucia Prieto - fuente: www.jacobinlat.com]

domingo, 19 de julho de 2026

Israël: une société qui s’interroge sur son avenir

Écrit par Marc Lefèvre

Israël traverse une période charnière de son histoire. Si la guerre, les tensions régionales et les crises diplomatiques occupent l’avant-scène, les interrogations les plus profondes concernent désormais les fractures internes qui traversent la société israélienne. Entre dynamisme économique, polarisation politique, montée des extrémismes religieux et défis démocratiques, le pays s’interroge sur son avenir et sur les fondements de son unité nationale. Pour prendre la mesure de ces questions, par-delà les opinions et les analyses il semble judicieux de procéder à une observation en profondeur, sans jugement, de ce qui occupe les esprits au sein des diverses composantes d’une société israélienne qui s’interroge sur son avenir.

Un avenir incertain

Un observateur extérieur pourra être frappé par la diversité de cette société où se côtoient les manifestations les plus extrêmes de la modernité et des traditions religieuses qui confinent parfois à la radicalité.

Israël est à la pointe de plusieurs innovations technologiques majeures dans des domaines aussi variés que les télécommunications, la cybersécurité et l’exploitation des ressources de l’intelligence artificielle. Les conflits militaires auxquels il a été confronté ainsi que les incertitudes persistantes sur la sécurité de la région n’ont pas eu d’impacts notables sur son économie. Une lourde charge budgétaire est générée par la continuation de l’état de guerre depuis le 7 octobre, et cette charge est vouée à augmenter quand on intégrera toutes les dépenses de réhabilitation et de reconstruction des zones dévastées, ainsi que les coûts liés aux dommages humains et traumatiques sur les soldats et les civils.

Mais l’économie générale ne s’en trouve pas significativement affectée, malgré la désorganisation du marché de l’emploi causée par les incessantes périodes de rappel des réservistes militaires. Porté par un excédent permanent de sa balance des paiements et par une monnaie qui s’est renforcée face à la faiblesse du dollar, le PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA) est même devenu comparable à celui de la France. Et les investissements étrangers continuent à affluer dans les secteurs de la haute technologie, où le marché de l’emploi est stimulé par les demandes en continu de nouveaux recrutements. Mais ces données encourageantes ne suffisent pas à créer un sentiment de sécurité dans une société déstabilisée par un état de guerre qui s’éternise et dont on ne voit pas l’issue.

Sur tous les théâtres de guerre qui ont été ouverts, les résultats, même significatifs d’un point de vue strictement militaire, restent fragiles. À Gaza, l’évolution du rapport de force entre le Conseil de la Paix voulu par Donald Trump et le Hamas toujours présent est incertaine. La nouvelle frontière dessinée avec la Syrie reste potentiellement instable, et les premiers signes apparaissent d’un renouveau des affrontements internes entre les différentes composantes de la société syrienne. Les opérations menées conjointement avec les États-Unis en Iran n’ont pas atteint leurs objectifs : le régime des mollahs et des Gardiens de la Révolution s’en trouve renforcé et en position d’imposer sa loi aux États arabes du Golfe. Au Liban, le pouvoir politique en place se retrouve face au défi majeur d’asseoir son contrôle sur un Hezbollah aidé par l’Iran, et Israël risque de se retrouver une fois de plus dans le piège d’une occupation militaire des zones frontalières.

Après presque trois ans de guerre, la société israélienne ne peut pas éviter de comparer les sacrifices humains consentis par une majorité de sa population avec la fragilité des résultats obtenus. Portées par les urgences du quotidien, les questions de fond sur les possibilités réelles d’un retour à la stabilité sont occultées, et tardent à se faire jour.

Un observateur peu au fait des réalités et des sensibilités qui habitent ce pays portera spontanément son attention sur les péripéties extérieures les plus spectaculaires. Il fera le lien entre la brutalité politique de la coalition gouvernementale au pouvoir et les violences de colons en Cisjordanie. Il notera une augmentation de la criminalité et de la corruption, en particulier au sein des populations arabes. Il assistera aux provocations et à l’indécence de minorités religieuses juives ultra-orthodoxes qui marchandent leur soutien à une coalition gouvernementale en fin de vie, et obtiennent des avantages spécifiques, au détriment du reste de la population. Il constatera que la pression sur les réservistes oblige à rallonger la durée du service militaire. Des conscrits libérables vont être contraints de rester sous les drapeaux pendant des mois supplémentaires tandis qu’une minorité religieuse extrémiste qui refuse la conscription bloque le pays en suscitant des manifestations de plus en plus violentes.

Mais à ce stade, la multiplication des observations sur les phénomènes les plus spectaculaires ne renseigne pas sur ce qui traverse en profondeur la société israélienne dans ses diverses composantes.

Un pays crispé et incompris       

Les aspirations sous-jacentes restent encore peu formulées, mais les éléments qui commencent à émerger du débat politique à l’échéance des prochaines élections législatives permettent néanmoins de dégager quelques grandes lignes.

Avant même sa naissance, Israël a été confronté au défi de faire face à l’hostilité qui l’entoure. Et cette confrontation à l’hostilité et à la nécessité d’y répondre n’a pas quitté Israël ni sa population depuis le début de sa courte existence. Selon les périodes, cette gestion de l’hostilité a pu être habile et intelligente, mais aussi souvent maladroite et excessive. Il en ressort une société de plus en plus crispée, habitée par le sentiment général d’être incomprise et mal acceptée.

En tout état de cause, le Moyen-Orient est depuis des dizaines d’années le théâtre d’une suite ininterrompue de guerres civiles et d’affrontements ethniques et religieux plus cruels les uns que les autres. Et quelles que soient les sensibilités politiques ou religieuses, le sentiment collectif prédominant est que les indignations mondiales sont sélectives et qu’Israël en recueille plus que sa part.

La société israélienne a dû faire le constat que l’horreur ressentie dans le monde par la barbarie des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 a été vite oubliée et effacée. Après près de trois ans de conflit, les avis en Israël restent partagés sur la nature et l’ampleur des ripostes mises en œuvre face aux agressions subies. Et le débat continue, en particulier chez les responsables de la défense et de la sécurité, sur l’absence de perspectives politiques de sortie des conflits en cours. Mais au-delà des divergences d’opinion et d’analyse, le sentiment qui prévaut est que Israël est un pays isolé, dont le droit à se défendre n’est globalement pas reconnu.

C’est dans ce contexte général d’isolement et d’incompréhension que s’articule le débat politique dans le pays. La droite et l’extrême-droite annexionniste, qui rejettent le principe même de la recherche d’une solution aux revendications nationales palestiniennes, ont beau jeu d’exploiter l’hostilité internationale pour continuer à enfoncer la société israélienne dans le scepticisme et le repli sur soi.                                       

Aspirations et perspectives   

La campagne électorale qui commence est le théâtre de marchandages et de surenchères au sein de la coalition gouvernementale. Les manœuvres du gouvernement Netanyahou pour affaiblir les contre-pouvoirs juridiques sont incessantes. La volonté de dénaturer la démocratie, de créer les conditions d’établissement d’un régime autoritaire et sans contrôle, est clairement affichée par le gouvernement encore en place. Des minorités de colons extrémistes violents et d’ultra-orthodoxes bruyants monopolisent l’attention des médias et donnent l’image d’une société divisée et conflictuelle.

Mais une analyse des premières propositions des partis d’opposition au gouvernement Netanyahou donne une indication des thèmes qui pourraient faire bouger les lignes et sortir de l’actuel brouhaha.               

En premier lieu, une aspiration au retour à l’apaisement et à une unité nationale à reconstruire. L’ex chef d’état-major, Gadi Eizenkot, est le seul leader de l’opposition qui monte dans les sondages et qui se positionne comme une alternative crédible à Benjamin Netanyahou. Son parcours militaire et politique dit son dévouement au pays. Mais c’est sa modestie personnelle qui semble séduire une population fatiguée de l’arrogance et des rodomontades de ses actuels dirigeants.

L’aspiration au retour à l’apaisement et à l’unité nationale se retrouve aussi dans la proposition de raffermir et stabiliser la démocratie en l’appuyant sur une véritable Constitution, qui suppléerait à la Déclaration d’Indépendance originelle, mise à mal il y a quelques années par la promulgation des lois sur l’identité nationale.                                   

Les enjeux liés à une démocratie à défendre et à une unité nationale à retrouver posent aussi la question de la place de la religion dans le débat national. Les écarts de taux de natalité entre les familles religieuses ultra-orthodoxes et les autres secteurs religieux ou laïques de la population ont bouleversé l’équilibre démographique en Israël. Si les familles religieuses traditionnelles ont un taux de natalité supérieur aux familles laïques (3 à 4 enfants par famille religieuse, comparés à 2,5 enfants pour les familles laïques), le taux de natalité chez les ultra-orthodoxes est de 6 à 7 enfants par famille. Ainsi la population ultra-orthodoxe croît de 4% par an et représente désormais 14% de la population totale du pays en 2025 alors qu’elle ne comptait que pour 4% en 1980.

Ce bouleversement démographique renforce le poids électoral et social de cette communauté ultra-orthodoxe, et éclaire aussi les conflits actuels sur son opposition à la conscription militaire et sur l’affaiblissement en ressources humaines de l’armée. Le refus de cette communauté ultra-orthodoxe de prendre sa part du fardeau des responsabilités nationales tout en monnayant son soutien politique au gouvernement Netanyahou par des avantages fiscaux et budgétaires suscite une réprobation générale du reste de la population, qu’elle soit laïque ou religieuse traditionnelle.

Si un changement politique s’annonce en Israël, la nouvelle coalition au pouvoir devra veiller à une meilleure répartition des obligations et des devoirs qui incombent aux différents secteurs de la population. Elle devra également répondre à une attente générale pour plus de tolérance et de respect mutuels des différentes composantes de cette société.

La place de la religion, en particulier de la religion dominante, dans le fonctionnement du pays et dans le quotidien de ses habitants a toujours fait débat en Israël, et des conceptions différentes se sont toujours opposées. Les déséquilibres d’évolution démographique des différents secteurs de la population viennent aujourd’hui exacerber ces divergences. Alors qu’une unité du pays est perçue comme nécessaire face aux menaces extérieures, les affrontements internes sur les questions religieuses se conjuguent aux confrontations politiques, et contribuent à fragiliser la société israélienne de l’intérieur. Tôt ou tard, ces fractures internes devront être traitées.

À l’instar de nombreux pays développés, les comparaisons internationales nous disent que le niveau général d’éducation en Israël est en baisse. Parmi les 15 pays de l’OCDE évalués, Israël se retrouve dernier en mathématiques et avant-dernier en compréhension écrite. Si la baisse constatée, en particulier en mathématiques, est la plus forte parmi les pays de l’OCDE, elle se caractérise surtout par de très fortes inégalités internes propres au système éducatif israélien.

Israël recueille ainsi le fruit du compromis historique conclu par David Ben Gourion au moment de la création de l’Etat, qui a permis la coexistence d’un système d’éducation d’État avec des systèmes d’éducation parallèles ressortant des diverses tendances religieuses nationales, orthodoxes et ultra-orthodoxes. Conjugué à la croissance démographique continue de la population ultra-orthodoxe, le mauvais niveau général de l’éducation dans le système scolaire rattaché à ce secteur est un signe avant-coureur des difficultés auxquelles sera confronté le marché du travail pour recruter à l’avenir des travailleurs qualifiés. C’est pourquoi un renforcement de l’enseignement des matières de base, en particulier les matières scientifiques et les langues étrangères, et l’uniformisation des différents systèmes parallèles d’éducation, deviennent une revendication majeure des partis d’opposition.

Le défi démocratique

À l’approche des élections législatives annoncées pour l’automne, les sondages créditent régulièrement l’opposition actuelle d’un avantage en sièges sur la coalition Netanyahou actuellement au pouvoir. Mais à ce stade, cet avantage n’est pas suffisant pour lui garantir une majorité absolue stable.

Cette probable fragilité politique à venir illustre une autre question non résolue, celle de l’intégration des minorités, arabes et autres non juives, au sein de la société israélienne. Si de nombreux arabes israéliens de toutes confessions ont pu trouver leur place dans les professions de la santé, du droit et dans l’enseignement, si les Druzes et de nombreux Bédouins servent dans l’armée et accèdent à des postes de responsabilités, l’intégration des minorités non juives au sein de l’Etat d’Israël reste un sujet ouvert.

Si on exclut la Cisjordanie occupée, l’horreur ressentie par les massacres du 7 octobre n’a pas donné lieu à des affrontements significatifs de nature ethnique et nationaliste au sein de l’État d’Israël dans ses frontières reconnues. Pendant ces trois années de tension, se sont même développées beaucoup d’initiatives de rapprochement et de solidarité entre communautés juives et arabes. La relative tranquillité dont jouissent des villes multicommunautaires comme Haifa ou Akko (Saint-Jean D’Acre) en est un exemple. Mais en même temps, la criminalité et la corruption ont atteint un niveau inégalé au sein des localités arabes israéliennes. À cet état d’insécurité permanent, facilité par la passivité d’une police aux mains d’un ministre d’extrême-droite, s’ajoute la mauvaise volonté administrative israélienne qui empêche un développement urbain régulé des localités arabes.

Face à cette situation, les différents partis politiques arabes israéliens jouent leur rôle d’opposants, en demandant, chacun à leur façon, que les minorités non juives en Israël soient traitées sur un pied d’égalité avec le reste de la population.

Une tentative timide d’intégration politique avait eu lieu quand le parti Ra’am (Liste Arabe Unie) de Mansour Abbas s’était rallié au gouvernement dirigé par Naftali Bennet et Yair Lapid, avant le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou. De crainte d’effrayer les électeurs de droite qu’il faut encore rallier, une majorité des partis d’opposition se refusent encore à intégrer des partis politiques arabes dans une future coalition à bâtir. Mais les chiffres et la démographie parlent. Une démocratie israélienne stable aura besoin de toutes les composantes de la société, y compris les minorités non juives, pour que le pays ne soit plus l’otage de ses franges ultranationalistes et religieuses messianiques.   

L’État d’Israël est né, a grandi et continue d’exister en étant confronté à des adversités de formes et d’intensité diverses. De plus en plus isolé et se sentant incompris, la seule confiance qu’il trouve est dans son énergie et sa vitalité propre. Face aux choix qui s’offrent, il faudra que l’énergie et la vitalité qui caractérisent cette société dans toutes ses composantes, fassent le choix de la construction plutôt que celui d’une fuite en avant autodestructrice. Si les Israéliens savent que les avis et les critiques seront abondants, ils savent également que les mains tendues bienveillantes seront rares. Pour la majorité d’entre eux, ils se rappelleront une fois de plus qu’avant d’être israéliens, ils sont d’abord et avant tout juifs.

 

[Source : www.telos-eu.com]