Ceuta o el precio del quijotismo moral

El Gobierno lleva años manoseando la política migratoria al servicio de la reputación que de sí mismo intenta vender fuera. Hay un efecto llamada sistemático: del sistema en su conjunto y de nuestra tolerancia con la irregularidad

 

Escrito por Héctor Cebolla y María Miyar

Algunas de las transformaciones más profundas del Estado no han sido anunciadas. Muchas se han consolidado poco a poco, gracias a reformas parciales, excepciones administrativas y renuncias sucesivas hasta que un día el país amanece funcionando conforme a una lógica distinta de la que proclaman sus propias leyes. Así ha sucedido con la inmigración irregular en España, para la que se ha construido, durante un cuarto de siglo, una arquitectura institucional que la asume como un peaje, una etapa más del itinerario del inmigrante en el país, confiando su resolución al arraigo o a regularizaciones extraordinarias según sea el gusto del gobierno de turno. Hablar de pérdida de control resulta demasiado generoso cuando nunca hemos ambicionado tenerlo y hemos optado, en su lugar, por la gestión de las consecuencias. Así lo ilustran los sucesos de Ceuta de esta semana.

Tenemos pocas dudas de los ejes sobre los que girará el debate sobre este episodio. Unos hablarán de la destrucción de España, mientras que otros, acusándolos de racismo, invocarán principios cuya legitimidad no se pueda discutir. Los interrogantes fundamentales, por su parte, quedarán sueltos en el aire, sin que nadie los agarre. Pero si nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, encontraremos respuesta en la propia forma de plantear la conversación sobre la inmigración, que permite discutir cada episodio sin entrar a valorar el modelo que lo produce, que es lo que conviene examinar.

Días antes de los sucesos de Ceuta se debatía si la regularización extraordinaria en marcha había generado un efecto llamada. El error intelectual más frecuente consiste en buscar este efecto en una regularización concreta o en una reforma puntual del Reglamento de Extranjería. Los sistemas institucionales no modifican el comportamiento mediante impulsos súbitos, sino que van alterando las expectativas progresivamente.

Durante décadas, España ha generado lo que se suele denominar dependencia de trayectoria. Quien decide emigrar no abre todos los días el Boletín Oficial del Estado para entender los pormenores de la regulación, pero sí es testigo de las trayectorias de quienes llegaron antes. Saber si permanecieron, tuvieron acceso a derechos sociales, trabajaron, formaron una familia y finalmente se regularizaron pesa mucho más que cualquier modificación legislativa aislada. La decisión de migrar se construye paulatinamente a partir de la información compartida por las propias redes migratorias, no nace de una decisión administrativa concreta.

A esas señales se suma, además, la que conscientemente emite el propio Gobierno, que lleva años manoseando la política migratoria al servicio de la reputación que de sí mismo intenta vender fuera de España. Existe un efecto llamada sistemático, pero este no procede de un evento extraordinario, sino del sistema en su conjunto y de la legendaria tolerancia española con la irregularidad.

Todo ello es especialmente relevante en el caso de la migración marroquí, la de mayor tradición en la sociedad española y la que cuenta con las redes más asentadas, las mismas que sostienen y retroalimentan los flujos. Se trata, al mismo tiempo, de uno de los grupos con mayores dificultades de incorporación, con tasas muy bajas de actividad, persistentes tasas de pobreza y un nivel educativo de los más bajos entre los principales orígenes que recibimos. Y nada de ello ha mejorado con el paso de los años.

España nunca ha desarrollado una política migratoria orientada a seleccionar, atraer y consolidar los perfiles que mejor responden a sus objetivos económicos, sociales y demográficos. Su especialidad ha consistido, más bien, en absorber flujos espontáneamente y regularizarlos después. Somos campeones europeos en volumen de entradas, no en diseño institucional. A esa carencia se suma la dejación de haber externalizado la gestión efectiva de la frontera sur a Marruecos. Como en cualquier actividad, externalizar un servicio solo funciona cuando ambas partes confían la una en la otra y comparten objetivos a largo plazo, y aquí no se cumple ninguna de las dos condiciones.

Cada vez es más evidente que con Rabat mantenemos una confrontación soterrada de la que no se conocen todos los detalles, pero, además, carecemos de una agenda común que vaya más allá de la coyuntura y la cortesía diplomática. Marruecos está dirigido por una élite muy estable y estratégica que, con seguridad, tiene menos escrúpulos para planificar que los líderes que seleccionan nuestros partidos. Delegar nuestra frontera en un socio como Marruecos evita hacerse cargo del trabajo sucio, pero nos deja expuestos a episodios inenarrables como el de esta semana, que no es más que la consecuencia previsible de nuestro propio modelo.

Cuando la previsión se ha cumplido, nos hemos encontrado con que el Estado no ha sido capaz de garantizar la integridad de la frontera, ni la seguridad de los ceutíes, ni de dar una respuesta diplomática a la altura de lo que cualquier país serio exigiría a quien acaba de demostrar que le puede atacar sin coste alguno. Y son estas entradas en frontera, pese a su escaso peso cuantitativo en el conjunto de los flujos, las que más avivan la alarma ciudadana y retratan los fundamentos y las consecuencias del verdadero efecto llamada del modelo migratorio español.

Ceuta simboliza el agotamiento de la ilusión de que podíamos combinar una inmigración extraordinariamente intensa, una infantil tolerancia con la irregularidad, una frontera parcialmente externalizada a un socio no alineado con nuestros intereses y una opinión pública acostumbrada a convertir en juicios morales cualquier intento de elevar el perfil técnico del debate sobre inmigración. Ningún orden institucional soporta indefinidamente semejante acumulación de contradicciones.

Es cierto que el Gobierno actual no creó este sistema, pero decidió conscientemente profundizar en él precisamente cuando los servicios públicos están más tensionados, la vivienda es más inaccesible, y el auge del populismo exige una discusión mucho más rigurosa. Como argumento defensivo de su falta de planificación y de sus excesos en materia de inmigración, además, ha ahondado en la presentación de un problema institucional como uno moral, dibujándose como el último valedor europeo del humanismo, cuando en realidad sus acciones (e inacciones) son combustible para el populismo que por un lado le sostiene, y por el otro le alimenta.

Por ello, hoy cualquiera que plantee la idoneidad de su modelo es sospechoso de xenofobia o, incluso, de racismo. Más preocupante que la existencia de posiciones extremas sobre inmigración resulta que sea el propio funcionamiento del Estado el que les proporcione, episodio tras episodio, las imágenes y los argumentos con los que nutrirse. Es así como la cohesión social, que rara vez se rompe de golpe, se va erosionando, mermando credibilidad en las instituciones y agotando las reglas que antes se percibían como comunes.

En el fondo de este deterioro late la confusión entre una política guiada por convicciones morales y una política sustituida por ellas. La primera se esfuerza en traducir determinados principios en instituciones eficaces y sostenibles, mientras que la segunda da por hecho que basta con invocarlos para que las instituciones resulten innecesarias. España lleva casi una década instalada en esta última tradición, entregada a un cierto quijotismo moral que ha reemplazado el análisis de los incentivos y el diseño institucional por la fantasía de que las buenas intenciones producen, por sí solas, buenos resultados.

Las sociedades abiertas no se deterioran por discutir sobre inmigración, sino por renunciar a gobernarla. Una democracia puede sobrevivir a una mala política migratoria, pero lo que difícilmente soportará es la imposibilidad de discutir racionalmente cualquier cosa.

Héctor Cebolla es investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. María Miyar es directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora de Sociología de la UNED

[Ilustración: LUIS PAREJO - fuente: www.elmundo.es]