Apatridia en la región de la antigua Yugoslavia: derechos de nacionalidad pendientes, identidad jurídica y exclusión de la comunidad romaní

Algunos problemas son menos visibles, pero persistentes: la falta de registro, barreras administrativas, pobreza y discriminación. 

Pasaporte de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Tras la disolución de Yugoslavia, las leyes de ciudadanía de los Estados sucesores dejaron a algunas personas sumidas en años de incertidumbre jurídica. Foto de Global Voices (CC-BY). 

Escrito (por Global Voices Central & Eastern Europe

Traducido por Antonella Clara Difalco 

Las cuestiones relacionadas con la apatridia que afectan a los países que antes conformaban la Yugoslavia Federativa pueden reflejar tendencias que inciden en el conjunto de Europa. Estas abarcan desde complicaciones generacionales en materia de ciudadanía por los cambios en las fronteras, hasta la discriminación sistémica que provoca la exclusión del pueblo romaní de los trámites oficiales de sus países de origen. 

Estas cuestiones se recogen en el Índice de Apatridia, elaborado por la Red Europea sobre la Apatridia. El Índice evalúa las leyes, las políticas y las prácticas de los países europeos en materia de protección de los apátridas, y de prevención o reducción de la apatridia, y las comparara con las normas internacionales y las buenas prácticas.

Entre 1990 y 2008, Yugoslavia (compuesta por entidades que ya eran Estados formales, seis repúblicas y dos provincias autónomas) se disolvió en siete países independientes. Estos países enfrentaron retos similares, pero también vivieron diferencias importantes que influyen en sus respuestas institucionales a la apatridia.

Eslovenia y Croacia son miembros de la Unión Europea, lo que les da recursos adicionales para enfrentar los problemas sociales. Los demás son países candidatos a adherirse a la Unión Europea, cuyos procesos de adhesión han tenido distintos grados de logros: Montenegro es considerado uno de los favoritos; Serbia, Macedonia del Norte y Bosnia Herzegovina quedan rezagados de cumplir los criterios; y las posibilidades de Kosovo se ven obstaculizadas porque algunos miembros de la Unión Europea no reconocen su independencia.

Mientras existió Yugoslavia, sus ciudadanos disfrutaban de libertad de circulación por toda la federación; muchos se establecieron fuera de las repúblicas en las que habían nacido, ya fuera por motivos económicos o familiares. Como ocurre cuando alguien se traslada de un estado a otro en Estados Unidos, no era necesario cambiar de nacionalidad. Sin embargo, tras la independencia, se reformaron las leyes de ciudadanía, por lo que las personas nacidas en otras repúblicas que decidieron permanecer en donde viven, donde quizá llevaban viviendo décadas, tuvieron que enfrentar de repente trámites burocráticos. Esto también afectó a sus hijos, independientemente de su lugar de nacimiento, ya que la ciudadanía por nacimiento no siempre era automática.

En los Estados sucesores, conceder la ciudadanía a los residentes nacidos fuera de las fronteras actuales conllevaba numerosas complicaciones, aunque cumplieran los criterios formales. Por ejemplo, que el Gobierno macedonio de 1994, liderado por socialdemócratas, concediera ciudadanía por naturalización a residentes legales nacidos en Kosovo y Serbia, en su mayoría de etnia albanesa y bosnia, lo utilizan antes de cada ciclo electoral los opositores populistas de derecha, que repiten narrativas de desinformación sobre la «importación de 150,000 votantes de Kosovo«. Según otra teoría de la conspiración, se concedió la ciudadanía a los refugiados de la guerra de Kosovo de 1999, cuando en realidad la mayoría regresó a su país.

Más de tres décadas después, los problemas relacionados con la apatridia en estos siete países, que comparten raíces históricas, adoptan diferentes formas en la actualidad. La mayoría se refiere a la situación de las personas que no regularizaron, o no pudieron regularizar, su ciudadanía tras la disolución de Yugoslavia. Otros problemas son menos visibles, pero más persistentes: falta de inscripción en el registro civil, documentos personales perdidos, pobreza, discriminación y barreras administrativas que afectan desproporcionadamente a las comunidades romaní, ashkali y egipcias de los Balcanes.

Uno de los hitos más recientes ocurrió en julio de 2025, cuando la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció que Macedonia del Norte se había convertido en el primer país de la región en resolver todos los casos conocidos de apatridia provocados por la disolución de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Según ACNUR, se concedió la ciudadanía a las últimas 317 personas que habían vivido en un limbo jurídico desde la independencia. Este resultado fue fruto de años de esfuerzo, que incluyeron la cooperación entre instituciones internacionales y nacionales, así como la sensibilización de la población, además de la campaña de ACNUR de 2017, que comparaba la apatridia con la invisibilidad.

Después, ACNUR señaló que casi 20,000 apátridas habían adquirido la ciudadanía en Macedonia del Norte desde 2001, y que las modificaciones aprobadas en 2021 en la ley de ciudadanía habían dado una solución jurídica a quienes habían estado sin nacionalidad desde la desintegración de Yugoslavia. Sin embargo, la apatridia no se había erradicado por completo: 147 personas, la mayoría niños nacidos en Macedonia del Norte, seguían sin tener ciudadanía porque los registros de nacimientos se han perdido. 

Esta es la situación actual de la apatridia en los Balcanes. Ya no se trata únicamente de quienes quedaron desamparadas tras la desaparición de un Estado, sino también de quienes, aunque están presentes en los Estados actuales, siguen siendo difíciles de «ver» para las instituciones. 

Pongamos como ejemplo al joven Valentin Rakip, de Skopie. Nació en Macedonia del Norte, pasó años sin identidad legal porque su nacimiento no se había registrado y no se le había reconocido la paternidad. Sin documentos, no podía matricularse en la secundaría, acceder a atención médica o dental habitual, trabajar legalmente ni viajar al extranjero. «Me siento como un extranjero en este país», declaró a ACNUR en 2022, tras una batalla legal de 12 años para obtener la nacionalidad.

Estos casos muestran por qué el registro civil no es solo una cuestión técnica: un niño sin partida de nacimiento no puede integrarse en el ordenamiento jurídico y, más adelante, puede tener dificultades para obtener un documento de identidad, acreditar su ciudadanía, acceder a la seguridad social, continuar su educación, registrar su domicilio, encontrar un empleo formal, abrir una cuenta bancaria o heredar bienes.

El Índice de Apatridia señala que, en junio de 2023, Macedonia del Norte adoptó medidas para garantizar estos derechos, y modificó la legislación para exigir el registro inmediato de todos los niños nacidos en su territorio, independientemente de la nacionalidad o la situación personal de los padres. Asimismo, señala que siguen existiendo problemas de aplicación y que los obstáculos para el registro de nacimientos afectan de manera desproporcionada a las comunidades romaníes.

La diferencia entre una ley sobre el papel y la realidad fue el tema central de una demanda colectiva interpuesta por el Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes y la Asociación de Jóvenes Abogados de Macedonia. En julio de 2025, el Tribunal Civil de Primera Instancia de Skopie dictó una sentencia en primera instancia relativa a las personas no registradas, en particular romaníes, que habían sido inscritas en un «Registro Civil Especial» y a quienes se habían expedido documentos provisionales. Según la Asociación de Jóvenes Abogados de Macedonia, estos documentos a menudo no eran válidos en la práctica y no se reconocían para acceder a los servicios para los que se habían creado.

En diciembre de 2025, el Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes informó que el Tribunal de Apelación había confirmado la sentencia, con lo que se convirtió en definitiva y jurídicamente vinculante. El tribunal de apelación confirmó la conclusión de que las violaciones eran sistémicas y de que el Estado había tratado a las personas afectadas de manera diferente sin objetivo legítimo ni proporcionado. La sentencia destacó que el acceso a la inscripción en el registro civil no es una cuestión administrativa discrecional, sino una obligación fundamental del Estado vinculada a los derechos fundamentales. Una declaración de la directora jurídica del Derechos de los Romaníes y la Asociación de Jóvenes Abogados de Macedonia, Senada Sali, captó la esencia de la injusticia, al destacar que «la inacción institucional equivale a discriminación».

El documental «Los invisibles» (Невидливите) también abordó estos acontecimientos. Se observa el mismo patrón, con variaciones nacionales, en toda la región de la antigua Yugoslavia.

El Índice de Apatridia dice que Serbia es parte de las Convenciones sobre la apatridia de 1954 y 1961, pero no tiene un procedimiento específico para determinar la apatridia. Las normas municipales sobre el registro de nacimientos exigen que los padres presenten certificados de nacimiento y documentos de identidad, lo que aumenta el riesgo de que los nacimientos queden sin registrar. Como en casi todos los países balcánicos, existen algunas garantías, pero es posible que las personas que más las necesitan sean precisamente quienes menos puedan cumplir los requisitos de documentación necesarios para presentar una solicitud.

Kosovo tiene medidas de protección en su legislación sobre nacionalidad para evitar la apatridia infantil, y la inscripción de los nacimientos está garantizada. Sin embargo, el Índice de Apatridia señala que las comunidades romaní, ashkali y egipcia enfrentan obstáculos prácticos, como falta de documentos, complejidad de los trámites, aplicación inconsistente de la norma, estigma y conocimiento limitado. Es posible inscribir un nacimiento de forma tardía, pero el proceso resulta largo y complejo si faltan pruebas.

Estas cuestiones, en sus distintas variantes, también afectan a Bosnia Herzegovina. En 2017, el país redujo el número romaníes indocumentados de unas 3000 a 57. Su legislación incluye algunas garantías, entre otras, para niños abandonados, niños adoptados y niños nacidos en el extranjero hijos de ciudadanos bosnios. Sin embargo, a los niños con padres indocumentados a menudo se les impide inscribir el nacimiento dentro del plazo habitual, especialmente cuando faltan los documentos necesarios. Una vez más, las comunidades romaníes se han visto afectadas de manera desproporcionada.

Montenegro destaca por haber aprobado en 2018 un procedimiento de determinación de la apatridia, aunque no se aplica de forma sistemática: «A fecha de octubre de 2024, se había reconocido a 11 personas como apátridas y había 19 solicitudes pendientes», según el  Índice de Apatridia, mientras que «ACNUR informó de un total de 420 personas identificadas en riesgo de apatridia en Montenegro a noviembre de 2024, de las que más del 55% eran niños, aunque es probable que la cifra real sea superior».

La situación en Eslovenia y Croacia demuestra que la pertenencia a la Unión Europea por sí sola no resuelve el problema. Eslovenia sigue marcada por el legado de los «borrados», entre quienes se incluyen 25,671 personas eliminadas del registro de residentes permanentes tras la independencia y que lucharon durante 20 años para recuperar sus derechos. Aunque Eslovenia se adhirió a la Convención sobre la apatridia en 2025, sigue sin tener un procedimiento específico para determinar la apatridia y presenta vacíos en las garantías para los niños nacidos en Eslovenia que, de otro modo, serían apátridas.

La película dramática eslovena de 2018 «Izbrisana» («Borrada«) ofrecía una perspectiva artística sobre la pesadilla kafkiana que sufren quienes «no figuran en la computadora».

Croacia, que también es parte de las Convenciones sobre la Apatridia de 1954 y 1961, no tiene un procedimiento específico para determinar la apatridia y conceder a los apátridas una protección adecuada. Su censo de 2021 contabilizó 558 apátridas y 173 personas con «nacionalidad desconocida», mientras que ACNUR estimaba que, a mediados de 2023, había 733 personas bajo su mandato apátrida en Croacia. El Índice de Apatridia añade que las prácticas discriminatorias suponen un obstáculo para algunos niños, y que el actual Plan Nacional para la Inclusión de la Comunidad Romaní  no incluye medidas de sensibilización, prevención y reducción de la apatridia.

Esta comparación destaca que, en lo que respecta a la apatridia, la línea divisoria entre los Estados miembros de la Unión Europea y los que no lo son no está claramente definida. La adhesión a la Unión Europea puede generar presión para que se lleven a cabo reformas legislativas, pero la identidad jurídica depende de la voluntad política local para garantizar que las instituciones eliminen activamente las barreras que enfrentan quienes no tienen documentación, viven en asentamientos informales, no pueden acreditar su domicilio o pertenecen a comunidades que durante mucho tiempo han sido objeto de recelo.

Los datos importan, ya que los apátridas suelen no aparecer no solo en los registros de ciudadanía, sino tampoco en las estadísticas oficiales. Categorías como «apátrida», «ciudadanía desconocida», «sin nacionalidad» o «en riesgo de apatridia» no siempre se definen ni se utilizan de forma coherente en los censos.

Si la desintegración de Yugoslavia creó una generación de incertidumbre jurídica, el reto actual consiste en evitar que las nuevas generaciones hereden la invisibilidad, por medio de resolver los casos pendientes de ciudadanía y garantizar aspectos como registro universal de nacimientos, documentos de identidad válidos, registro de domicilio accesible, trámites gratuitos o asequibles, asistencia jurídica y actividades de divulgación en aquellas comunidades que tienen motivos para desconfiar de las instituciones. 

 

[Fuente: www.globalvoices.org]