La medida tiene su origen en la demanda de amparo presentada por la quechuahablante María Díaz Cáceres de Tinoco, a quien se le vulneró derechos como el uso del propio idioma y la libertad del trabajo.
Con la finalidad de revindicar el uso de las lenguas originarias, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que estas sean instituidas como oficiales en las zonas donde predominan.
La sentencia fue dada a conocer por el presidente del TC, Ernesto Blume Fortini. La medida tiene su origen en la demanda de amparo presentada por la ciudadana quechuahablante María Díaz Cáceres de Tinoco.
La mujer carhuacina fue impedida a trabajar en una zona ambulatoria por la Municipalidad de Carhuaz, Áncash. La entidad estatal le hizo firmar una carta de compromiso, restringiendo su labor. El acuerdo estaba escrito en castellano.
En este sentido, el TC consideró que se vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al uso del propio idioma ante cualquier autoridad, al uso oficial por parte del Estado de la lengua predominante y a la libertad del trabajo.
Así, el TC declaró nula la carta de compromiso y ordenó que la municipalidad de la zona realice las acciones necesarias para que la Díaz Cáceres de Tinoco conozca las actuaciones y decisiones municipales en quechua.
Medidas del TC
El TC dio un plazo no mayor de seis meses al Ministerio de Educación (Minedu) a elaborar y publicar el Mapa Etnolingüístico del Perú. Esta labor se empleará junto con el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los gobiernos regionales y las organizaciones de los pueblos indígenas.
Asimismo, dispuso que todas las entidades públicas y privadas de Carhuaz oficialicen el uso de la lengua quechua en un plazo de dos años.
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