Escrito por Ignacio Escolar
¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres:
“Cáceres, Badajoz y Leganés”.
El dicho popular, muy extendido hace
décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a
casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las
obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así:
sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las
manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una
herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas.
Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad
Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo
después del ensanche Cerdà o del barrio de Salamanca de Madrid.
Aquellas ciudades no les esperaban,
aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas
apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales.
Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y
los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era
bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a
través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad.
Esa gran ola migratoria afectó a toda la
España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.
Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco
les trataron demasiado bien.
Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000
devoluciones desde el fin de
la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les
encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en
Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les
cazaban de vuelta, entrarían en prisión.
La represión del franquismo contra la
emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad
de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración,
por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo
poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que
perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.
María Guardiola,
presidenta de Extremadura: “Yo no
puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a
quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.
Es justo lo que acaba de firmar.
El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo
discurso ultra que ya pactaron en 2023.
La extrema derecha no solo vuelve al
Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la
violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas
contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la
“deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.
Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de
Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política
de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los
españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones
públicas”.
Todo esto en una región donde los
extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional
(14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más
bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan
allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no
lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura
discriminación.
“No se puede dejar al margen a nadie de un
sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso.
Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más
trumpista del PP.
Hay otro problema: la “prioridad nacional”
que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes
vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es
que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no
ocurrirá.
Tampoco podrán discriminar a los
inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia
cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a
todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un
nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.
Que todas las personas que viven en España
mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una
cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de
Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?
Sí hay en el acuerdo extremeño otras
trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a
métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de
empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección
oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el
alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo
requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes
de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que
tienen pocos años de antigüedad en el padrón.
Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le
presionaran desde Vox.
El acuerdo extremeño es solo un aperitivo
de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”:
la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP,
empezando por Aragón y Castilla y León.
Tiene una parte de propaganda: varios de
sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren
cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el
plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de
inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.
Tanto Vox como el Partido Popular creen
haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador.
Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian
los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el
mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema.
Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.
El periodista alemán Ernst Klee publicó en
1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes
españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor:
“Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.
La mitad de los españoles que emigraron en
esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como
siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son
inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no
les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor.
Ojalá los abuelos extremeños expliquen a
sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que
se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo.
Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que
construyeron Leganés.
No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.
[Fuente: www.eldiario.es]
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