El requisito de carecer de antecedentes penales que contiene el borrador de la regularización extraordinaria obstaculiza la reinserción en las políticas migratórias
Durante la pandemia de COVID-19, miles de
personas extranjeras se encontraban en situación administrativa irregular
mientras trabajaban sin garantías en sectores como el cuidado de personas, la
agricultura, servicios de limpieza o reparto, sin ningún tipo de derecho
laboral ni reconocimiento institucional. Así surgió el movimiento Regularización Ya, que ha venido impulsando la
regularización extraordinaria de muchas de esas personas. Ahora, y gracias a
este trabajo y a un acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos, al menos 500.000 extranjeros podrán
regularizar su situación en España.
Tras el bloqueo de la iniciativa
legislativa popular promovido por Regularización Ya, el Ejecutivo finalmente ha
sacado adelante esta regularización con doble efecto: por un lado, ofrecer una
salida a las personas solicitantes de protección internacional; y por otro,
abrir una vía provisional a las personas extranjeras que ya vivían en España,
pero seguían en un limbo administrativo.
El riesgo de
quedar (de nuevo) fuera del sistema
Esta reforma extraordinaria reconoce la
realidad social actual del país, donde era insostenible seguir manteniendo de
manera indefinida y en la marginalidad administrativa a una parte de la
población. Sin embargo, la regularización extraordinaria tiene un requisito
que, según advierten abogados expertos, reproduce una exclusión ya presente en
la actual Ley de Extranjería. Se trata de la exigencia de no tener antecedentes
penales, tanto en España como en los países de previa residencia en los cinco
años anteriores a la entrada en el país.
“No
hay un problema con las personas extranjeras, ni con la regularización, ni con
la delincuencia. Lo que hay es una narrativa de supremacía que permite que
estas personas vivan escachadas”
“Para poder acceder a esta regularización,
hay que ser impoluto administrativamente hablando”, cuenta a El Salto Loueila
Sid Ahmed Ndiaye, abogada experta en extranjería. Entre los requisitos
generales se encuentran no figurar como rechazable, no tener prohibición de
entrada, no suponer una amenaza para la seguridad o la salud pública y,
especialmente, “la ausencia absoluta de antecedentes penales, tanto en el país
en el que reside como en el país que inmediatamente haya estado residiendo,
siendo delitos que puedan ser computables conforme al ordenamiento jurídico
español”, indica.
La abogada subraya que, más allá del
cumplimiento formal de la norma, la medida tiene un impacto social positivo:
“Hay personas que celebran esta medida porque tienen a empleados extranjeros
que quieren trabajar y se han visto limitadas por los años, los plazos y las
esperas. Entonces, de alguna manera, con esta medida triunfa todo el Estado de
derecho”. Aun así, también alerta sobre la dureza de la normativa para los que
cometan cualquier hecho delictivo: “No solo tienes que ser un ser de luz, sino
también acreditarlo documentalmente [...] No te pueden constar antecedentes
policiales ni penales aquí en España, no te pueden constar antecedentes penales
ni policiales en tu país de origen, porque se consideran hechos
desfavorables”. Loueila Sid Ahmed Ndiaye cuestiona el discurso que
justifica estas exigencias: “No hay un problema con las personas extranjeras,
ni con la regularización, ni con la delincuencia. Lo que hay es una narrativa
de supremacía que permite que estas personas vivan escachadas [asfixiadas, en
el español de Canarias]”.
En la práctica, explica, cualquier condena
penal excluye del proceso: “Quienes tengan antecedentes penales no van a poder
acceder a esta regularización y tendrán que esperar a que se cancelen conforme
al Código Penal”. Incluso faltas comunes podrán impedir durante años la
obtención de una autorización de residencia: “Un fallo que un español puede
cometer y que le permite seguir con su vida, para una persona extranjera supone
quedar fuera del sistema. Por eso digo que la normativa extranjera es superestricta, superrestrictiva de derechos”, insiste. Aunque reconoce que la
regularización extraordinaria puede reducir la explotación laboral y sacar a
muchas personas de la exclusión administrativa, señala que sigue siendo una
medida temporal: “La vida de la gente no es excepcional, y las personas
extranjeras tampoco deberían serlo. La regularización no debería ser una
excepción, sino la regla. Hace falta una normativa de extranjería flexible,
accesible desde el minuto uno”.
Una
clandestinidad administrativa que puede resultar contraproducente
Negar un permiso de residencia por la
tenencia de antecedentes penales, no solo perjudica a la persona que lo
solicita, sino que, según el abogado especialista en extranjería y portavoz de
Extranjeristas en Red, Paco Solans, resulta contraproducente desde un punto de
vista institucional. Explica a El Salto que excluir a estas personas de los
procesos de regularización las empuja a una clandestinidad administrativa que
dificulta su localización. Solans cuestiona la lógica del requisito de carecer
de antecedentes penales y la califica como una “pulsión xenófoba” que divide
entre “migrantes buenos y malos”: “Desde un punto de vista operativo no es muy
lógico, pero lo cierto es que está en la ley”, afirma.
Uno de los principales problemas, advierte, son los
antecedentes por delitos leves, muy frecuentes desde que las antiguas faltas
pasaron a ser antecedentes penales. Solans apunta a que el borrador del
reglamento podría intentar corregir algunos de estos excesos, pero reconoce los
límites legales de la regularización extraordinaria: “No se puede conceder un
permiso de residencia a quien tenga un antecedente penal vivo. Está en la ley y
los reglamentos no pueden saltársela”. En especial, señala los casos de
personas condenadas como supuestos
patrones de patera, muchas veces con pruebas débiles: “Antes
bastaba con que alguien dijera ‘ese llevaba el timón’ y le caía una condena por
trata. Gente que ha pasado por prisión injustamente y que ahora, encima, no va
a poder aprovechar una oportunidad como esta”.
Mantener la
exclusión responde más a una lógica demagógica que a criterios de reinserción o
seguridad
Para el abogado, la conclusión es clara: “Con la
ley que tenemos, esta regularización es lo mejor que se puede hacer. Incluir a
personas con antecedentes penales sería incumplir la ley”. Pero eso no cierra
el debate. Al contrario, lo abre: “La ley de extranjería debería ser reformada
y suavizada en este terreno”. Mantener la exclusión, insiste, responde más a
una lógica demagógica que a criterios de reinserción o seguridad: “Ese bulo de
que los inmigrantes vienen a delinquir es falso. La mayoría no tiene
antecedentes y muchos de los antecedentes policiales vienen de controles
étnicos, no de una conflictividad real”.
El peso de la ley no es igual para todos. Para una
persona en situación administrativa irregular en España, un delito cometido en
un contexto de necesidad —como un pequeño robo para sobrevivir— puede tener
consecuencias mucho más duras que para el resto de la población: no solo una
condena penal, sino también la exclusión automática de la regularización
extraordinaria. La exigencia de carecer de antecedentes penales refuerza un
sistema que penaliza de forma desproporcionada a personas con determinados
perfiles raciales y sociales, algo que se refleja tanto en la Ley de
Extranjería como en el propio proceso de regularización.
Desde esta perspectiva, el debate no debería
limitarse a si una persona con antecedentes puede o no regularizar su
situación, sino a cómo el sistema produce esos antecedentes y a quién se los
produce. “Se castiga la supervivencia y luego se utiliza esa condena para
cerrar cualquier vía de inclusión”, resume en una conversación con El Salto el
abogado y miembro del Secretariado de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis
de Canarias, Daniel Arencibia, quien insiste en la necesidad de introducir el
enfoque de la reinserción social en las políticas migratorias. “Ignorar a un
colectivo no es una solución. Algo hay que hacer con esas personas, porque
dejarlas en la marginalidad solo agrava el problema”.
Arencibia también reconoce que incluir a
personas con antecedentes penales en una regularización extraordinaria chocaría
con la actual Ley de Extranjería, pero plantea alternativas políticas que
permitan salir de ese bloqueo. “No hablo de regularizar sin más, sino de crear
alternativas específicas para personas con antecedentes”, explica. Entre las
propuestas, menciona itinerarios de reinserción basados en trabajo comunitario,
colaboración con organizaciones sociales o sistemas progresivos de acceso a
derechos: “Si alguien no vuelve a delinquir, si demuestra integración, debería
poder ir redimiendo su situación. De lo contrario, lo único que hacemos es
empujarle de nuevo a la clandestinidad".
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