Lo que estará
en juego en las elecciones presidenciales francesas de 2027 no será la
alternancia, sino una posible ruptura. ¿Cuál? Para conjurar la que provocaría
una victoria del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, una parte
de la izquierda se moviliza contra el riesgo del fascismo. Y desatiende otra
hipótesis…
KARA WALKER.
— Colonizerz, 2024
Escrito por Benoît Bréville y Pierre Rimbert
En el gran juego de los pronósticos sobre el futuro
político de Francia, hay uno que gana por goleada en los debates de la
izquierda desde hace dos décadas: “¡El fascismo!”. Entiéndase: vamos derechos hacia
él. Con su culto de la policía, su obsesión por la seguridad y su mira puesta
en los jóvenes procedentes de la inmigración —esa “chusma” que había que
limpiar “con un Kärcher”—, Nicolas Sarkozy suscitó innumerables críticas a
finales de la década de 2000. En 2015 y 2016, los atentados islamistas, la
psicosis en torno a los “jóvenes radicalizados” y la oleada de refugiados de
Oriente Próximo arraigaron profundamente en una parte de la población la idea
de un “enemigo interior” dispuesto a asestar un golpe a la República con la
complicidad de ciertos sectores de la izquierda. El proyecto del presidente
François Hollande de privar de nacionalidad a los binacionales nacidos
franceses condenados por un crimen “constitutivo de atentado grave a la vida de
la nación” volvió a sembrar cizaña. Con la represión de los movimientos
sociales, la banalización mediática de temas antaño relegados al
conservadurismo más extremo, el avance casi ininterrumpido de Reagrupamiento
Nacional (RN) a lo largo de los dos mandatos de Emmanuel Macron y el
beneplácito del que goza este partido entre la patronal, la hipótesis se ha
convertido en certeza: el fascismo gana terreno en Francia (1).
La referencia al régimen de Mussolini y al periodo de
entreguerras presenta la incuestionable ventaja de producir un poderoso
impacto. Entraña la idea de un vuelco autoritario una vez llegada al poder la
extrema derecha gracias a la capitulación de los partidos tradicionales, que
han entregado al adversario los términos del debate. Con ello se intenta
movilizar a la gente cuando aún se está a tiempo, siguiendo el ejemplo de unas
ilustres —aunque no siempre victoriosas— luchas antifascistas. Pero el espectro
del fascismo, ¿acaso no oculta un peligro menos espectacular y mucho más
concreto? Hablamos de un desplazamiento paulatino hacia un régimen de
segregación jurídica en el que, un poco a la manera de Israel, una parte de la
población considerada alógena será disciplinada y reducida a una posición
subalterna aplicándole una legislación específica. Un giro hacia el fascismo
precisaría de una costosa ruptura coercitiva, así como de un líder providencial
al cual se opondrían las aún poderosas instituciones de la burguesía liberal;
el apartheid 2.0, por el contrario, se conformaría con poner
en práctica la “prioridad nacional”, la medida estrella de Reagrupamiento
Nacional, que, legitimada por las urnas, separaría jurídicamente a una
población acorde con la “identidad francesa” del resto. Y brindaría una
solución a la ecuación a la que se enfrentan numerosos países europeos.
Reducida a su expresión más sencilla, la cuestión de la
inmigración, en torno a la cual se abren las fracturas ideológicas, comporta,
de hecho, dos componentes: el demográfico y el político. Aquejadas de un
envejecimiento acelerado y del desplome de la tasa de fecundidad, las
poblaciones del Viejo Continente —nunca mejor dicho— se ven incapaces de
mantener en marcha la maquinaria económica sin recurrir a la inmigración. Este
hecho, ampliamente documentado (2), beneficia
y penaliza a la vez a los partidos de extrema derecha. El desplome de la
natalidad y la creciente proporción de personas de edad avanzada ofrecen un
terreno abonado a los discursos centrados en la seguridad, a las profecías
declinistas y al temor al “gran reemplazo”. Pero plantean un problema a las
élites económicas, sin las cuales la extrema derecha no puede gobernar. En
Italia, Giorgia Meloni, elegida gracias a un programa antiinmigrantes, firmó en
2025 un segundo decreto trienal con el que autorizaba la importación de
medio millón de trabajadores extranjeros para satisfacer a las patronales de la
agricultura, la construcción y el turismo. En octubre del mismo año, el
canciller alemán Friedrich Merz, al mismo tiempo que describía la presencia de
inmigrantes como “un problema en el paisaje urbano”, daba respuesta al griterío
de los empleadores sobre la carencia de mano de obra creando una agencia
digital de contratación de trabajadores cualificados extranjeros llamada
Work-and-Stay. “No son los empresarios los que reclaman inmigración de forma
masiva, sino la economía”, explicaba el 19 de diciembre de 2023 Patrick Martin,
presidente de la patronal Movimiento de Empresas de Francia (Medef), ante los
micrófonos de Radio Classique.
Pese a los prodigios de la automatización, y por más que
el excandidato de ultraderecha Éric Zemmour haya prometido que “los robots
sustituirán a los inmigrantes” (Europe 1, 23 de junio de 2026), los ingenieros
de Silicon Valley todavía no tienen previsto crear a corto plazo una
inteligencia artificial que asee a las personas dependientes. Esta
transformación en el eje de la edad —la pirámide se convierte en champiñón—
llega acompañada de otra en el eje del género: ahora que las mujeres superan a
los hombres en los estudios universitarios —salvo en las carreras con mejores
salidas—, los varones jóvenes con escasa formación o sin titulación perciben la
inmigración como una amenaza, y tanto más cuanto más se fragiliza su posición
social y matrimonial. Pero, precisamente, los movimientos migratorios llevan un
cuarto de siglo acelerándose a nivel mundial: en 2024, el número de migrantes internacionales
se estimaba en unos 304 millones frente a los 174 millones del año 2000 y, en
términos de proporción de la población mundial, han pasado de ser el 2,8% al
3,7%. En Europa, su número llegaba a los 94 millones en 2024 frente a 56
millones en el año 2000, para una población total que se ha mantenido casi
constante (3).
El ‘apartheid’ 2.0 se conformaría con poner en práctica
la “prioridad nacional”
El segundo miembro de la ecuación es político: el auge de
las formaciones de extrema derecha, aupadas por un discurso contra la
inmigración musulmana procedente de África, el Magreb u Oriente Próximo. En
Francia, las listas de Frente/Reagrupamiento Nacional pasaron del 11,3% de los
votos y cero diputados en las legislativas de 2002 a más del 33% de los votos y
123 escaños en las de 2024. La derecha “posfascista” gobierna en Italia. En
Alemania, Alternativa por Alemania (AfD), partido creado en 2013, se hizo con
una de cada cinco papeletas doce años después. Las formaciones de derecha
radical han dominado la vida política tanto en Polonia como en Hungría, y en
los Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Noruega imponen ya su discurso sobre la
“amenaza migratoria”, el “gran reemplazo” y la “inseguridad cultural”.
Paradójicamente, son muchos los estudios que documentan
un descenso de las convicciones racistas en los países europeos —en el sentido
de la creencia en una jerarquía de “razas”—, a la vez que se da un aumento
concomitante de la xenofobia y del sentimiento de que “esta ya no es nuestra
casa”. Una opinión que, en la actualidad, ha calado en las filas de la derecha
clásica y que se está banalizando: “El 63% de los franceses, a favor de una
suspensión de la inmigración legal durante tres años, según un sondeo”
encargado por CNews [propiedad del magnate Vincent Bolloré y con una línea
editorial de extrema derecha] y difundido por Le Figaro (28 de
mayo de 2026). La prensa y los influencers de extrema derecha
alimentan día tras día las redes sociales con crónicas de sucesos que parecen
dar la razón a la idea de que, desde el canal Saint-Martin en pleno París hasta
la Estación Central de Colonia en Alemania, desde las calles de Belfast hasta
las de Roma, es el sector de la población procedente de una inmigración de
cultura musulmana el que lleva la voz cantante e impone su ley a los “blancos”.
En el fondo, lo que incomoda a las derechas no es la
presencia de negros y árabes en el territorio europeo, sino que los inmigrantes
y sus descendientes se tomen en serio aquello que quienes los denigran los
acusan de rechazar: la integración, el deseo de echar raíces, la afirmación de
una plena pertenencia a la nación. Mientras que el racismo tradicional basaba
su jerarquía racial en la biología, la xenofobia contemporánea niega a los
inmigrantes su condición social de iguales.
Declive demográfico y necesidad de mano de obra, por un
lado, rechazo y miedo crecientes a la inmigración musulmana, por el otro: ¿cómo
conciliar ambos elementos? Pues por medio de la ruptura fascista. O a través de
la progresiva puesta en práctica de un régimen jurídico diferenciado que
consagre la preeminencia de los autóctonos sobre los advenedizos, de tal modo
que los trabajadores inmigrantes y sus descendientes se incorporen a una vida
en común concebida como una relación de sumisión. Sin necesidad siquiera de
mencionar el esclavismo o el sistema Jim Crow (4) en
Estados Unidos, este género de construcciones legales ha empañado de forma
recurrente la historia contemporánea.
Entre ellos está el “régimen del indigenato” impuesto por
la III República francesa en sus colonias (5), que
diferenciaba dos categorías de individuos: los ciudadanos, titulares de todos
los derechos políticos, y los indígenas, sometidos a una serie de obligaciones
particulares (como la realización de tareas no remuneradas, las requisas de
bienes o el pago de determinados impuestos), así como a sanciones y
restricciones específicas, en especial en lo que atañía al derecho al voto. Su
actualización en la Francia metropolitana por parte de un Gobierno de extrema
derecha trasladaría una variante atenuada de este estatuto a unos sectores
poblacionales identificados como problemáticos.
En las monarquías del golfo Pérsico es posible encontrar
una expresión radical de este modelo: en los Emiratos Árabes Unidos o en Qatar,
un 20% de la población goza de todos los derechos, mientras que el 80% de
extranjeros, llevados allí por agencias privadas, confinados en barracones y
sin la menor perspectiva de integración, se dedican a producir o trabajar en el
sector servicios y la construcción.
La izquierda cuenta con una brújula política, un programa
y una consigna: igualdad
Con proporciones demográficas y una historia distintas,
el apartheid instaurado en Israel ofrece a los países europeos
un modelo tanto más instructivo por cuanto este país —al que las derechas
radicales ponen por las nubes— reivindica su anclaje democrático. La afirmación
de la supremacía de los judíos sobre los palestinos no solo se traduce en
acciones de fuerza ilegales (colonización, ejecuciones extrajudiciales,
persecución por parte de los colonos, detenciones arbitrarias, tortura de
prisioneros…), sino también en la aprobación de leyes que establecen un régimen
de inferioridad jurídica. La aprobada por la Knéset el 19 de julio de 2018
dispone que “el derecho a ejercer la autodeterminación dentro del Estado de
Israel está reservado únicamente al pueblo judío”. Como tanta legislación
anterior, empezando por la “ley del retorno”, este texto de rango
constitucional legaliza una discriminación en función del origen, relegando a
los no judíos a la condición de inferiores. Aunque actuaron de conformidad con
esta ideología de apartheid, los fundadores del país tuvieron buen
cuidado de mantener una fachada democrática garantizando en la declaración de
independencia de Israel “una completa igualdad de derechos sociales y políticos
para todos sus ciudadanos”. El pasado 30 de marzo, la aprobación por una amplia
mayoría de parlamentarios de una ley que castiga con la muerte a los palestinos
declarados culpables de “asesinato terrorista” —pero no a los judíos israelíes
responsables del mismo crimen— apunta no tanto a una nueva excepción a la norma
sino a una forma de gobierno en toda regla: un sistema jurídico de dos
velocidades que codifica la supremacía de una parte del pueblo sobre otra.
Cabe imaginar hasta qué punto este modelo podría inspirar
a una extrema derecha francesa en teoría susceptible de franquear las puertas
del poder en 2027 y que probablemente busque el modo de superar la
contradicción demografía-inmigración sin agraviar a su electorado. El RN se
ha comprometido a comenzar su eventual mandato con un gran referéndum sobre
inmigración destinado a dotar de fundamento jurídico a la “prioridad nacional” (6). El
proyecto de ley constitucional Ciudadanía-Identidad-Inmigración, presentado por
Marine Le Pen el 25 de enero de 2024, ofrece un aperitivo del menú: la
“prioridad nacional” elevada a la categoría de “derecho constitucional
irrevocable”, abolición del derecho de suelo, “salvaguarda de la identidad de
Francia” convertida en misión republicana, voluntad de “prohibir a las personas
que posean la nacionalidad de otro Estado el acceso a puestos en la
Administración, las empresas públicas y las personas jurídicas encargadas de
una misión de servicio público”.
Obviamente, esta última disposición se dirige contra los
binacionales, el 90% de los cuales son inmigrantes o descendientes de
inmigrantes (7).
Permite sortear el obstáculo de la Constitución, que prohíbe toda distinción
basada explícitamente en el origen. Y es que, aunque una mayoría parlamentaria
no tendría dificultad para someter a los extranjeros a regímenes jurídicos
específicos, hacer lo propio con los franceses procedentes de la inmigración
—muchos de los cuales poseen la plena ciudadanía— es otro cantar. Para hacerlos
objeto de sus políticas sin designarlos como tales, el RN puede echar
mano de categorías sustitutivas lo bastante correlacionadas con dicho origen
como para tener efectos comparables. Aparte de la binacionalidad, existen otros
mecanismos, como los signos religiosos (prohibición del velo en el espacio
público) o la variable territorial. Esta última permite concentrar medidas
específicas en espacios donde reside un gran número de inmigrantes o descendientes
de inmigrantes sin tener por qué designar a determinados sectores de la
población en razón de su ascendencia.
Los responsables políticos, por lo demás, ya recurren a
esta lógica: controles de identidad concentrados en determinados barrios populares,
delito de ocupación de zonas comunes de los inmuebles, operativos de “limpieza”
realizados principalmente en los barrios del extrarradio, o bien los llamados
“barrios de reconquista republicana” (QRR, por sus siglas en francés), creados
por Emmanuel Macron para territorializar la acción policial. Al menor asomo de
desórdenes, los líderes de la derecha clásica y extrema reclaman el estado de
emergencia, toques de queda y “medidas de excepción” para esos barrios que
Marine Le Pen o la política Valérie Pécresse califican de “zonas de no
Francia”. En manos de un Gobierno del RN, estos mecanismos, ampliados y
coordinados con otras restricciones, consolidarían el arsenal dirigido contra
los derechos tanto de los extranjeros como de los franceses procedentes de la
inmigración extraeuropea.
La maniobra se vería facilitada por una doble reacción
antiuniversalista que lleva un cuarto de siglo en marcha. La de la derecha, que
alimenta sin reposo la idea de una incompatibilidad republicana de la población
musulmana, en la actualidad asociada al terrorismo y el oscurantismo; pero
también la de una parte de la izquierda que exalta los particularismos
culturales o religiosos de las minorías (8).
De ese modo, sin llegar tan lejos como Benjamín Netanyahu
ni desgarrar el velo de las apariencias democráticas, un Gobierno de extrema
derecha dispondría de numerosas herramientas para dar a su electorado esa
“sensación de seguridad” que ha perdido a causa de la proximidad de unos
inmigrantes “libres e iguales en derechos”. Para restablecer el orden, es
probable que el RN prefiera, antes que la vía militar y policial del
fascismo tradicional, una operación tanto simbólica como securitaria consistente
en poner a “los inmigrantes” en su lugar: ese que se halla en lo más bajo de la
escala social y que ya ocuparan los “obreros especializados” del sector
automovilístico o agrícola en la década de 1970. Aquellos trabajadores recién
llegados, sin derechos, sin familia, sin respaldo político, a merced de caseros
sin escrúpulos y mantenidos por la dirección bien alejados de los “obreros
profesionales” franceses o los inmigrantes ya establecidos, tejieron el tapiz
de los años dorados del capitalismo (los llamados “treinta gloriosos”) que hoy
añora hasta el hombre de derechas: “Antes era mejor”, sin duda, ya que un árabe
no lo habría mirado por encima del hombro por la calle.
¿Se toparía el apartheid a la francesa
con una resistencia mayoritaria? En la izquierda, seguramente, pero ¿sería
suficiente? La derecha, subyugada por el “modelo israelí” de seguridad y
política exterior, denuncia ya a quien le pone reparos. “Merece estimación el
recuerdo por parte de los europeos del derecho internacional, pero esos ensalmos
apenas llevan a nada”, explicaba el periodista Guillaume Roquette el 6 de marzo
de 2026 en Le Figaro Magazine —semanario situado en la
intersección de las derechas tradicionales y las extremas— refiriéndose a la
“gran limpieza” israelí en Oriente Próximo. Un “razonamiento” análogo acogería
sin duda alguna el derribo del derecho francés por parte de una extrema derecha
en el poder.
Para luchar contra ella, tanto en ese terreno como en el
económico, la izquierda cuenta con una brújula política, un programa y una
consigna: igualdad.
(1) Ugo Palheta, Comment le
fascisme gagne la France. De Macron à Le Pen, La Découverte,
París, 2025.
(2) Gilles Pison, “En France comme en Europe, le solde
migratoire compense l’excédent des décès sur les naissances”, Population
& Sociétés, n.° 642, París, marzo de 2026.
(3) International migrant stock 2024.
Key facts and figures, ONU, Nueva York, enero de 2025.
(4) Véase Loïc Wacquant, “Cuando la vida de los
afroamericanos del Sur era más dura que durante la esclavitud”, Le Monde
diplomatique en español, abril de 2024.
(5) Olivier Le Cour Grandmaison, De l’indigénat.
Anatomie d’un “monstre” juridique: le droit colonial en Algérie et dans
l’Empire français, Zones, París, 2010.
(6) Véase Benoît Bréville, “La preferencia nacional, la
solución de los charlatanes”, Le Monde diplomatique en español,
noviembre de 2021.
(7) Cris Beauchemin, Christelle Hamel y Patrick Simon
(dirs.), Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des
populations en France, INED Éditions, París, 2016.
(8) Véase Vivek Chibber, “El ‘universalismo’, un arma para la izquierda”, Le
Monde diplomatique en español, mayo de 2014, y Walter Benn Michaels, La
Diversité contre l’égalité, Raisons d’agir, París, 2009.
(9) Ugo Palheta, Comment le fascisme
gagne la France. De Macron à Le Pen, La Découverte, París, 2025.
(10) Gilles Pison, “En France comme en Europe, le solde
migratoire compense l’excédent des décès sur les naissances”, Population
& Sociétés, n.° 642, París, marzo de 2026.
(11) International migrant stock 2024.
Key facts and figures, ONU, Nueva York, enero de 2025.
(12) Véase Loïc Wacquant, “Cuando la vida de los
afroamericanos del Sur era más dura que durante la esclavitud”, Le Monde
diplomatique en español, abril de 2024.
(13) Olivier Le Cour Grandmaison, De
l’indigénat. Anatomie d’un “monstre” juridique: le droit colonial en Algérie et
dans l’Empire français, Zones, París, 2010.
(14) Véase Benoît Bréville, “La preferencia nacional, la
solución de los charlatanes”, Le Monde diplomatique en español,
noviembre de 2021.
(15) Cris Beauchemin, Christelle Hamel y Patrick Simon
(dirs.), Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des
populations en France, INED Éditions, París, 2016.
(16) Véase Vivek Chibber, “El ‘universalismo’, un arma para la
izquierda”, Le Monde diplomatique en español, mayo de
2014, y Walter Benn Michaels, La Diversité contre l’égalité,
Raisons d’agir, París, 2009.
Benoît Bréville y Pierre Rimbert
Benoît Bréville es director de Le Monde
diplomatique.
[Reproducido en www.gerardodelval.com]
