Doctores y activistas lo señalan como el "retorno a las cavernas"
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| Ilustración de Global Voices |
Escrito por Lucía Jiménez Peñuela
A 100 años de la
despenalización de la homosexualidad, el gobierno de Perú ha clasificado
oficialmente a las personas trans, interesexuales, y no binarias, como
“enfermos mentales”, mediante un decreto presidencial el pasado
10 de mayo.
El decreto define “transexualismo” y “trastorno de identidad de
género en niños» como enfermedades mentales. También se incluyen en esa
categoría “travestismo de doble rol”, “travestismo fetichista” y «otros
trastornos de identidad de género». También se refiere a la homosexualidad como
una “orientación sexual egodistónica”, una condición de salud mental.
Esta medida hace parte del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
(PEAS) con el fin de enumerar las condiciones de salud asegurables para
las pólizas de seguro. Fue firmado por la presidenta Dina Boluarte, la ministra
de Salud y el ministro de Economía.
Si bien, un funcionario del gobierno explicó
que la reclasificación se decretó para “garantizar cobertura total de atención
médica para la salud mental” bajo el PEAS, lo cierto es que la comunidad trans
del país encuentra esta medida obsoleta y una
regresión hacia los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y
Expresión de Género (Ecosieg), mal llamados “terapias
de conversión”.
Estas prácticas están siendo debatidas en su país vecino, Colombia. Allí
se realizan esfuerzos para que, mediante proyecto de ley, sean
prohibidas las torturas y prácticas agresivas que intentan cambiar la
orientación sexual y la identidad de género de las personas mediante tales
terapias.
En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar como trastorno mental el
identificarse con un género diferente al asignado socialmente al nacer. En la
mas reciente versión Clasificación internacional de enfermedades de la
OMS, CIE-11, se reemplazó
categorías diagnósticas obsoletas como “transexualismo” y “trastorno de identidad
de género de los niños” por “incongruencia de género de la adolescencia y la
edad adulta” e “incongruencia de género de la infancia”, respectivamente.
El 18 de mayo, unos 200 manifestantes salieron a protestar esta
medida en la calle. Para muchas personas LGBTI, esta medida empeora su vulnerabilidad
ante la violencia y la discriminación en Perú. Entre 2012 y 2021, por lo menos
88 personas LGBTI murieron por homicidio sin que hubiera justicia en sus
casos por falta de ley que sancione estos crímenes de odio.
El gestor cultural Jheinser Pacaya denunció esta medida en las redes sociales:
A 100 años de la despenalización de la homosexualidad el @Minsa_Peru no tiene mejor idea que incluir a las personas trans en la categoría de enfermedades mentales. Exigimos y no descansaremos hasta su derogaracion. pic.twitter.com/gKczZeq0OI
— Jheinser Pacaya 🏳️🌈 (@jheinserrr) May 14, 2024
El abogado y activista LGBTI Manuel Siccha, quien fue el primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima abiertamente homosexual, en rechazo a estas medidas, insta al Congreso a «ejercer su función fiscalizadora y requerir al Despacho Ministerial de Salud información detallada sobre las salvaguardas implementadas para evitar la patologización y garantizar una atención integral y respetuosa para las personas LGBTI en el sistema de salud peruano».
También invita a que la Comisión de Salud del Congreso «abra un espacio
de evaluación y debate sobre esta normativa con actores importantes tanto del
lado técnico, político como del lado de sociedad civil que debió ser convocada
y consultada». Considera imperativo actualizar la actualización en salud al
CIE-11, alineándose con «estándares internacionales y refleje de manera precisa
y no estigmatizante la diversidad de experiencias de género y sexualidad».
Boluarte, primera presidenta del Perú, ha enfatizado en su
conservadurismo social, que guarda puntos en común con la mayoría conservadora
del Congreso de Perú. Es de recordar que, en 2022, atendiendo la campaña
de desinformación del grupo antiderechos Con
Mis Hijos No Te Metas, el Congreso eliminó la «ideología de género» de los
textos escolares. Algo que también tuvo trascendencia en El Salvador el
pasado 5 de marzo, cuando por directiva presidencial al Ministerio de
Educación, se ordenó que estos contenidos sean expulsados de guías, libros y demás
materiales educativos.»
La periodista colombiana @VickyDavilaH publicó en el 21 de mayo en X una encuesta para que las personas decidan si
están de acuerdo o no con la decisión de que las identidades de
género trans, travestis, no binarios y otras sean consideradas enfermedades
mentales. Su publicación fue replicada por la ONG Temblores, recordándole
que, desde 2018, la OMS dejó de categorizar a las personas trans como enfermas
mentales. Además, afirmó que «las identidades de género no normativas no son
prestas a cuestionamientos de la opinión pública. Este tipo de señalamientos
exponen a las personas con identidades de género diversas a violencias y
discriminaciones, que vulneran múltiples derechos y afectan multifactorialmente
sus trayectorias de vida».
El 10 de mayo de 2024, la organización Human Rights Watch señaló
que esta norma “es profundamente regresiva” y “endurece aún
más los prejuicios contra las personas LGBT” en Perú, un país sin políticas
para la diversidad. Invitó al gobierno peruano a derogar «este decreto sesgado
y poco científico y, en su lugar, aplicar la clasificación actualizada de
enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a la
orientación sexual y la identidad de género”.
Según el doctor Víctor Zamora, de la Escuela
de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica del Perú, el
decreto mina los avances logrados en el país en materia de derechos y
género. Para el especialista, «solo le queda un camino a la autoridad
sanitaria, regresarnos a la modernidad y alejarnos de la era de las cavernas»,
derogando esa norma que es una abierta y evidente violación del derecho a la no
discriminación por parte de los colectivos LGBTIQ+.
Las organizaciones en favor de derechos LGBTI llaman a estos sectores a marchar, el próximo 29 de junio, «para que nuestra visibilidad crezca mucho más y así demostrar al Estado que necesitamos un país con más justicia e igualdad»; una marcha más simbólica que nunca.
[Fuente: www.globalvoices.org]
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