Maya Wind, antropóloga israelí: «Las universidades israelíes están concebidas al servicio del proyecto colonial»

 

La investigadora israelí Maya Wind

Publicado por Mariona Gil i Martín  

Las universidades suelen presentarse como espacios de pensamiento crítico y producción de conocimiento. Pero ¿qué ocurre cuando esas mismas instituciones participan en proyectos de colonización, apartheid o violencia estatal? Esta es la pregunta que guía el trabajo de la antropóloga israelí Maya Wind. En Torres de acero y marfil. Cómo las universidades israelíes destruyen la libertad palestina (Verso Libros, 2026), examina el papel de las universidades israelíes en el proyecto sionista y en la infraestructura política y militar del Estado. Hablamos con ella durante su gira por el Estado español –Bilbao, València, Barcelona y Madrid–, organizada junto a colectivos como la Red Universitaria por Palestina, BDS o Prou Complicitat, en un momento de debate creciente sobre el boicot académico y la responsabilidad de las universidades occidentales ante la guerra en Gaza. 

En esta entrevista, Wind sostiene que las universidades israelíes no pueden entenderse como instituciones neutrales ni separadas del aparato estatal. A lo largo de la conversación aborda cuestiones como la relación entre academia y complejo militar-industrial, la función de los campus en la expansión territorial israelí, la represión contra estudiantes y académicas palestinas o el auge de las campañas internacionales de boicot académico.  

Antes de ser académica fue objetora: en 2008, siendo estudiante de secundaria, se negó públicamente a incorporarse al ejército israelí. ¿Qué entendió entonces que le llevó, años después, a estudiar las universidades y no los cuarteles?  

Me negué a alistarme en 2008, durante la Segunda Intifada, dentro de pequeñas movilizaciones de estudiantes de secundaria israelíes contra el servicio militar obligatorio. Toda nuestra educación estaba orientada a prepararnos para ese servicio, y rechazarlo significaba retirar nuestro trabajo a las instituciones que sostienen el apartheid y el dominio colonial. Lo que entendí entonces, y que tardé años en poder formular, es que un proyecto colonial como el israelí no se sostiene solo con el ejército: necesita un entramado institucional mucho más amplio que lo legitime, lo planifique, lo dote de tecnología y de relato. La universidad es una pieza central de ese entramado.  

El libro insiste en que esto no es una anomalía israelí y que otros Estados coloniales también construyeron sus universidades sobre el despojo. ¿Qué singulariza al caso israelí dentro de esa genealogía?   

La universidad como infraestructura de la violencia colonial no es una excepción israelí, sino una estructura histórica. Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda levantaron sus sistemas de educación superior sobre tierras indígenas no cedidas: con la Ley Morrill de 1862, 245 pueblos indígenas perdieron 4,3 millones de hectáreas para financiar las universidades estadounidenses, muchas construidas además con mano de obra esclava o con el dinero de la trata. Los propios pueblos indígenas las llaman “universidades expropiadoras de tierras”. En Sudáfrica, las Leyes de Tierras de 1913 y 1936 fundaron una educación superior diseñada para hacer cumplir el apartheid. Las universidades israelíes pertenecen a esa tradición. Lo que las singulariza es que su papel no es solo fundacional, sino explícito y actual: sostienen un régimen que hoy la mayoría de la comunidad internacional reconoce como apartheid y le aportan investigación, capacidades militares y legitimidad en tiempo presente.   

Esa imbricación, dice, es anterior incluso al Estado. ¿Cómo nacen las universidades israelíes ligadas al aparato militar?  

De forma muy literal. Antes incluso de 1948, el movimiento sionista fundó tres instituciones al servicio de sus objetivos territoriales: la Universidad Hebrea, el Technion y el Instituto Weizmann. En 1946, la milicia Haganá creó HEMED, el Cuerpo Científico, con bases en los tres campus. En abril de 1948, un doctorando en microbiología de la Universidad Hebrea preparó bacterias de tifus y disentería que se emplearon en la operación Echad Vuestro Pan –supervisada personalmente por Ben-Gurión– para envenenar las fuentes de agua de las comunidades palestinas e impedir así el retorno de quienes habían sido expulsados. El Weizmann y el Technion se convirtieron en el centro científico-militar del Estado; de HEMED nació, en 1958, Rafael, una de las grandes empresas armamentísticas israelíes, que todavía se autodenomina “el laboratorio nacional de Israel”. Israel Aerospace Industries surgió del departamento de aeronáutica del Technion. La guerra de 1948 no fue el final, sino el comienzo de la militarización de la universidad. 

Acuña la idea de un único “complejo académico-militar-industrial”. ¿Cómo funciona hoy esa circulación entre campus, ejército e industria?  

Es un circuito permanente. El presidente de Elbit Systems afirma que “el Technion está entretejido en el ADN” de la empresa, y un exdirector del taller de ciencia y seguridad de Tel Aviv lo resume sin pudor: “La I+D militar israelí no existiría sin las universidades”. Estudiantes, profesores e investigadores pasan por el servicio militar y trasladan esa experiencia al campus, y de ahí a la industria. Las universidades diseñan programas a medida para el ejército –Talpiot, Atuda, Havatzalot– que forman a los cuadros tecnológicos de unidades como la 8200, esa misma unidad cuya vigilancia rutinaria de los palestinos sirve para extorsionarlos: hay testimonios de pacientes con cáncer a los que se negó el tratamiento si no delataban a un familiar.  

Los laboratorios desarrollan los drones de Elbit e IAI, los misiles de Rafael, los sistemas de los tanques Merkava o las pantallas de casco de los cazas. Y todo ello se ensaya primero sobre la población palestina ocupada y luego se exporta con una etiqueta de marketing demoledora: “Probado en combate”. El Territorio Palestino Ocupado funciona como un laboratorio. Por eso hablo de un solo complejo: no son esferas que colaboran, son una misma maquinaria.  

Varios capítulos muestran que la ubicación misma de los campus es un arma. ¿Cómo operan las universidades como instrumentos de “judaización”?  

La ubicación de un campus nunca es neutral: es una reivindicación territorial. La Universidad Hebrea se instaló en el Monte Scopus para dominar Jerusalén, y dos semanas después de ocupar Jerusalén Este, en 1967, concedió a Yitzhak Rabin un doctorado honoris causa por “recuperar” la ciudad. Su campus de Givat Ram se levantó sobre las ruinas de la aldea palestina de Sheikh Badr; durante la Nakba, la propia universidad y la Biblioteca Nacional se apropiaron de decenas de miles de libros de hogares palestinos vaciados, miles fueron destruidos y otros se catalogan aún hoy como “propiedad abandonada”. La Universidad de Haifa participó en la “judaización” de Galilea –su demógrafo más célebre, Arnon Sofer, es conocido como “el contador de árabes”; la Universidad Ben-Gurión, en la del Naqab, a costa de los beduinos; y la Universidad de Ariel, en plena Cisjordania ocupada, es el motor de un asentamiento ilegal hasta el punto de que se la promociona como “una universidad con ciudad”. Justo debajo del Monte Scopus, el barrio palestino de Issawiyeh ha perdido más del 90 % de sus tierras, y la policía ha llegado a vigilarlo desde lo alto de un edificio del campus. La universidad no observa el despojo: lo produce. 

Las universidades también producen relatos. Habla de “hasbara académica”. ¿Qué papel cumplen los campus en blanquear la imagen internacional de Israel?  

Son una pieza central de la proyección de Israel como Estado liberal y occidental, lo que aquí se llama “hasbara”. Cuando, en 2018, los francotiradores israelíes dispararon contra los manifestantes desarmados de la Gran Marcha del Retorno en Gaza –matando a casi 200 personas y mutilando a decenas–, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de la Universidad de Tel Aviv no lo trató como un crimen, sino como una crisis de relaciones públicas: organizó una conferencia titulada “La batalla por la opinión pública: Gaza como caso de estudio”. Un periodista llegó a describir el disparo de un francotirador a la pierna de un manifestante como “un aspecto cinético de una batalla por la opinión pública”. Ese mismo instituto ha recomendado al Estado “incriminar”, “socavar” y “sabotear” a los activistas del BDS.   

En la Universidad de Haifa, el programa “Embajadores en Línea” forma a estudiantes –incluidos palestinos drusos– como propagandistas del Estado, y su rector se jacta de combatir “la industria de la mentira”. Los campus son, además, escaparate: se exhiben ante delegaciones occidentales como prueba del supuesto pluralismo israelí.   

También habla de un “silencio cómplice” de las instituciones académicas internacionales. ¿Ese consenso ha empezado a fracturarse desde octubre de 2023?  

El consenso se ha resquebrajado dentro de las comunidades universitarias occidentales. Tras los campamentos estudiantiles hemos visto una movilización por Palestina sin precedentes y una ruptura creciente con el sionismo hegemónico. Pero conviene distinguir dos planos. En la base –estudiantes, profesorado, personal– el boicot avanza. En las administraciones, en cambio, la resistencia es feroz: se siguen negando a romper vínculos con las instituciones israelíes. Un papel decisivo lo cumplen los académicos israelíes que se presentan como progresistas y, ante un público internacional, dicen apoyar los derechos palestinos mientras se oponen al boicot. Lo que hacen es lo que Eve Tuck y Wayne Yang llaman “maniobras de inocencia del colono”: gestos que preservan intacta la estructura. La batalla institucional sigue abierta.  

El libro documenta una represión que va de la audiencia disciplinaria al secuestro armado. ¿Cuáles son sus formas más habituales?  

Adopta muchas formas, pero su núcleo es borrar toda expresión política palestina del campus. En enero de 2022, una furgoneta sin distintivos entró en la Universidad de Birzeit: soldados de incógnito tirotearon en el muslo a un dirigente estudiantil, Ismail Barghouthi, y se llevaron a varios estudiantes. Israel ha declarado “ilegales” a más de 411 asociaciones, y desde 1967 ha juzgado a unos 800.000 palestinos en tribunales militares con una tasa de condena superior al 99 %, muchas veces en régimen de detención administrativa, sin cargos ni juicio. Mays Abu Ghosh, estudiante de periodismo en Birzeit, fue torturada durante un mes y posteriormente encarcelada durante más de un año, acusada de organizar actividades para un sindicato de estudiantes. En Gaza la represión es directamente lo que Karma Nabulsi llama “escolasticidio”: el bombardeo sistemático de universidades. En 2014, los misiles israelíes mataron a 22 estudiantes en el campus de la Universidad Al-Quds; la librería de Samir Mansour, con cien mil libros, quedó reducida a escombros. Como muestra Khaled Furani, es un continuo: de la audiencia disciplinaria en un campus israelí al secuestro armado en uno palestino. 

¿Qué significa todo esto para la propia producción de conocimiento palestino? Habla de “ocupación epistémica”.   

Significa que la epistemología palestina se deslegitima de forma sistemática, y que el propio término “palestino” resulta sospechoso. El caso de Nadera Shalhoub-Kevorkian, profesora de Derecho y Criminología en la Universidad Hebrea, es ejemplar: cuando expuso que Israel ensaya sus armas y tecnologías de vigilancia sobre los palestinos para luego exportarlas como “probadas en combate”, el ministro de Educación pidió su despido y la universidad se desentendió de ella, dejándola sola frente a una campaña de amenazas. Lo mismo ocurrió con la masacre de Tantura de 1948: cuando el estudiante Teddy Katz la documentó en una tesis, la Universidad de Haifa le retiró el apoyo, anuló el título y sacó el trabajo de la biblioteca; su profesor Ilan Pappé acabó exiliándose. Los académicos palestinos trabajan, como me dijo uno de ellos, con “una mentalidad de checkpoint”. Esto no es casual: solo el 3,5 % del profesorado de las universidades israelíes es palestino, aunque los palestinos son más del 20 % de la ciudadanía. Por eso, han tenido que crear sus propios espacios fuera del sistema, como el centro Mada al-Carmel en Haifa. 

Su libro llega cuando el debate sobre el boicot académico ha recuperado fuerza. ¿Qué responsabilidad tienen las universidades europeas y norteamericanas que mantienen alianzas con instituciones israelíes?  

Hay que partir de que PACBI, la Campaña Palestina por el Boicot Académico y Cultural a Israel, pide desde 2004 boicotear a las instituciones académicas israelíes por ser un pilar del régimen de colonialismo, apartheid y violencia. El sistema académico israelí está profundamente integrado en las redes europeas y norteamericanas: depende de ellas para su financiación, su prestigio, sus posiciones en los rankings y su legitimidad. Programas como Horizonte canalizan fondos europeos hacia esas instituciones. Por eso, mantener esas colaboraciones no es un acto neutral: contribuye de forma directa a sostener el sistema. La responsabilidad es material, no simbólica. 

Su libro se publica, además, mientras en las universidades occidentales se reprime con dureza la solidaridad con Palestina. ¿Cómo lee esa coincidencia?  

Es lo que se ha llamado la “excepción palestina”: los defensores más enérgicos de la libertad académica suelen callar en cuanto se trata de criticar a Israel. En Estados Unidos, más de treinta estados han aprobado leyes contra el BDS; ha habido estudiantes amenazados por mencionar el apartheid en un discurso de graduación, y secciones de Estudiantes por la Justicia en Palestina ilegalizadas. Como sostiene Robin Kelley en el epílogo del libro, el apartheid israelí no podría sostenerse sin el silencio liberal. Y hay un espejo inquietante: la ofensiva de la derecha contra la educación en Occidente –la prohibición de enseñar sobre racismo o género– se inspira en parte en la ley israelí de 2011 que prohíbe enseñar la Nakba. Israel funciona como modelo del poder autoritario que esa derecha aspira a ejercer. Defender la libertad académica en Palestina es, también, defenderla aquí.  

Muchas universidades europeas han tardado años en suspender sus relaciones con las israelíes, y muchas aún no lo han hecho. ¿Por qué tanta resistencia a medidas que sí se adoptaron en otros contextos? 

Por dos grandes factores. Uno es material: las universidades israelíes están integradas en el sistema europeo mediante redes de financiación, programas como Horizonte y una relación cada vez más estrecha entre la academia y la industria militar en la propia Europa. Romper esos vínculos no afectaría solo a Israel: obligaría a cuestionar un sistema mucho más amplio de militarización y de colaboración estructural entre universidades e industrias de defensa, justo en pleno rearme. El otro factor es ideológico: el sionismo conserva una presencia y una influencia notables en Occidente, en los gobiernos y también en parte del profesorado. Esa inversión emocional e ideológica dificulta cualquier medida de boicot.  

¿Qué formas de presión cree que son hoy más eficaces?  

El movimiento BDS ha crecido globalmente en el embargo de armas, el boicot académico, cultural y deportivo, y la desinversión. Es una movilización desde la base sin precedentes, acompañada de una creciente criminalización. Y, si miramos los hechos, el único freno que ha funcionado de verdad sobre la autoridad israelí ha sido la presión internacional sostenida: cuando Israel quiso codificar el aislamiento de las universidades palestinas con cupos de estudiantes y profesores extranjeros, fue la condena internacional la que le obligó a retirar lo más lesivo. El reto es mantener y ampliar esas campañas frente a los intentos de represión.  

Tras toda su investigación, ¿cree que las universidades israelíes pueden reformarse, o se trata de un problema estructural?

Es estructural, sin ninguna duda. Las universidades israelíes, tal como son hoy, deben desmantelarse, descolonizarse y reconstruirse después de la descolonización con una forma completamente distinta. No es un problema de unos cuantos departamentos o de unos profesores: es la institución entera la que está concebida al servicio del proyecto colonial. 

Cuando habla de “descolonizar” las universidades israelíes, ¿qué implicaría eso en concreto? 

PACBI y los sindicatos académicos y estudiantiles palestinos llevan más de dos décadas trazando una hoja de ruta muy clara. Significa cosas concretas: que las universidades dejen de servir como motores de “judaización” y reconozcan que sus campus se asientan sobre tierra palestina expropiada; que las disciplinas cierren los programas de investigación que dan cobertura jurídica o técnica a las violaciones del derecho internacional; que los departamentos clausuren los grados militares, policiales y del Shin Bet con los que se perfecciona la detención y el interrogatorio de palestinos; que los laboratorios rompan sus vínculos con la industria armamentística. En suma, romper toda cooperación con el aparato de violencia y con el proyecto de eliminación del pueblo palestino. Eso no va a producirse desde dentro: tiene que venir de fuera, y por eso el boicot académico internacional es decisivo. 

¿Qué espera que consiga este libro?  

PACBI fue la primera en pedir el boicot académico, en 2004. Si esa demanda se hubiera escuchado hace veintidós años, quizá no estaríamos donde estamos. Los palestinos llevan mucho tiempo pidiéndolo, y en Occidente se ha tardado demasiado en prestar atención. Espero que el libro cierre el debate sobre si el boicot está o no justificado, porque lo que demuestra –con los propios documentos del Estado y de las universidades israelíes– es que tenían razón: estas instituciones son cómplices y parte activa del sistema de colonialismo, apartheid y, hoy, genocidio. Como enseña PACBI, no hay libertad académica hasta que sea una libertad para todas y todos.

 

[Foto: Adur Galdos / Verso Libros - fuente: www.ctxt.es]