El colectivo Regularización Ya, que aglutina a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, ha liderado una lucha que ha cristalizado en la consecución de una regularización extraordinaria ya aprobada en Consejo de Ministros.
Colectivos de migrantes celebran la toma en consideración de la ILP por la regularización masiva.
“Hemos metido un gol desde mitad de la
cancha”. Así, en pocas palabras, describe Vicky Canalla, portavoz de Regularización Ya, el acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE
que cristalizará en una regularización extraordinaria para las personas
migrantes que se encuentren en España en situación administrativa irregular
antes del 31 de diciembre de 2025. “Hemos marcado la agenda política y cambiado
la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla con lo
que valora la medida “más garantista” de toda la legislatura del actual
gobierno de coalición, impulsada por colectivos migrantes.
Pero, hasta llegar a este punto, hay que
retroceder hasta abril de 2020, cuando en plena pandemia, y después de que el Gobierno
portugués anunciara la regularización extraordinaria temporal de todos los
inmigrantes con solicitudes pendientes, el colectivo Regularización Ya, una
plataforma donde confluyen más de un centenar de organizaciones de la sociedad
civil, comenzara a caminar con una carta al Gobierno que incluía la demanda de
una regularización urgente, rubricada por más de 1.200 colectivos. Después vino
la Proposición No de Ley, tumbada por el Congreso en septiembre de 2020, con los votos en contra de las derechas y
también del PSOE.
El
9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde
entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la
cámara
Lejos de desfallecer, en julio de 2021 desde
Regularización Ya decidieron subir otro escalón más: conseguir más de 500.000
firmas para la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular de
regularización masiva(ILP). En febrero de 2022 arrancaba la campaña de manera
simultánea en más de 30 ciudades. En menos de un año, cuando corría diciembre
de 2022, entregaron las firmas necesarias. Firmas que se toparon con la
paralización de los trámites por las elecciones de julio de 2023. Pero el movimiento de presión no se detuvo y la ILP pudo seguir su curso
con el establecimiento de una nueva legislatura. El 9 de abril de 2024 se
aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil
aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara.
Desde Regularización Ya decidieron cambiar
de estrategia: intentarlo por la vía del Real Decreto y así saltarse las
posibles enmiendas de grupos como Vox, Junts y PP. “Nosotras habíamos
convocado a todos los partidos políticos para que remaran para que se aprobara
en el Congreso, pero la aritmética no daba. El Real Decreto era la mejor
medida, por lo que interpelamos a todos los partidos para que presionaran para
ello. Podemos nos ofreció la oportunidad de redactar el texto conjunto y hemos
conseguido meterlo”, resume Canalla.
De fondo, unas negociaciones entre Podemos
y PSOE que se iniciaron cuando el partido morado dio su 'no' a un posible traspase de competencias entre Gobierno y Junts en materia
migratoria. El PSOE se vio obligado a sentarse con Podemos para negociar. Y ahí
fue cuando el partido, liderado por Ione Belarra, propuso la aprobación del
Real Decreto que este lunes salía del consejo de ministros. “El traspaso de competencias frustrado
entre Junts y PSOE fue clave para este acuerdo. Les dijimos a Podemos que lo
bloquearan y no salió adelante. Hemos marcado la agenda política y cambiado la
narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla.
En que consiste el Real Decreto
Según los datos más recientes de Funcas, a 1 de enero de 2025 en España habría 840.000
personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2% de la población
extranjera procedente de países no comunitarios. A todos ellos va dirigida esta
medida, que supondrá una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería.
El nuevo Real Decreto permitirá, de manera excepcional
y transitoria, el acceso a las figuras de arraigo a personas que ya están en
España. Para ello será necesario acreditar permanencia de cinco meses en el
país antes del 31 de diciembre de 2025. También incluye a las personas solicitantes de protección
internacional que hayan presentado su solicitud antes
de la misma fecha, cuya petición de asilo no decaerá con la petición de
regularización. Estas, además, no deberán acreditar cinco meses de residencia.
Otro requisito es carecer de antecedentes penales.
Quienes cumplan con estos requerimientos podrán
acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia
inicial de un año. Los hijos e hijas menores de estas personas obtendrán una
autorización de cinco años. Posteriormente “podrán incorporarse a las figuras
previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá
una integración progresiva en el sistema”, apuntaba la ministra Elma Saiz,
durante la presentación de la medida.
Desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización la persona podrá trabajar, sin esperar a su resolución, y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones
Canalla celebra las medidas garantistas que han
conseguido introducir en el redactado del Real Decreto del que, asegura, han
supervisado todos los puntos. Esto es, por ejemplo, la no exigencia de
empadronamiento para demostrar los cinco meses de residencia, papel que en la
práctica se convierte en un obstáculo para acceder a derechos. Bastará con un
recibo, una cita médica o cualquier documento como un comprobante de envío de
dinero. Además, desde el momento en que se apruebe la solicitud de
regularización, para lo que la administración cuenta con un máximo de 15 días,
y que se podrá hacer en cualquier registro público, la persona podrá trabajar,
sin esperarse a su resolución y saltándose el tapón que se suele crear en las
administraciones.
Y esto, no acaba aquí, alertan desde Regularización
Ya: “Nosotros hemos pedido que, después de iniciado el trámite, se pueda seguir
trabajando en perfeccionar todo”, explica. Además no pierden próximos
objetivos, entre los que estaría obligar a cerrar los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE).
“Los partidos políticos de izquierdas tienen que
aprender a ser interpelados por los colectivos, si no no vamos a avanzar. Les
hemos metido ahí para que trabajen por los movimientos sociales. Hemos sido muy
duras con Podemos y Sumar cuando se han olvidado de nosotras”, advierte
Canalla, mientras asegura un contundente: “Nosotros vamos a por más”.
[Foto: Álvaro
Minguito - fuente: www.elsaltodiario.com]
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