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Sesión plenaria en el Parlamento Europeo
Escrito por Miguel Urbán
Esta semana, en
el plenario del Parlamento Europeo de Estrasburgo, la UE consolidó, con la
aprobación del reglamento de retornos, su apuesta por la expulsión
de personas a terceros países. En una votación que salió adelante con el masivo
apoyo de la derecha y la ultraderecha que a gritos de «send them back» (mandadlos de vuelta) celebraron su
victoria. Una votación muy importante, no solo porque mostró cómo el bloque de
la derecha y la ultraderecha se consolida como una mayoría alternativa a la
histórica «gran
coalición» de
socialdemócratas y populares. Sino también porque era la última pieza del puzle
migratorio que le faltaba a la UE después de que, el pasado viernes, entrara en
vigor plenamente el Pacto de Asilo y Migración aprobado hace ahora dos años,
tras una década de negociaciones. Un pacto que en teoría fue votado por los
socialdemócratas como una barrera contra la ultraderecha, y, casualidades de la
política, realmente ha sido la puerta de entrada de la extrema derecha a la
gestión directa de las políticas migratorias de la UE.
Para todo aquel
que no lo recuerde, la Directiva de Retorno de 2008, conocida en su momento
como la «Directiva
de la vergüenza», estableció por primera vez normas y
procedimientos comunes en los Estados miembros para el «retorno de nacionales de terceros países
en situación administrativa irregular». Sus elementos más controvertidos por aquel
entonces fueron: la posibilidad de detener a los migrantes hasta 18 meses en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), una prohibición de reentrada de
hasta 5 años, la posibilidad de devolver a los migrantes a un país de tránsito
y la deportación (bajo ciertas condiciones) de menores no acompañados.
Un reglamento de
retornos que tiene la expulsión de las personas migrantes como bandera,
donde su principal objetivo es deportar más y más rápidamente, sin ninguna
garantía y a cualquier precio. De esta forma, la normativa aprobada este
miércoles recoge medidas como: la creación de los controvertidos centros de
deportación a terceros países para migrantes rechazados, incluidas familias con
menores. Lugares con los que no tienen ningún vínculo, pudiendo permanecer por
tiempo indefinido, en países africanos o asiáticos en donde la vulneración de
los derechos humanos está a la orden del día; amplía el tiempo máximo que una
persona migrante puede estar detenida, hasta 24 meses prorrogables a 30 en
determinadas circunstancias; y abre la puerta a las sanciones a los países de origen
de los migrantes expulsados que se nieguen a recibirlos, desde restricciones en
materia de visados a una revisión de las ayudas al desarrollo que reciben o de
las relaciones comerciales si continúan rechazando su regreso.
De hecho, la
cuestión migratoria se ha convertido en uno de los temas que más ha tensionado
a la UE en los últimos años, fundamentalmente desde 2015, con la mal llamada
crisis de los refugiados. En cierta medida, gracias a una extrema derecha en
ascenso, que ha conseguido condicionar la agenda de las políticas migratorias
de la UE, estas no han parado de endurecerse en una carrera sin retorno hacia
una auténtica necropolítica. Pero sería un error señalar a la extrema derecha
como única culpable de esta política que destruye derechos e inocula una visión
xenófoba de la migración humana. Tenemos que ampliar el foco y señalar a la
gran coalición del extremo centro (Populares y Socialistas) que gobierna la
Unión y que lleva años reforzando la «Europa fortaleza» con el espantapájaros de la extrema
derecha como coartada.
Un reglamento de
retorno que no solo contraviene las disposiciones de la convención de Ginebra,
suponiendo un auténtico ataque contra los derechos de las personas migrantes y
un atentado contra el derecho internacional humanitario. Sino que también
estamos ante la defunción definitiva del intento por parte de la UE de
crear una identidad cívica europea. Este es quizás el elemento más
importante que nos permite conectar la «prioridad nacional» incorporada a los acuerdos autonómicos
del PP y Vox, la remigración y la votación del reglamento de retorno del pasado
miércoles.
Es indudable que
la construcción de la fobia a la alteridad sobre la que se asientan las
políticas y discursos antimigración es consecuencia directa del orden asentado
sobre las políticas neoliberales, las cuales, más allá de recortes y privatizaciones,
constituyen la «imposición» para la mayoría de la población de un
férreo imaginario de la escasez. Ese «no hay suficiente para todos» generalizado fomenta mecanismos de
exclusión que canalizan el malestar social y la polarización política en su
eslabón más débil: el migrante, el extranjero –o simplemente el «otro»–, favoreciendo lo que Habermas llamó chauvinismo
del bienestar. Un sentimiento de escasez que está en el tuétano de la
xenofobia sobre el que se construye el chovinismo del bienestar,
pensamiento en extensión que se enlaza con el auge del autoritarismo neoliberal
del «sálvese
quien pueda» de la
guerra entre los últimos y los penúltimos.
Pero tampoco
podemos menospreciar cómo se está abriendo paso, una vez más, el concepto
etnoidentitario de la «blanquitud», vinculado históricamente con el
desarrollo de la colonización moderna y la mal llamada «misión civilizatoria» europea. Con el final de la Segunda
Guerra Mundial y el inicio de la construcción de la Unión Europea, se intentó
generar una identidad cívica europea vinculada a la libertad de mercado y a un
pretendido Estado del bienestar. De hecho, para muchas personas, la entrada de
España en la UE significaba no solo dejar atrás los años más oscuros de nuestra
historia reciente sino incorporarnos a una identidad cívica: la Europa de los
valores, los derechos humanos, las libertades, los servicios públicos, etc.
Pero, como afirma Hans Kundnani, esta supuesta identidad cívica nunca
consiguió suplantar los aspectos más raciales: «los elementos étnicos y culturales de la
identidad europea tampoco desaparecieron tras la pérdida de las últimas
colonias belgas y francesas en África. Los europeos siguieron imaginando el
proyecto europeo en términos de civilización y se inspiraron en antiguas ideas
de una Europa cristiana o blanca». La
crisis económica de 2008, su derivada europea con las turbulencias en el
sistema euro de 2010, la llegada de miles de refugiados en 2015 y los procesos
de recolonización del mundo, ha acelerado la desarticulación de esta supuesta
idea cívica de Europa y el regreso de elementos étnico-culturales condensados
en el concepto de «blanquitud». En donde la inmigración, especialmente
musulmana, aparece como una amenaza para la cultura y el modo de vida europeo.
Los gritos
de «send them back» (mandadlos de vuelta) proferidos desde la bancada de la extrema derecha, son el síntoma más
grotesco del hundimiento de una identidad cívica europea que realmente fue una
construcción ficticia que nunca ha terminado de asentarse más allá del
maquillaje propagandístico con el que la UE ha pretendido legitimar su
proyecto. Porque la deriva reaccionaria que aqueja al mundo no solo afecta a
unos Estados Unidos presididos por Trump, sino que atraviesa el tuétano de unas
instituciones europeas que traducen los discursos de odio, racismo y xenofobia
de la extrema derecha en políticas públicas.
En este contexto,
las personas refugiadas y migrantes pasan a ser problemas incómodos que
conviene eliminar cuanto antes, sujetos sin derechos. De ahí la necesidad de
concebir la actual política migratoria no únicamente como una crisis
humanitaria, sino también y, sobre todo, como una crisis de derechos y, por lo
tanto, como una crisis política. Una crisis que cuestiona quién tiene derecho a
tener derechos, en donde los cuerpos «ajenos» étnica y culturalmente a una idea artificial de
Europa «blanca», son objetivos ya no solo a interceptar
por parte de la Europa Fortaleza sino a expulsar. En una lógica, en donde el
regreso de la etnoidentidad de la blanquitud nos permite conectar las políticas
de expulsión de la UE con el avance del concepto de la remigración, la
prioridad nacional y el nuevo sentido común reaccionario que se abre paso en
Europa.
[Foto: Europa Press - fuente: www.publico.es]

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