En la tarde del 30 de marzo el Parlamento israelí respaldaba la ley que permitirá aplicar la pena capital a personas palestinas acusadas de terrorismo mediante ahorcamiento. La legislación ha avanzado a pesar de las críticas dentro y fuera del país.
Puesto de control en la ciudad cisjordana de Hebrón
Escrito por Sarah Babiker
Sucedió la tarde del lunes 30 de marzo, tras semanas de controversia. Con
62 votos a favor y 48 en contra, la Knesset aprobaba ayer la pena de muerte
para personas acusadas de terrorismo, que será aplicada a palestinos. Una ley
señalada por vulnerar los derechos humanos y suponer un claro ejemplo de
discriminación, tal y como señalan las numerosas voces críticas dentro y fuera
del país.
Según reflejaba The Guardian poco después de la aprobación de la ley: esta sistematiza
“la pena de muerte para aquellos palestinos de la Cisjordania ocupada que sean
hallados culpables de perpetrar intencionalmente ataques letales considerados
actos de terrorismo por un tribunal militar”. Las personas que caigan en el
marco de esta legislación serán privadas de todo tipo de visitas, y solo serán
asistidas legalmente por videollamada. Además, sus penas serán ejecutadas en el
plazo de 90 días.
La propuesta de recuperar la pena de muerte
ha sido promovida principalmente por el extremista ministro de Seguridad
Nacional Itamar Ben-Gvir, cuyo partido Otsmá Yehudit ha contado con el
apoyo de diputados pertenecientes al partido Likud del primer ministro, y el
conservador Yisrael Beitenu. Este presunto criminal de guerra ha divagado sobre cuáles serían las formas preferentes de
ejecutar a la personas palestinas, manifestando su predilección por la horca o
la silla eléctrica.
Tras el 7 de octubre, algunos
parlamentarios israelíes han presionado para recuperar la pena de muerte como
castigo a los palestinos. El propio Ben-Gvir se encargó de defender la ley poco
antes de su votación: “Desde hoy, todos los terroristas sabrán, el mundo entero
sabrá, que el Estado de Israel se cobrará la vida de quien quiera que se cobre
una vida”. Tras la aprobación de la propuesta, el ministro abrió una botella mientras se escuchaba júbilo en la
cámara. Benjamin Netanyahu, también avaló el proyecto para aplicar una pena
usada solo dos veces en la historia del país: en 1948 se ejecutó a Meir
Tobianski, un oficial del ejército a quien se acusó de espionaje. En 1962 fue
el nazi Adolf Eichmann quien corrió la misma suerte.
Israel elige la horca
Desde la cadena pública israelí Kan se ha
avanzado que se recurrirá principalmente al ahorcamiento como forma de ejecutar las condenas. Para ser
condenados, no será necesario que haya ningún fiscal que reclame la pena
capital para los acusados, y tampoco será necesario que exista unanimidad entre
los jueces para proceder a la ejecución, siendo suficiente una mayoría simple.
En la Cisjordania ocupada, serán los tribunales militares lo que firmen
sentencias de muerte.
La ley plantea distintos escenarios para
los acusados en función de si son detenidos en territorio ocupado, viviendo
bajo la ley militar, o en territorio israelí. A los primeros se les niega la
posibilidad de pedir clemencia para evitar su ejecución, sin embargo a quienes
sean juzgados en Israel se les permitirá convertir sus sentencias en cadena
perpetua. La nueva legislación se fija como objetivo: “Establecer la pena de muerte para
terroristas que lleven a cabo ataques terroristas letales, como parte de la
lucha contra el terrorismo”. El texto explicita que se aplicará a “una persona
que intencionalmente cause la muerte de otra con el fin de dañar un ciudadano o
residente de Israel, con el intento de rechazar la existencia del Estado de
Israel”.
“Israel está tocando fondo en lo que respecta a la
deshumanización de los palestinos, al consagrar su trato cruel en la
legislación estatal”
La organización israelí B'Tselem afirmaba antes de la aprobación de la nueva ley que
los tribunales militares “tienen aproximadamente una tasa de sentencias
condenatorias del 96%”, construida sobre pruebas extraídas sistemáticamente
mediante tortura en los interrogatorios”. Yuli Novak, director ejecutivo de la
organización, apuntaba antes de la votación: “Israel está tocando fondo en lo
que respecta a la deshumanización de los palestinos, al consagrar su trato
cruel en la legislación estatal”.
Los críticos vienen señalando desde hace
meses que la avanzada legislativa israelí vulnera el derecho internacional. Una vez publicada la ley,
la pelota estará en el tejado del Tribunal Supremo de Israel, que aún puede
frenar una iniciativa que los propios grupos de derechos humanos israelíes
enmarcan en la “discriminación institucionalizada” propia del Estado
sionista.
Así lo ha afirmado la Asociación de Derechos Civiles en Israel, que ha enviado una petición al
Tribunal Supremo solicitando que derogue una legislación que discrimina entre
civiles israelíes y palestinos. “Los palestinos de Cisjordania se enfrentan a
una pena de muerte casi inevitable en los tribunales militares [en virtud de la
nueva ley], mientras que el requisito del sistema civil de demostrar ‘el
objetivo de negar la existencia del Estado de Israel’ garantiza que ningún
autor judío pueda ser juzgado por ello”, argumentan.
Por su parte, la formación árabe en el
Parlamento, Hadash–Ta’al, ha denunciando que la ley no es solamente punitiva,
sino que es “una declaración oficial de la institucionalización del apartheid y
el racismo, y la transformación del sistema jurídico en una herramienta más
para la represión política violenta del pueblo palestino”.
Una
legislación genocida
El Centro Internacional de Justicia para
Palestina enmarca esta senda legislativa en una escalada extrema de las políticas
genocidas sionistas contra la población palestina que, además, “consolida el
sistema judicial de apartheid de Israel, incorporando la discriminación racista
contra los palestinos a la legislación y permitiendo, una vez más, que Israel
viole las normas internacionales”, ha denunciado, recordando como la
introducción de la pena de muerte, refleja lo que el embajador palestino ante
la ONU Riyad Mansour, declaró al año pasado ante el Consejo de Seguridad, que
el único derecho que parecen tener los palestinos es el derecho a morir.
Si bien esta nueva ley no afecta de manera
retroactiva a las personas acusadas por el ataque de 7 de octubre por parte de
Hamas y otras milicias palestinas, aún podría votarse otra propuesta separada
en la Knesset con el más que específico nombre: “Proyecto de ley sobre el
enjuiciamiento de los participantes en los hechos de la masacre del 7 de
octubre”, y que establecería un tribunal militar destinado a imponer también la
pena capital sobre cualquier persona condenada por participar en los ataques
del aquel día.
Hay quien enmarca la
promoción de esta nueva ley en una estrategia política del partido de Ben-Gvir,
para obtener ventaja en las elecciones que se esperan para finales de año. El
mandatario ha sido acusado por organizaciones como la israelí Physician for
Human Rights de amparar bajo su mandato al frente del Ministerio de Seguridad
Nacional un incremento notable en los casos de tortura y abuso, en cárceles
y centros militares de detención.
Respecto a la ley ya aprobada en la tarde
del lunes, esta no supone una sorpresa para los organismos internacionales, que
llevan semanas mostrando su preocupación. Un grupo de Expertos de Naciones
Unidas llamaba el pasado 4 de febrero a la retirada de la
propuesta, apuntando que la ley constituía en sí una vulneración del derecho a
la vida de la población palestina en los territorios ocupados: “Se aplicarían
las definiciones imprecisas y excesivamente amplias de los delitos de
terrorismo previstas en la legislación israelí, que pueden abarcar conductas
que no son realmente terroristas, y la pena de muerte sería obligatoria”,
alertan en su texto.
Semanas después, el 24 de marzo, la Unión
Europea, denunciaba en un comunicado: “La pena de muerte constituye una
violación del derecho a la vida y no puede aplicarse sin infringir el derecho
absoluto a no ser sometido a tortura ni a otros malos tratos”. Ya en la víspera
de la votación, incluso países aliados de Tel Aviv como Australia, Francia,
Alemania, Italia y Reino Unido lanzaban una comunicación conjunta para expresar su preocupación por “un
proyecto de ley que ampliaría considerablemente las posibilidades de imponer la
pena de muerte en Israel (...) Nos preocupa especialmente el carácter
discriminatorio de facto de dicho proyecto de ley”.
Pena de
muerte y tortura
En la misma Kessnet donde la tarde del 30
de marzo se daba luz verde a la pena de muerte para los palestinos, en verano
de 2024 se llegó a discutir si era legal violar a los prisioneros palestinos.
El episodio lo recuerda la relatora especial para los territorios palestinos,
Francesca Albanese, en una entrevista publicada en Democracy Now el pasado 26 de marzo, en la que acusa a Israel de
torturar de manera generalizada y sistemática con el fin de quebrar el espíritu
de las personas palestinas, no solo de manera individual sino también como
pueblo.
Albanese hablaba en aquella ocasión de su informe publicado en febrero, en cuya presentación ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas explicaba: “La tortura
sistemática de palestinos por parte de Israel, protegida durante mucho tiempo
por décadas de impunidad y cobertura política, se ha convertido en un
instrumento determinante del genocidio que se está llevando a cabo en los
territorios palestinos ocupados”.
La relatora señalaba asimismo cómo, tras el
7 de octubre, la tortura se habría convertido en “una política de Estado”,
según apunta el Comité Internacional contra la Tortura, y señala a mandatarios
como al ministro Ben-Gvir, por “institucionalizar la tortura, el castigo
colectivo y condiciones de detención colectiva manifiestamente
deshumanizantes”.
Una anexión impune
Mientras Israel profundiza en las medidas
punitivas contra las personas palestinas, la impunidad de colonos y ejército
israelí es señalada por organizaciones internacionales como Amnistía
Internacional, quien apuntaba en febrero de este año: “Desde diciembre de 2025,
las autoridades israelíes han adoptado una serie de medidas ilegales diseñadas
deliberadamente para desposeer a la población palestina en la Cisjordania
ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y para convertir la anexión del
territorio en una realidad irreversible”.
Según Peace Now, una organización israelí que monitorea la expansión de
los asentamientos, solo en 2025 se establecieron 86 puestos de avanzada en
territorio ocupado, lo que supone una cifra récord. Estos asentamientos habrían
contribuido sustancialmente a un repunte de la violencia de colonos respaldada
por el Estado y al traslado forzoso de comunidades palestinas.
“Los palestinos presentaron 1.746 denuncias por daños
causados por soldados israelíes en la Cisjordania ocupada entre 2020 y 2024.
Menos del 1 % de ellas dio lugar a una acusación formal”
Todo esto sucede pese a que la Asamblea
General de la ONU habría fijado en septiembre de 2025 la fecha límite para poner fin a la
ocupación ilegal por Israel. Lejos de acatar el mandato de Naciones Unidas,
Israel ha seguido consolidando la ocupación ilegal y el apartheid ante la
pasividad de la comunidad internacional. La impunidad ante el asesinato de
palestinos por parte de ejército y de los colonos contribuye a validar su
estrategia, algo que ha sido denunciado incluso por mandos de seguridad israelíes que han
señalado el “terrorismo judío”, como una amenaza existencial.
Según Naciones Unidas, desde 2020, soldados
y colonos israelíes han matado al menos a 1.100 civiles palestinos en la
Cisjordania ocupada. Nadie ha sido acusado por ello. Entre aquel año y el
2025, el 96% de las investigaciones sobre violencia por parte de los colonos no
condujo a ninguna acusación, recoge la organización Yesh-din, que explica que de 368 casos, solo ocho acabaron con
algún tipo de pena. La organización afirma que los integrantes del ejército
gozarían aún de más impunidad que los colonos. “Los palestinos presentaron
1.746 denuncias por daños causados por soldados israelíes en la Cisjordania
ocupada entre 2020 y 2024, incluidas más de 600 por homicidios. Menos del 1 %
de ellas dio lugar a una acusación formal”.
Mientras la violencia contra la población
palestina no es castigada, las autoridades israelíes acaban de perfilar una
legislación que permite ahorcar, en un plazo de 90 días, a cualquier palestino
acusado de terrorismo en Cisjordania.
[Foto: Anastasia
Chávez - fuente: www.elsaltodiario.com]
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