Protestar
no es un privilegio
Kim Johnson
El derecho a
la protesta no es un privilegio: es una libertad democrática fundamental. Lo
que estamos presenciando ahora en Gran Bretaña es un ataque grave y deliberado
contra esa libertad.
El reciente
Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía del gobierno otorgaría a los altos
mandos policiales la facultad de decidir dónde, cuándo o si puede tener lugar
una manifestación. Al tomar esta decisión, se les exige que tengan en cuenta la
denominada «perturbación acumulativa» que puedan causar las protestas. En otras
palabras, las protestas repetidas podrían verse restringidas o prohibidas
directamente. Esto debería alarmar a cualquiera que se preocupe por la
democracia.
La comunidad
internacional también se muestra alarmada. Gina Romero, relatora especial de
las Naciones Unidas sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de
Asociación, emitió recientemente un veredicto condenatorio sobre las reformas.
Según afirmó, en ninguna parte de su análisis de la legislación mundial ha
encontrado nada que se parezca a esta propuesta, lo que constituye una señal
escalofriante de lo alejada que está esta administración de las normas
democráticas.
Prohibir las
protestas basándose en la perturbación acumulada significa que tu derecho a
alzar la voz, a reunirte, a manifestarte y a exigir cambios puede juzgarse no
solo por lo que estás haciendo hoy, sino por lo que otros han hecho antes que
tú. El comportamiento de grupos totalmente distintos, en actos totalmente
distintos, podría utilizarse ahora para restringir tus derechos.
Según el comunicado oficial, «se otorgarán nuevas competencias a las fuerzas policiales para imponer condiciones a las protestas recurrentes… [y] los altos mandos deberán tener en cuenta el “impacto acumulativo” de las actividades de protesta anteriores». No se trata de un simple ajuste administrativo, como ha intentado sugerir el Gobierno, sino de una ampliación extraordinaria del poder del Estado.
Esta política forma parte de una tendencia mucho más amplia, en la que el espacio para la reunión pacífica se ve restringido de forma constante. Ya estamos viendo el impacto en toda la sociedad civil, incluido el derecho a manifestarse en apoyo de los derechos de los palestinos. Como parte de una coalición de seis organizaciones, la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC) ha organizado 34 grandes manifestaciones nacionales exigiendo el fin de la complicidad británica en el genocidio de Israel contra el pueblo palestino desde octubre de 2023. Este ha sido uno de los movimientos de protesta más grandes y prolongados de la historia política británica moderna.
Estas
manifestaciones de gran repercusión se han celebrado a lo largo de muchos
meses, con protestas y marchas prácticamente en todas las ciudades y pueblos
del país. Con las nuevas propuestas del Gobierno, el éxito del movimiento por
Palestina a la hora de movilizar a cientos de miles de personas durante un
periodo prolongado podría utilizarse ahora en su contra. Las autoridades
podrían argumentar que el mero hecho de celebrar protestas repetidas, aun
cuando estén bien organizadas y sean totalmente pacíficas, genera un impacto
acumulativo que justifica restricciones de gran alcance, incluso prohibiciones
absolutas.
Este es el
quid de la cuestión. Cada vez más, las protestas se están replanteando no como
una parte esencial de nuestro sistema democrático, sino como una molestia
pública, un problema que hay que gestionar, un riesgo que hay que contener.
Esto no se
limita a las manifestaciones nacionales en apoyo a Palestina. La lógica de la
perturbación acumulativa transciende cualquier causa concreta. Pensemos en las
posibles consecuencias para los sindicatos: si varios días de piquetes durante
un conflicto laboral pueden presentarse como una perturbación acumulativa,
entonces la huelga legal podría convertirse en otro ámbito más vulnerable a una
intervención de mano dura. Se trata de un poder que, una vez concedido, no
tendrá límites.
Nada de esto
tiene que ver con hacer que las calles sean más seguras o que las comunidades
estén más protegidas. Se trata de restringir una libertad fundamental. En un
momento en el que la confianza pública en las instituciones políticas ya es
frágil, la decisión del Gobierno de debilitar una de las pocas herramientas con
las que cuenta la ciudadanía para exigir responsabilidades al poder es
profundamente irresponsable.
Nuestra
historia es una historia de disidencia. Cada uno de los avances de envergadura
en este país —en materia de derechos de las mujeres, de igualdad LGBT, de
justicia racial, protección medioambiental y derechos de los trabajadores— ha
dependido de que la gente pudiera reunirse, manifestarse y expresarse. Sin las
protestas, no tendríamos los derechos que hoy valoramos. No podemos permitir
que el Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Policía cree una sociedad en la que
la protesta se trate como un privilegio concedido por el Estado en lugar de un
derecho popular.
El Gobierno está intentando imponer estos cambios en el Parlamento a una velocidad alarmante. La cláusula se presentó por primera vez en la Cámara de los Lores, lo que significa que los diputados no han tenido oportunidad alguna de analizarla, debatirla o votar sobre ella adecuadamente. Más de cincuenta parlamentarios han firmado ya una carta dirigida al presidente de la Cámara en la que expresan su profunda preocupación por el hecho de que un cambio constitucional de tal envergadura se esté impulsando sin el examen crítico que requiere.
La posibilidad de salir a la calle no supone una amenaza para la democracia; es una de sus protecciones más sólidas. Si creemos en los valores democráticos, debemos defender el espacio de la protesta —en voz alta, sin complejos y con absoluta determinación— frente a los intentos de reducirlo aún más.
[Fuente: Tribune]
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Italia figura, junto
con Hungría, entre los «desmanteladores» de las libertades civiles en Europa
Eleonora
Martini
En medio del
desastre generalizado de una Europa que ya no da prioridad al Estado de derecho
—con un 80 % de sus Estados miembros incapaces de avanzar en el mejor de los
casos y que retroceden intencionadamente en el peor—, destaca Italia.
En su séptimo
informe anual sobre el Estado de derecho en Europa, la red Civil Liberties
Union for Europe, que agrupa a más de 40 ONG de toda Europa, divide a los
Estados miembros en categorías como «Estancados», es decir, países «sin avances
significativos en dirección alguna», «Retrocesores», es decir, los Estados
(Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Malta y Suecia) que, a pesar de ser
«democracias tradicionalmente sólidas», han sufrido una erosión de sus sistemas
judiciales; y luego, hacia el final de la clasificación, encontramos a Italia,
clasificada por segundo año consecutivo en el grupo de los «Desmanteladores»,
en la vergonzosa compañía de Bulgaria, Croacia, Hungría y Eslovaquia.
El Gobierno
de Meloni «ha ido erosionando poco a poco el Estado de derecho y el espacio
cívico», escriben los activistas europeos, señalando el «creciente proceso de criminalización»
que culminó con el Decreto de Seguridad de 2025 y que sigue amenazando a
minorías, disidentes y migrantes. «El año 2025 comenzó con la violación de las
órdenes de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso Almasri y la aparición
del uso del software espía contra activistas y periodistas, lo que supone, una
vez más, un desafío al derecho internacional y, por otra parte, una amenaza
violenta y un intento de disuadir a la participación ciudadana y el periodismo
libre en Italia».
La situación
en los centros penitenciarios es especialmente crítica, señala el informe,
destacando el fracaso del Decreto Penitenciario a la hora de abordar el
problema del hacinamiento carcelario. Las condiciones han empeorado incluso en
comparación con el año anterior. Por otra parte, a raíz del decreto Caivano,
todos los problemas de las prisiones para adultos se han trasladado también a
los centros de detención juvenil. «Italia debería adoptar medidas
deflacionarias efectivas, como la clemencia extraordinaria, una mayor concesión
de medidas alternativas y recompensas», escriben las ONG europeas.
En esencia,
«no se ha registrado ningún avance ni en el sistema judicial ni en el marco de
lucha contra la corrupción, mientras que se ha señalado un grave retroceso en
el ámbito de la libertad de prensa y de los medios de comunicación, así como en
los controles y contrapesos democráticos». En caso de violaciones graves y
reiteradas del Estado de derecho constatadas por la Comisión Europea — la cual,
según las ONG, es demasiado indulgente en sus valoraciones—, podría activarse
el mecanismo sancionador previsto en el Tratado de la Unión Europea (TUE) que
protege los valores fundamentales europeos, llegando incluso a la medida
extrema de suspender los derechos de voto en el Consejo de la UE.
[Fuente: il manifesto]
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La visita de Michel
Forst a Italia y las advertencias nada sutiles de la policía. Entrevista
Michel Forst
Marica Di
Pierri, periodista del diario italiano il manifesto, entrevista
al relator especial de la ONU para los activistas medioambientales: «Las
leyes represivas promulgadas en diversos países tienen un único objetivo:
perseguir a los activistas medioambientales y a quienes recurren a la
desobediencia civil».
En los
últimos días, Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas para los
Defensores del Medio Ambiente en el marco del Convenio de Aarhus, ha visitado
Italia como invitado de la ONG A Sud y de la red In Difesa Di. Forst es un
experto jurídico de renombre internacional con una amplia experiencia en
instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos. Entre 2014
y 2020, ocupó el cargo de relator especial de las Naciones Unidas sobre la
Situación de los Defensores de los Derechos Humanos. Desde 2022, ejerce como relator especial sobre los Defensores del Medio Ambiente, con la tarea
específica de investigar las amenazas y las violaciones de los derechos humanos
de quienes defienden el medio ambiente y el clima, y de proporcionar un mecanismo
de respuesta rápida.
El mandato de Forst se estableció para hacer frente a una tendencia cada vez más evidente. En los últimos años, la defensa del medio ambiente se ha vuelto especialmente peligrosa. Según el último informe de Global Witness, en 2024 fueron asesinados o desaparecieron al menos 146 defensores de la tierra y el medio ambiente locales mientras luchaban contra proyectos extractivos, contra la deforestación o el saqueo de los recursos naturales. Eso supone una media de unas tres personas por semana. Desde 2012 hasta la actualidad, la ONG ha documentado 2.253 asesinatos o desapariciones de ecoactivistas en todo el mundo, pero es probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que muchos casos no se denuncian. También en Europa, la cuestión está convirtiéndose en una preocupación central. En los últimos años, muchos países han asistido a una creciente criminalización del ecoactivismo, con la introducción de leyes represivas específicas. En Italia, primero el decreto sobre «ecovandalismo» y luego los decretos de seguridad han establecido nuevos delitos y han endurecido las penas para ciertas formas de protesta no violenta.
Hemos hablado con Forst —quien, durante su visita, se reunió con activistas y organizaciones y fue recibido en el Parlamento por una delegación de diputados de la oposición— sobre la importancia de defender el medio ambiente hoy en día y las herramientas internacionales disponibles para proteger a quienes defienden la tierra y el clima.
Sr. Forst, ¿por qué se decidió hace cuatro años establecer un mandato específico sobre los defensores del medio ambiente y cómo describiría estos primeros años de trabajo?
Mi mandato lo
establecieron por los Estados signatarios del Convenio de Aarhus sobre acceso a
la información y participación de la ciudadanía en asuntos medioambientales.
Casi todos los países signatarios (41 de 47) son naciones europeas, que han
reconocido que los defensores del medio ambiente son especialmente vulnerables
a las amenazas y la intimidación. Por ello, decidieron recurrir al sistema de
las Naciones Unidas para crear un mecanismo de respuesta rápida destinado a su
protección y optaron por establecer un nuevo relator especial centrado en la
defensa de los ecoactivistas. Hemos recibido 106 denuncias desde el inicio del
mandato, en comparación con las aproximadamente 4.000 al año que recibía
durante mi anterior mandato centrado en los defensores de los derechos humanos.
Estas cifras me permiten llevar a cabo un seguimiento de todas las denuncias y
trabajar para lograr resultados concretos. Si un gobierno no responde
adecuadamente, puedo expresar mi descontento y solicitar una respuesta
detallada. O puedo decidir viajar al país y reunirme con el gobierno.
Esta no es su
primera visita a Italia: la última fue en 2023. ¿Qué le llamó especialmente la
atención durante esa visita?
Vine a Roma
principalmente para reunirme con el Gobierno y explicar mi mandato. Nos
reunimos con varios ministerios y viajamos a distintos lugares para reunirnos
con activistas, entre ellos Turín y el valle de Susa, donde nos reunimos con el
movimiento No TAV [contra los Trenes de Alta Velocidad]. Escuchamos a personas
que habían sido objeto de graves agresiones y a las que se había vigilado con
helicópteros y drones. Recuerdo que, al llegar, me di cuenta inmediatamente de
que me seguía la policía. Dos personas se me acercaron educadamente con una
sonrisa para hacerme saber que estaban allí. También había un helicóptero que
sobrevolaba la zona. Era una especie de advertencia: te estamos vigilando,
sabemos que estás aquí. Fue realmente sorprendente. En Roma, nos reunimos con
otras organizaciones, como Greenpeace y Amnistía Internacional, y con muchos
activistas que nos contaron los ataques que habían sufrido: multas cuantiosas
por participar en una protesta, órdenes de expulsión urbana, acusaciones
penales, procesos judiciales, sentencias que a veces eran leves pero otras
severas, más la imposibilidad para muchos de ellos de presentar un recurso. Me
pareció muy llamativo.
En 2024,
publicaron ustedes un documento de posición sobre la creciente represión de los
activistas medioambientales en Europa. ¿Cuáles creen que son las razones que hay
detrás de esto?
La represión
de las protestas supone una grave amenaza para los derechos humanos y la
democracia. Existe una falta de comprensión de las causas profundas que
explican por qué la gente decide salir a la calle. Los gobiernos cuentan con agentes
de policía que vigilan organizaciones, llegando incluso a infiltrarse en ellas.
Interceptan y graban llamadas telefónicas y actividad informática. Pero no
responden de forma adecuada: la primera reacción debería ser, por el contrario,
tomarse en serio el motivo por el que la gente sale a la calle. Los jóvenes —y
no solo ellos— votan cada vez menos; no confían en los partidos políticos.
Están utilizando nuevas formas de movilización debido a la falta de respuesta
ante grandes problemas globales, como la crisis climática. Ven que sus
gobiernos han ratificado el Acuerdo de París, que hacen grandes promesas pero
que, en realidad, no cumplen sus compromisos.
En Europa,
¿quiénes son más propensos a amenazar a los activistas, los gobiernos o las
empresas?
La mayoría de
las amenazas provienen de los gobiernos. No se trata solo de los gobiernos
nacionales, que representan la mayoría; a veces, las autoridades locales
también recurren a medidas represivas. También hay casos de amenazas por parte
de las empresas. Aproximadamente el 50 % de las denuncias que recibimos se
refieren a la represión de las protestas (especialmente en Europa Occidental),
el 20 % se refiere a SLAPP (demandas estratégicas contra la participación
pública) y el resto se refiere a otros tipos de amenazas.
¿Cuáles son
los principales retos para el activismo medioambiental desde su punto de vista?
Los
principales retos que se avecinan son los que expuse en el informe sobre las
principales tendencias y amenazas para los defensores del medio ambiente, en el
que denuncié la gravedad de la situación en Europa. El informe repasa
tendencias preocupantes en cuanto al uso de la fuerza, las restricciones a la
libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación y las empresas.
El análisis muestra que se trata de una situación generalizada en aquellos
países que han ratificado el Convenio de Aarhus, y que sería necesaria una
respuesta coordinada por parte de la UE y del Consejo de Europa.
Las leyes
aprobadas en Italia parecen confeccionadas a medida para reprimir las prácticas
utilizadas por los movimientos de base. Una de ellas es la desobediencia civil
no violenta, objeto de las directrices de la ONU que publicaron ustedes en
octubre. ¿Ayudaría dar a conocer estas directrices entre abogados y jueces?
Las leyes
represivas promulgadas en diversos países tienen un único objetivo: perseguir a
los activistas medioambientales y a quienes recurren a la desobediencia civil.
Las directrices pretenden promover el cumplimiento de las obligaciones
internacionales pertinentes. Sensibilizar a los jueces y a los abogados en
general sobre el hecho de que el derecho a la protesta está protegido por el
Derecho internacional de los derechos humanos, y que este protege la
desobediencia civil no violenta, resulta sin duda útil para que conozcan los
principios rectores y las medidas que pueden adoptarse.
Los
activistas individuales, los grupos o las organizaciones que afrontan amenazas
pueden presentar una denuncia ante su oficina.
Dada la
situación que he observado, espero recibir más denuncias procedentes de Italia.
Hay docenas de defensores actualmente sometidos a juicio. El procedimiento de
respuesta rápida está a su disposición. Estamos preparados para responder a
cualquier denuncia que recibamos.
Si le
invitaran a regresar a Italia para una visita oficial, ¿volvería para evaluar
cómo ha evolucionado la situación desde 2023?
Por supuesto
que volvería. Cuando visitamos un país, acudimos a lugares emblemáticos del
activismo medioambiental —con el objetivo de recabar información y testimonios—
y programamos reuniones con las instituciones para poder debatir con el
Gobierno las preocupaciones que surgen, así como la forma en que podríamos
apoyar medidas para abordar la situación.
Kim Johnson es desde 2019 diputada del Partido Laborista por Liverpool Riverside y forma parte del Socialist Campaign Group, ala izquierda del partido parlamentario. Trabajadora del sector social, fue delegada sindical de UNISON, el mayor sindicato británico.
Eleonora Martini es física de formación, periodista del diario il manifesto desde 1985, se ocupa de asuntos de derechos civiles y justicia.
Michel Forst es abogado francés, fue director ejecutivo de Amnistía Internacional Francia (1989-199), secretario general de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de su país y Relator Especial de las Naciones Unidos para los Defensores de los Derechos Humanos. Es miembro fundador de Front Line Defenders (Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos).
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