Un nuevo elemento irrumpió este jueves 5 en la crisis de
Brasil, cuando la Corte Suprema suspendió como diputado a Eduardo Cunha,
considerado «el político más odiado» del país, apenas 17 días después
de que cumpliese un papel decisivo en el proceso de inhabilitación de la
presidenta Dilma Roussef
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Eduardo Cunha, horas antes de ser suspendido como presidente de la Cámara de Diputados
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El fallo, adoptado por unanimidad por los 11 magistrados del
Tribunal Supremo Federal (STF), obviamente despoja a Cunha de su cargo
de presidente de la Cámara de Diputados, para el que fue elegido en
febrero de 2015 por dos años.
Acusado de corrupción y lavado de dinero, por haber recibido millones
de dólares de sobornos en negocios petroleros, buena parte depositada
en bancos suizos, el exlegislador usó sus poderes para urdir acciones
judiciales y parlamentarias que podrían llevarlo a perder su mandato y a
la cárcel.
En su calidad de legislador, Cunha solo puede ser juzgado por el STF,
que por sorpresa ha decidido hacerse eco ahora de la recomendación del
Ministerio Público de la Unión (fiscalía general), en un fallo que está
pendiente desde diciembre.
«Es raro que el STF haya decidido de urgencia en una acción que
lleva seis meses», comentó el diputado suspendido, para anunciar que
recurrirá la sentencia ante el mismo tribunal, porque a su juicio no se
ha respetado su derecho de defensa.
Cunha está procesado en una causa penal por corrupción ante el STF,
mientras sea diputado. Perderá esa prerrogativa si el Consejo de Ética
le quita definitivamente el mandato y pasará entonces a ser juzgado por
tribunales de primera instancia, que ya condenaron por el caso de Lava
Jato a docenas de empresarios y políticos.
Su suspensión probablemente no alterará en nada el destino de
Rousseff. Pero el Abogado General de la Unión (procurador del Estado),
José Eduardo Cardozo, ha anunciado que pedirá la anulación del proceso
de inhabilitación, porque su comienzo fue una decisión de Cunha «en
interés propio», como determinó el fallo del STF.
Sin la actuación de Cunha, posiblemente no se hubiera abierto el
proceso de destitución, según el abogado. Pero se duda de que el STF
considere ese argumento como suficiente para anular la decisión,
aprobada por el 71,5 por ciento de los 511 diputados y respaldada por la
mayoría de la población.
Los 81 senadores decidirán ahora si aprueban el juicio de
inhabilitación, lo que se da por seguro porque solo requiere mayoría
simple.
Rousseff será entonces separada de la Presidencia, para ser sometida a
un juicio político por los propios senadores, convertidos en jueces, en
un proceso que puede prolongarse hasta 180 días y que incluirá nuevas
investigaciones, testimonios y argumentaciones de defensa y acusación.
El juicio lo conducirá el presidente del STF
La suspensión de Cunha, probablemente sin vuelta atrás dada la
unanimidad del fallo, favorece la versión de Rousseff y de sus
defensores, de que detrás de su probable destitución hay un golpe de
Estado, y también al vicepresidente Michel Temer, que asumirá el poder
sin el molesto aliado, si la mandataria es enjuiciada.
Ambos pertenecen al mismo Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), hasta marzo la principal fuerza de apoyo al gobierno
de Rousseff y con muchos dirigentes bajo investigación de corrupción en
el escándalo Lava Jato.
Pero Cunha mantendrá su influencia. Se estima que su bancada de
fieles seguidores suman más de 150 diputados conservadores, muchos
vinculados a iglesias evangélicas como él.
Varios pequeños partidos bajo su control condenaron el fallo del STF
como injerencia del Poder Judicial en el Legislativo, lo que viola la
Constitución. Posición opuesta mantienen otros partidos que apoyan a
Temer y su llegada al poder.
La caída de Cunha, no definitiva pero difícilmente reversible,
tampoco libera a la Cámara de la mancha de corrupción que ensombrece sus
resoluciones. El vicepresidente que lo sucederá, Waldir Maranhão,
también afronta denuncias de corrupción. Su Partido Progresista (PP),
conservador pese al nombre, es el que tiene más miembros bajo
investigación de la operación Lava Jato, 32 en total.
Cunha ha conseguido hasta ahora eludir las acusaciones que, para la
opinión pública, justificaban su condena, pero su situación se hizo
insostenible, ante la inminencia del ascenso de Temer a la Presidencia.
El presidente de la Cámara pasaría a ocupar la Vicepresidencia, pero
la Constitución prohíbe que ejerza ese cargo o el de presidente un
procesado penal, como es su caso. También impide que lo ostente quien
tenga la jefatura de la Cámara de Diputados de forma interina.
El fallo elimina un factor de corrosión de la credibilidad del
parlamento, que ya amenazaba contaminar al STF, pero no mejora mucho la
imagen del sistema político brasileño. Tanto Temer como el presidente
del Senado, Renán Calheiros, a quien le tocaría asumir la
Vicepresidencia por la suspensión de Cunha, también sufren denuncias de
corrupción.
El nuevo gobierno que está componiendo Temer con los más de 20
partidos a los que debe su ascenso nace de oscuras negociaciones y
varios de los apuntados como futuros ministros también están entre los
sospechosos de recibir sobornos en las investigaciones de la fiscalía.
[Foto: Lula Marques - fuente: www.euroxpress.es]
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