Entrará en vigor a finales de año, tras la última negociación parlamentaria
Por Pablo de los Rios
El pasado viernes se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto
de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual; ahora conocida
popularmente como Ley Lassalle,
en referencia al secretario de Estado de Cultura y principal impulsor de
la reforma. En realidad, de lo que se trata es del último episodio de
la cruzada contra la piratería en Internet emprendida por el gobierno de
Zapatero y que continúa por la misma línea el ejecutivo de Rajoy: sin
dar voz a todas las partes -entidades de gestión de los derechos de la
propiedad intelectual, industria y usuarios- y obviando una vez más los
referentes europeos en la misma materia.
Conoce tras el salto todas las novedades sobre una ley que nos afecta
especialmente a los que vivimos nuestra cultura en Internet y creemos
que hay una forma para respetar los derechos de los creadores y
empresarios sin vulnerar la libertad de los ciudadanos. Una a la que,
desde luego, esta Ley Lassalle ni se acerca.
Esta reforma nos llega casi dos años después del inicio de una gesta
que, según informes publicados por Wikileaks, nació a raíz de presiones y amenazas por parte del Gobierno de Obama a Zapatero (la gran mayoría del contenido pirateado en nuestro país
procede de Estados Unidos), y cuya misión es llenar las lagunas de su
precario precedente, dándole aún más uso -y medios- a la Sección
Segunda de la Comisión de la
Propiedad Intelectual, creada por la ley Sinde-Wert para cerrar aquellas
páginas que vulneren el copyright y que en su primer año de vida e ha
pronunciado sobre casi cuatro decenas de casos.
El anteproyecto está centralizado en torno dos aspectos fundamentales: un aumento del control y poder sancionador sobre
las webs de enlaces y entidades de gestión y a la limitación de la
copia privada a la destinada para el uso personal (incluyendo los programas de televisión), aunque su “principal actividad será la de facilitar de manera específica y masiva
la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen
sin autorización", ha señalado el Ministro de Educación y Cultura con nombre y vocabulario de Pokemon, Wert.
Las webs de enlaces
Las webs de enlaces podrán ser multadas con entre 30.000 y 300.000 euros
si no retiran los links o no ponen los medios necesarios para que el
contenido no vuelva a estar disponible. También se facilitará el cierre
indirecto de la página como última medida, ya que el anteproyecto
plantea una modificación de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, según la cual el juez estaría legitimado para exigir a cualquier
empresa
que haya tenido relaciones comerciales con la web durante los doce
meses previos a la denuncia que colabore en la investigación, por
ejemplo, retirando la publicidad con sus
consiguientes pagos para reducir la capacidad económica del supuesto
infractor, en el caso de los anunciantes, y a bloquear directamente el
site, en caso de los proveedores, siempre bajo la amenaza de una multa de cuantía
similar.
La reforma no considera intermediarios dañinos y deja fuera de sospecha a
motores de búsqueda como Google y Yahoo! y a blogs que enlacen a
terceros de forma ocasional. Lo mismo sucede con las redes sociales,
cuyo creciente poder e influencia las convierten en una especie de
intocables y a cuya estela seguirán previsiblemente las páginas de
enlaces que puedan permitirse una renovación de semejante envergadura
(como SeriesYonkis).
Las entidades de gestión, en el punto de mira
En cuanto a las ocho entidades de gestión de propiedad intelectual de
nuestro país (SGAE, AGEDI, AIE...), éstas adquirirán nuevas obligaciones
y podrán ser multadas, por ejemplo, con hasta un 2% de la facturación
del año anterior si no publican en sus páginas las tarifas (en lugar de
una simple retirara de licencia, como sucedía en teoría hasta ahora).
Además, en lo que es quizás el único acierto de esta reforma, a estas
entidades -que necesitan de aprobación del Ministerio de Cultura para
constituirse- se les impedirá crear sociedades mercantiles, para evitar
casos como el que ha llevado a parte de la dirección de la SGAE a
comparecer en calidad de imputados frente al juez Ruz.
El nuevo "nuevo" canon
El aspecto más polémico de la reforma tiene que ver con el régimen de
compensación de copia privada, ya modificado vía reglamentaria,
modificado nuevamente para sustituir al antiguo canon digital, con la
clara intención de reducir los ingresos de las entidades de gestión, que
eran las beneficiadas del mismo, en base a una supuesta retribución de
perjuicios.
La nueva copia privada quedará limitada a la realizada
por una sola persona a partir de una obra adquirida únicamente por ella
y mediante el empleo de un soporte FÍSICO, lo que deja a las obras
ofrecidas por proveedores como Itunes con el calificativo de copias
licenciadas mientras mantiene a los servicios P2P (torrent) fuera de la
legalidad, dejando un último reducto a la comunidad pirata. Lo mismo
también se aplicará a las grabaciones de programas de televisión y radio
para un único visionado posterior.
Especialmente sangrante es el caso de las universidades, que se verán
obligadas a pagar otro canon si los docentes distribuyen material sujeto
a copyright a sus alumnos en plataformas digitales como EKASI o
Moodle, lo que reducirá ostensiblemente la calidad de la ya deficiente
educación de nuestra universidad pública, más sumida que nunca en el
caos a pie de aula, por la torpe y precaria implantación del plan
Bolonia.
La última reforma también amplía el
plazo de protección de los derechos tras la muerte del autor de 50 a 70
años.
En este momento el proyecto se encuentra en la fase de consulta, donde
según Soraya Sáenz de Santamaría los implicados podrán hacer sus
alegaciones antes de que el texto entre en vigor, previsiblemente en
otoño, cuando el Consejo de Estado haya emitido un dictamen y se de una
nueva discusión parlamentaria no exenta de polémica social y resonancia
mediática. Por desgracia, mientras el foco no se ponga en la búsqueda de
consenso el cabreo de todos los lados afectados y el malestar patente
en la red están y seguirán estando más que justificados.
Vía El País, ABC y El Mundo
[Fuente: www.lapalomitamecanica.com]
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