Está surgiendo una izquierda antiinmigración en América Latina

Elementos de la Guardia Nacional mexicana junto a migrantes haitianos detenidos en Tuxtla Chico, en Chiapas, México, el 16 de septiembre de 2021.

Escrito por Alejandro Tarre

En Estados Unidos algunos líderes del Partido Republicano están culpando a los inmigrantes de la nueva ola de casos de COVID-19. Expertos en salud pública han desestimado esta teoría, al recordar que los lugares con más infecciones no son los que están cerca de la frontera ni los que atraen más inmigrantes, sino los que tienen las tasas más bajas de personas vacunadas. Pero republicanos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el de Texas, Greg Abbott, insisten que los culpables del repunte son los inmigrantes.

No sorprende que la derecha radical de Estados Unidos continúe utilizando a los inmigrantes como chivos expiatorios. El ascenso político del expresidente Donald Trump se debió, en parte, a su retórica antiinmigración. Y lo mismo se puede decir del auge de la derecha extrema europea: desde Reino Unido hasta Polonia, Francia, Alemania o Hungría, políticos de derecha han cautivado a votantes explotando la xenofobia.

Pero en América Latina está ocurriendo algo diferente: en el debate sobre inmigración el límite entre la izquierda y la derecha es borroso. De hecho, algunos izquierdistas tienen un discurso antiinmigración que se acerca más al de la derecha radical de Estados Unidos y Europa que al de los sectores progresistas que tradicionalmente defienden la inmigración y los derechos de los inmigrantes.

La crisis de migrantes venezolanos muestra esta realidad. Durante los últimos años la dictadura de Nicolás Maduro ha hundido a Venezuela en la peor crisis de su historia, provocando un éxodo que en magnitud compite con el de Siria. Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela rebasan los 5.6 millones, de los cuales 4.6 están en América Latina: Colombia, 1.7 millones; Perú, un millón; y Chile y Ecuador, casi medio millón.

La reacción de los gobiernos a esta crisis no ha sido mala (o podría ser peor). Es verdad que se han visto actos deplorables como las recientes deportaciones sin debido proceso y desalojos forzosos en Chile. Es verdad que se puede hacer más para integrar a las y los migrantes a los mercados laborales, y a los sistemas de salud y educación; también que hay un desfase entre la lentitud e intermitencia de los procesos de regularización de migrantes y la magnitud del éxodo venezolano.

Pero no debe menospreciarse la voluntad para darle un estatus legal a las y los venezolanos. En Colombia se inició este año un plan de regularización que podría beneficiar a 1.7 millones de personas. En otros países, incluyendo Chile, Argentina, Brasil, Perú y en menor medida Ecuador, también se han regularizado a un número importante de migrantes. Filippo Grandi, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que este esfuerzo “debe servir como modelo de solidaridad a nivel mundial”.

Uno esperaría que los principales líderes de izquierda en América Latina promovieran planes como el de Colombia y lucharan para integrar mejor a los migrantes y protegerlos de los brotes de xenofobia, que van desde insultos físicos y virtuales, hasta marchas en su contra. Lamentablemente, en vez de liderar esta causa, algunos parecieran oponerse a ella.

Un caso sorpresivo es el de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En octubre de 2020, cuando una banda robó y asesinó a un colombiano, López reaccionó al suceso enfatizando el origen de los delincuentes: “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que nos están haciendo la vida cuadritos”. En marzo de este año, cuando mataron a un policía, la alcaldesa volvió a vincular la migración con la incidencia del crimen: “No es la primera vez (…) Tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos (…) Necesitamos garantías para los colombianos”.

En agosto, propuso crear un comando policial para la identificación de migrantes, una propuesta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó por “promover la estigmatización”. Ella matizó su posición diciendo que la nacionalidad no causa la criminalidad y explicando que su propuesta busca identificar a los migrantes que delinquen para poder judicializarlos. Pero sus declaraciones fortalecen los estigmas que ella misma dice rechazar. Los migrantes venezolanos, como lo revelan varios estudios, no están aumentando el crimen. López oscurece esta realidad y promueve la xenofobia al subrayar la nacionalidad de los delincuentes.

Un caso similar es el del recién electo presidente de Perú, Pedro Castillo. En la campaña presidencial el discurso antiinmigración vino tanto de la derecha como de la izquierda. Pero las peores declaraciones vinieron de Castillo, un líder sindical que pertenece a un partido marxista. Antes de ganar las elecciones, dijo: “Cómo es posible que se hayan abierto las fronteras de la patria sin ningún filtro. Es necesario ordenar la casa, ordenar el país”. Prometió también expulsar a los delincuentes extranjeros durante las primeras 72 horas de su gobierno. En su primer mensaje a la nación tras asumir la presidencia, ratificó esa promesa.

Otro político de izquierda que no brilla por su solidaridad hacia los migrantes es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Miles de centroamericanos intentan migrar a Estados Unidos y llegan a la frontera mexicana cada año, huyendo de la violencia y la miseria que padecen en sus países. Cuando llegó al poder, López Obrador aseguró que protegería a esos migrantes. Pero no ha cumplido su promesa y ha cedido a las presiones de Estados Unidos para implementar una estrategia de contención que busca evitar que los migrantes —tanto los centroamericanos como el número ascendente de haitianos, ecuatorianos, cubanos y venezolanos— lleguen a la frontera.

En la práctica, esta estrategia se ha traducido en la militarización de zonas del país para frenar flujos migratorios, deportaciones indiscriminadas, abusos a los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad y otras violaciones de leyes nacionales e internacionales que protegen a los refugiados.

En la región, por supuesto, también se han visto expresiones xenófobas en la derecha. Pero nada que se compare aún a lo ocurrido en Estados Unidos y Europa, donde líderes y partidos de extrema derecha han ganado espacios importantes de poder convirtiendo la xenofobia en uno de los ejes centrales de su discurso y sus políticas.

Esto podría cambiar. En la región hay un descontento creciente con los migrantes que podría fortalecer —como pareciera estar ocurriendo en Chile— a los sectores más radicales de la derecha. Por eso es tan importante evitar que el maltrato a los migrantes se vuelva aceptable dentro de la izquierda y que los izquierdistas sensatos que rechazan la xenofobia condenen en voz alta posturas como las de López, Castillo y AMLO.

 

Alejandro Tarre es escritor y periodista venezolano.

[Foto: REUTERS/Edgard Garrido - fuente: www.washingtonpost.com]