sexta-feira, 5 de junho de 2020

Piden aprobar tratado de derechos humanos en materia ambiental

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de derechos humanos que protege y favorece los derechos a la información, participación, justicia y seguridad de las personas en materia ambiental. Para su entrada en vigencia, se requiere que 11 países ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran a su contenido, por lo que es importante que Perú brinde su respaldo.
Foto: Sarah Richter Art / Pixabay




La Defensoría del Pueblo recomendó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República emitir un dictamen favorable respecto del proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE, que aprueba el Acuerdo de Escazú.

La razón del pedido es que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado de derechos humanos que protege y favorece los derechos a la información, participación, justicia y seguridad de las personas en materia ambiental.


La entidad recordó que el mencionado proyecto de resolución legislativa, que actualmente se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores para la emisión del dictamen correspondiente, fue remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 5 de agosto de 2019.

Luego de su aprobación, la Defensoría del Pueblo pidió su posterior remisión al Pleno del Congreso para su debate y aprobación.

El órgano defensorial recordó que han transcurrido nueve meses desde que la Defensoría del Pueblo solicitó priorizar su aprobación.


Con la ratificación y entrada en vigencia de este tratado, el Perú tendría una herramienta jurídica para mejorar su desempeño en materia de transparencia e información ambiental.

De igual modo, podría implementar mecanismos de acceso a la justicia ambiental y de protección para las personas afectadas en su integridad y seguridad por su labor de defensa de los recursos naturales.

A la fecha, el acuerdo cuenta con la firma de 22 países. No obstante solo  nueve  países lo han ratificado (Antigua y BarbudaBoliviaEcuadorGuyanaNicaraguaPanamáSan Vicente y las GranadinasSaint Kitts y Nevis y Uruguay).

Para su entrada en vigencia, se requiere que 11 países ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran a su contenido, por lo que es muy importante que nuestro país brinde su respaldo a este importante instrumento de protección de los derechos ambientales.







[Fuente: www.servindi.org]


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