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Odilia Romero, intérprete del zapoteco, también ha sido
activista del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales desde hace
veinte años.
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Magdalena
Lucas Antonio de Pascual y sus tres hijos se enfrentaban a la deportación, y
el juez de inmigración quería asegurarse de que ella entendiera los cargos en
su contra. Pese a la ayuda de un intérprete de q’anjob’al, una lengua maya
también llamada kanjobal,
parecía que Antonio de Pascual comprendía muy poco de lo que le decían.
“¿Qué idioma habla?”, le preguntó el juez Philip S.
Law.
“¿Dice que por qué me fui de mi país?”, respondió ella,
a través del intérprete. “Crucé la frontera ilegalmente porque tenía que
hacerlo”, le dijo después al juez.
“Voy a ignorar lo que acaba de decirme porque eso no
fue lo que pregunté”, dijo. “Estoy tratando de explicarle el proceso y
sus derechos”.
Los
malentendidos siguieron durante la audiencia de cincuenta minutos.
Magdalena es una de muchos migrantes que llegan a
Estados Unidos desde zonas remotas de Centroamérica y que solamente hablan
lenguas indígenas. Un aumento en el número de estos migrantes incrementa los
retrasos en un sistema judicial que de por sí está abrumado por la acumulación
de más de 800.000
casos pendientes. Según abogados, intérpretes y activistas, la presión
sobre el sistema se intensifica porque los tribunales no tienen
intérpretes suficientes para atender a estas personas.
Los agentes migratorios en Estados Unidos pueden
proporcionar traductores de hasta 350 idiomas, entre ellos mandarín, criollo,
panyabi, árabe y ruso. Sin embargo, las veinticinco lenguas habladas con
mayor frecuencia en tribunales migratorios durante los últimos años incluyen
el mam, quiché y kanjobal, lenguas indígenas que se hablan en Guatemala.
En San Diego, la audiencia de un hablante de kanjobal
fue retrasada por más de un año porque no había intérpretes disponibles. En
otro caso, un hombre cuyo idioma principal es el mam no pudo explicar que su
familia había sido asesinada en su ciudad guatemalteca de origen, lo cual,
según su abogado, podría ayudarlo a obtener asilo. Los problemas también se
han presentado en tribunales penales: en un caso por un delito menor de
agresión contra un hombre, el intérprete para ixil del tribunal no le
preguntó al acusado si era competente para comparecer en el juicio, la
traducción que le pidió el juez, sino que le dijo al hombre en ixil que
“rezara a Dios”, según una queja presentada contra la corte estatal de
Wisconsin.
Ashley Tabaddor, jueza de inmigración en Los Ángeles y
presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), comentó
que la falta de intérpretes ha empeorado los retrasos.
“Es un desperdicio masivo de nuestro tiempo tener que
reorganizar cientos de miles de casos para lidiar con problemas relacionados
al idioma y después no tener un intérprete”, comentó Tabaddor.
El reducido número de intérpretes que sí cuentan con un
entendimiento básico de las lenguas indígenas a menudo no está capacitado
para ayudar porque deben explicar términos legales que son difíciles de
entender en cualquier idioma, además de que existen diferencias importantes
entre los dialectos regionales.
Puesto que los migrantes no pueden entender ni ser
comprendidos, no hay manera de asegurar la justicia en el tribunal, según
denuncian los abogados y expertos en inmigración.
“Tenemos toda una infraestructura en la que el idioma
predeterminado es el español, pero hay miles de personas que al cruzar la
frontera sur no pueden comunicarse de esa manera; básicamente se vuelven
invisibles”, dijo Blake Gentry, un investigador que calcula que hasta un
tercio de los migrantes que cruzan a través de Arizona no hablan
español.
La
Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia
estadounidense indica que los tribunales de inmigración en ese país han
tenido un aumento constante de guatemaltecos hablantes de lenguas
indígenas en los últimos cinco años. Y esas lenguas
solo son las adiciones más recientes a la lista, que desde hace varios
años incluye de manera rutinaria el zapoteco, mixteco, ixil y popti, idiomas
del sur de México y Centroamérica.
“La falta de intérpretes para las personas indígenas ha
sido un problema durante mucho tiempo”, dijo Odilia Romero, intérprete de
zapoteco que desde hace veinte años también es activista del Frente Indígena
de Organizaciones Binacionales. “Pero lo que vemos ahora es algo
completamente distinto: tenemos poblaciones enteras que llegan hablando
lenguas que no hemos escuchado antes en Estados Unidos”.
“Es posible que el tribunal proporcione un intérprete
para cumplir con el requisito, pero eso no significa que haya un
entendimiento auténtico”, comentó.
Aunque muchos tribunales de inmigración tienen
intérpretes de español en su personal, dependen de contratistas privados para
conseguir intérpretes de lenguas indígenas. Casi todos provienen de una
empresa con sede en Virginia, SOS International, que tiene un contrato de 80
millones de dólares con el gobierno federal estadounidense.
Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de
Inmigración dijo que el tribunal intenta adaptarse para atender a todos los
hablantes de idiomas distintos del inglés y monitorea constantemente los
casos a nivel nacional para satisfacer nuevas necesidades.
No obstante, traer a nuevos intérpretes al tribunal
nunca ha sido fácil: como hay muy pocos, y existe una demanda tan alta, deben
ser programados con semanas o incluso meses de anticipación. A
menudo, los jueces se ven obligados a trabajar con intérpretes por
teléfono; resulta difícil escuchar todas las declaraciones y les es imposible
entender el lenguaje corporal. La escasez de intérpretes afecta a las cortes
de todo Estados Unidos, incluyendo los concurridos tribunales de Nueva
York y Chicago.
Incluso cuando los intérpretes están presentes en el
tribunal les es difícil explicar de manera rutinaria conceptos legales a los
migrantes, sobre todo a quienes no cuentan con un abogado, que son la gran
mayoría. Además, dado que muchos intérpretes indígenas no hablan inglés,
deben usar un proceso de doble interpretación en el que lo expresado en
inglés por el juez se traduce al español antes de que vuelva a ser
interpretado a la lengua indígena.
Desde que inmigró a Los Ángeles desde Guatemala en los
años noventa, Policarpo Chaj ha trabajado como intérprete de quiché para
abogados, médicos y otros negocios. Chaj dijo que en repetidas ocasiones ha
escuchado que los abogados intentan contratar a cualquier hablante de quiché
y español que conozcan.
“Hablar un idioma no es lo único que te califica para
ser intérprete”, comentó. “Debes entender la ley, saber escribir, debes saber
preguntar algo concreto. Estás tratando con los derechos de la gente, es tu
responsabilidad moral asegurarte de que entiendan exactamente lo que está
diciendo el juez”.
Es posible que los migrantes no encuentren a una sola
persona que hable su idioma en su paso por el sistema de inmigración, lo cual
hace que sea casi imposible proporcionarles información a los oficiales que
atienden los casos. Aunque la mayoría de los agentes que trabajan por la
frontera mexicana y en centros de detención hablan por lo menos un poco de
español, pocos conocen alguna lengua indígena. Los funcionarios a menudo se
muestran frustrados y acusan a los migrantes de no cooperar, lo cual los deja
aún más confundidos, según señalan abogados y defensores.
Los niños que no hablan español quedan especialmente
aislados, de acuerdo con los trabajadores de los albergues. Se quedan sin
poder hablar con defensores y es más probable que reaccionen de manera
negativa, por lo que después los castigan
o los medican. En muchas ocasiones, los padres que solo hablan un idioma
indígena no pueden expresar que los separaron de sus hijos.
A veces, los migrantes se ven obligados a depender de
sus hijos bilingües para obtener más ayuda.
En el tribunal, Magdalena Lucas Antonio de Pascual tuvo
problemas para explicarle su situación al intérprete de kanjobal del
tribunal. La familia llegó a Estados Unidos a mediados de 2018 para reunirse
con el padre, que ha vivido en el área de San Diego durante varios años.
Magdalena, quien es analfabeta, dijo que no podía
recordar cuáles formatos firmó ni las preguntas que respondió cuando habló con
los agentes estadounidenses cerca de la frontera el año pasado. La audiencia
inicial de la mujer ya se había pospuesto porque no había intérpretes
disponibles.
Al final de la comparecencia más reciente, le pidió al
juez que le diera seis meses con el fin de ahorrar dinero para un abogado. El
juez argumentó que eso sería demasiado tiempo y estableció que la mujer debe
regresar ante el tribunal en junio de este año, por lo que debía comenzar a
buscar un abogado inmediatamente.
Cuando le pidieron que se retirara, el hijo de 12 años
de Magdalena, que habla un poco de español y kanjobal, tomó los documentos
del tribunal y los colocó dentro de su pequeña mochila verde. Dijo que
planeaba pasar la tarde llamando a la lista de los abogados sin fines de
lucro que podrían aceptar su caso.
Miriam Jordan
colaboró con el reportaje.
[Fotos: Kayla
Reefer – fuente: www.nytimes.com]
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