segunda-feira, 13 de março de 2017

Panamá creció con los inmigrantes, pero ahora son el chivo expiatorio de la crisis

Escrito por Miguel Ángel Santos

“Cuando tengamos el Canal exportaremos más. Si no podemos aumentar los derechos de peaje, tendremos que desarrollarnos por las orillas del Canal”. Eso le dijo Omar Torrijos a Graham Greene en 1978, a menos de un año de la firma del tratado que preveía la devolución de la soberanía sobre el Canal de Panamá, el primer día del año 2000. El general panameño, fallecido en un controversial accidente aéreo en 1981, jamás se imaginó la fuerza anticipatoria de su idea.
En la última década, Panamá ha sido una de las economías de mayor crecimiento a nivel mundial. Poco después de la devolución del Canal, el país entró en una fase acelerada de expansión, que lo ha llevado a duplicar su ingreso per cápita y reducir la pobreza a un dígito. Como lo previó Torrijos, el crecimiento ha sido impulsado por el desarrollo de un moderno sector de servicios exportables en las inmediaciones del Canal. Allí se han levantado puertos, centros logísticos, empresas de transporte y comunicaciones, servicios empresariales y de comercio al mayor y detal. Este impulso, junto con los grandes proyectos de infraestructura pública, ha provocado un auge de construcción y creó oportunidades para los trabajadores menos calificados. Ahora, el reto que Panamá tiene por delante es de sostenibilidad.
La construcción que no es residencial no puede crecer de forma indefinida. La desaceleración de ese sector, de la que ya se habla en todos los rincones de la capital, amenaza con revertir algunos de los progresos obtenidos en la reducción de pobreza y desigualdad, y acentúa todavía más la importancia de mantener el ímpetu del sector servicios.
La inmigración ha permitido que Panamá crezca a tasas mucho más aceleradas de lo que hubiese sido posible con mano de obra exclusivamente local. 
Más preocupante aún es la tendencia antiinmigración que viene ganando terreno en la opinión pública, omnipresente en redes sociales y programas de opinión en la televisión abierta. Ese es uno de los mayores riesgos que corre Panamá. El descontento que ha generado la desaceleración de la economía ha creado el ambiente propicio para que surja una política inspirada en el sentimiento antiinmigrante.
El sector de servicios modernos que ha espoleado a la economía del país requiere de capacidades y conocimientos muy especializados. Ese talento no ha sido suplido hasta ahora por el sistema educativo panameño. Los gobiernos han hecho esfuerzos por aumentar la cobertura que ha llevado las tasas de finalización de secundaria y educación terciaria a los primeros puestos de América Latina. Sin embargo, en términos de calidad, queda mucho por hacer. La última vez que Panamá participó en las pruebas PISA (2009), ocupó el último lugar de la región en matemática, y el penúltimo en lectura y ciencias. La inversión en mejorar la calidad de la educación es necesaria para promover el crecimiento inclusivo, pero Panamá no se puede dar el lujo de esperar.
Desde la entrega del Canal, todos los gobiernos comprendieron la necesidad de la importación de conocimiento para promover y mantener el crecimiento. Así, se aprobó en 2007 la Ley de Sede de Empresas Multinacionales (SEM), que atrajo a más de 120 compañías. Se convirtieron las bases militares de Clayton y Howard en parques tecnológicos e industriales, tales como Ciudad del Saber y Panamá-Pacífico. Panamá, además, fue capaz de atraer a los profesionales calificados que Colombia y Venezuela fueron incapaces de retener.
La inmigración ha permitido que el país crezca a tasas mucho más aceleradas de lo que hubiese sido posible con mano de obra exclusivamente local. Pero la economía ha crecido más rápido que la oferta de profesionales calificados, por lo que los extranjeros exhiben primas de salarios muy significativas. En un estudio realizado por el Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, encontramos que los inmigrantes ganan en promedio un 50 por ciento más que los panameños de idénticas características, que se desempeñan en las mismas ocupaciones y trabajan en los mismos distritos. En servicios como logística, transporte y comunicaciones, esas primas superan el 70 por ciento. Para reducir esa brecha, mantener el ritmo de crecimiento y la competitividad en el sector servicios, Panamá necesita más inmigrantes calificados, no menos.
También descubrimos que una mayor proporción de extranjeros en una industria está asociada a mayores salarios de los panameños con quienes laboran allí, un hallazgo particularmente significativo entre trabajadores de baja calificación. Esto quiere decir que los inmigrantes han venido a complementar a los panameños, no a sustituirlos. Restringir su entrada no contribuiría en nada a mejorar la situación de los trabajadores locales, sino todo lo contrario.

A pesar de estos hallazgos, el ordenamiento migratorio panameño limita la capacidad del país para atraer y retener talento. Existen veintisiete ocupaciones reservadas por ley para los panameños. Las restricciones migratorias abarcan todas las ingenierías, los científicos agrícolas, arquitectos, químicos, y educadores. Esta última se extiende hasta la educación universitaria, también prohibida a los extranjeros. Existe además una lista de cincuenta nacionalidades de África y Asia que necesitan una “visa autorizada” para entrar en Panamá, un desalentador procedimiento burocrático que puede tomar entre seis meses y un año.
A las barreras de ingreso se añaden restricciones a la difusión del conocimiento que ya se encuentra en Panamá. Las visas de trabajo son extendidas por períodos de un año, y su renovación cuesta entre dos y tres mil dólares, lo que ahoga las posibilidades de empresas pequeñas y medianas y alimenta las arcas de un pequeño grupo de escritorios de abogados. Además, los años que los expatriados pasan en las compañías multinacionales no cuentan para efectos de residencia, y sus visas especiales expiran apenas cesan de trabajar en la empresa que los trajo. Así, todo el conocimiento y el talento que el país ha sido capaz de atraer permanece confinado dentro de las compañías multinacionales y las zonas económicas especiales. Estos guetos, obstaculizan la difusión y propagación de estas capacidades, y minimizan su impacto sobre el resto de la economía local.

La mayoría de estas restricciones vienen arrastrándose por el ordenamiento legal panameño instaurado desde los tiempos de Arnulfo Arias, un político nacionalista que prometía “panameñizar a Panamá”. Arias gobernó al país en tres ocasiones, el último de los cuales, en 1968, concluyó tras apenas 11 días con la intervención de tres militares de mandos medios entre los cuales se encontraba Omar Torrijos.

En sus últimos días, Torrijos también fue capaz de prever que el fin de la batalla por el Canal crearía un inmenso vacío, que “solo podría ser llenado por una lucha en el frente económico que nos de la victoria del desarrollo”. Eso es precisamente lo que ha hecho Panamá. Lo ha conseguido apalancándose en la importación de conocimiento extranjero para desarrollar sus propias capacidades y promover el progreso. Ese fue el caso del Canal, del cual la administración local ha sido capaz de sacarle mucho más provecho que cuando lo manejaba Estados Unidos. Es el caso de la banca panameña, que nació y creció acostumbrada a competir con los grandes bancos internacionales. Es también el caso de Copa, que comenzó contratando pilotos extranjeros, de quienes aprendieron los numerosos pilotos panameños que hoy día comandan su flota.
Esa capacidad de aprovechar al talento extranjero para desarrollar el potencial propio es una parte esencial de la narrativa histórica de Panamá, un rasgo de su identidad del que deben sentirse orgullosos, y sus líderes deben esforzarse en proteger y atesorar.

Miguel Ángel Santos es economista e investigador principal del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard.

[Foto: Alejandro Bolivar/European Pressphoto Agency - fuente: www.almendron.com]

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