El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una resolución en la que niega la existencia del genocidio cometido durante los '80, por el que fue condenado y absuelto el dictador Efraín Ríos Montt el año pasado. Sobrevivientes y familiares de las víctimas analizan tomar acciones legales.
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Guatemala vivió una guerra de 36 años entre 1960 y 1996 que dejó, según un informe de Naciones Unidas, 250 mil muertos y desaparecidos.
La ONU también constató que hubo actos de genocidio contra los indígenas entre 1981 y 1983, cuando el Ejército los torturó, violó, desplazó, asesinó y masacró a miles de ellos.
La resolución del Congreso, aprobada casi un año después de la condena al dictador guatemalteco, fue apoyada por 87 diputados oficialistas y de la oposición, seis más de los necesarios para la aprobación. El proyecto fue propuesto por el diputado Luis Fernando Pérez del partido de Ríos Montt (1982-1983), informó la agencia AP.
El texto parlamentario también exhorta al Ejecutivo a "generar políticas públicas y a defender la ley de Reconciliación Nacional, que amnistió crímenes de guerra, y al organismo judicial a impartir justicia con imparcialidad basados en la Constitución que 'prevalece ante tratados internacionales'", añade dicho medio internacional.
Pedro Gálvez, diputado del PRI, uno de los que votó a favor del exhorto, explicó que con esta medida pretenden "una armonización de los tres poderes del estado" para que cumplan con lo que dice la Constitución, informó el diario La Jornada de México.
El diputado de 33 años dijo que no vivió el conflicto armado y que por eso es ajeno lo ocurrido entonces. "Yo no viví, y quizá somos ajenos a eso, no podemos entrar a juzgar el pasado, no lo vivimos y no lo sufrimos en lo personal", dijo Gálvez, al referirse que es importante "seguir adelante y salir del pasado".
En respuesta a esta decisión legislativa, sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio planean presentar acciones legales.
Diego Rivera, líder del Movimiento de víctimas del norte de Quiché, sostuvo que la decisión "afecta y ofende a las víctimas que demandan justicia. No se puede negar que hubo genocidio, nuestra prueba son las más de 1.771 osamentas de los que ellos mataron, ninguno puede ocultar que hubo masacres, esta es una actitud racista, parece que para ellos que se muera un indígena no tiene valor, ante la ley y ante Dios todos somos iguales", dijo.
A su vez, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells explicó que, si bien la resolución no tiene vinculación jurídica ni legal, que es importante porque "da principios de gobernabilidad".
Balsells explicó que el congreso "no debió haberse pronunciado", porque hay un proceso sobre el tema del genocidio en los tribunales. "Aquí hay una intromisión directa en la administración de la justicia, en un país de verdad habría muchas consecuencias, porque aquí se está cometiendo un delito", señaló el jurista.
Por estas horas, militantes por los derechos humanos de Guatemala llevan adelante una campaña por las redes sociales bajo el hashtag #sihubogenocidio, que se convirtió en trending topic en Twitter este miércoles.
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[Fuente: www.uypress.net]
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