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| Apus y
habitantes de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre
reunidos en la Asamblea celebrada en diciembre de 2013 con motivo de la llegada de James Anaya |
Durante
dos días nos adentramos en las entrañas de la Amazonía peruana,
navegando durante 19 largas horas a través de sus arterias fluviales:
los ríos Huallaga, Pastaza y Marañón. Desde la lancha se contemplan
horizontes infinitos, atardeceres únicos. El sol se despide del día
irradiando unos rayos de luz del color de la yema tostada y se esconde
poco a poco entre un cielo de nubes malvas, reflejándose estos colores sobre el agua.
Como si de un viaje al centro de la tierra se tratara, se experimenta
una sensación de eternidad, de navegar sin rumbo, confundiendo cielo y
agua, y acompañado por los misteriosos sonidos provenientes de la
profundidad selvática. De entre la boscosa vegetación, aparecen pequeñas
comunidades que habitan a lo largo de la ribera del río. Los niños
juegan animadamente en el agua. Una mujer, que está lavando la ropa
sentada en su canoa, para su actividad por unos segundos, y se detiene a
mirar la lancha. En ese cruce de miradas, se entrecruzan dos
cosmovisiones, dos maneras de mirar y convivir con el mundo.
Bienvenidos a Andoas: uno de los centros petrolíferos clave del país.
Las tierras de los pueblos indígenas achuar, cocama, kiwcha y urarina
pasaron a formar parte desde los años setenta del Lote 1 AB, ahora
denominado 192, administrado primero por la compañía Occidental Petroleum
Corporation of Peru (Oxy), y desde el año 2000 por Pluspetrol. De este
lote se extrae casi el 12% del crudo nacional. Es uno de los pozos que
engrasa el crecimiento económico del país, pero es también una herida
abierta en el pulmón del planeta: exhala crudo, engulle lagunas, vomita
chatarra y contamina sus aguas, suelos y vidas desde hace más de cuatro
décadas.
Demandas indígenas
A lo largo del camino que lleva
hasta el lugar de reunión de la asamblea, celebrada con motivo de la
llegada del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas, James Anaya, hay pequeñas chozas hechas de madera
con techos de hojas palmera, y en otros casos de calamina. No hay
habitaciones, solo un espacio donde conviven las familias. Tampoco hay
baños, ni agua corriente. Las escenas cotidianas se muestran visibles al
visitante: una mujer tumbada en una hamaca dando de mamar a su bebito,
tres mujeres acicalándose. Las gallinas salen al encuentro del
caminante.
En el centro del poblado se encuentra la asamblea, una casa grande
de madera de color blanco. “El hombre piensa que solo se vive de la
plata. Cuando terminemos el último pez, el último animal, el último
árbol de talar, el último río en contaminar, el último territorio en
contaminar. Después se dará cuenta, cuando todo esté agotado, cuando no
quede nada para las nuevas generaciones, pero será muy tarde, muy tarde
¡Qué pena!”, reza un cartel a la entrada de la asamblea.
La llegada del relator congrega a los máximos dirigentes indígenas
(apus) de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes
y Tigre, ataviados con una cinta de plumas negras y rojas que rodea su
frente. “Durante estos 40 años de explotación petrolífera, nadie se ha
preocupado por nosotros. Estamos contaminándonos, estamos muriéndonos.
Este es un crimen ambiental, están contaminando el bosque que es nuestro
mercado. Ahí están nuestros alimentos, nuestra farmacia, nuestra
ferretería, nuestras maderas y hojas. Seguimos comiendo pescado
contaminado hasta la fecha, porque no hay otros lugares donde poder
pescar”, denuncia con voz firme Aurelio Chino, presidente de la
Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep). Su mirada revela el
desengaño por unas promesas de desarrollo que nunca llegaron, la
tristeza de saber que sus tierras, aguas y vidas están contaminadas casi
sin remedio y la impotencia acumulada durante décadas, pero a la vez
irradia la fortaleza y dignidad humana de supervivencia y lucha.
Los discursos de los apus se sucedieron coincidiendo en sus demandas
ante el vencimiento en abril de 2015 del contrato de concesión de
Pluspetrol sobre el Lote 192. Exigen la indemnización por los daños
sociales y ambientales producidos, compensación por el uso de sus
tierras, depuración de los lugares contaminados, elaboración de
diagnósticos integrales para dar solución a los problemas de la zona y
titulación de los territorios, además de la celebración de la consulta
previa. Asimismo, reclaman que el Estado cumpla con el Plan de la
Declaratoria de Emergencia dictaminada en tres de las cuatro cuencas:
Tigre, Pastaza y Corrientes, en esta última zona prorrogada por 90 días
más. “La declaratoria de emergencia no ha solucionado ningún problema.
Se ha quedado sólo en los papeles, en los abrazos y en los saludos”,
manifestaba Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades
Nativas del Corrientes (Feconaco), quien además añadió: “Los verdaderos
dueños de estas tierras somos los pueblos indígenas. En estos años, el
Estado no nos ha apoyado. No tenemos educación, ni postas [centros] de
salud. Es una zona olvidada para el Estado”. “La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) habla de la libre determinación. El
Estado tiene que entender, tiene que buscar la forma de desarrollarnos
de acuerdo a nuestra cosmovisión”, reclama David Chino Dahua,
vicepresidente de Fediquep, ante la atenta mirada del relator, y
representantes del gobierno, mientras los pobladores jalean los
discursos de los apus.
“He podido presenciar algunos de los efectos de los vertidos de la
actividad petrolera en sus tierras, y la verdad es sumamente
preocupante. Les animo a continuar en su lucha”, concluyó el relator.
Cuatro décadas de explotación petrolífera
Un fuerte olor a crudo rezuma la tierra. Donde una vez hubo una
laguna, ahora solo queda un vasto terreno que supura brea. Ningún
visitante podría imaginar que hace cuatro décadas existió una gota de
agua en estos terrenos, y menos que existió una laguna llamada
Pampaliyacu. “Estas lagunas eran inmensas. Esto es un crimen. Nosotros
no estamos pidiendo limosna, estamos reclamando un derecho como pueblos
indígenas que somos. ¿Por qué el Estado no nos escucha, no cumple con
los compromisos? No hay todavía un plan de remediación de la zona.
Nosotros ya no tenemos esa confianza con Pluspetrol, porque hace su
remediación, sólo remueve la tierra y el petróleo sigue filtrando”,
denuncia Ricardo Arahuanaza, apu de la comunidad nativa de Nuevo Andoas.
Tan solo diez años después del inicio de la explotación petrolífera,
este lote pasó ser la zona ambiental más dañada del país, así lo
constató la Oficina Natural de los Recursos Naturales (ONERN). Oxy y
Pluspetrol se comprometieron a descontaminar la zona iniciando labores
de remediación de suelos y tratamiento de aguas. Sin embargo, estos
planes nunca se cumplieron. Hasta el momento se han identificado 123
lugares contaminados (pasivos ambientales), según lo documentado por los
monitores ambientales indígenas, aunque oficialmente se han reconocido
110. Pluspetrol fue contactada para que ofreciera su versión, sin
embargo no quisieron brindar ninguna declaración al respecto. No
obstante, según la información oficial recogida en su página web,
afirman que “la compañía cumple con el 100% de reinyección de las
aguas”.
“La licitación del Lote 1-AB hace surgir preocupaciones, porque se
teme que Pluspetrol Norte S. A., al igual que Oxy en 1996 y 2002, vaya
dejando pasivos no remediados propios, pero también los que
correspondían a las actividades de la Occidental Petroleum, creando así
un circulo vicioso”, afirma el informe final publicado por el Grupo de
Trabajo del Congreso de la República sobre la situación indígena de
estas cuencas.
En las 479.265 hectáreas en que se han perforado 212 pozos por
hidrocarburos, un total de 122 siguen activos. Pluspetrol cuenta con un
largo expediente de sanciones impuestas por el Organismo Supervisor en
Energía y Minería (Osinergmin).
La última multa a la empresa fue impuesta en noviembre del 2013 por el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por contaminar y
hacer desaparecer la laguna Shanshococha. La sanción ascendió a más de
20 millones de nuevos soles (unos cinco millones de euros). La empresa,
por su parte, rechazó la multa y comunicó su decisión de apelar la
sanción.
Además de lagunas contaminadas, se han identificado 26 cementerios de
chatarra arrojada por la Oxy desde los años setenta: neumáticos, bolsas
de plásticos, bidones, tubos oxidados... se acumulan por estos
territorios. Incluso, de entre la basura, llama la atención encontrar
una botella de Pepsi-Cola con un tipo de envase que se dejó de
distribuir desde los años noventa. “La empresa dice que está remediando,
pero creo que esta forma no es una buena forma de remediar. Solamente
tapan, ocultan la contaminación”, explica David Chino.
Diversos informes estatales realizados por Osinergmin, la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) o la Dirección General de Salud Ambiental
(Digesa) alertan de la presencia de metales pesados como el bario o el
plomo, y de hidrocarburos totales de petróleo en altas concentraciones.
La exposición por largo a plazo a éstos últimos puede provocar daños en
la sangre, los riñones y el hígado, además muchos compuestos de los
hidrocarburos son dañinos para los fetos y provocan cáncer, según
explica el informe de Source International.
Miguel Huamán tiene cuatro hijos, dos de ellos enfermos: Teolinda y
José tienen 9 y 11 años, respectivamente. Él empezó a enfermar cuando
tenía seis meses y ella a los cuatro meses. La piel de ambos está llena
de heridas, de costras, con manchas, y sus manos y pies dan la sensación
de haberse quemado. No reciben un tratamiento médico, sólo las
pastillas que su padre puede comprar con su sueldo. “Se enfermaron por
la contaminación. Les bañábamos en el Pastaza. Al término de esa
comunidad hay un tubo del que salían productos químicos. Nosotros no
sabíamos. Y de eso enfermaron. La empresa no quiere hacerse responsable
de una enfermedad por contaminación. La posta de la Pluspetrol sólo me
da jarabe y paracetamol. ¿Qué voy a hacer con eso? El Estado nunca nos
ayuda”, declara el padre de los niños.
Como consecuencia de la contaminación ambiental y de los problemas
sociales en el lote, se creó el 28 de junio de 2012 una Comisión
Multisectorial encargada de proponer medidas para mejorar las
condiciones sociales y ambientales de estas poblaciones. Sin embargo,
las soluciones nunca llegaron. “La idea era no
solamente quedarse en el diagnóstico. Se han mejorado algunas cosas en
términos de institucionalidad ambiental, pero en términos de impacto en
sus vidas resulta totalmente insuficiente y anodino. El Estado tiene que
hacer muchísimo más por ellos”, dice Verónika Mendoza, congresista de
la República e integrante del Grupo de Trabajo del Congreso que visitó
la zona. “Lo que ha pasado en estas cuatros cuencas no se puede repetir.
Creo que en las declaratorias de emergencia ambiental tenía que haber
habido un esfuerzo mayor. Las federaciones no están pidiendo lo
imposible, lo que están pidiendo es que lo que necesitan que sea
garantizado”, afirma la viceministra de Interculturalidad, Patricia
Balbuena.
Posteriormente, el Estado declaró la emergencia ambiental en las
cuencas mencionadas, sin embargo “se tomaron medidas totalmente
insuficientes, les dieron unos filtros manuales que evidentemente no van
a filtrar los metales pesados, ni los hidrocarburos en el agua. Todavía
no hay nada concreto y resulta bastante urgente el tema del agua y de
los alimentos. No es tolerable que nuestros hermanos indígenas estén
consumiendo agua y peces contaminados”, afirma la congresista. De
acuerdo con el citado informe “sobre el cálculo de un 20% de familias
quechuas, el 97% de ellas declara que en la actualidad es difícil
acceder a los recursos de caza, que son el complemento alimenticio
central de la dieta diaria. (...) Además, el acceso a la caza está
afectado por las restricciones para ingresar libremente a zonas donde
hoy existen instalaciones privadas de la empresa”.
Andoas, marca Pluspetrol
Para llegar desde la Comunidad Nuevo Jardín hasta Andoas hay que
adentrarse en las instalaciones centrales de Pluspetrol que dividen
ambas localidades. Un puesto de control con una garita y un vigilante
delimita los territorios que antes eran de las comunidades. El
vigilante, medio recostado en su silla saluda sin ningún entusiasmo.
—Antes te pedían la documentación, comenta el apu Abel Najar.
—¿Para entrar aquí?, pregunto con cierta sorpresa, a pesar de haber visto el puesto de control.
—Sí, pero conseguimos que dejaran de pedirnos la documentación, aunque nos vigilan.
Mira, tienen su propia planta de procesamiento de alimentos. Es para
los trabajadores de la Pluspetrol. Mientras, nosotros tenemos que tomar
alimentos contaminados, comenta con una mezcla de indignación y
pesadumbre.
Caminamos durante 30 minutos a pie bajo un sol abrasador. Pasamos por
una zona donde hay una especie de escenario con un micrófono, unos
contenedores acondicionados para oficinas, y una cancha deportiva por la
que están corriendo algunos trabajadores. Llegamos a Andoas, un pequeño
pueblo con una plaza en cuyo centro hay un templete. Hay además unas
cuantas bodeguitas (una especie de tiendas de ultramarinos), una
ferretería y seis discotecas. Cerca de la plaza hay un cartel de la
compañía petrolífera informando de los trabajos de pavimentado de las
calles. Mientras el Estado está ausente en Andoas, Pluspetrol es
omnipresente. Los tentáculos de esta empresa se extienden más allá del
crudo. También ha impulsado la creación de empresas comunales en la
zona. “El programa consiste en la formación de una microempresa
legalmente constituida y conformada e integrada sólo por miembros de una
comunidad nativa, que provee servicios de mantenimiento y chaleo [corte
de pasto y maleza] de los campos a la empresa”, anuncia en su página
web Pluspetrol.
“El modelo de crecimiento y de desarrollo que ha priorizado el
gobierno y el Estado en los últimos 20 años está basado en la extracción
de materias primas que están en territorios indígenas. La pregunta
sería: ¿Es posible seguir creciendo de la manera en que se está haciendo
–absolutizando la extracción de recursos naturales que están en
territorio indígena–, y a la vez respetar derechos de los pueblos
indígenas como el territorio o la consulta? Hasta el momento pareciera
que no, porque el gobierno no ha sabido resolver esta situación. Me da
la impresión de que ya el Gobierno a estas alturas ha optado por
priorizar el crecimiento económico y supeditar los derechos a las
necesidades económicas. Sin embargo, el Ejecutivo debiera encontrar otra
salida”, explica Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de
Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Si bien la industria extractiva aporta al PIB un 10%, otros factores
muestran con claridad su importancia y dependencia. “En los últimos 10
años, 60 de cada 100 dólares exportados son por minería y petróleo.
Además, de los tributos internos, entre el 15% y el 20% provienen de
estos recursos principalmente”, explica Gustavo Ávila, economista de
Propuesta Ciudadana. Hay una apuesta por los hidrocarburos, tal y como
refleja el hecho de que el 70% de la selva esté lotizada, según el
documento del Grupo de Trabajo de la Comisión.
“Es incompatible con el ejercicio del derecho de los pueblos
indígenas la actual lógica en la cual la economía entera pende de seguir
ofertando commodities [bienes] minerales y energéticos a los
mercados internacionales, que conlleva la ampliación ilimitada de la
frontera minera y petrolera”, afirma Carlos Monge, antropólogo e
investigador del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo (Desco).
Este lote es uno de los más importantes del país, produce 14.000
barriles de crudo al día. No obstante, a finales de los noventa llegó a
producir entre 45.000 y 50.000 barriles. El país necesita al día 180.000
barriles. “Si bien ha ido bajando la producción, el precio ha hecho que
no se sienta mucho. El precio ha crecido, hasta el año 2005 estaba
entre 25-30 dólares el barril de Brent. En el 2008 alcanzó los 140
dólares. Y ahora se ha estabilizado entre 80-90 dólares. Eso de alguna
manera golpea a la región Loreto que recibe menos canon petrolero. El
Lote 192 genera algo más de 100 millones de dólares en regalías”,
declara Gustavo Ávila. Sin embargo, estos ingresos no se han traducido
en una mejora en la calidad de vida de las comunidades. “Las autoridades
prefieren invertir esos recursos en las zonas urbanas, y no tanto en
las zonas de la selva, entre otras cosas, porque en las zonas urbanas
están los votantes”, explica Ávila. El alcalde de Nuevo Andoas, Plácido
Chino, ante la pregunta sobre la falta de servicios básicos en Andoas,
responde: “recibimos poco dinero por derechos de canon, pero se ha hecho
caja para invertir en las comunidades”. Sin embargo, cuando se le
pregunta por un plan de desarrollo para la zona se muestra incómodo, no
precisa plazos, ni objetivos de cumplimiento.
Un futuro incierto
En agosto de 2012 el Ejecutivo se comprometió a celebrar la consulta
previa en este lote. Sin embargo, casi un año y medio después del
anuncio, el proceso está estancado porque el Gobierno no ha avanzado en
el cumplimiento de las demandas exigidas por las comunidades como una
condición previa al ejercicio de la consulta previa. “Queremos ejercer
el derecho de consulta previa”, dice Aurelio Chino. “Estamos
comprometidos con que se plantee y se haga efectiva la consulta previa a
ustedes y a todos los pueblos indígenas del país cuando haya amenazas o
proyectos que los puedan afectar directamente”, declaró el Defensor del
Pueblo, Eduardo Vega.
Asimismo, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena,
defiende la aplicación de este mecanismo. “Sí se tiene que hacer el
proceso de consulta, y lo único que tiene que definirse es cuándo se
hace el proceso. Considero que el Ejecutivo debe de hacer un mayor
esfuerzo y las federaciones también para ponerse de acuerdo en ese
cuándo, y evaluar cuáles son las condiciones mínimas que se requieren
para decidir el momento”.
Sin embargo, más allá del discurso público de compromiso con el
ejercicio de ese derecho reconocido a nivel nacional por medio de la
adopción de la Ley del derecho a la Consulta Previa (Ley nº 29785),
existen diferentes obstáculos para su puesta en práctica que hacen temer
un bloqueo del proceso. Uno de ellos es el tiempo. Todavía no se ha
iniciado el proceso de licitación del lote y el contrato de Pluspetrol
vence en 2015, y para esas fecha ya debería haberse celebrado la
consulta. “No hay un avance porque es costoso remediar la zona, y
asumirlo en serio requiere de estudios y de una fuerte inversión por
parte del Estado y de la empresa”, sostiene Ana Leyva, abogada de la
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).
“Creo que no se tuvo en cuenta que se trataba de una zona donde lo
más importante y principal a resolver era toda esta carga histórica de
la actividad petrolera y sus impactos. El Gobierno se tomó la consulta
previa como un proceso que se podía resolver tan solo diciéndole a los
pueblos indígenas los beneficios económicos, materiales que se pueden
obtener de la actividad petrolera”, dice Ismael Vega, quien añade:
“Mientras que, para el Gobierno la intervención del territorio tiene que
ver básicamente con la evaluación de costos y beneficios: ganancias
materiales, recursos económicos, inversión… Para los pueblos indígenas
el territorio constituye un espacio a partir del cual se estructura toda
su vida, su identidad cultural, y se asegura la reproducción de las
sociedades indígenas”.
Andoas es la crónica de un viaje a las entrañas de la maquinaría
económica que ha engrasado el crecimiento del país y que podría seguir
haciéndolo durante otros 20 años más, pues se estima que este lote
cuenta con reservas probadas de 72.500 barriles, y
reservas probables de 187.514. Andoas es el coste del crudo, una herida
abierta que supura brea y contamina suelos, aguas y vidas. “¿Es
desarrollo traer miles de ladrillos a la selva? ¿Es desarrollo miles de
sacos de cementos en la selva? ¿Cuántos hijos se han hecho profesional
con la plata de la empresa petrolera? No hay ningún médico, ningún
maestro. No creemos que al llegar la empresa petrolera hay desarrollo,
al contrario, ha traído destrucción”, reflexiona Aurelio Chino.
Nylva Hiruelas es periodista, especializada en información
internacional. Ha trabajado en Radio Nacional de España. Afincada en
Perú, donde cubre temas de derechos humanos, con un particular interés
en los conflictos socioambientales. En Twitter: @nylvahb
[Foto: Julio Reaño - fuente: www.fronterad.com]
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