Atenas, (IPS) - Mientras los combates prosiguen en Siria,
familias desesperadas escapan hacia el oeste rumbo a Grecia. Pero en
este país no reciben precisamente una calurosa bienvenida. En Grecia
encuentran operativos masivos para cerrar las fronteras y reunir a
quienes las autoridades consideran «inmigrantes ilegales», mediante
redadas arbitrarias, centros de detención en malas condiciones y una
fuerte persecución racial.
Por Apostolis Fotiadis *
Cientos de efectivos participan en la «Operación Aspis», en la
nororiental región de Evros, en la frontera con Turquía, y la «Operación
Xenios Zeus», en todo el país. La guardia fronteriza ubica a las
personas que intentan ingresar en territorio griego y las disuaden de
hacerlo. Para ello cuentan con equipamiento de alta tecnología,
adquirido con ayuda de la Comisión Europea.
Mientras, la policía registra la región fronteriza en busca de
personas sin documentos en regla, entre las que hay algunas refugiadas, y
las manda a improvisados campamentos de detención. Desde el inicio de
las operaciones, en agosto de 2012, organizaciones defensoras de los
derechos de los inmigrantes, entre otros, denuncian los maltratos que
sufren estas personas, así como las pésimas condiciones de detención.
Durante una visita a este país a mediados de enero, una delegación de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, en inglés) urgió
a los miembros de la UE a ayudar a Grecia en esta «crisis migratoria».
PACE deploró la detención de ciudadanos sirios, pues equivale a
impedirles que soliciten asilo porque carecen de asistencia legal, de
servicios de interpretación y de información en los centros de
detención.
Además, entre el 21 y el 31 de enero, el Grupo de Trabajo sobre
Detención Arbitraria, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los refugiados (Acnur), realizó su primera misión de
investigación en Grecia, para evaluar la dimensión de la privación de
libertad en este país.
«La detención de una persona inmigrante o solicitante de asilo
durante 18 meses y a veces en condiciones peores que en las prisiones
regulares, podría ser considerado un castigo impuesto a quien no ha
cometido ningún delito», dijo Vladimir Tochilovsky, uno de los
integrantes de la misión de Acnur, durante una conferencia de prensa en
Atenas. El grupo se reunió con ciudadanos sirios en varios centros de
detención, dijo Tochilovsky.
Las autoridades griegas de migración son responsables de esta
política, pero con la complicidad de funcionarios europeos y la ayuda
financiera de la Comisión Europea.
Hemos tenido acceso a documentos técnicos en relación con los fondos
para las operaciones migratorias en Grecia, que prueban que la Comisión
Europea considera que las duras políticas en la frontera y el territorio
griegos son un «imperativo» para proteger los derechos humanos.
En diciembre, la Comisión Europea dejó claro que era una prioridad «a
través del Fondo para las Fronteras Exteriores, seguir ofreciendo
asistencia económica y operativa a Grecia para montar un sistema de
gestión fronteriza efectivo». También señala que el dinero que le da a
este país apunta a «mejorar los estándares y a asegurar el respeto por
los derechos fundamentales y las normas de la Comisión Europea».
Una versión revisada del Programa Anual de Financiación del Fondo de
Retorno Europeo, enviada por la policía griega a la Comisión Europea,
detalla una iniciativa de nueve millones de euros para renovar o
construir nuevos centros de detención, con capacidad para albergar a
unos 7.200 inmigrantes. El proyecto intenta «disminuir las denuncias de
violaciones de derechos humanos».
La Comisión Europea reestructuró hace poco el Fondo para el Retorno,
dotado con 676 millones de euros para el periodo de 2008 a 2013, a fin
de atender las nuevas necesidades surgidas de la Operación Xenios Zeus.
Una enmienda del Fondo para el Retorno, adoptada en septiembre
pasado, «incluye varios cambios que amplían la posibilidad de financiar
proyectos de infraestructura, como renovación y restauración, o en caso
de necesidades específicas, construir centros de detención», nos dijo el
portavoz de la Comisión Europea para asuntos internos, Michele Cercone.
«Además, en julio de 2012 se ofrecieron nuevas pautas a los estados
miembros que amplían la financiación a los gastos corrientes de los
campamentos de detención para mejorar las condiciones de recepción en
los centros de detención», añadió. Hasta entonces, el fondo no cubría
gastos corrientes, pero la reforma permitió «a los países miembros
operar los centros de detención», explicó.
Otros 1,9 millones de euros se destinarán a la continuación de la
Operación Aspis, hasta junio o julio próximos. Además, la Comisión
Europea previó aumentar hasta el 95 por ciento su contribución a toda
acción similar, con lo que prácticamente asumirá todo el coste de las
operaciones. De hecho, el Parlamento Europeo estudia ya una propuesta
con ese propósito, que será oficial a fines de este mes.
«Quienquiera que tome las decisiones en Bruselas sabe exactamente lo
que hace», nos dijo la europarlamentaria alemana Annette Groth, que
integró la delegación de PACE que visitó este país. «La situación en
Grecia no se parece en nada a los derechos humanos de los que hablamos
en Europa, por la política de detenciones masivas en condiciones
deplorables de todos los inmigrantes y refugiados que llegan», observó.
«Para estos últimos, equivale a negarles el derecho de asilo», subrayó.
«No tiene sentido responsabilizar solo a Grecia. Tenemos que
reconocer que la Comisión Europea es indirectamente responsable de estas
violaciones de derechos humanos», añadió.
Según Cercone, portavoz de la Comisión Europea para asuntos internos,
«solo tras la concreción de todo el proceso», en un plazo de tres años,
«será posible evaluar en detalle el uso efectivo de los fondos»
aportados. Pero una fuente de una gran organización internacional con
estatus de interlocutor en la Comisión Europea nos dijo que este órgano
no solo sabe, sino que está muy preocupado por la situación en Grecia.
Además, la asistencia del Fondo de Retorno solo se ofrecerá para
gastos vinculados a los centros de detención que no tienen solicitantes
de asilo. «Como Grecia está haciendo detenciones de forma
indiscriminada, le podrían retirar los fondos», dijo.

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