- Bruselas desautoriza el modelo de cuotas para el catalán, que no se aplicaba
- Un acuerdo con las grandes del sector desactivó el conflicto
- Las películas dobladas también pueden ser negocio
- La UE califica de “discriminatoria” la ley del cine de Cataluña
Una de las sesiones previas al doblaje en catalán de la película REC2 en un estudio de sonido de Barcelona.
El pasado siempre vuelve a pedir
cuentas. El actual Gobierno catalán creía haber solucionado el conflicto que
enfrentó a sus predecesores del tripartito con los distribuidores y exhibidores
de cine por la polémica ley que imponía cuotas de doblaje
en catalán. El pacto
firmado con el sector el pasado mes de septiembre, que haciendo una lectura un
tanto particular de los artículos más polémicos, descarta las cuotas y las
sanciones, funciona razonablemente bien. El Ejecutivo catalán entiende que el
texto legal no obliga a llegar a un porcentaje determinado de cine en catalán,
sino que lo fija como meta “si se establece una negociación con el sector”. Y
en esto están.
El sector está ahora
razonablemente satisfecho con el acuerdo y lo cierto es que, en poco tiempo, la
presencia social del cine en catalán ha aumentado, aunque aún esté lejos de las
cuotas que alcanzan otros sectores culturales como la literatura, donde el
catalán ocupa un 20% del total, o los medios de comunicación, donde esta cifra puede
llegar al 45%. Este es precisamente el argumento que se utiliza desde el
Gobierno de CiU para justificar una legislación que acabe con la anomalía de la
todavía muy escasa presencia del catalán en el cine.
Sin embargo, sin avisar, el
pasado jueves, la Comisión Europea tiraba de la manta y anunciaba desde
Bruselas que la norma catalana discrimina a las
películas europeas al
imponerles un doblaje o subtitulación que suponen sobrecostes de entre 2.000 y
77.000 euros, y daba al Gobierno de España dos meses de plazo para que ponga
fin “a esas normas discriminatorias”. La paradoja es que Bruselas considera que
la ley catalana favorece al cine “español”, y de paso al latinoamericano,
frente a las demás cinematografías europeas.
La pelota está ahora de nuevo en
el tejado del Gobierno catalán, más concretamente en el del Parlamento, que
deberá modificar el texto legal, como ya ha admitido implícitamente el
consejero de Cultura Ferran Mascarell anunciando que hablará del problema con
los grupos políticos. Entre los expertos hay consenso sobre los importantes
defectos del texto legal, pero habrá que ver cómo CiU, en minoría en la Cámara,
consigue ahora imponer una modificación de la ley sin abrir la caja de Pandora.
La historia de esta polémica ley
arranca a principios de 2010, cuando el Gobierno presidido por José Montilla ya
empezaba a dar claros signos de fatiga y se vislumbraba el adelanto electoral
que iba a devolver a CiU al poder. Impulsado por Esquerra Republicana, que
ocupaba el departamento de Cultura, el Ejecutivo aprobó una ley del cine, que
el Parlamento catalán ratificó por una amplísima mayoría, incluidos los votos
de CiU, poco antes del verano. Si por un lado la ley regulaba el sector de una
manera razonable, por otro obligaba, bajo amenaza de sanciones, a que en un
plazo de cinco años las películas dobladas o subtituladas que se estrenaran en
Cataluña tuvieran la mitad de las copias en catalán.
El texto legal no se había
negociado con el sector, sino contra el sector. Para más inri, el titular de
Cultura, Joan Manuel Tresserras, protagonizó un sonado enfrentamiento con la
industria norteamericana del cine —las llamadas majors— que fue in crescendo
conforme se acercaban las elecciones y que, básicamente, tuvo un efecto
contrario al deseado, pues los estudios de Hollywood redujeron aún más las
pocas películas que doblaban al catalán, protagonizaron un curioso cierre de
salas e incluso retiraron su aportación al Festival de Cine de Sitges. Era la
guerra total. Si en 2009 la presencia del cine en catalán rozaba el 3%, el año
siguiente cayó al 0,63%.
El Gremio de Empresarios de Cine
de Cataluña advirtió entonces a la Generalitat que, en su opinión, la ley
vulneraba la normativa europea, concretamente los artículos 17 y 18 de la ley
que imponen el doblaje o subtitulación al catalán del 50% de las películas
distribuidas en Cataluña, a excepción de los títulos en español. El catedrático
Ramón Torrent compareció ante la Comisión de Cultura y señaló que el texto
legal vulneraba el principio de igualdad al discriminar las películas europeas
respecto a las españolas. Ninguno de estos argumentos convenció a los
legisladores, que ya se lanzaban a la campaña electoral compitiendo por quién
se radicalizaba más.
Tras la tempestad llegó la
reflexión. Pese a haber votado a favor, una de las primeras cosas que hizo
Artur Mas cuando llega a la presidencia de la Generalitat en noviembre de 2010
fue intentar desactivar el conflicto. El nuevo consejero de Cultura, el
exsocialista Ferran Mascarell, y su numero dos, el director del Instituto
Catalán de Empresas culturales (ICEC), Félix Riera, se pusieron manos a la obra
y abrieron negociaciones con los distribuidores. Riera viajó a Los Ángeles para
negociar con las majors y en septiembre de 2011 anunciaron un acuerdo que
descartaba cualquier tipo de sanciones y cuotas —pese a que están previstas en
la ley— y aumentaba las subvenciones al doblaje y subtitulado desde 600.000
euros a 1,4 millones.
El pacto que fue acogido muy
favorablemente por el sector. “En Fedicine y el gremio seguimos apostando por
llegar a un acuerdo de fomentar el uso del catalán en el cine, pero que no se
base en las cuotas”, explicaba este viernes Pilar Sierra, que recordaba que los
distribuidores y exhibidores han aplicado el acuerdo que implica que las
películas dobladas o subtituladas al catalán se estrenen en 25 o 26 cines. Lo
cierto es que el acuerdo del pasado mes de septiembre supone que la ley de cine
catalán no se aplica, al menos en sus artículos polémicos.
Pero Fedicine, la organización
que agrupa al 90% de las empresas de distribución cinematográfica, y el Gremio
de Empresarios de Cine de Cataluña, ya habían presentado su denuncia ante la
Comisión Europea, que ahora ha dictaminado basándose, no en cuestiones
lingüísticas ni competenciales, sino en los simples principios de la
competencia, considerando que la ley es “discriminatoria” porque se aplica de
manera diferente a las películas en español que a las de cualquiera de los
distintos idiomas europeos.
Lo que ha hecho la Comisión
Europea es emitir un dictamen motivado, una especie de aviso al Gobierno
español, advirtiéndole de que algunos aspectos de la citada ley son contrarios
al derecho europeo. En caso de que la ley no se cambie en el plazo de dos meses
dado por Bruselas, la Comisión Europea lo que hace es dirigirse al Tribunal de
Justicia, que es el encargado de estudiar el caso y de decir si se ajusta al
derecho comunitario o no. La Comisión Europea ha dirigido el dictamen al
Gobierno español porque es su interlocutor, pero como las competencias son de
la Generalitat le corresponde al Ejecutivo catalán realizar los cambios que le
exige Europa. Desde la Administración central, se seguirá el desarrollo de este
cambio normativo.
Elena Artacho, presidenta de
Fedicine desde el pasado mes de enero, se mostró satisfecha con la decisión de
la Comisión Europea, pero reconoció que de hecho la ley ya no se está
aplicando. El acuerdo, firmado por Fedicine, los exhibidores catalanes y el
Gobierno de la Generalitat, aboga por un apoyo decidido por parte de
distribuidores y empresarios de salas al cine en catalán, comprometiéndose a
estrenar cada vez más títulos doblados al catalán o en versión original
subtitulados, además de aumentar el número de pases de estas películas. Según
Artacho, es este acuerdo el que se viene aplicando desde entonces en el
territorio catalán. “Nosotros estamos en contra de todo tipo de cuotas”, añadió
Artacho, “y esa fue la razón de nuestra denuncia ante la Comisión Europea”.
El sector podría incluso haber
descubierto que la presencia en el mercado de copias en catalán —dobladas o
subtituladas— puede incluso ser un buen negocio. Esto se produce especialmente
en muchas películas infantiles y juveniles, concretamente en aquellas que
provienen de obras literarias que tradicionalmente han sido difundidas con
éxito en catalán, como sería el caso de la serie de Harry Potter o la película
de Peter Jackson, producida por Steven Spielberg sobre el personaje de Tintín,
El secreto del unicornio, que han sido leídas en catalán por muchos niños y
jóvenes. Prueba de esto es el hecho de que, incluso en plena guerra del cine,
los distribuidores norteamericanos doblaron al catalán un buen número de copias
del último Harry Potter.
Desde que entra en vigor el
acuerdo, la presencia del catalán aumenta de forma exponencial. Si entre
septiembre de 2010 y mayo de 2011, el número de espectadores en catalán de
películas de las majors es de 62.203 (un 0,51% de cuota), entre septiembre de
2011 y mayo de 2012, la cifra de espectadores se cuadruplica, superando los
250.000. No son estos los únicos espectadores de cine en catalán. En 2010, por
ejemplo, incluyendo las producciones catalanas —es un año excepcional gracias a
Pa negre y otras 22 películas catalanas— suponen un 6,25% del total de
espectadores.
Desde la Secretaría de Estado de
Cultura se valoró muy favorablemente el hecho de que la Comisión Europea
considere objetivo fundamental la protección de la cultura y, en particular, la
diversidad lingüística, aunque admitió que la Comisión tiene dudas con respecto
a las restricciones a las libertades de circulación basándose en la protección
de la diversidad lingüística en el caso concreto de la ley catalana. Como la
competencia en este asunto es de la Generalitat, Cultura advirtió de que las
medidas oportunas deberán venir del Ejecutivo catalán. “Somos conscientes de
que las instituciones catalanas han indicado ya su intención de introducir los
cambios técnicos en el sentido indicado por la Comisión Europea. Dentro de un
marco de cordialidad institucional, seguiremos con interés el desarrollo de
dicha modificación, dado que el incumplimiento del derecho europeo, en su caso,
se imputaría al Estado en su totalidad”, añade la nota oficial de la Secretaría
de Estado de Cultura.
Susana de la Sierra, en
conversación con este periódico, calificó de sensata la decisión del Gobierno
de la Generalitat de buscar soluciones técnicas y jurídicas, en conversaciones
con todos los partidos políticos, y añadió que todavía es prematuro el adelanto
de cualquier medida.
Quien está sorprendido con la
decisión de Bruselas es Pedro Pérez, presidente de los productores, que
considera que no representa más que la industria europea del cine y viene a
romper el equilibrio que se consiguió a raíz del acuerdo firmado por todas las
partes en septiembre de 2011. “La complejidad normativa de Bruselas hace más
complicada la explotación y comercialización de lo que producimos en Europa con
respecto a lo que viene de EE UU”, añadió Pérez.
Una larga batalla del catalanismo
- Fue el último Gobierno de Jordi Pujol el que abrió el frente del doblaje del cine al catalán hace 14 años.
- Las majors, los grandes estudios de Hollywood, se opusieron frontalmente ya en el año 2000, por considerar que ceder supondría abrir otros frentes lingüísticos, aunque gracias a un proceso de negociación, se estrenaron anualmente una veintena de títulos doblados al catalán.
- La Ley del Cine de 2010, aprobada sin una previa negociación con el sector, desata la guerra del cine, incluido un cierre de salas por parte de los exhibidores.
- El polémico artículo 18 de la ley establece que las empresas distribuidoras deberán doblar o subtitular al catalán la mitad de los filmes que se estrenen en Cataluña, cuota de la que están exentas las películas españolas en versión original en castellano.
- La norma también exime de la obligación de doblar o subtitular a aquellas películas de las que se exhiban menos de 16 copias.
- El acuerdo actual no se centra en el número de salas con películas dobladas ni en general en el volumen de películas, sino que busca potenciar la cuota de espectadores.
Por J. M. Martí Font / Rocío García
[Foto: JOAN SÁNCHEZ - fuente: www.elpais.com]
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