El tronar de los helicópteros negros que asoman entre la vegetación
selvática anuncia la entrada de la Policía Militarizada (PM) en un
territorio considerado hostil. Son las cinco y media de la madrugada y
las luces rojas de los coches de las tropas de élite iluminan la entrada
de Cosme Velho, un barrio de clase media-alta de Río de Janeiro,
colindante con las favelas Cerro-Corá, Guararapes y Vila Cándido. Entre
los 420 agentes hay miembros del Batallón de Operaciones Especiales
(BOPE), a quienes se conoce como “calaveras”, debido al emblema impreso
en sus boinas negras.
Media hora después, la primera fase concluye con la toma exitosa de
las tres barriadas a los pies del cerro del Corvocado. Las buenas
noticias las adelanta el coronel Federico Caldas, portavoz de la PM, que
destaca la importancia “estratégica” del dominio de esta área turística
para garantizar la seguridad de los jóvenes de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) y disminuir los asaltos en la zona sur de la ciudad.
“Los bandidos cometían crímenes y se escondían aquí. Con la ocupación
esta lógica es invertida: controlamos el territorio para evitar que los
crímenes continúen sucediendo”, señala el coronel.
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| La misión en las favelas Cerro-Corá, Guararapes y Vila Cándido finaliza sin la presencia del ejército, al contrario que en anteriores incursiones que ofrecieron auténticas imágenes de combate. |
Mientras los agentes esperan las siguientes instrucciones, el cielo
clarea y el autobús 580 seguido de la palabra “Corcovado” se llena de
chavales con la camiseta azul y blanca de las escuelas públicas de Río,
que descienden de las favelas y se abren paso, mochila al hombro, entre
los uniformados con chalecos antibalas. Un sonriente João Marcos, de 11
años, dice saber lo que está ocurriendo. Para él, esa mañana es el
comienzo de un “buen día”, a partir del cual “podremos jugar al fútbol en
la calle”.
La relevancia simbólica de sellar el llamado “cordón de seguridad” se
acentúa de cara a los próximos meses. Acaba de arrancar la Copa
Confederaciones (15-30 de junio) y en la agenda de la urbe destaca la
visita del Papa (23-28 de julio), el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos
de 2016. Ante la inminente llegada de turistas, el Gobierno quiere que
la policía custodie las favelas que salpican el Río de postal.
Sin embargo, el mito de una ciudad inhabitable se disipa en los
callejones de Cerro-Corá, donde la vida comienza con olor a pan recién
hecho y la normalidad solo es interrumpida por policías y periodistas.
Los vecinos, acostumbrados a despertarse antes de que salga el sol,
descienden arreglados por las empinadas laderas, camino a sus trabajos.
Algunos observan con atención el despliegue de fuerzas de seguridad y
cámaras de televisión mientras toman un tentempié en los pequeños
comercios de zumos de frutas exóticas y pasteles salados.
Después del trabajo de los “calaveras”, el Batallón de Acción Canina
(BAC) no deja un rincón pendiente de rastrear en busca de armas y
estupefacientes. La dureza de estos policías, que consiguen moverse con
agilidad, a pesar del tamaño de sus metralletas, se desvanece en los
cuidados dedicados a los cuatro pastores belgas de Malinois que marcan
el paso a las dos patrullas, sin ningún distintivo que los diferencie de
cualquier otro perro callejero. No es casual, “ya ocurrió que los
narcotraficantes intentaron matar a los animales por su enorme eficacia
en el hallazgo de drogas”, relata el teniente coronel sargento Alves, al
mando.
Los perros olisquean grietas de efluvios intensos entre las
construcciones de ladrillo. En ese zigzag registrado por micrófonos, los
oficiales piden permiso antes de inmiscuirse en una intimidad sobre la
que se cierne la sospecha. Algunos vecinos no esconden el miedo en el
rostro y cierran con vehemencia la puerta de su casa tras el encuentro.
Preguntados por el cambio de aires, otros prefieren callar y los que
responden se muestran satisfechos y esperanzados por la presencia de la
policía, como Daniel Pereira, de 19 años: “Nunca me sentí amenazado,
pero espero que en adelante avancemos y tengamos más oportunidades”,
opina este chico que prepara las pruebas para ser militar.
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| Cableado en Rocinha. A partir de los 80, las autoridades reconocieron
las favelas como parte de la ciudad y objeto de políticas públicas. En este periodo, el gobierno comenzó a llevar la energía a algunos de estos barrios. |
Los servicios básicos llegan a las favelas
El tradicional izado de las banderas de Brasil y del Estado de Río de
Janeiro inaugura un nuevo periodo en Cerro-Corá. A la llegada de las
fuerzas del Estado le sigue el cableado de los postes de luz, la
recogida de basuras, el alcantarillado, la creación de centros de salud,
escuelas y mejoras en telecomunicaciones. La dificultad en el acceso a
las prestaciones básicas es parte del histórico de las favelas y uno de
los motores de su carácter comunitario y activo, que se manifiesta tanto
en forma de reivindicaciones y cooperativismo.
Después de las labores de registro, en estas tres comunidades se
instalará la 33º Unidad de la Policía Pacificadora (UPP). Estas
comisarías que garantizan la vigilancia las 24 horas del día son el
colofón del proceso conocido como “pacificación”, que empezó en 2008 con
un doble objetivo: liquidar la lucha armada entre las facciones de
“narcos” para restablecer el orden en las favelas y poner en marcha una
agenda social que facilite la entrada de servicios. Esto incluye obras
de infraestructura, la construcción de viviendas subvencionadas para
habitantes en zonas de riesgo y la capacitación de personas de todas las
edades, a través de cursos gratuitos de formación profesional, talleres
de informática e idiomas.
El objetivo son las armas, no la droga
Entre los objetivos de la pacificación no está eliminar el tráfico de
drogas (aún activo, aunque más disimulado en las favelas con presencia
policial). Los oficiales registran de vez en cuando a los habitantes
-sobre todo a chicos que no superan la treintena- y en el caso de
encontrar droga, dependiendo de la cantidad y de los humos del policía,
no tiene por qué suceder nada. Si se comprueba la pertenencia de la
persona revisada a un grupo criminal lo normal es que se la detenga,
pero no siempre ocurre así.
El secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, José Mariano
Beltrame, ha insistido muchas veces en esta cuestión: la pacificación
nace con el foco puesto en acabar con la violencia y las armas en las
favelas, pero no con la compraventa de drogas. Un matiz que apunta a la
descriminalización de las drogas y abre el debate, todavía tímido en
Brasil, sobre la legalización del consumo. La última Ley de Drogas de
2006 distingue entre las penas a las que se enfrenta un consumidor o un
traficante (solo este último puede ir a la cárcel), pero la falta de una
definición estricta acaba poniendo en las manos de la policía y de la
Justicia la responsabilidad de decidir quién es quién.
La UPP, la nueva policía de proximidad
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| Agente de la Brigada de Operaciones Canina durante la ocupación de las últimas comunidades del Río turístico bajo dominio del tráfico armado. |
Las unidades pacificadoras también suponen un intento de erradicar, desde la base, la corrupción inmersa en los cuerpos de seguridad y por ello sus integrantes son jóvenes recién salidos de las academias, lo que concentra numerosas críticas que aluden a su inexperiencia. A los agentes les encuentra en los restaurantes de comida casera almorzando “feijoadas” (el plato típico de Brasil, con alubias negras, arroz, verdura, naranja y carne) o repostando en las tiendas de alimentos.
Este escenario en el que los policías forman parte de la vida cotidiana de las barriadas, donde antes brillaban por su ausencia o por su agresividad, es objeto de análisis entre numerosos investigadores en ciencias sociales como los profesores de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Luiz Antonio Machado y Márcia Pereira. En la presentación de su estudio, los expertos destacan haberse topado con la crítica casi omnipresente del abuso del poder ejercido por las UPP por medio de identificaciones arbitrarias, toques de queda injustificados y ocupaciones de las plazas y otros lugares de ocio que repercuten negativamente en la sociabilización de los vecinos y no ayudan a forjar una relación saludable entre estos dos actores más acostumbrados a considerarse enemigos.
En algunas barriadas con UPP la tranquilidad es desafiada por
incidentes esporádicos. El último ocurrió hace solo unas semanas, cuando
un turista alemán de 25 años fue herido de gravedad por un hombre
armado en Rocinha, una de las favelas más grandes de Brasil, pacificada
en 2011. El profesor Machado atribuye estos rebrotes de violencia a la
reconfiguración del tráfico armado. “Los poderes vinculados al tráfico
armado no desaparecieron. Con la entrada de este nuevo poder (UPP), lo
que existía antes está siendo retomado, pero no de la misma manera”,
subraya el sociólogo.
Desde 2010, las ocupaciones se anuncian con anterioridad en la prensa
local, para dar tiempo a los líderes de los grupos criminosos a huir y
evitar así un enfrentamiento más descarnado. Esta estrategia de la
Secretaria de Seguridad del Estado de Río responde a la propia dinámica
de la pacificación: no pretende la desaparición de la compraventa de
drogas y sí la extinción de la violencia. Por este motivo, la ciudad
está experimentando una emigración del tráfico armado del noble sur al
norte.
Las medallas olímpicas marcan el fin de la pacificación
Este ambicioso proyecto que tiene la intención de alcanzar cuarenta
Unidades Pacificadoras en 2014 fue ideado con una fecha de caducidad
clara: 2016. El coste excesivo de las UPP hace imposible llevar una
comisaria al millón y medio de personas que viven en las favelas sólo en
la ciudad de Río (dos millones, en todo el Estado), de acuerdo con el
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos.
Por ello, la administración pública acude a la inversión privada y a
estas alturas de la canción aparece siempre el mismo nombre: Eike
Batista. El hombre más rico de Brasil es dueño de una de las empresas
que ha ganado la licitación para la gestión del estadio Maracaná durante
35 años. Las demoliciones hechas en los alrededores del estadio de
fútbol más grande de Brasil han sido polémicas: se han derruido varias
instalaciones deportivas, una escuela pública y la Aldea Maracaná, el
centro cultural indígena del que fueron desalojados por la fuerza los
indios que vivían allí. En su lugar, se construirán tiendas, un museo
dedicado al fútbol y un aparcamiento.
El conglomerado del magnate inyectará un total de 80 millones de
reales (unos 30 millones de euros) para la gestión del programa de
pacificación entre 2011 y 2014. Sin embargo, con la resaca de los Juegos
Olímpicos, los agentes se marcharán de las comunidades dando pie a un
horizonte difuso al que nadie sabe muy bien cómo responder.
La otra cara de la pacificación: la relocalización de los pobres
Río de Janeiro sufre un proceso de mercantilización y encarecimiento
en la vida diaria que impacta con más fuerza en los alquileres y en los
precios del transporte público. La metrópoli posee el metro cuadrado más
caro de Brasil y está entre las tres ciudades del mundo con el
hospedaje más prohibitivo, según una investigación de Embratur. La
revalorización de los terrenos unida al aumento de la seguridad y a la
especulación inmobiliaria que existe en las favelas recae con peso en
las familias, obligadas a afrontar costes que antes no asumían como, por
ejemplo, las tarifas de luz, agua y gas. Muchas de ellas no soportan la
presión de los precios y se marchan de sus barrios de siempre a otros
del norte, con los beneficios acumulados de la venta de sus viviendas.
A este fenómeno conocido como “remoção branca” (gentrificación o
aburguesamiento blanco) se suman las demoliciones de viviendas, igual de
sangrantes. Cerca de tres mil familias han sido desplazadas de sus
casas y otras ocho mil están amenazadas, según varias organizaciones que
constituyen el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río de
Janeiro.
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| La madre de estas niñas supo que su casa iba a ser derrumbada al encontrar pintada en su pared la letra H de la Secretaria de Habitação (Vivienda, en portugués). Las autoridades informan así a las familias de que sus casas serán demolidas |
El comité clasifica en cuatro las
justificaciones que suele utilizar el ayuntamiento de Río en los
desalojos: la obras para ampliar las vías de movilidad, las
instalaciones o reformas de equipamientos deportivos, aquellas volcadas a
la promoción turística y el riesgo y el interés ambiental. “Las
violaciones al derecho de vivienda bajo la argumentación de los eventos
tienden a agravarse con la cercanía de los JJOO y refuerza lo que ya
habíamos demostrado: se trata de una política de relocalización de los
pobres de la ciudad al servicio de los intereses inmobiliarios y las
oportunidades de negocio”, recalcan los activistas en el último informe
publicado.
Las favelas simbolizan un universo de amenaza social que aún está
presente en el imaginario de los cariocas, algunos temerosos de
atravesar las fronteras dentro de su propia ciudad. Sin embargo, los
brasileños ya están habituados a que lo perseguido y criminalizado en un
momento determinado se vuelva un rasgo de identidad en otro, como
sucedió con la samba o la “capoeira”, surgidas al calor de la
esclavitud.
La destrucción del Morro de Castelo en 1922, donde germinó Río en
1560 a partir de los primeros asentamientos de portugueses, coincidió en
el mismo año con la Exposición Universal que acogió la metrópoli, en
conmemoración al primer centenario de la independencia de Brasil. Una
metáfora de la contradicción inmersa en la “ciudad maravillosa”, que ha
tratado de negarse a sí misma en diferentes capítulos del pasado y en la
que ahora crece la primera generación de nacidos en favelas que no
conoce la guerra, aunque puede haberle visto las orejas a esa otra
violencia que es ejercida sin armas, de la que se sobreponen las clases
humildes con dignidad.
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