Por Travis Knoll/PN
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| Presidente de Uruguay, José Alberto Mujica |
Uruguay es el más reciente país latinoamericano en proponer una ley
integral de medios para actualizar al siglo 21 las normas y reglamentos
que supervisan las comunicaciones del país. En mayo, el presidente José Alberto Mujica envió el proyecto de ley a la legislatura uruguaya. Se espera que el Senado vote sobre el mismo antes de finales de año.
El proyecto de ley, que ha recibido los elogios de varias
organizaciones periodísticas y que velan por la libertad de expresión,
no es tan controversial como el recientemente aprobado en Ecuador ni tan polémico como el que se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema de Argentina.
Sin embargo, no está exento de críticas. A pesar de haber sido
elogiado por su intención de establecer límites a la concentración de
medios, garantizando así la existencia de espacios de contenido
independiente, los críticos dicen que algunas de sus disposiciones son
muy amplias y ambiguas.
Las cuotas nacionales de producción de la ley y sus medidas
anticoncentración son sus características más destacadas. La ley obliga
a que un 60% de todo el contenido audiovisual emitido sea producción
nacional o, en su defecto, coproducido, que el 30% del contenido sea
emitido por productores independientes, y que 40 % de ese contenido
independiente no provenga de la misma fuente, según El Universo
de Ecuador. La ley también exigiría que los programas contengan, en
parte de sus transmisiones, subtítulos o una interpretación en lenguaje
de señas.
De acuerdo con los creadores del proyecto, la ley también pretendería
"apoyar objetivos de educación general", incluyendo temas como las
artes, ciencias, historia y cultura que promuevan la "integración de
grupos socialmente vulnerables”. Los que apoyan la ley también sostienen
que esta "facilitaría
el debate democrático al garantizar una variedad de información y
opiniones que estimulen la producción nacional de contenido artístico,
profesional y cultural".
El diario uruguayo El Espectador informó a principios de este mes que
Frank La Rue, Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de
Expresión y Opinión de la ONU, expresó su apoyo a la ley, a pesar de solicitar que sea el poder legislativo - no el ejecutivo –
el responsable de nombrar a la mayoría de los miembros de la nueva
agencia de regulación que la ley propone crear.
Grupos que defienden la libertad de expresión, como Reporteros Sin Fronteras e IFEX,
ven con optimismo la propuesta ley de medios. IFEX reconoce similitudes
en la estructura de la ley en comparación con la de otros países de la
región en cuanto a regular la concentración de los medios, pero cree que
la aplicación de la ley será menos controversial en Uruguay debido a la
falta de antagonismo entre medios y gobierno, como es el caso, en ese
sentido, de países más polarizados como Ecuador y Argentina.
Sin embargo, ha habido cierta tensión entre algunos medios de
comunicación y el gobierno, principalmente a raíz de las preguntas que
acompañan su aplicación. Las generales categorías y ambigüedades de la
ley también han sido criticadas por algunos comentaristas como Hebert
Gatto del diario El País, que cuestionó a las organizaciones y los
funcionarios internacionales que la apoyan, como el relator de la ONU La
Rue, quien, en su opinión, pasan por alto el lenguaje "estatista" de la
ley y su contexto local.
Gatto continúa criticando la vaguedad de las aspiraciones de la ley
preguntando "¿qué es el desarrollo nacional?, ¿cuál es su alcance y
quién lo determina? ¿En qué medida los contenidos radiales y televisivos
deberán adecuarse a ese objetivo indefinido y vago?".
Claudio Paolillo, jefe de la Comisión de Libertad de Expresión de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y editor del periódico uruguayo
Búsqueda, calificó la medida de "confusa y contradictoria”.
Por una parte, Paolillo aplaudió los principios de "pluralidad y no
discriminación" que pretende la ley de medios, y dijo creer que ofrece
más garantías que las de los países vecinos. Sin embargo, dijo no estar
seguro de si el Consejo, nombrado principalmente por el gobierno, deba
ser el principal intérprete de la ley.
La organización Reporteros sin Fronteras ve que la ley extralimita
los intereses de los medios de comunicación, más que los del gobierno. En un comunicado de julio, la organización dijo
que "la defensa de una emisión, o de los intereses comerciales de un
periódico no debe ser confundida con la lucha por la libertad de
expresión o información. Es lamentable que los que se oponen al proyecto
de ley estén confundiendo ambas".
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