La concesión del servicio a una empresa que ha abaratado los costes provoca un aluvión de críticas
Por José Antonio Sau
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| Imagen de la Ciudad de la Justicia. |
Málaga no es Babel, pero casi. Hay más de 296.000 extranjeros viviendo entre nosotros y, si en la vida cotidiana
es importante entenderse, más aún lo es cuando un extranjero es
imputado o víctima de un delito en una localidad de la Costa del Sol.
Así, bajan revueltas las aguas en la Ciudad de la Justicia tras la
última licitación del servicio de traducción judicial de la Junta de
Andalucía, que hasta ahora desempeñaba Ofilingua y que ha sido
adjudicado recientemente a otra empresa. Varias organizaciones de
referencia en el sector han mostrado recientemente su preocupación por
el concurso, puesto que, según explican, se habría reducido el precio
inicial de salida por hora de interpretación hasta en un 46%, lo que
implicaría una peor calidad y hasta poner en solfa el derecho de
defensa, advierten.
Lo cierto es que la preocupación está muy
presente en algunos jueces, abogados y los mismos intérpretes, según ha
podido constatar este periódico, aunque el comunicado remitido se
explica por sí mismo: «El servicio de interpretación
y traducción para los órganos judiciales de Málaga no garantiza los
criterios de calidad expuestos» en una directiva europea que marca unos
mínimos requisitos para este asunto. Entre los firmantes del comunicado
se encuentran la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes
Judiciales (APTIJ), la Conferencia de Centros Universitarios de
Traducción e Interpretación del Estado Español (CCDUTI) o la Asociación
Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD).
El grueso de los extranjeros lo copan los británicos
(76.931), seguidos de los alemanes (16.649) y de los rumanos (15.748).
También hay un nutrido grupo de nórdicos viviendo en el litoral
malagueño: 7.475 finlandeses, 6.120 suecos, 5.692 daneses y 3.077
noruegos. Fuera de la Unión Europa, los más numerosos son marroquíes,
argentinos y ucranianos, seguidos de los subsaharianos.
Es decir,
el inglés es el idioma extranjero más hablado en la provincia, seguido
del alemán y el rumano, lo que da una idea de la importancia de que la
traducción judicial sea la adecuada.
«Los servicios de interpretación judicial,
en manos de personas sin la formación suficiente, implica el riesgo de
obtener una interpretación deficiente y, por lo tanto, viciar la posible
defensa del acusado», señalaron las asociaciones.
Los expertos
advierten a la Junta de que esto «puede ocasionar unos enormes costes
cuando la labor de traducción se realiza inadecuadamente, y como
consecuencia hay que
invalidar la instrucción de una causa o repetir algún acto procesal». Un
juicio cuesta en torno a 1.800 euros, y ésa es la estimación más a la
baja para un plenario pequeño, lo que indica claramente de lo importante
que resulta una traducción de calidad, algo que según estas
asociaciones está en peligro ahora.
La acreditación de los traductores ahora se hará conforme a dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no por la directiva europea,
mucho más actual. «El hecho de que el único criterio en la adjudicación
sea la oferta de precio más baja fomenta que la remuneración de los
traductores e intérpretes sea muy inferior a las condiciones normales
del mercado», dicen. Cifran en un 46% la bajada del precio de salida por
hora de interpretación, de tal forma que se pagaría la hora traducida a
9,98 euros.
En opinión de estos colectivos, ello supondrá que
«en la mayoría de los casos se contrate a personas no cualificadas para
desempeñar este trabajo, que requiere de una sólida formación en
traducción, interpretación, idiomas, derecho comparado y medicina
forense, entre otros campos del saber».
Aseguran que, por
ejemplo, a los traductores de la Junta se les exige titulación
universitaria, mientras que «la empresa ganadora del concurso afirma que
las tarifas que abona corresponden a la categoría profesional de
oficial de primera, es decir, personal de tipo administrativo sin
formación universitaria».
El traductor y director de Ofilingua,
Melchor Fernández, declara estar «muy sorprendido». «La Junta de
Andalucía siempre había sido muy sensible a la adecuada remuneración de
este servicio y es la primera vez en la historia que sacan este concurso
con el precio como único criterio y sin atender ninguna exigencia de
calidad», precisa. Aseguran estas asociaciones que la Junta «debe velar
por la tutela de las garantías fundamentales del derecho de defensa y la
consecución de un juicio justo de las personas procesadas, y para ello
debe cumplir con lo dispuesto en la Directiva 2010/64/UE, disponiendo de
todos los recursos económicos, técnicos, administrativos y humanos
necesarios».
Denuncian que el precio de interpretación por hora cae un 46%
La Junta de Andalucía ha adjudicado el servicio de traducción judicial en Málaga a una empresa
distinta a la que lo llevaba antes, Ofilingua. Ello ha levantado
muchísimo revuelo entre los traductores, ya que, entre otras cosas, se
reduce el precio inicial de salida por hora de interpretación hasta en
un 46%, lo que implicaría una peor calidad, aseguran varias asociaciones
de solvencia en el sector. «El hecho de que el único criterio en la
adjudicación sea la oferta de precio más baja fomenta que la
remuneración de los traductores e intérpretes sea consecuentemente muy
inferior a las condiciones normales del mercado, con las consecuencias
que ello puede tener para la calidad». También critican que se use la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus criterios para elegir traductores
frente a las condiciones que marca una directiva europea a este
respecto.
[Foto: L.O. - fuente: www.laopiniondemalaga.es]
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