Por Silvia Higuera
En los últimos 20 años, 670 periodistas han sido asesinados en América Latina y el Caribe, según los delegados de la alianza IFEX-ACL durante la presentación de su Informe Anual de Impunidad 2013 “Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe”,
publicó el diario U Chile. Los crímenes – la mayoría de estos aún en la
impunidad – demuestran cómo este hecho se ha convertido en la mayor
amenaza para la libertad de expresión en la región.
México y Brasil fueron los países en donde se produjeron más agresiones. mientras que El Salvador, Honduras y Guatemala fueron señalados como los de mayor riesgo para la profesión.
Los 225 casos de agresiones a periodistas en México
durante los primeros nueve meses de 2013 ya convirtieron este año como
el más violento en los últimos 10 años. La delegación destacó el caso
del periodista Armando Rodríguez, quien fue asesinado hace cinco años, sin que las autoridades esclarezcan el crimen.
De Brasil
se destacaron las 98 violaciones contra medios de la comunicación
durante las protestas que se han vivido en el país desde junio de 2013.
El 71 por ciento de estas agresiones fueron perpetradas por la policía.
El caso más grave fue el del fotógrafo Sergio Silva, quien perdió la
visión en un ojo tras un disparo de bala de goma.
El informe elaborado por la alianza regional de IFEX en América Latina y el Caribe (ALC) hace un análisis de la situación de impunidad en 11 países de esta región, para reflexionar sobre los hechos más recientes y del contexto actual en material de impunidad.
En Bolivia
se vive un ambiente de violencia contra el ejercicio de la prensa y la
libertad de expresión. Algunos casos que lo demuestran fueron el
linchamiento por parte de una turba al periodista Carlos Quispe o la incineración de la que fue víctima el periodista Fernando Vidal.
En el caso de Colombia los delegados de IFEX-ALC señalaron un ambiente de impunidad en el que 63 de los 142 homicidios contra periodistas desde 1967 han prescrito;
es decir, que ya no se investigarán más. Los mayores agresores de la
prensa en el país son el narcotráfico, los grupos paramilitares y los
grupos guerrilleros, y en una minoría los funcionarios públicos y
políticos. El informe también destaca el caso de la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente hace 13 años y sigue sin obtener justicia.
La “Ley de linchamiento mediático” y su impacto en la libertad de expresión hacen parte del informe de Ecuador.
El modelo con el que cuenta el país estaría dirigido a desacreditar
periodistas. El Estado –de donde provienen las mayores agresiones al a
prensa según los delegados de este país– controla de forma directa más
de 20 medios y es el mayor inversionista de publicidad. El 60 por ciento
de la información que se publica se hace con base en fuentes oficiales.
En Guatemala
las cifras de violaciones a la libertad de expresión pasaron de 19
casos en 2010 a 48 hasta septiembre de este año. Dentro de la cifra se
incluyen cuatro asesinatos y ocho amenazas de muerte.
De acuerdo con el informe, América Latina atraviesa por un momento
crucial de debate para garantizar la libertad de expresión. En la región
coexisten situaciones de extremo riesgo derivadas del crimen organizado
con la debilidad constitucional. Cursan procesos legislativos polémicos
que rodean a la libertad de prensa. Los funcionarios públicos siguen
utilizando las denuncias por difamación para silenciar la prensa, y
sectores históricamente vulnerados –como los pueblos indígenas– no
logran participar abiertamente en los asuntos de interés público.
“Un año después de la publicación del informe de impunidad 2012
constatar que no existen avances judiciales significativos en general, y
que varios de los casos emblemáticos siguen sin resolverse, nos muestra
un panorama desolador”, señala la editorial del informe de este año.
Por esta razón, las recomendaciones de la alianza IFEX-ALC a las
autoridades de la región es que impulsen investigaciones judiciales y
garanticen que éstas se llevarán a cabo de manera exhaustiva “de acuerdo
a las obligaciones internacionales que han adquirido ante los
organismos de derechos humanos”.
[Fuente: www.knightcenter.utexas.edu]
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